miércoles, 24 de octubre de 2012

El Tribunal Supremo condena por delito electoral al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, del PP

MURCIA.-   La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al alcalde de Fortuna (PP), Matías Carrillo, del delito de prevaricación por el que la Audiencia Provincial lo condenó en sentencia del 11 de julio de 2011 a una inhabilitación de siete años para empleo o cargo público.

   Sin embargo, la sentencia del Supremo confirma la condena por un delito electoral, que le inhabilita para los cargos de concejal y alcalde y para cualquier otro cargo público que depende de su elección democrática, conforme a la legislación electoral, durante cinco años. Así como la privación de libertad durante 24 días y una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros).
   Esto supone la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recae, siendo electivo, y de los honores que le sean anejos, en este caso los que deriven directamente de su condición de regidor del Consistorio de Fortuna.
   En la primera sesión del juicio, el alcalde de Fortuna aseguró con rotundidad que "nunca jamás y en ningún momento" pidió el voto por correo "a cambio de nada", ni fue "casa por casa" para conseguirlo ofreciendo a cambio a personas interesadas obtener un empleo en el Consistorio con la posibilidad de un contrato de trabajo eventual.
   La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia consideraba probado que el alcalde y la coacusada, la ex edil María Dolores Sánchez, junto con algunos militantes del PP "pusieron en práctica un plan preconcebido con el fin de obtener votos para la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Fortuna".
   Dicho plan consistía en usar éstos sus propias competencias como alcalde y concejal de Empleo y "ofrecer a interesados en obtener un empleo en el Consistorio de la localidad la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo eventual o determinadas prestaciones, consistentes en ayudas en comida u otras".
   A cambio de ello, las personas que querían trabajar en el Ayuntamiento y familiares de éstos "les entregaban la documentación completa y necesaria que emiten las autoridades electorales para conseguir, así, votar finalmente por correo, en lugar de los ciudadanos titulares del voto, a favor de la candidatura del PP de Fortuna, accediendo algunos vecinos a las pretensiones de sendos acusados".  
   La Sentencia del Supremo, con fecha de 25 de septiembre de 2012, estima en parte el recurso que presentó el alcalde, ratificando la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia referente al delito electoral, pero absolviéndolo del de prevaricación.
   En el caso de la ex edil, confirma el delito electoral, por el que se le impone la pena de cinco años de inhabilitación especial; además de 24 días de privación de libertad y la misma multa que al regidor.
   Considera probado que el regidor y la ex edil habían acordado llevar a cabo los actos de requerimiento ilícitos a electores. Es decir, un plan consistente en realizar la oferta de empleo o prestaciones como ayudas en comida a personas que le entregaran a cambio la documentación necesaria para suplantarlas al emitir el voto por correo a favor de la candidatura del PP en las elecciones locales del año 2003.
   Da por acreditado que el alcalde encabezada la lista para la que se pedía el voto y que la ex concejal formaba parte de esa lista, que no se hizo convocatoria pública alguna para la contratación y que ésta tuvo lugar en las fechas previas a las elecciones.

El Ayuntamiento de Murcia ha cometido "cuatro pecados capitales" con subida "abusiva" de impuestos

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, entiende que el Consistorio ha cometido "cuatro pecados capitales" con la subida "abusiva" de impuestos, tasas y precios públicos. 

