viernes, 26 de octubre de 2012

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.
   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.
   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.
   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.
   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.
   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.
   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".
 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.
   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".
   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.
   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.
   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.
   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.
   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.
   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.
   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.
   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.
   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.
   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.
   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.
   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.
   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.
   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.
   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.
   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.
   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.
   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.
   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.
   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su renuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.
   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.
   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.
   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.
   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.

El desempleo se vuelve a disparar en la Región (+10,56%), según la EPA

MURCIA.- El paro aumentó en 20.600 personas en la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2012, lo que supone un incremento del 10,56 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 215.600 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 28,81 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En los últimos doce meses el volumen de desempleados aumentó en la Región en 37.200 personas, (+20,87 por ciento), mientras que el número de ocupados disminuyó en 26.400 personas, lo que supone un descenso porcentual del 4,72 por ciento en relación con el trimestre del año anterior.
   De julio a septiembre la cifra de ocupados disminuyó en 16.900 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone una bajad del 3,08 por ciento de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 532.700 personas.
   Por su parte, el número de activos aumenta en 3.600 personas en el tercer trimestre, un 0,49 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 748.300 personas. En los últimos doce meses el volumen de activos aumentó en 10.800 personas, lo que representa un incremento del 1,47 por ciento.
   La tasa de paro masculino se situó en 28,78 por ciento en el tercer trimestre de 2012 en la Región de Murcia, 4,1 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 24,68 por ciento; mientras la tasa del paro femenino fue del 28,85 por ciento frente al 25,41 por ciento de la media nacional.
   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional alcanzó el 62,66 por ciento, 2,54 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 60,12 por ciento.
   La Región de Murcia tuvo en el tercer trimestre de 2012 la sexta tasa de paro más alta del país con un 28,81 por ciento, encabezando el ranking Ceuta (41,03 por ciento), Andalucía (35,42 por ciento), Canarias (33,63 por ciento), Extremadura (32,66 por ciento) y Melilla (30,52 por ciento).

Centenares de personas abuchearon anoche a Valcárcel, con una detención

MURCIA.- Centenares de personas se concentraron anoche para protestar nuevamente contra la política de "recortes" del Ejecutivo y abuchearon al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a su llegada al Teatro Circo con motivo de los actos conmemorativos del XXII Día Mundial del Cooperativismo que organiza la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia (Ucomur), la favorita de la Comunidad Autónoma.

   Durante la protesta se vivieron escenas de tensión, lo que obligó a los más de diez agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, a acordonar la zona y alrededores.
   El acto se saldó con el primer detenido, en una protesta contra los recortes en la Región de Murcia, por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, ya que propinó una patada a un policía nacional, según han confirmado hoy fuentes de dicho Cuerpo.
   Igualmente, a la llegada del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; y del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, algunos de los manifestantes se dirigieron hacia ellos increpándoles y pidiendo su dimisión, por lo que la policía tuvo que protegerlos hasta su entrada en el recinto del Teatro Circo.
   A las puertas del Teatro, desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Valcárcel paga ya a los docentes jubilados', de Sterm, CCOO Enseñanza y FETE-UGT, y corearon consignas del tipo 'Menos policía y más educación', 'No hay pasta para tanto chorizo', 'Sinvergüenzas', 'Ahí están, esos son los que hunden la Región' y 'Somos parados, no somos gamberros'.
   El acto culminó con la detención de una persona, que fue puesta en libertad horas después. El malestar de los manifestantes era tal que gritaron al unísono 'Si tocan a uno, los tocan a todos'.

La alcaldesa de Totana reprueba a Coato en un Pleno municipal sin los votos de la izquierda

TOTANA.- El Grupo Municipal de IU-Verdes, ha rechazado de plano la moción presentada en el Pleno Ordinario celebrado anoche en el Ayuntamiento de Totana, a propuesta de la alcaldesa, en el que los populares, con el voto en contra de la oposición de izquierdas, “reprobaron institucionalmente” al Consejo Rector de la Cooperativa COATO - en la órbita del PSRM- por haber manifestado su opinión sobre la imagen de productos agrícolas hecha pública por el equipo de Gobierno días atrás.

