domingo, 21 de octubre de 2012

Cientos de personas caminan en defensa del Gorguel


LA UNIÓN.- A pesar de las inclemencias del tiempo unas 500 personas han participado en la marcha en Defensa del litoral organizada por la Plataforma Salvemos el Gorguel, que ha reunido a diversos movimientos sociales, clubs senderistas, ecologistas, vecinales y ciudadanos/as defensores del litoral en una jornada de protesta en defensa del Gorguel y a favor de la regeneración de la Bahía de Portman, según informan los organizadores.

Los participantes han llegado a las 14.00 al Gorguel procedentes de distintas marchas que han partido desde siete puntos distintos: Murcia, Cartagena,  Atamaría, La Unión, Portman y La Rambla del Gorguel.

Tras la llegada se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el cual se expresaba la firme oposición a la construcción de una Terminal de Contenedores en El Gorguel, la necesidad de que se regenere, de una vez por todas, la Bahía de Portman y se denunciaron los diferentes proyectos sumamente impactantes que se pretenden desarrollar en el litoral de la Región de Murcia, como Marina de Cope, el grave deterioro medioambiental que sufre el Mar Menor y su entorno y otros lugares de la costa recalificados y que merece la pena que sean conservados (Puntas de Calnegre, Azohía, Salinas de San Pedro…). A su vez se exigió que no se invirtiese ni un euro más en la destrucción del Litoral y que se inviertan millones en su conservación, regeneración, sanidad, educación, servicios sociales o al propio rescate del ciudadano.

Tras el comunicado se realizó un acto simbólico de recogida de basura, ya que en estas fechas se cumplen 10 años del desastre medioambiental del Prestige con el que  se vertieron toneladas de petróleo en las costas gallegas. Con esta acción se homenajeo La Marea Blanca de miles de personas que voluntariamente acudieron a limpiar el litoral gallego. A continuación, con las decenas de bolsas de basura recogidas, se hizo un SOS gigante, para concienciar a la ciudadanía y a los representantes políticos sobre la importancia de mantener limpia nuestra costa.

Por la tarde, tras la actuación del grupo musical Línea 36, los participantes pudieron disfrutar de varias charlas sobre algunas de las numerosas  alternativas a la destrucción planteada en la costa, así como la situación actual del litoral, a manos de Marina Nos interesa, Fundación Sierra Minera, Ecologistas en Acción y Greenpeace, que alertó sobre las consecuencias nefastas de la reforma de la Ley de Costas, que pretende llevar a cabo el actual gobierno. 

Además  participaron miembros de la Plataforma de afectados por las hipotecas junto a José Coy, quienes hablaron de  las consecuencias dramáticas que ha supuesto la  especulación urbanística. Finalmente, Antonio Ruiz presidente de la Federación de montañismo de la Región de Murcia, expreso la necesidad de conservación de nuestra costa, así como el bello paisaje del Gorguel para el disfrute de todos los ciudadanos de la Región.

MANIFIESTO

"En primer lugar, la Plataforma Salvemos el Gorguel quiere agradecer a todos/as los/las participantes, que desde esta mañana han ido haciendo camino al andar en esta marcha en defensa del litoral, que este año nos reune en el Gorguel, uno de los parajes más bellos y con mayores valores de la costa de la Región de Murcia.

Como en las marchas anteriores queremos seguir llamando la atención sobre el exceso de infraestructuras, desarrollos urbanísticos y contaminación que degradan el paisaje de nuestro litoral, todavía hoy de gran valor. Y queremos recordar de nuevo Marina de Cope (gigantesco complejo hotelero y residencial en una espacio natural protegido por la antigua Ley del suelo y posteriormente desprotegido por interés especulativo), el grave deterioro medioambiental que sufre el Mar Menor y su entorno (La Manga, Lo Poyo, Los Alcázares, Los Urrutias…) y otros lugares de la costa recalificados y que merece la pena que sean conservados (Puntas de Calnegre, Azohía, Salinas de San Pedro…).

Hoy hemos caminado hacía el Gorguel como forma de decir NO al proyecto de instalación de una Terminal de Contenedores y Zona de Actividades Logísticas anexa, que promovida por la Autoridad Portuaria de Cartagena, presidida por Adrián Ángel Viudes, y apoyada por el Gobierno Regional, pretende hacer desaparecer al Gorguel y sus gentes, así como poner en jaque la recuperación ambiental y el futuro desarrollo de la Bahía y el pueblo de Portmán, una deuda histórica que no puede esperar más tiempo.