   El primero, ha señalado, "una falta de respeto democrático", con un procedimiento "inadecuado", ya que "la oposición no tenía conocimiento de la información"; el segundo, ha agregado, que "no encara a los ciudadanos", porque "mienten", anuncian esos tributos con un incremento del IPC del 3 por ciento pero "a poco que analizas los precios te das cuenta de que algunos ascienden del 30 al 66 por ciento como en las escuelas infantiles".
   López ha señalado la limitación del derecho a la información y a ejercer la oposición política al resto de grupos como tercer pecado capital y por último, "que van a pasar el rodillo en el próximo Pleno, aprobarán estos incrementos, sin dar muchas más explicaciones, intentando que pase lo antes posible y que los ciudadanos se acostumbren a estos nuevos tributos".
   Todo esto, ha lamentado el portavoz del PSOE de Murcia, "en un clima muy difícil, de hecho, estamos un 10 por ciento en peor situación que el resto de ciudadanos del país, el 60 por ciento de las familias murcianas no pueden disfrutar de vacaciones o no pueden acometer gastos imprevistos" y, a su juicio, "esto es poner una soga más en el cuello de la mayoría de los ciudadanos de Murcia".
   Con estos impuestos, ha insistido Pedro López, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y su Equipo de gobierno establecen "el pago con nuevos impuestos como pagar por hacer mediciones de ruido, el copago de determinados servicios sociales y el repago de las instalaciones deportivas con el pago, asimismo, en concepto de matrícula".
   Según el socialista, la única razón de estas medidas es "recaudar más dinero" porque "el PP lleva 17 años gestionando mal el municipio, apostando todo por el ladrillo, siendo incapaces de diversificar la actividad económica", y en lugar de buscar fórmulas para reducir el gasto en servicios no esenciales y gestionar con más eficiencia para que esto se sostenga "van a lo más fácil, que es apretar al bolsillo de todos los ciudadanos".
   Por su parte, el concejal del Grupo Socialista Juan Patricio Castro ha denunciado que el Gobierno local utiliza "malas artes" para encarecer de manera "abusiva" el acceso a la educación, los servicios sociales y la cultura.
   En este sentido, Castro ha criticado que ni Cámara ni su concejal de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, hayan sido capaces de dar la cara y explicar a los ciudadanos por qué suben los precios de ciertos servicios en un 30 e incluso en un 60 por ciento, después de una semana del anuncio de la subida, "sin ningún rigor", del 3,5 por ciento en los tributos municipales.
   Hay tasas básicas, ha explicado Castro, como las de los cementerios, que se incrementan en un 25 por ciento; precios públicos que suben un 66 por ciento más IVA en el caso de las escuelas infantiles; un 30 por ciento más en deportes con una matrícula por cada actividad deportiva, y una penalización del 50 por ciento sobre otro de los sectores más débiles (los jubilados) en el acceso a los deportes.
   Además de la aplicación de subidas igual de arbitrarias en los espacios culturales y como no la subida de otros impuestos como el IBI que experimentan un doble incremento, el del 10 por ciento de Mariano Rajoy y el 3 por ciento de Cámara, ha apostillado.
   A juicio del concejal del PSOE, lo que ha hecho el PP municipal al anunciar el proyecto de tributos es "publicidad engañosa" y, ha enfatizado, "lo más grave es que después de una semana sigue sin dar explicaciones a la ciudadanía".
   Además de no tener el mínimo principio democrático, Castro ha lamentado igualmente la "nula sensibilidad" del PP con la situación actual de crisis económica, al aplicar estos incrementos abusivos sin considerar las condiciones socio económicas de los contribuyentes, "como si todos tuviéramos iguales circunstancias laborales, económicas, sociales o patrimoniales".
   "La sensibilidad y empatía de Cámara y su responsable de Hacienda con la ciudadanía es inexistente", ha concluido el edil socialista, quien ha denunciado también que los partidos con representación en el Ayuntamiento "tampoco tuvimos la documentación en tiempo y forma para analizar correctamente las consecuencias de este lesivo proyecto de tributos".

El Ayuntamiento San Pedro acomete la segunda fase de renovación del centro urbano de Lo Pagán

SAN PEDRO DEL PINATAR.-   La concejalía de Urbanismo está acometiendo la segunda fase de las obras de reforma y renovación del caso urbano de Lo Pagán, que se incluyen en el Plan de Obras y Servicios municipal y con la que se continúa la actuación llevada a cabo el pasado año en la calle Antonio Tárraga, arteria principal de la pedanía que une el paseo marítimo con la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

   En esta segunda fase, las obras se ejecutan en las calles García Morato, Vizcaya y Chacón y Calvo, aledañas a la calle Antonio Tárraga y consisten en la renovación de todos los servicios urbanos, excepto las redes eléctricas de baja y media tensión y la red de saneamiento, que se encuentran en buen estado.
   Así, se ha instalado un nuevo tramo de tuberías para abastecimiento de agua potable, se han repuesto las canalizaciones de cableado de telefonía y alumbrado, según han informado fuentes municipales.
   Además, los trabajos se completarán con la pavimentación de la calle con adoquinamiento de hormigón de color y se ha adecuado la pendiente de la vía para permitir una fácil evacuación del agua de lluvia.
   Las obras se completarán con la restitución del mobiliario urbano existente, la colocación de bolardos para evitar el estacionamiento de vehículos frente a comercios y viviendas, así como de dos hidratantes contra incendios y un desagüe de conducción de agua potable.
   Este proyecto tienen como objetivo hacer a los vecinos y visitantes más accesible y adaptado el casco urbano de Lo Pagán, para lo que se han eliminado barreras arquitectónicas como los bordillos de las aceras, así como mejorar la estética de esta transitada zona de la pedanía costera.
   Esta actuación cuenta con un presupuesto de 240.213 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses, por lo que se prevé que las obras terminen antes de finales de año.