A juicio de IU, "utilizar el poder democrático en la Institución para ejecutar venganzas o perseguir al que discrepa, es un repugnante método que viene llevando a cabo el Partido Popular en el Ayuntamiento desde hace años. Solo hay que recordar la persecución al párroco de Totana, a los concejales de la izquierda, reventar los cepillos de limosnas en el Santuario de La Santa o utilizar métodos propios de la Inquisición, mientras benefician a sus simpatizantes, con puestos de trabajo y otras prebendas muy al uso del PP".


“Es paradójico que el Partido Popular quiera arrogarse el buen nombre de Totana cuando hace mucho tiempo debería haber pedido perdón al pueblo por mancillar su nombre, y al que han salpicado de escándalos y corrupción, con los dos últimos alcaldes encarcelados. Mientras, la alcaldesa y el PP mantienen el nombre de Juan Morales en distintas placas de locales públicos, intentan utilizar la Institución contra la dirección de una Cooperativa que agrupa a cientos de agricultores y ocupa a cientos de trabajadores y trabajadoras en sus instalaciones de Totana; solo por discrepar del equipo de Gobierno y ejercer el derecho a la libre expresión…”, ha manifestado el Portavoz de IU en Totana, Juan José Cánovas.

Izquierda Unida de Totana, insta a la alcaldesa a que "anule el acuerdo del Pleno, respete la libertad de expresión y el derecho a discrepar y no siga con el ridículo argumento de que quién la critique, está atentando contra el Buen Nombre de Totana".

 “Los valores de los totaneros y totaneras o su historia van mucho más allá de querer hacer un uso patrimonial y miserable de su nombre o su Institución…”

Choque de trenes entre la cooperativa agrícola Coato y el Ayuntamiento de Totana

TOTANA.- El Consejo Rector de la cooperativa agrícola COATO, ante los requerimientos para que valore la posible incorporación del distintivo “Totana Origen TO”, creado por el Ayuntamiento de Totana, a las etiquetas, envases, vehículos y a la imagen de la empresa y de sus productos, quiere trasladar a la opinión pública y a sus socios lo siguiente:

"1º.- Que ningún miembro de la Corporación Municipal ha comentado en ningún momento con ningún directivo de COATO absolutamente nada en relación con esta iniciativa.

2º.- Que aunque COATO es la única empresa agroalimentaria local que incorpora en su denominación y anagrama la referencia a Totana, la procedencia de los productos de sus socios es, en más del 80%, de otras localidades de la Región de Murcia y de otras tres Comunidades Autónomas limítrofes. Lo que no es obstáculo para que las empresas cooperativas del Grupo COATO, asocien a más de 500 agricultores totaneros, lo que supera en número de socios el del resto de cooperativas que comercializan sus productos desde instalaciones situadas en Totana.

3º.- Que COATO ha colaborado activamente con la Alcaldesa y la nueva Corporación Municipal en los eventos y exposiciones celebrados tanto en Totana como fuera de ella, facilitando gratuitamente en numerosas ocasiones productos locales artesanos y con envase de cerámica que se comercializan desde COATO.
Una prueba evidente de esa colaboración se acredita en la mayoritaria presencia y gran aceptación de los productos de COATO en la tienda de productos de Totana que el propio Ayuntamiento tiene en la Plaza de la Constitución.