Esta megalómana infraestructura, innecesaria y sumamente impactante, no es sino otra apuesta más de los gobernantes de esta región por un modelo de desarrollo depredador del territorio y de nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio, que supone la destrucción del paisaje costero e hipotecar el futuro de toda la sociedad a cambio del beneficio de unos pocos. Un modelo de desarrollo fracasado que precisamente nos ha llevado hasta la crisis actual que estamos pagando todos, empobreciendo más a los ciudadanos y ciudadanas que pierden derechos día tras día. Y además, un proyecto con un coste desmesurado de unos 1500 millones €, que en el contexto actual de crisis y recortes brutales en educación, sanidad, servicios sociales básicos y en cualquier inversión pública que pudiera generar empleo, supone un dislate económico y una auténtica inmoralidad..

Los aquí presentes decimos NO a la destrucción de las Calas del Gorguel y Cola de Caballo, y su entorno en la Sierra Minera, una zona de gran valor ecológico protegida a nivel ambiental por tierra y por mar, con elevados valores geológicos, arqueológicos y culturales, que conforma el paisaje de la Sierra Minera, una tierra de cultura y raíces que forman parte y han marcado la historia de Cartagena y comarca.

Exigimos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el trámite actual de Evaluación Ambiental Estratégica desestime definitivamente la construcción en El Gorguel de esta terminal de Contenedores por el elevado impacto ambiental y paisajístico en este territorio que es Lugar de Interés Comunitario y forma parte de la Red Natura, además de Lugar de Interés Geológico y bien de interés cultural por su patrimonio y su paisaje minero. Exigimos también que no haya ni un euro más para este proyecto en los presupuestos del Estado que pagamos todos.

Al mismo tiempo decimos BASTA YA de retrasos en la Recuperación Ambiental de la Bahía de Portman, que lleva más de 20 años esperando ser regenerada y que ha sufrido un nuevo parón. Ya no valen más excusas, ni más mentiras para cumplir con esta deuda con las gentes y la bahía de Portman, que tras muchos años de lucha y tras conseguir llevar adelante un proyecto que ha contado con el consenso de grupos ecologistas, vecinales, sociales y Administraciones públicas, ve como de nuevo otro “excusa” empaña su desarrollo.

Consideramos totalmente incompatibles los proyectos en Portmán y el Gorguel, y tenemos claro que Portmán está por encima de la megainfraestructura proyectada en el Gorguel.

Creemos que es posible otro modelo de desarrollo en esta zona, que sí puede ser generador de empleo y bienestar, basado en la recuperación ambiental de la Bahía de Portmán, en la conservación de los valores naturales y paisajísticos del Gorguel y la Sierra de La Fausilla, y en la recuperación del patrimonio geológico y cultural de la Sierra Minera, avanzando en la propuesta inicialmente impulsada por la Comunidad Autónoma para la declaración de la zona Este de la sierra litoral de Cartagena como Reserva de la Biosfera, o impulsando la declaración del paisaje cultural de la Sierra Minera como Patrimonio de la Humanidad.

No queremos dejar pasar que durante esta fecha se cumplen 10 años del desastre medioambiental del Prestige con el que se vertieron toneladas de petróleo en las costas gallegas. Queremos homenajear La Marea Blanca de miles de personas que voluntariamente acudieron a limpiar el litoral Gallego. Por ello, durante el camino los participantes han ido recogiendo residuos o basura que nos encontremos en nuestro camino. Y a continuación haremos una limpieza simbólica de la playa durante 15 minutos.

Por todos estos motivos, decimos bien alto:

¡NO A LA TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL GORGUEL!

¡SI A LA REGENERACIÓN DE LA BAHÍA DE PORTMAN”.

El Banco de Alimentos de Murcia atiende en 2012 al doble de personas que en 2007 al alcanzar las 150.000

MURCIA.- El Banco de Alimentos de la Región de Murcia prevé repartir este año 3.000 toneladas de alimentos y beneficiar a 150.000 personas, cantidades ambas que se han visto duplicadas con respecto a 2007, cuando comenzó la crisis económica.

