martes, 4 de diciembre de 2012

Soria asegura que Paradores iría a la suspensión de pagos si no se hace un ERE

GETAFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la empresa Paradores iría a una situación concursal y de suspensión de pagos si no se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se procede al cierre transitorio de algunos paradores nacionales.

   Soria ha señalado que la empresa Paradores, en el año 2004, tenía una situación de tesorería positiva de unos 45 millones de euros que tenía invertidos en bonos del Tesoro pero que, a finales del año 2011, esa situación ya no solo no es positiva sino que es "una situación de tesorería negativa de 113 millones de euros".
   Por ello, el ministro de Industria ha apuntado que ahora se encuentran ante la tesitura de hacer un ERE y "proceder al cierre transitorio de algunos paradores, o bien, proceder a una situación concursal y de suspensión de pagos".
   "El Gobierno cree que Paradores Nacionales es y debe seguir siendo una marca de referencia en el sector turístico español, por lo que el objetivo es salvar la empresa aunque hay que adoptar unas medidas ciertamente dolorosas como es un ERE", ha advertido el ministro tras ser preguntado por este asunto durante la inauguración de la fábrica de Loewe, en Getafe.

El Gobierno defiende convertir cajas en fundaciones para controlar a los bancos

BRUSELAS.-   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que las cajas de ahorros que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen progresivamente en fundaciones y ha dicho que de este modo podrán seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen.

   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   El Gobierno está elaborando la norma para aplicar este requisito, que se realizará en "plazos suficientemente dilatados", de años, para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". "Se van a establecer como tramos para definir la posición real de lo que es la caja como accionista del banco al cual ha transferido la actividad bancaria", ha señalado.
   "Lo que busca fundamentalmente la norma es que estas cajas de ahorros se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial. Eso es lo que va a buscar la norma y eso es lo que estamos viendo con la Comisión, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional", ha explicado Guindos en rueda de prensa tras participar en el Ecofin.
   Una vez que las cajas se conviertan en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. "Es cierto", ha confirmado el ministro de Economía.
   "Aquí el principio básico es que no tiene sentido que una caja de ahorros, que es una entidad de crédito, que ha transferido todo su negocio bancario a un banco, sea la que controle el banco. Porque la actividad bancaria tiene que estar centralizada en una entidad que tiene que ser el banco", ha indicado Guindos.
   La norma que negocia el Gobierno con la troika establecerá las condiciones para crear cajas de ahorro a futuro, con "limitaciones desde el punto de vista geográfico" y un "gobierno corporativo" que "sea mucho mejor para evitar los problemas que tuvimos en el pasado".

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.
   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".
   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.
   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.
   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".
   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".
 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Torres-Dulce manifiesta su compromiso contra la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero" frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".

   Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
   Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica."  
   Para Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia  y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
   Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
   En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos
   A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.
   Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias en un 44 por ciento. Las causas por  malversación de caudales públicos durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
   Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
   Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.
   Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.
   Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del Ministerio Público.
   Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.  
   Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
   De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.
   La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.    

El tejido empresarial murciano demanda una reforma del modelo económico


MURCIA.- La Cámara de Comercio de Murcia considera, tras conocer los datos del paro del mes de noviembre, que el tejido empresarial murciano demanda una reforma de nuestro modelo económico a través de la innovación y la mejora de la competitividad, de forma que se generen nuevos puestos de trabajo con suficiente calidad, para revertir los actuales niveles de paro (tasa del 28,81 por ciento según la EPA), incompatibles con el mantenimiento del estado de bienestar.

   Durante el mes de noviembre, el paro se incrementó en la Región un 2 por ciento, encadenando su cuarto mes consecutivo de subida. Se trata de un mes tradicionalmente malo para este indicador, en los últimos seis años. En el actual dato, además, hay que tener en cuenta que las cifras recogen de manera puntual la extinción de convenios especiales obligatorios de Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
   El aumento del paro se ha producido de modo generalizado en todos los sectores, excepto en construcción, donde las pocas perspectivas de encontrar empleo producen un "trasvase" de demandantes a otros sectores. En este sentido, servicios ha concentrado el 72 por ciento del aumento del paro mensual (2.212 personas).
   En sintonía con los datos del paro, destaca el ente cameral en comunicado, el número de afiliados a la Seguridad Social experimenta, a lo largo del mes, un retroceso del 0,38 por ciento, notablemente inferior al de la media nacional (-1,23 por ciento).