4º.- Sin embargo el Consejo Rector de COATO ha decidido no colaborar en incorporar el anagrama de “Totana Origen (TO)” en todo el material en el que se refleja la imagen corporativa de la empresa, además de por la evidente inversión que ello supone, porque las empresas que se dedican a vender productos o servicios, intentan incorporar a su imagen de marca o reputación, elementos y factores que contribuyan a añadir valores positivos que puedan ser percibidos como un elemento añadido de diferenciación por parte de los clientes.
Pero según aseguran desde COATO, la incorporación del término “Totana Origen” a sus marcas e imagen corporativa, estan seguros que no solo no añadiría ningún valor ni diferenciación positiva sino todo lo contrario. Porque hoy, en la era de internet, cualquiera que busque Totana, encontrará referencias e informaciones institucionales asociadas a valores negativos que hacen referencia al liderazgo de Totana como el municipio más endeudado, el que ha presentado el primero ERE público, o el que ha tenido a varios Alcaldes ingresados en prisión. O el municipio que tiene el record de alegaciones a su PGMO.
Imagen institucional y valores negativos que, según manifiestan desde COATO, contrastan con la buena reputación y trayectoria ejemplar de una docena de empresas destacadas de la localidad que aportan valores y vínculos positivos a Totana. Como también lo aportan los varios cientos de PYMES y micro empresas locales que se esfuerzan día a día en mantener su rentabilidad y continuidad, a pesar de no contar con los costes de servicios ni con los estímulos e incentivos de otras localidades cercanas.

5º.- Por todo lo anterior desde COATO les parece sorprendente que desde la Corporación Municipal se pretendan poner en marcha iniciativas como esta –sin contar con los que tendrían que sufragar sus costes– que les parecen puramente propagandísticas y hasta folklóricas; y que pretenderían distraer la atención de los auténticos problemas del Ayuntamiento y de la economía y del sector agrario local, y desgastar energías y dedicación, aunque sea mediática, hacia asuntos que consideran nada tienen que ver con los problemas reales de los agricultores, empresas y ciudadanos de Totana.

6º.- No obstante todo lo anterior, desde COATO directamente y a través de las organizaciones agrarias más representativas del sector agrario, y de la Confederación de Empresarios representativa de los distintos sectores empresariales de Totana y del Bajo Guadalentín (CEBAG); muestran su disposición a colaborar lealmente y a consensuar y trabajar en común con la Corporación Municipal, y con todos los agentes políticos, sociales y económicos locales, en la urgente solución de los auténticos problemas de la economía, y especialmente del sector agrario local que, entre otros, creemos son: exigir la inclusión de Totana en los informes de daños y en las ayudas que puedan producirse por las pasadas inundaciones del pasado 28 de septiembre, junto con Lorca y Puerto Lumbreras; la exención o subvención inmediata del IBI rústico del 2012 por el Ayuntamiento; la protección y la utilización de los terrenos agrícolas como moneda de cambio para compensar los efectos medioambientales negativos de los convenios urbanísticos en el PGMO de Totana; o la sorprendente priorización por el Ayuntamiento de los intereses de la caza frente a los cuantiosos daños que el arruí y otras especies están infligiendo a la agricultura local".

Matías Carrillo también dimite como presidente del PP de Fortuna y solicita su baja como afiliado


MURCIA.- El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular de la Región, Francisco Bernabé, ha confirmado que Matías Carrillo ha presentado este jueves, ante el Ayuntamiento de Fortuna, "su dimisión como alcalde y como miembro de la Corporación Municipal de dicho Consistorio, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación con la causa seguida contra el mismo".

   Igualmente, Carrillo "ha presentado su dimisión como presidente del Partido Popular de Fortuna y ha solicitado su baja como afiliado en la formación política", ha manifestado.
   Finalmente, Bernabé ha destacado que desde el Partido Popular "se valora el ejercicio de responsabilidad del que Carrillo (en la imagen con Valcárcel) ha hecho gala ante este acontecimiento, al asumir de manera voluntaria las obligaciones que imponen los estatutos del partido para este tipo de situaciones, y sin necesidad de intervención alguna por parte de los órganos de la formación política".