   Así lo adelanta el presidente de dicha ONG, Paco Calderón, quien subraya que un 75 por ciento de estos alimentos los aporta el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el 25 por ciento restante las entidades privadas.
   Con respecto a 2011, Calderón apunta a un incremento en el número de afectados, ya que si el pasado año los beneficiarios llegaron a 125.000, para este año se prevé llegar a los 150.000.
   Una cifra que considera "preocupante" si se compara con 2007, "al duplicarse el número de personas necesitadas y el de comida repartido".
   El Banco de Alimentos de Murcia, que cuenta con más de 500 voluntarios, es uno de los 54 que hay en el conjunto nacional. Su finalidad es repartir entre las distintas ONG la comida, junto con Cruz Roja, ha explicado Calderón, quien ha expresado su temor a que los alimentos del FEGA, que están garantizados hasta 2014, desaparezcan.
   "Francia y Alemania están como están y son las que ponen más dinero y si desaparece el Fondo Fega sería una debacle, ya que dejarían de suministrarse 130.000 toneladas en España", alerta Calderón, quien dice que el Banco de Alimentos "no se concibe sin la ayuda europea".
   Las previsiones para el próximo año arrojan números "fríos", ya que "suponemos que la crisis no terminará de acampar tampoco en 2013 ni en 2014". Por ello, prevén un incremento en el número de personas necesitadas, aunque esperan que "no es la misma medida de lo que viene ocurriendo este año, sino menos".
   Desde el Banco de Alimentos, a través de la información que le llega del más de centenar de instituciones a las que reparten, han detectado un nuevo perfil en el necesitado como consecuencia de la situación de crisis.
   Se trata de gente con "formación universitaria" y que se ha quedado sin trabajo. Personas que "pierden su empleo, suelen ser titulados superiores, empresas que tienden a minimizar las plantillas y que tenían unos ingresos grandes pero que han perdido el trabajo y entonces solicitan la ayuda económica".

El número de usuarios de Cruz Roja Lorca crece un 40% en un año ante agudización crisis, terremotos e inundaciones

MURCIA.- El número de usuarios de Cruz Roja Lorca se ha incrementado un 40 por ciento de setiembre de 2011 al mismo mes del año actual, ante la agudización de la crisis económica, los terremotos del 11 de mayo de 2011 y las actuales inundaciones, "que está ocasionando que la ciudad no levante todavía cabeza" y "está poniendo en jaque a los lorquinos". 