Ambigüedad del alcalde Cámara sobre las condiciones de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha apostado por conectar la ciudad por AVE con Madrid y, al mismo tiempo, que la inversión en el espacio de soterramiento en la estación del Carmen "sea destinado al soterramiento y no a otra cosa".

   En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Cámara ha expresado que "la voluntad de la ciudad" es que "la Alta Velocidad llegue en ese horizonte de 2014 a Murcia" pero ha pedido que, "indudablemente, ninguna actuación obligue a hacer y deshacer".
   En este sentido, ha aclarado que esto supone que no se acometa ninguna otra actuación "en el espacio en el que está previsto el soterramiento y la integración y está muy bien definidos con el Plan Especial".
   Cámara ha reconocido que él no es técnico, y admite que "casi todo en esta vida es posible", pero critica el hecho de "hacer una inversión en una infraestructura extraordinaria para tener que deshacerla en un plazo corto de tiempo para construir otra".
   Además, añade que estamos en unos momentos en los que "deben de primar los criterios de eficiencia, de eficacia y ahorro de costes, no es para tirar".
   Por eso, considera que el planteamiento del Ayuntamiento es "serio y coherente"
 "No estamos pidiendo la luna de Valencia, sino con la situación que tenemos, decimos que es posible que Murcia esté conectada con la Alta Velocidad en ese horizonte 2014-2015 sin que afecte a ese ámbito", añade.
   "Y lo que tengamos que invertir en el ámbito del soterramiento ya se invierte directamente en el soterramiento, y no en obras de una forma o de otra", asevera el alcalde.
   El alcalde afirma que esta es la opción que mantiene el Ayuntamiento, y es la que le ha trasladado a Adif y al propio secretario de Estado de Infraestructuras. "Hemos solicitado y tenemos pendiente esa reunión conjunta para que en el seno de sociedad de Alta Velocidad de Murcia se pueda ver" este asunto, ha precisado.
   El primer edil cree que es una opción "viable económicamente", que "llevaría menos costes indirectos, en principio", a falta de hacer los estudios. Y, sobre todo, añade que "nos permitiría poder compaginar perfectamente los dos objetivos: cuanto antes poder conectarnos por AVE con Madrid y, al mismo tiempo, que la inversión en el espacio de soterramiento sea destinado al soterramiento y no a otra cosa".

El concejal Iniesta se convierte en parte del problema para la solución en Latbus

MURCIA.- "Trabajamos para ofrecer un servicio y generar empleo" con estas palabras Latbus apela a su derecho a evitar perjuicios para la empresa y sus empleados como los que ocasionan las despectivas declaraciones que el concejal de Tráfico de la ciudad de Murcia, Javier Iniesta, "viene efectuando durante los últimos días contra nosotros".

   Latbus anuncia que ha puesto en manos de su gabinete jurídico las últimas notas de prensa emitidas por Javier Iniesta "por considerar que pueden ser objeto de acciones legales".
   Tras lo que la empresa reclama la intervención del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "que es quien debe refrendar o condenar la actuación de su concejal".
   La empresa se siente gravemente perjudicada por las afirmaciones efectuadas por Javier Iniesta "cuando no es precisamente un circo lo que cabe esperar de una autoridad local y mucho menos cuando el lamentable espectáculo que ofrece perjudica a cientos de familias, muchas de ellas residentes en Murcia".
   "Confiamos en que Iniesta recapacite y se reconduzca demostrando a los murcianos que son dignos de su gestión", ha concluido el comunicado de empresa de Latbus.
   Tras comunicar que La Concejalía de Tráfico y Transportes había liberado los 458.000 euros de Transportes de Murcia a favor de la empresa Latbus que ya han sido debidamente recepcionados, el edil Javier Iniesta manifestó ayer que "sin ánimo de entrar en polémica, el que no se hayan podido entregar los 530.000 euros correspondientes a los 28 autobuses es la prueba de que los vehículos no estaban libres de cargas. En cuanto se ha recibido esa nota, y tal como se establecía en el pliego de condiciones, se ha procedido de inmediato al pago".
   El concejal explicó en nota de prensa que "estamos muy satisfechos de que finalmente se haya resuelto esta problemática sobre la situación en la que se encontraban estos vehículos de Latbus traspasados y que este dinero sirva para que la empresa se ponga al día con las nóminas de sus trabajadores, actualizando así su situación".