El PSRM pide la dimisión de Valcárcel y Cámara por "haber apoyado al alcalde de Fortuna a pesar de su condena judicial"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha pedido esta tarde en rueda de prensa la "dimisión" de Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP regional, y "del imputado" Miguel Ángel Cámara, como secretario general del partido, "por haber apoyado al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, a pesar de que la Justicia lo había condenado por compra de votos en las elecciones de 2003, en vez de obligarle a dimitir".

   González Tovar ha afirmado que "no hay palabras para definir la vergüenza ajena que sentimos los murcianos ante el comportamiento despreciable y rastrero de Carrillo, que se aprovechó de la buena fe y de las necesidades de muchos fortuneros para comprar sus votos con vales de comida y promesas de empleos públicos".
   A este respecto, el portavoz municipal de los socialistas de Fortuna, Alonso Ruiz, ha explicado que el hasta ahora alcalde de Fortuna "compró votos a cambio de vales canjeables por comida o pañales aprovechándose de la necesidad de algunos vecinos del municipio, lo que demuestra que no estaba en política por ayudar a los ciudadanos sino por ocupar a toda costa su silla en la alcaldía"
   Por su parte, el secretario general del PSOE de Fortuna, José Enrique Gil, ha indicado que "es un día triste para el municipio y este tipo de acciones son las que hacen que los ciudadanos se sientan más alejados de la política".
   "Aún así, asegura, el Partido Socialista seguirá trabajando por y para Fortuna como siempre lo hemos hecho y queremos que estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestro pueblo".
   González Tovar, para quien los delitos de Carrillo suponen "una inadmisible burla a la democracia y a todos los ciudadanos de Fortuna y de la Región", no entiende cómo los dos máximos responsables del PP en la Región, Valcárcel y Cámara, "le permitieron volver a presentarse a la alcaldía en las últimas elecciones, una vez que ya estaba imputado por la Justicia por actos cometidos en 2003, lo que es un apoyo más que explícito".
   "Tampoco se entiende, asegura Tovar, que unos meses después, cuando ya fue condenado Carrillo por la Audiencia Provincial, no lo hicieran dimitir como alcalde con la excusa de el edil había recurrido la sentencia al Supremo".
   En este asunto, como en otros, el Partido Popular "no cumple ni siquiera sus propios estatutos, que se supone que obligan a abrir un expediente informativo a los militantes imputados, y un expediente disciplinario a los que sean llevados a juicio oral".
   Para González Tovar, la condena a Matías Carrillo "es especialmente grave porque pone de manifiesto que el Partido Popular ganó al menos unas elecciones municipales de forma fraudulenta, haciendo trampas, y que el resultado fue un alcalde ilegítimo, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido durante los últimos años para el municipio de Fortuna y sus habitantes, para la democracia, y para la propia credibilidad del PP".
   Y es que, apunta, "esta práctica ilegal del PP ha sido denunciada por el PSOE en muchas ocasiones y en muchos municipios de la Región y ahora se ha demostrado en los tribunales que, al menos en Fortuna, ha sido así, y la Justicia ha condenado e inhabilitado al alcalde del PP".
   Además, ha indicado, "el que Carrillo se aprovechara de votos comprados tiene otro efecto, y es que Valcárcel también se pudo beneficiar de votos para el PP regional".

La acusación particular ve la sentencia "justa" pero critica su "benevolencia" con el alcalde del PP

MURCIA.- Joaquín Dólera, el abogado de la acusación particular en el proceso judicial abierto contra el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha calificado de "justa" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al regidor por un delito electoral a cinco años de inhabilitación para los cargos de concejal y alcalde y cualquier otro cargo público que depende de su elección democrática, conforme a la legislación electoral. 