El Círculo de Economía de la Región arremete contra una clase política "irresponsable e indolente"

MURCIA.- El Círculo de Economía de la Región de Murcia ha emitido un comunicado en el que arremete contra la clase política, a la que responsabiliza de años de "gravísima falta de visión política, de irresponsable e indolente ocultación de la gravedad de la situación, así como de incapacidad para identificar y explicar con sinceridad las causas de la crisis".

   Asimismo, achaca a la clase política, sobre todo, "falta de voluntad para tomar a tiempo decisiones proporcionadas a la dimensión y gravedad de la misma".
   En el manifiesto, aprobado por unanimidad, ha indicado que "nuestros principales dirigentes políticos y algunos agentes sociales, económicos y financieros, han conseguido generar una profunda y general desconfianza en su capacidad y voluntad para resolver las auténticas causas de esta gravísima crisis económica".
   A pesar de todo ello, el Circulo de Economía sigue pensando que "son más necesarios que nunca dirigentes políticos cualificados, responsables y con visión de Estado que sean capaces de inspirar confianza y recuperar la esperanza de la ciudadanía".
 "Es el momento de que demuestren que lo son desde la lealtad institucional, la grandeza y el sacrificio", añade.
   En el comunicado, el Círculo dice saber que las causas profundas de la crisis son "muy diversas y complejas", y añade que es consciente "del carácter decisivo de los factores económicos y financieros internacionales que han desencadenado la situación actual", pero se niegan a aceptar "que no existan márgenes en la toma de decisiones a través de nuestras instituciones europeas, nacionales, regionales y locales".
   "La falta de previsión, de control y de agilidad en el funcionamiento y en la toma de decisiones, sobre todo de los organismos reguladores del sistema financiero ha contribuido a agravar los problemas y a dilatar en el tiempo las posibles soluciones, pero existe un ámbito de gestión autónoma al que no se puede, ni se debe renunciar, un ámbito que no puede quedar a merced de la voluntad, ni de los intereses de los volátiles e imprevisibles mercados", ha señalado.
   A su juicio, existen responsables personales e institucionales "perfectamente identificables que deberían dar pública cuenta de sus acciones y sus omisiones".
   "No es mejor gobernante quien demuestra ser más hábil a la hora de identificar las culpas ajenas y de trasladar sistemáticamente a los demás las responsabilidades de los problemas. No está el país, la región, ni nuestros ayuntamientos para juegos políticos electoralistas entre gobierno y oposición", asevera.
   Así, el Círculo estima que "es tiempo de asumir proyectos colectivos y de corresponsabilizarse en el objetivo común de sacar adelante a España y a nuestras Comunidades Autónomas". Así, considera "imprescindible", para esta tarea "el logro de un gran Pacto Regional y Nacional en el que se acuerde, por parte de los principales actores políticos, económicos y sociales las medidas necesarias para superar esta etapa crítica".
   En este sentido, el Círculo de Economía se ofrece para colaborar en su ámbito con este propósito y para trasladar a su confederación (CEDE) idénticos fines desde la perspectiva nacional.
   "Es hora de que nuestros mejores gestores demuestren sus cualidades con hechos, ha llegado la hora del protagonismo de los más capaces y cualificados", indica el comunicado, que añade que el mejor gobernante "es aquel que, independientemente de los votos obtenidos, demuestra con datos la buena salud de la institución encomendada y su capacidad de administrar y gestionar con eficiencia los escasos recursos públicos".
   Al respecto, emplaza a no confundir "la dirección de un partido político con la dirección de un país, de una región, o de un ayuntamiento". Así, considera que "quienes intenten justificar su falta de toma de decisiones, o manifiesten su cansancio, su desgana, o su incapacidad para gestionar una situación como la actual, deberían dejar paso a otros dirigentes con mayor motivación y mejor cualificación y disposición para llevar adelante las difíciles tareas pendientes".
   En su opinión, la existencia de las administraciones, su tamaño y coste "sólo están justificados en función de su capacidad para resolver los problemas reales de los ciudadanos que las financiamos". Así, el Círculo defiende que "si no podemos permitirnos estructuras administrativas antiguas, ineficaces, o demasiado caras, éstas deben ser reestructuradas, o eliminadas de manera inmediata".
   En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Círculo de Economía dice no conformarse con esperar a que se nos conceda un necesario nuevo modelo de financiación autonómica más favorable, puesto que "no estamos ya en la etapa de intentar controlar el gasto, o de gestionar con mayor austeridad".
   Por el contrario, añade que "nos encontramos en una etapa crítica de toma de decisiones importantes y urgentes, en la que resulta tan decisivo transformar y modernizar las administraciones públicas, como realizar políticas de estimulo de la economía, y necesitamos dirigentes capaces de asumir sus responsabilidades y estar a la altura que requieren las circunstancias".
   El Circulo de Economía no considera "prioritario" contratar "costosos" Planes Estratégicos que "queden superados por los acontecimientos a los pocos meses de ser elaborados, o que no sean tenidos en cuenta una vez presentados en público". Asimismo, cree que "no necesitamos tampoco de nuevas leyes y normas que nos compliquen aún más el entramado administrativo".
   "Nos conformaríamos con que se cumplieran las ya aprobadas y que el esfuerzo normativo se centrara en simplificar la burocracia, agilizar los trámites administrativos y reducir sus costes", remarca.
   Estima que los legisladores "no deberían dedicar su actividad a proponer leyes innecesarias, o inoportunas", y recuerda que "alguna de ellas acaba de iniciar recientemente su proceso de tramitación". Al contrario, cree que los legisladores "deberían centrarse en aprobar normativas orientadas a ayudar a las empresas a desarrollar con normalidad su actividad".
   A su juicio, resultaría "inaceptable" perder una sola inversión en la región; por lo que cree imprescindible convertirla en un lugar "atractivo para el emprendimiento y los negocios".
   Así, afirma que "no se puede situar la supervivencia de algunas administraciones públicas a la misma altura de la supervivencia de la empresas y los trabajadores que mantienen a aquellas y legitiman su existencia".
   Critica que la reciente subida de los impuestos y tasas, a su entender es "exagerada", y "debería ir acompañada de una austeridad, una ejemplaridad y una transparencia mayores".
   Por otro lado cree que "sería un error imperdonable por parte de las administraciones olvidar que el presente y el futuro de la Región de Murcia pasa por invertir los escasos recursos de que se disponga en la promoción de los sectores tradicionales que siguen manteniendo vivo el tejido productivo regional".