   Así lo ha explicado el vicepresidente de la Asamblea local de Cruz Roja en Lorca, Paco Quiñonero, quien ha afirmado que han atendido a 2.000 personas en lo que va de año, lo que supone un aumento con respecto a los años sucesivos, "de casi un 50 por ciento en relación a 2007 y 2008".
   De hecho, ha explicado, "las familias que hay con extrema vulnerabilidad han crecido una barbaridad en los últimos doce-quince meses", tras los terremotos, situación que "vuelve a repetirse con las inundaciones pasadas"; personas, ha enfatizado, "que lo han perdido todo".
   Por escala de prioridades, ha apuntado Quiñonero, lo que más se solicita son ayudas a alimentación y vestuario, las ayudas técnicas a la ortopedia para mayores y libros de texto para los más pequeños, así como ayudas para el hogar (colchones y pequeños electrodomésticos como lavadoras).
   "Pero no una familia no puede vivir solo de arroz, cereales, aceite, leche, también necesitan verduras, carne y pescado", por ello "Cruz Roja da unos vales, que previamente ha creído conveniente una trabajadora social, con los que las familias acuden a los centros comerciales para que adquieran los productos que necesitan", ha indicado.
   De tal forma, ha afirmado el vicepresidente de la Asamblea local de Cruz Roja en Lorca, "se incentiva la economía y se ayuda a preservar la intimidad de las familias". Una iniciativa que desarrollan también en 40 comercios del municipio, adheridos a un programa de vestuario, donde las familias acuden con sus vales a retirar la ropa que necesitan.
   En cuanto al material escolar, libros de texto y electrodomésticos, un grupo de trabajadores sociales y voluntarios visitan los propios domicilios y se van informando de las necesidades y realizan diferentes informes para que éstas se cubran, ha puesto de manifiesto.
   Eso sí, ha resaltado, "tenemos localizadas a todas las personas y no hay nadie que vive en chabolas o bajo un puente", de hecho, ha puntualizado, Cruz Roja construyó 16 viviendas prefabricadas tras los terremotos para realojar a personas que estaban en esas condiciones.
   En cuanto a ayudas indirectas, Paco Quiñonero ha destacado el plan de empleo que Cruz Roja desarrolla, "para que por lo menos una de las personas del núcleo familiar pueda aportar dinero y hacerse cargo de las facturas básicas como luz y agua o los gastos de la hipoteca". Así como cursos, bolsas de trabajo, charlas orientativas, elaboración de curriculums, preparación incluso de ofertas de trabajo a nivel nacional o internacional.
   También  programas exclusivos para menores y mayores, "los más vulnerables", como es la asistencia para personas mayores, escuelas de verano para los niños, programas de apoyo escolar, con la que ayudan a mil niños, o la campaña de juguetes de Navidad. Además, Cruz Roja está trabajando con la Fundación Multiópticas para traer una campaña que hay a nivel nacional para poder ofertar gafas gratuitas.
   Cruz Roja Lorca ha tenido que dividir su trabajo en tres locales diferentes. Y es que en los últimos años ha crecido el número de personas en Lorca en riesgo de exclusión social o en riesgo de alta vulnerabilidad, pues "son muchas las familias que se encuentran en una situación límite a nivel económico", lo que, según Quiñonero, "hace que haya una contaminación".
   Y es que, ha remarcado, "no funciona la agricultura ni el comercio y hay un escaso movimiento económico en la ciudad", lo que hace "que haya un contagio al resto de familias que están en una posición límite".
   "Esto nos preocupa porque los recursos de instituciones públicas y privadas son escasas y el índice de ayudas necesita de una repercusión económica muy alta", ha declarado el vicepresidente de la Asamblea local de Cruz Roja en Lorca.
   Tras lo que ha asegurado que no pueden hacer frente a todos los casos que les llega, "por lo que intentamos desviar a otras administraciones o instituciones aquellos que no son extremamente urgentes".
   De hecho, ha puntualizado, "antes el porcentaje de familias inmigrantes era muy alto, pero ahora es gente de Lorca, de toda la vida, la que se encuentran en una situación crítica". En concreto, ha argumentado, el 60 por ciento de población que atendía Cruz Roja era inmigrante en 2007-2008 y el 40 restante, población nacional.
   Actualmente, el 75-80 por ciento de la población que asisten son españoles y el 20-25 por ciento, población inmigrante, "que ha descendido mucho en la ciudad". La repercusión de este cambio "es que ha descendido el trabajo en el campo y en la construcción," en definitiva, "hay menos trabajo y la población inmigrante, que tiene mucha más facilidad de movimiento, ha abandonado Lorca".
   A pesar de las circunstancias, ha asegurado, "la solidaridad de los pueblos se agudiza a nivel nacional en época de crisis". Por ejemplo, ha reconocido, Cruz Roja recaudó hace una semana en el Día de la Banderita 4.500 euros más en Lorca que el año pasado.
   En 2011, la institución recaudó menos de 8.000 euros frente a los 12.000 euros de 2012, indudablemente esto se debe "a que hay una concienciación social de que todos los estamos pasando muy mal, pero hay gente que está mucho peor, al límite".
  En las inundaciones del pasado 28 de septiembre, Cruz Roja Lorca rescató a seis personas en tejados y atendió a 16 personas que precisaron de traslado en ambulancia.
   Asimismo, montó un albergue en el Pabellón Deportivo de San Antonio, con capacidad para un centenar de personas, con ropa, medicación y comida para diez días, que no fue finalmente necesario, aunque permaneció montado todo el fin de semana ya que las familias fueron realojadas en casas de amigos o hoteles de la ciudad.
   Los psicólogos de la institución trabajaron durante ese domingo con los familiares de las víctimas mortales, aunque permanecieron alertados durante una semana, realizando un total de 45 intervenciones en diez días.

La causa contra la cúpula de CAM vuelve a manos de Grande-Marlaska

ALICANTE.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, deberá resolver los recursos de apelación que los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados han interpuesto contra la fianza conjunta y solidaria de 25, 8 millones de euros que les impuso el juez instructor Javier Gómez Bermúdez.

Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska fue precisamente el magistrado que el pasado mes de diciembre, cuando dirigía el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, abrió la causa contra la antigua cúpula de CAM a raíz de las denuncias iniciales interpuestas por el FROB y por el abogado Diego de Ramón.
Dos meses después, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a Grande-Marlaska presidente de la Sala de lo Penal, por lo que su puesto al frente del Juzgado de Instrucción nº 3 fue asumido por Gómez Bermúdez, quien desde entonces se ha encargado de instruir la causa judicial sobre la CAM.
A petición del FROB, Gómez Bermúdez dictó el pasado mes de julio un auto en el que impone una fianza conjunta de 25,8 millones de euros a los cuatro imputados: el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb.
Como ha informado Abc, Crespo es el único que ha dirigido al juez un listado de todos sus bienes -que incluye las acciones de su empresa, así como varias viviendas y plazas de garaje- para que pueda ejecutar su parte proporcional de la fianza.
Los cinco imputados interpusieron recursos de reposición contra las medidas cautelares que, al ser rechazados por el instructor, han transformado en recursos de apelación. En este caso, es la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Grande-Marlaska, la que deberá resolver sus alegaciones y decidir, por tanto, si se ajusta a derecho la fianza de 25,8 millones de euros impuesta.
Esta cifra se corresponde con las pérdidas que habría sufrido la CAM a causa de las pensiones vitalicias, indemnizaciones por prejubilación y primas de beneficios cobradas indebidamente por exdirectivos de la antigua caja de ahorros, según la tesis del FROB.
En caso de que la Sala de lo Penal confirme la fianza establecida, el juez Gómez Bermúdez podría ordenar el embargo de los bienes de los cinco imputados, hasta alcanzar la cifra fijada como medida cautelar para cubrir su responsabilidad civil subsidiaria.
El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en representación de más de medio millar de cuotapartícipes de la CAM, ya ha anunciado que si los imputados se declaran insolventes, interpondrá una querella contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que han podido ocultar una parte de su patrimonio fuera de España. 
Diego de Ramón ya ha dirigido un escrito al juez Gómez Bermúdez, en el que pide que embargue los bienes de la Obra Social para indemnizar con 17,5 millones a los compradores de cuotas participativas.

Varios centenares de personas se concentran en Murcia para pedir un transporte público de calidad y para todos

MURCIA.- Varios centenares de personas, de organizaciones vecinales, sindicatos, formaciones políticas y diversos colectivos, se han concentrado en la plaza de la Glorieta de España, a las 18.00 horas de este sábado, para pedir "un transporte público de calidad y para todos".