   No obstante, considera que la sentencia emitida por el Supremo es "benevolente" con Carrillo, "porque si bien se le imputa un delito electoral" al entender que concertó con la ex edil María Dolores Sánchez un plan consistente en realizar la oferta de empleo o prestaciones como ayudas en comida a personas que le entregaran a cambio la documentación necesaria para suplantarlas al emitir el voto por correo a favor de la candidatura del PP en las elecciones locales del año 2003, no da lugar al delito de prevaricación del que fue acusado y por el que la Audiencia Provincial lo condenó a una inhabilitación de siete años para empleo o cargo público.
   Entiende, por tanto, que la Audiencia Provincial y el Supremo "han sido benevolentes con Carrillo a la hora de acusarle". Por ello, ha exigido la dimisión del mismo, que tiene una dedicación exclusiva en el Consistorio y un sueldo superior a 50.000 euros anuales, no habiendo sido objeto de reducción, según ha reprobado el portavoz del Grupo Municipal de IU en Fortuna, Salvador Alarcón.
   Al hilo, Alarcón ha expresado su satisfacción por el fallo emitido por el Supremo, porque IU "ha conseguido demostrar las malas artes con el que el PP consiguió su primera mayoría absoluta en el pueblo en 2003 y conseguida de forma ilegítima, que es la que le ha permitido perpetuarse en el ayuntamiento".
   Así, opina que "es el momento de exigir las responsabilidades políticas y penales que derivan de la sentencia", instando a Carrillo a que "presente su dimisión y se evite el bochorno de hacer que se ejecute la sentencia por vía judicial".
 "Esperamos que la dimisión se realice de una forma discreta evitando incitar a movilizaciones populistas y enfrentamientos", ha apostillado.
   De igual modo, espera que el consejero José Ballesta, que "en campaña del PP fue al pueblo a decir: Matías vas a llevar 3.000 ó 4.000 votos de fortuneros a la Audiencia para demostrar tu inocencia", pues "pida perdón públicamente".
   El abogado Joaquín Dólera, quien asegura que "ahora no faltarán novios a esta victoria jurídica y política", ha criticado que el alcalde "lleva más de un año usurpando el poder en Fortuna".
   Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha recordado que el presidente del PP de la Región "no le cesó cuando fue condenado por la Audiencia Provincial y lo ha mantenido en su puesto".
   De esta forma, ha subrayado que "hay una corresponsabilidad política evidente y cuanto menos lo que tendría que hacer Valcárcel es pedir perdón a la sociedad de Fortuna y al conjunto de ciudadanos de Murcia, porque no sólo se celebraron elecciones municipales, sino también autonómicas y en consecuencia parte de su poder se asentaba sobre una base ilegítima e ilegal".

Defensa lanza un vídeo para "valorar" al Ejército del Aire

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha lanzado este jueves un vídeo en el que invita a los ciudadanos a "ver y valorar" el trabajo que hace el Ejército del Aire "a diario" en "decenas de bases aéreas y acuartelamientos" y en el que se muestra algunas de las misiones que realizan sus aviones, desde 'cazas' a aviones de transporte.

   El Departamento que dirige Pedro Morenés ha colgado el vídeo en el canal 'Youtube' y ha animado a sus más de 9.000 seguidores de la red 'Twitter' a verlo: "La fuerza del aire, espectaculares imágenes de unidades del Ejército del Aire. ¡Un trabajo que hay que ver y valorar!", afirma en un 'tuit'.
   La publicación de este vídeo llega en medio de las críticas que algunos sectores nacionalistas catalanes han hecho a los vuelos de aviones de combate en Cataluña. El Ejército del Aire ha explicado que forman parte de un plan de instrucción que no ha variado "desde hace 25 años" y ha apuntado que hasta ahora no se habían recibido quejas desde Cataluña por estos vuelos.
   En la grabación, de casi cinco minutos de duración, se muestran algunas de las "capacidades operativas" que han alcanzado las Fuerzas Armadas, un "éxito" que es "producto de miles de horas de trabajo que a diario se hacen en decenas y ejercicios".    
   "El entrenamiento y las misiones combinadas son el día a día de nuestra aviación militar", afirma el vídeo, que muestra algunas operaciones de reabastecimiento en vuelo, vistas desde la cabina de un avión de combate que engancha en pleno vuelo con un avión 'tanquero'.
   También aparecen algunas actividades del ejercicio 'Nube Gris', en el que participan unidades de los dos Ejércitos y la Armada, con la intervención de aviones 'F18' del Ejército del Aire, y del 'European Air Transport Training', con el que se entrenan aviones de transporte españoles.
   El vídeo finaliza recordando la intervención del Ejército del Aire, con sus aviones de tranpsorte 'Hércules' C-130 para traer a España el tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', que un tribunal estadounidense ordenó devolver a España.