IU-Verdes de Murcia critica que la subida y creación de tasas es "abusiva" y afecta a los que "más sufren la crisis"

MURCIA.-   Los concejales de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas e Ignacio Tornel, han lamentado que la subida de precios públicos y la creación de nuevas tasas por parte del Equipo de Gobierno municipal del PP "es abusiva", y afecta a las personas "que más están sufriendo por la crisis", mientras que no repercute en "aquellos de los que puede sacar más, como las grandes empresas".

   En rueda de prensa, Tornel ha criticado que las ordenanzas fiscales y los precios públicos presentados el jueves pasado a la prensa por la concejala de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, es "el programa oculto del PP", ya que su programa electoral "siempre hablaba de bajar impuestos y no gravar más a los ciudadanos".
   Por ejemplo, Herguedas critica que estas ordenanzas "se ceban en la Dependencia, porque se crean nuevas tasas y precios públicos para asistencia domiciliaria, para los centros de día, para la teleasistencia y para el respiro familiar, en función de las rentas de los contribuyentes".
   Igualmente, ha criticado el aumento de un 66 por ciento del precio de las escuelas infantiles. IU-Verdes pidió en el pasado que, "por lo menos, ese aumento no afectara al presente curso, porque desequilibra cualquier economía familiar", añade.
   La concejala ha reprochado que el precio de una escuela infantil municipal, incluida la comida y el servicio educativo, va a ascender a 200 euros al mes "para una familia mileurista", lo que supone "estar equiparando sus precios con las escuelas privadas", por lo que muchas "van a terminar sacando a sus hijos" de los centros.
   IU-Verdes también ha llamado la atención por las subidas de los servicios deportivos, porque todos ellos "suben en una proporción" menos algunos que bajan como, por ejemplo, "el alquiler de las pistas de pádel y el alquiler de los espacios deportivos, como la pista central del pabellón Príncipe de Asturias, para espectáculos que no tengan que ver con lo deportivo tales como conciertos".
   Herguedas critica que "se baja el precio de donde se puede sacar dinero", por lo que deduce que "se está intentando beneficiar a unos pocos y se está intentando perjudicar a una gran mayoría".
   La concejala también se ha mostrado "muy preocupada" por las subidas y las nuevas tasas en el ámbito de la Cultura, de forma que, antes las asociaciones sin ánimo de lucro se beneficiaban de unas bonificaciones que "ahora no van a poder tener".
   Herguedas ha anunciado que esto va a afectar a asociaciones de vecinos, culturales y musicales "que están haciendo un papel fundamental en muchas pedanías, como asociaciones culturales que están supliendo el papel de la administración en muchos casos, y que estaban haciendo uso de las instalaciones municipales de una forma gratuita".
   A partir de ahora, la concejala de IU-Verdes explica que estas asociaciones "es posible que tengan que pagar e incrementar la cuota que pagan sus socios", por lo que critica que "se está restringiendo el acceso de la ciudadanía a la Cultura por medio de la vía del pago de la tasa".
   IU-Verdes conoció las ordenanzas a través de los medios de comunicación el jueves, y las pidió el viernes pero, tras analizarlas el fin de semana, los concejales de esta formación política han detectado que se trataba de documentos "parciales" en los que "se ocultaba información".
   Los concejales de IU-Verdes lamentan que acudieron este lunes a una comisión de asuntos generales a debatir sobre las ordenanzas fiscales y los nuevos precios públicos sin tener el documento en su posesión, y creen que el Ayuntamiento les ha "ocultando información" a propósito.
   Por tanto, Herguedas ha denunciado públicamente que la claridad de información "ha brillado por su ausencia", y considera que es "toda una declaración de intenciones por parte del Equipo de Gobierno municipal del PP, que por una parte hace propaganda diciendo lo que le interesa y por otra parte sube los precios".