   La convocatoria ha sido realizada por la plataforma 'Ciudadanos por el transporte público' que, de momento, está formada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia y Comarca, la organización la Costera Sur también es Murcia, las secciones sindicales de UGT y CCOO en la empresa municipal de transportes Latbus, el colectivo 'Murcia en bici', la Asociación Murciana de Consumidores (Consumur), la Unión de Consumidores de España (UCE) en la Región de Murcia, y partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Murcia como PSOE e IU-Verdes.
   Es el caso del Partido Socialista, que ha estado representado en la concentración por su secretario general, Rafael Francisco Tovar; su portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, y la concejala Andrea Garries.
   Una vez concentrados en la plaza de la Glorieta se ha leído un manifiesto mientras esperaban a los compañeros de la Plataforma Pro-Soterramiento, que sobre las 18.20 horas, se han unido a la concentración, una marcha que posteriormente ha continuado hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, en donde se ha leído otro comunicado.
   Uno de sus portavoces, José Antonio Conesa, ha manifestado que el objetivo de la concentración es reivindicar "el restablecimiento de los servicios suprimidos en las líneas de autobuses del municipio de Murcia; así como para reclamar el mismo precio de los billetes en el transporte público en todo el municipio, por un bono mensual "para todos" y para defender un "trasbordo entre autobuses y el tranvía".
   Asimismo, la Plataforma, que dice estar abierta a todos los colectivos y ciudadanos que, de forma individual, se quieran unir, exigirá "un restablecimiento inmediato de los servicios suprimidos en pedanías, algunas de ellas condenadas al aislamiento al privarles de autobús, como es el caso sangrante de la Ermita del Rosario entre otros muchos".
   Otra de las reivindicaciones fundamentales de esta plataforma es lograr "un transporte público único que garantice la movilidad de todos los vecinos, vivan donde vivan". Así exigen un precio único para todos los billetes, la puesta en marcha de bonos mensuales de ahorro para todos y "que se puedan realizar transbordos gratuitos entre autobuses urbanos e interurbanos y de éstos con el tranvía".
   "No tiene sentido un plan de transporte donde pedanías y casco urbano no estén interrelacionadas", han destacado los miembros, quienes han denunciado con insistencia "el nuevo recorte de líneas a pedanías, la reducción de frecuencias, que se acrecienta durante los fines de semana; así como la injusta supresión de bonos que está perjudicando a los usuarios habituales del transporte público, trabajadores y estudiantes no universitarios".
   Por su parte, Francisco Ruipérez, también portavoz de la Plataforma, ha denunciado públicamente que "se han suprimido muchas frecuencias de autobuses en las pedanías, sobre todo, en fines de semana, donde en poblaciones como La Alberca va a tener un autobús cada dos horas, lo que supone prácticamente condenar a la muerte esa línea porque nadie la va a coger".
   Asimismo, ha detallado que la Línea 12, según la Administración, va a ser absorbida por otra con la que tiene recorridos coincidentes, pero lamenta que es "absolutamente falso porque la Ermita del Rosario se queda absolutamente sin ningún autobús".
   Ha lamentado también el "mal estado de muchas líneas, y los precios de los billetes". A este respecto, ha remarcado que los nuevos bonos que se anuncian como un completo sistema de bonificación son "absolutamente falsos" porque "se eliminan las tarifas planas de trabajadores que antes permitían viajar todo lo que querían desde pedanías al centro por 30 euros".
   Igualmente, añade que los estudiantes no universitarios de pedanías "tampoco van a poder disponer del bono de tarifa plana, lo que representa para un padre una subida del 100 por ciento con respecto al bono que tenía hasta el pasado 14 de agosto". Si la persona en cuestión vive en una pedanía y tiene que ir dos veces por día a Murcia, la subida se eleva al "233 por ciento".
   Igualmente, añade que la subida de las bonificaciones se sitúa en un 25 por ciento, por lo que su aplicación "no supone una bajada de 2,10 euros a 1,35 euros como nos quieren vender, sino una subida de 1,35 a 1,50 euros en un billete normal". Incluso, hay pedanías que "van a tener que pagar 1,50 por ir a otra pedanía, como de Nonduermas a Santo Ángel, cuando el billete de Molina a Murcia vale 1,40 euros".
   Ha criticado que "hay 37 autobuses que se tienen que dar de baja el 31 de diciembre y la empresa no quiere hacerlo", al tiempo que la población de pedanías "se ha incrementado muchísimo y no se ha visto un aumento paralelo de servicios o frecuencias que se adapten a las circunstancias".
   Al respecto, Ruiperez ha criticado que no tiene sentido hacer un plan urbano de movilidad "si no se tienen en cuenta conjuntamente pedanías y casco urbano". Así, lamentan que en la ciudad sigue habiendo servicios de autobús a las 23.30 horas, cuando hay pedanías sin buses a las 21.30 o 22.00 horas.
   A su juicio, no es "coherente" desarrollar más el tranvía, y critica que si ha tenido puntas de servicio es porque los estudiantes "se ven abocados a cogerlo, les venga bien o mal, porque representa un aumento actualmente de 29 euros al mes y de hasta 65 euros para ir a la UCAM, porque no existen bonos para ir en autobús".
   Los integrantes de la plataforma han destacado que el sistema anterior "no era perfecto", pero consideran más lógico que la concesión estuviera en manos de una misma empresa. De todas formas, critican que había dos organismos de gobierno distintos, y actualmente hay tres empresas de transporte con dos organismos que tienen que velar por el buen funcionamiento.
   Conesa ha pedido a Iniesta "que defienda los intereses de todos los ciudadanos del municipio, vivan en pedanías o en el casco urbano". Así, acusan al concejal de preocuparse "únicamente por el transporte del casco urbano, cuando los habitantes de pedanías también vivimos en el municipio".
   Por eso, añaden que no tiene sentido "las diferencias entre el precio de los servicios de transporte público que se pagan en las pedanías con respecto al casco urbano". Ha comparado esta situación con los servicios de agua, alcantarillado o recogida de basuras, en los que "se paga lo mismo en todo el municipio".
   Por último, han pedido la eliminación de la Entidad Pública del Transporte (EPT) porque "nació con la intención de unificar y gestionar todo el transporte público de la Región" y, finalmente "no ha podido homogeneizar ni siquiera la imagen corporativa de las diferentes concesionarias".

Una teoría de la clase política murciana / Cartas de los lectores

“La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global (…), las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. En España la clase ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión, ni por olvido (…). El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las cajas de ahorro han desaparecido”.

“Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el capitalismo castizo, es decir con el capitalismo español que vive del favor del Boletín
  Oficial del Estado. (…) Sea lo que sea recordaremos la burbuja de las energías renovables. España representa el 2 % del PIB mundial y está pagando el 15 % del total global de primas a las energías renovables. Un disparate que genera fraude, corrupción y, claro, rentas capturadas”.

“La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (futbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a
costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid (…). Partiendo de unas previsiones de tráfico temerarias, el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, (…) los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar”.