Dimite el alcalde de Fortuna tras su condena por delito electoral

MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha anunciado su dimisión, según han confirmado hoy fuentes municipales. De este modo, previsiblemente la próxima semana se celebrará un pleno para la elección del nuevo regidor, que podría ser la primera teniente de alcalde del Consistorio, Catalina Herrero.

   Carrillo presentará a lo largo de esta mañana su dimisión horas después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, que le inhabilita para los cargos de concejal y alcalde y para cualquier otro cargo público que depende de su elección democrática, conforme a la legislación electoral, durante cinco años. Así como la privación de libertad durante 24 días y una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros).
   Tras emitir su fallo el Supremo, que lo absuelve del delito de prevaricación, el regidor tenía la opción de esperar a que la sentencia se ejecutara o bien presentar su dimisión, que es lo que finalmente ha hecho.
   El alcalde llegó al poder en las elecciones del año 1999 y fue en las elecciones municipales de 2003 cuando, según se recoge en la sentencia tanto de la Audiencia Provincial como del Supremo, cuando concertó un plan con la ex edil María Dolores Sánchez, para comprar votos.
   La Sentencia del Supremo, con fecha de 25 de septiembre de 2012, estima en parte el recurso que presentó el alcalde ante el Supremo, ratificando la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia referente al delito electoral, pero absolviéndolo del de prevaricación.
   Considera probado que el regidor y la ex edil habían acordado llevar a cabo los actos de requerimiento ilícitos a electores. Es decir, un plan consistente en realizar la oferta de empleo o prestaciones como ayudas en comida a personas que le entregaran a cambio la documentación necesaria para suplantarlas al emitir el voto por correo a favor de la candidatura del PP en las elecciones locales del año 2003.
   Da por acreditado que el alcalde encabezada la lista para la que se pedía el voto y que la ex concejal formaba parte de esa lista, que no se hizo convocatoria pública alguna para la contratación y que ésta tuvo lugar en las fechas previas a las elecciones.

Paulo Roberto logra otro suculento negocio del Ayuntamiento de Murcia


MURCIA.- La reciente –en algunos casos, espectacular– subida de los precios públicos para el alquiler de las instalaciones deportivas municipales de Murcia por el común de los ciudadanos contrasta con la escasa contraprestación que recibe el Ayuntamiento por otras actividades deportivas de iniciativa privada, pero con infraestructuras públicas, que pueden llegar a ser un negocio redondo, también privado, según www.elpajarito.es