La crisis hace aumentar la conflictividad en las aulas murcianas

MURCIA.- El 80% de los docentes ven afectada la calidad de su trabajo por la incidencia de los recortes y afirman que estos aumentan la conflictividad en las aulas. Así se desprende una encuesta realizada por el sindicato independiente ANPE, en la que han participado 1.300 docentes de la Región de Murcia.

   Además desde que comenzaron los recortes, el 83,1 por ciento del profesorado asegura que el número de docentes de su centro ha disminuido, casi el 70 por ciento dice que el número de alumnos ha aumentado entre uno y dos alumnos, para el 76,7 por ciento de los docentes se han reducido apoyos, esfuerzo y desdobles en su centro y el 40 por ciento ha visto aumentada de una a dos horas su jornada lectiva.
   El 87,6 por ciento de los encuestados afirman que aumentar el número de alumnos por clase perjudica la atención individualizada; de ellos, el 57,3 por ciento dicen que mucho, el 30,3 por ciento, bastante y el 5,9 por ciento, poco. También el 86 por ciento reconoce un desgaste físico y psíquico por el aumento de la ratio y la jornada lectiva y más del 80 por ciento que el aumento de la jornada lectiva afecta a la preparación de las clases al disponer de menos tiempo.
   Más del 90 por ciento de los docentes afirman que la disminución de profesores en las plantillas influye mucho o bastante en la calidad y el clima de su centro, y más del 80 por ciento que el aumento de la jornada afecta a la atención individualizada a los alumnos. Además, más del 50 por ciento del profesorado completan su horario con materias que no son de su especialidad en un mayor o menor proporción.
   Asimismo, más del 85 por ciento señalan que impedir la sustitución de las bajas perjudica a la organización de los centros, para el 54,1 por ciento afecta mucho, para el 31,2 por ciento bastante y para el 6,4 por ciento afecta poco.
   Según los encuestados, la reducción laboral repercute en el rendimiento profesional de casi la mitad de los docentes, un 23,44 por ciento reconoce menor rendimiento y un 28,46 por ciento, bastante. De hecho, a causa de los recortes, más del 50 por ciento afirma haber visto reducida su motivación por el trabajo.
   A pesar de todo, los docentes están mucho más afectados por la falta de valoración social de la docencia que por los propios recortes. Casi un 85 por ciento afirman que esta es la causa principal de la desmotivación profesional.
   Según ha explicado en rueda de prensa el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, acompañado por el presidente regional del sindicato, Clemente Hernández, el 90 por ciento de los docentes encuestados afirman que los recortes están perjudicando especialmente a la enseñanza pública frente a otras redes educativas y que al 96 por ciento les parece grave la pérdida de derechos laborales.
   Ha señalado que el 83 por ciento de los docentes reconoce que los recortes en personal educativo aumentan la conflictividad en las aulas y que más del 90 por ciento cree que los recortes en personal y programas educativos pueden afectar al éxito en el aprendizaje de los alumnos. También, el 92,6 por ciento opina que los recortes van a afectar al futuro de los alumnos y de la sociedad.
   De tal forma, Fernández ha lamentado que el presupuesto en Educación haya disminuido en 6.300 millones desde 2010, y resaltado que la encuesta demuestra que los recortes "inciden" sustancialmente en la calidad de la educación, en el tiempo que los docentes pueden dedicar a sus alumnos y en el clima del centro y la conflictividad escolar.
   También, ha proseguido, muestra que los recortes no disminuye el compromiso de los docentes con sus alumnos y que los avances en la convivencia escolar "pueden verse perjudicados" por la "falta" de personal en los centros.
   A la vista de estos resultados, el presidente de ANPE, ha exigido este martes en Murcia, el cese "inmediato" de los recortes en educación, la financiación "suficiente" y memoria económica para cualquier reforma educativa, un pacto de mínimos "que preserve a la educación de los recortes y la convierta en el centro de las políticas", la negociación del Estatuto Docente y la protección prioritaria para el enseñanza pública.