Los anteriores párrafos están extraídos del artículo publicado por el diario El País el pasado 9 de septiembre y del que es autor Cesar Molinas. Éste defiende la teoría de que “la clase política española no solo se ha constituido en un grupo de interés particular, (…) sino que ha dado un paso más, consolidándose como una elite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro 'Por qué fracasan las naciones'. Una elite extractiva se caracteriza por: Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. El artículo es más extenso e interesante, pero se queda corto con su propuesta de implantar un régimen de mayorías en el sistema electoral, como mecanismo de regeneración de la clase política española,  medida que resultaría insuficiente a la vista de cómo se las gasta esa elite. Nunca mejor dicho.


Visto el artículo lo inmediato es examinar si las principales infraestructuras regionales ejecutadas en los últimos años, presentan las características que permitirían calificarlas de innecesarias. No vamos a analizar las otras burbujas, pues la inmobiliaria ha tenido en la región tantas manifestaciones que su investigación y análisis requiere, más que un artículo en un medio digital, una tesis doctoral. Examinemos, pues, las últimas infraestructuras de competencia municipal, regional y nacional.


A nivel del Ayuntamiento de Murcia. La Línea 1 del Tranvía de Murcia, una concesión gestionada por sociedad de idéntico nombre, y de la que son accionistas las constructoras FCC y COMSA, que han ejecutado las obras. Un presupuesto, dicen algunos, de 264.000.000 de euros, en los que se incluyen importe de la obra, material móvil, indemnización a ACCIONA por la Línea 0….Por ese contrato el Ayuntamiento está obligado a pagar algo más de 9.000.000 de euros anuales, además de cubrir el déficit de explotación anual. Durante el primer año de puesta en servicio fue utilizado por algo más de 3.000.000 de pasajeros, cuando la previsión para ese primer año era de 5,5 millones de pasajeros, aunque hay quien apunta que la diferencia entre la previsión del Estudio de Tráfico y el número real de usuarios se ha acrecentado. El Ayuntamiento de Murcia viene abonando los 9.000.000 de euros anuales y, por supuesto, el déficit de explotación. La concesión es para 40 años.


Siguiendo con el mismo Ayuntamiento de Murcia. La concesión para la Redacción del Proyecto de Obras y Construcción de un Parque Recreativo, resultante de la unión del Jardín del Desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio. Es conocido como Terra Natura Murcia. Un contrato gestionado por Generala Terra Natura, de la que son accionistas la constructora Grupo Generala y  Terra Natura (Grupo Fuertes y dos grupos valencianos). La construcción corrió a cargo del Grupo Generala. El proyecto adjudicado implicaba inicialmente una inversión de 11.600.000 euros más unas reinversiones cuatrienales que elevaban el coste final hasta los 18.920.320 euros. En principio el
Ayuntamiento de la capital asumió la obligación de abonar una subvención a la concesionaria  que habían fijado en 343.279,91 euros de media anual. La cantidad total prevista por este concepto para todo el periodo concesional era de 12.014.797 euros.

Pero no ejecutaron el proyecto aprobado, ejecutaron otro sin la oportuna autorización, o sea utilizaron la vía de los hechos consumados. El relato de todas las irregularidades está en la web del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Dictamen 92/09, (
http://www.carm.es/knosys/Scripts/know3.exe/knosys/cjrmweb/texto.htm?Consulta=.EN+TIPO_DICTAMEN+%2808+ MODIFICACI%D3N+DE+CONTRATOS+ADMIN++%29&Pos=18).
La concesionaria solicitó el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión por una mayor inversión y por una disminución  en el número de visitantes al parque. El consistorio murciano, con informe desfavorable del Consejo Jurídico, no tuvo remordimiento alguno para reconocerle un aumento de las tarifas y un aumento de la subvención municipal. El Ayuntamiento aceptó que la inversión había sido de 21.736.343,22 euros, y que con el plan de inversiones cuatrienales el total serían 29.056.663,22 euros; que la subvención municipal sería lineal, de unos 3 millones de euros anuales, actualizable con el IPC, y por un importe acumulado de 105 millones de euros al finalizar la concesión. Todo, según un informe, en aras del interés público. La concesión es para 35 años.