Persecución partidista en la Universidad de Murcia / Cartas de los Lectores

La Universidad de Murcia se apunta a la política partidista de despedir o no admitir investigadores de la oposición al rectorado que en su día inició la Universidad Rey Juan Carlos.
La Universidad de Murcia ha convocado dos plazas de profesor asociado en Derecho Constitucional. Había 29 candidatos, y entre ellos estaba José Mateos, expulsado de la institución por el rector debido a las críticas que realizó a la política del propio Cobacho y del Consejo de Estudiantes, denunciando que, en vez de luchar por la institución, se sometiesen a los dictados del presidente de la Comunidad Autónoma. Mateos recibió el amparo del Defensor del Pueblo por las irregularidades de su expulsión y, hace dos meses, obtuvo una sentencia que la declaraba radicalmente ilegal.
Pues bien, salieron los resultados de la convocatoria y Mateos quedó en tercer puesto, a 1.01 puntos del segundo candidato y 1.80 del primero. El primer candidato tuvo 67.76 puntos, el segundo 66.97...y Jose Mateos 65.96. El resto de participantes quedaron muy por debajo (el cuarto candidato quedó a más de 16 puntos de Mateos).
Más allá de que las puntuaciones sean correctas o fuesen manipuladas para perjudicar al candidato molesto (lo cual se acreditará en vía judicial), hay un dato que termina de demostrar hasta qué punto apesta la decisión de la comisión selectiva. La comisión dice expresamente que, si los dos candidatos escogidos renuncian o son removidos, LA PLAZA DEBE QUEDAR DESIERTA, ES DECIR, QUE QUIEN HA QUEDADO A 1.01 PUNTOS DEL CANDIDATO ESCOGIDO, CON UNA PUNTUACIÓN MUY SUPERIOR A LA DEL RESTO, NO ESTÁ CAPACITADO PARA OCUPAR LA PLAZA. Según el tribunal, en un concurso donde la diferencia entre los candidatos escogidos y el tercero en liza no llega a los dos puntos, mientras que el cuarto candidato está a años luz de aquellos, el tercer candidato no puede ocupar la plaza.
Si se observa el contexto de esta decisión, termina de comprobarse su irracionalidad. Durante septiembre se han resuelto decenas de concursos sobre plazas de profesorado. Pues bien, en todos ellos menos en uno se ha adoptado la lógica fórmula de que si el candidato elegido renuncia o es removido, ocupe su plaza el siguiente en la lista, y eso que en la mayoría había una notable distancia entre la puntuación del candidato elegido y el siguiente en la lista.
Aparte de la expulsión, Mateos sufrió una grave discriminación durante su estancia como becario en la UMU, no pudiendo dar ni una sola hora de docencia por su enfrentamiento con Cobacho y estando a punto de perder su beca por las presiones que (según reconoció un profesor íntimo amigo del rector) venían del propio rectorado (se le llegó a quitar la beca pero tuvieron que devolvérsela tras sus amenazas de denuncia al rector usando las pruebas sobre su implicación en el caso que había recabado). Ahora volverá a recurrir judicialmente contra esta nueva arbitrariedad. 

Resolución del Defensor del Pueblo amparando a Mateos con la explicación sobre la ilegalidad cometida en su contra:

PCAUP