El exjugador de fútbol sala de ElPozo Paulo Roberto, con su Asociación Deportiva PR7, ha vuelto a adjudicarse otra contratación municipal, en este caso la concesión demanial del polideportivo municipal José María Cagigal –inaugurado tras su controvertida reconstrucción hace menos de un año– para instalar una escuela de fútbol sala infantil.
La oferta de la Asociación Deportiva PR7 se impuso con gran diferencia de puntuación a las otras dos que se presentaron para adjudicarse la concesión, la de José Miguel Murcia Cánovas y la de Sorgroup Servicios Integrales de Gestión, S.L. Las empresas rivales de Paulo Roberto (PR7) cuentan también con otras contrataciones municipales.
La concesión tiene una duración de dos años, prorrogable otros dos, y el Ayuntamiento cede el pabellón las tardes de lunes a viernes de 17 a 20 horas. A cambio, las arcas municipales ingresarán un canon anual de 1.000 euros más el 21% del IVA (en total, 1.210 euros). Cada alumno de la escuela paga un máximo mensual de 17 euros. Hay que recordar que el alquiler de la pista del Cagigal supone, para cualquier ciudadano, un total de 23 euros la hora. El cálculo de lo que Paulo Roberto deja de pagar al Ayuntamiento es muy sencillo, y supone un buen pico de miles de euros.
Según las directrices del pliego de condiciones, fechado el pasado mes de junio, la concesión de la escuela incluye el uso exclusivo del flamante polideportivo Cagigal y sus vestuarios por un total de 15 horas a la semana, con un máximo de 40 alumnos por hora, y exige un técnico por cada 20 alumnos. A pleno rendimiento, suponiendo que los alumnos asistan dos veces por semana, serían 300 niños. A razón de 17 euros al mes, la cifra de negocio de la Escuela Municipal de Paulo Roberto recaudaría 5.100 mensuales, que resultaría el doble de esa cantidad si los chicos solamente reciben clase una vez por semana.
En su sesión del pasado día 10 de octubre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que preside Miguel Ángel Cámara –quien tuvo contratado a Paulo Roberto como asesor deportivo desde 2009 hasta este mismo año– dio su aprobación a la propuesta de concesión demanial del concejal de Contratación y Patrimonio, Cosme Ruiz, veterano jurista que, además, es el suegro del actual presidente del TSJ murciano. La iniciativa para crear la Escuela Municipal de Fútbol Sala, que no figura en los documentos, debió partir del concejal de Deportes, Miguel Cascales, quien ya declaró en su día, por escrito y a una pregunta del grupo municipal IU-Verdes, que Paulo Roberto, con quien le une una estrecha amistad– seguiría vinculado de un modo u otro al Ayuntamiento tras finalizar su contrato como asesor de Cámara.

Tres horas semanales

En el pliego también se exige que el director técnico de la escuela sea un entrenador nacional de fútbol, quien “será el que elabore la programación técnica de las actividades: planteamientos, características generales, metodología, etapas, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y demás normas técnicas o deportivas. Deberá prestar un mínimo de tres horas semanales de servicio con presencia física en la instalación, y resto estará localizable a través del teléfono móvil, e-mail, fax o cualquier otro medio que permita su localización”. En cuanto a los demás técnicos, sólo se exige la cualificación de instructor de fútbol sala.    
Además de las garantías y requisitos que la legislación vigente establece, como la contratación de una póliza de un seguro, la concesión exige la adquisición del material deportivo necesario para la docencia –balones y silbatos, el resto está en el pabellón–, así como proporcionar a los alumnos la equipación deportiva completa (chándal, pantalón, camiseta y medias) con la normativa gráfica del Servicio Municipal de Deportes, el logotipo y la denominación oficial de Escuela Municipal de Fútbol Sala.

Una fórmula de moda   

La concesión demonial es la nueva fórmula de contratación de moda entre los responsables municipales murcianos. Literalmente, según la web enciclopedia-juridica.biz14.com, la concesión demonial consiste en el negocio jurídico entre la Administración titular de un bien de dominio público y otra persona física o jurídica que hace nacer para este último el derecho a realizar un uso privativo, exclusivo y excluyente o un uso anormal de la porción del dominio público sobre el que se constituye. Aunque existe una regulación genérica de las concesiones demaniales, no es escasa la legislación sectorial que dispone las peculiaridades de las concesiones en cada ámbito en particular, como la Ley de Costas, la Ley de Aguas, la Ley de Minas o la Ley de Puertos, entre otras.