A nivel de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejemplo es el Aeropuerto de Corvera. Una concesión gestionada por AEROMUR, de la que eran accionistas la constructora SACYR, BMN (antigua CAJAMURCIA), SabadellCAM (antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo), el Grupo Fuertes (otra vez El Pozo), Cementos La Cruz, Montoro, e INOCSA, puesto que algunos ya la han abandonado. Un proyecto con una inversión, dicen, de 265.000.000 euros, que debía ser financiada porAEROMUR, y que iba a convivir con el Aeropuerto de San Javier funcionando, pues sus previsiones de tráfico de pasajeros indicaban que había mercado para los dos. Pero resultó que carecían de financiación para el proyecto, y para remediarlo la Ley de Presupuestos del año 2010 autorizó a la Administración Regional a conceder un aval de 200 millones de euros, al grupo de “descamisados” constituidos en sociedad concesionaria. El Consejo de Gobierno hizo uso de la autorización y concedió el aval para que obtuvieran la financiación y que la constructora SACYR pudiera seguir con las obras. Ahora también pretenden el cierre del Aeropuerto de San Javier por la
  inexistencia de mercado para dos aeropuertos en la región. AENA, que gestiona este último, quiere 70.000.000 de euros para cerrarlo y recuperar la inversión realizada en los últimos años en él. La concesión es para 40 años.

A nivel estatal el ejemplo es la Autopista Cartagena Vera. Una concesión gestionada por AUCOSTA, de la que son accionistas AUSUR (BMN, Grupo Fuertes, entre otros), GLOBALVÍA (FCC y BANKIA), Ploder, Cajamar, SabadelCAM y UNICAJA. 114 kms. de autopista de los que 98 son de peaje y cuya construcción corrió a cargo de FCC y Ploder. Una inversión de 732.000.000 de euros que, al calor de los desarrollos urbanísticos previstos en Marina Cope, esperaba una media de 9.000
  vehículos diarios. El tráfico real viene siendo un 25 % del previsto. La concesionaria se encuentra desde hace unos días en preconcurso de acreedores con una deuda de 550.000.000 de euros. La concesión es para 36 años.

Queda corroborado que las notas que caracterizan a la burbuja de las infraestructuras innecesarias, según la teoría de Cesar Molinas, están presentes en las principales infraestructuras murcianas: una
  constructora en cada sociedad concesionaria, que se lucra con la ejecución de la obra; unos estudios de tráfico de vehículos, de pasajeros o de visitantes calificables de temerarios; y un despilfarro en perjuicio del ciudadano.  Les falta el abandono de la  concesión cuando se constata que no existe demanda que la haga rentable.

De las infraestructuras examinadas, los casos más lacerantes para el ciudadano son el de Terra Natura Murcia y el Aeropuerto de Corvera, sin que ello suponga demérito de las restantes. El primero por
  modificar el proyecto sin tramitar previamente su autorización y asumir el Ayuntamiento más obligaciones económicas de las inicialmente pactadas. El segundo por conceder un aval de 200 millones de euros el Consejo de Gobierno, cuando la obligación de financiar era de la concesionaria. En ambos casos el riesgo de la concesión ha sido asumido por la Administración, en contra del principio más elemental de prudencia, en perjuicio de los intereses de la ciudadanía y conculcando principios elementales de la contratación administrativa.

Y el aeropuerto puede que depare sorpresas próximamente. Circula un rumor en los aledaños del poder político regional que habla del amago de abandono de la concesión insinuado por AEROMUR. Para no abandonarlo el grupo de “descamisados” ha solicitado una cantidad de dinero. Esos aledaños se niegan a dar cifra alguna. El rumor apunta que puede tener 9 dígitos. Pero la ciudadanía ya tendrá noticias de lo ocurrido cuando le pasen la factura. La felicidad que rodeó la Decisión de la Comisión
  Europea autorizando el aval puede volverse lamento.

Difícilmente habrá regeneración de la clase política murciana en tanto que los responsables de estos despilfarros, ya sean concejales o consejeros, no respondan por los mismos. Pero que no cunda el
desasosiego entre ellos, pues ninguna formación política va a acudir a la justicia o al Tribunal de Cuentas a denunciarles.

S.E.J.
(Cartagena)

Mas y mejor control en la actuación irregular y competencia desleal / Ángel Tomás Martín *

El comercio y tráfico internacional por vía marítima ha sufrido una importante caída a partir del año 2008 ocasionada por la crisis global y nacional, provocando un descenso en los tonelajes de mercancías transportadas y la supresión, por las compañías navieras, de algunas líneas por falta de rentabilidad. Los efectos del vertiginoso descenso se han manifestado en el transporte de petróleo y en el de materias primas, pero en mayor magnitud en el sector manufacturero mundial. En España, con un creciente descenso del consumo, el sector industrial está pasando su peor coyuntura, solo superable con esfuerzo, tesorería y tiempo.

Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.

¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.

Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.

Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.

Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.

Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.

Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.

Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.

(*) Economista y empresario