La Región de Murcia no lograr doblegar el desempleo

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de noviembre se situó en 156.046, lo que supone un aumento de 3.055 personas respecto a octubre, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de noviembre en la Región fue del 2 por ciento respecto al mes de octubre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 14.328, un 10,11 por ciento más.
   El paro en noviembre aumentó en todas las autonomías respecto a octubre, excepto en la Comunidad Valenciana (-0,54 por ciento).
   El aumento del número de desempleados en noviembre en la Región de Murcia respecto a octubre fue el séptimo más elevado en términos relativos por autonomías, por debajo de Baleares (10,59 por ciento), La Rioja (4,07 por ciento), Cantabria (3,43 por ciento), Galicia (3,26 por ciento), Castilla-La Mancha (2,68 por ciento), Andalucía (2,17 por ciento) y Melilla (2,10 por ciento).
   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 76.373 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 79.673 personas.
   Por sectores, el paro subió en Servicios en 2.012 personas y en el Colectivo sin Empleo Anterior en 485 personas, así como en Industria en 251 personas y 120 en Agricultura. Por contra, bajó en Construcción en 13 personas.
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante noviembre se situó en 21.412 personas, lo que supone un aumento de 215 personas respecto a octubre (1,01 por ciento).
   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros bajó en 957 personas (-4,28 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 17.503 son extracomunitarios y 3.909 pertenecen a países de la Unión Europea.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (10.578), Agricultura (3.798), seguido de Construcción (3.247), el colectivo Sin Empleo Anterior (2.251) e Industria (1.538).

La SS también se resiente

La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en noviembre en 486.025 personas, que supone en términos absolutos un descenso de 1.839 personas con respecto al mes anterior (-0,38 por ciento), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   La afiliación descendió en todas las comunidades autónomas en noviembre respecto a octubre, excepto en la Comunidad Valenciana donde creció un 0,99 por ciento.
   Así, el descenso del 0,38 por ciento en la afiliación media de la Región de Murcia representa el tercer menor descenso porcentual por comunidades autónomas, inferior a la caída del 1,23 por ciento de la media nacional.
   En términos medios, la afiliación se redujo en la Región de Murcia 23.057 personas en los últimos 12 meses (-4,53 por ciento).
   De las 486.025 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 395.819 pertenecen al Régimen General, 89.121 al Régimen de Autónomos, 1.004 a Trabajadores del Mar, 82 al Régimen del Hogar (en extinción), y ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 65.552 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 11.710; y el general, con 318.557.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social registró en noviembre un descenso medio de 205.678 afiliados respecto a octubre, un 1,2%, con lo que el total de ocupados se situó en 16.531.048 cotizantes al finalizar el mes, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que precisó que el dato de afiliación de noviembre se ha visto alterado por la salida del sistema de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
   En concreto, el Ministerio ha explicado que de las 205.678 bajas registradas en el undécimo mes del año, 85.233 son de cuidadores no profesionales, que desde el día 1 de noviembre no figuran ya como afiliados al sistema.
   Empleo ha señalado que el descenso mensual de afiliación alcanzaría las 120.446 bajas de no producirse la salida de los citados cuidadores,. lo que habría situado el número medio de afiliados en 16.616.281 ocupados.
   El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que la afiliación de estos cuidadores no profesionales no sólo no incorporaba recursos al sistema, sino que ha significado un coste de 1.034 millones de euros desde 2008.
   Con el descenso de noviembre, superior al del año pasado, cuando la afiliación bajó en 111.782 personas, el sistema encadena cuatro meses consecutivos de pérdida de ocupados.
   En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en noviembre su número de cotizantes en 717.482 personas (-4,1%).
   En valores intermensuales, el Régimen General perdió 194.714 cotizantes en noviembre (-1,4%), de los que el 41% corresponden a las bajas de los mencionados cuidadores 'informales'. En total, 13.433.462 personas cotizaban en el Régimen General al cierre del penúltimo mes del año.
   El Régimen de Autónomos, por su parte, dijo adiós a 10.108 afiliados en noviembre (-0,3%), lo que situó su número de cotizantes en 3.028.794 ocupados.
   Dentro del Régimen General, los sectores que más afiliados perdieron fueron las actividades sanitarias y los servicios sociales, con 93.309 cotizantes menos, y la hostelería, con 81.886 ocupados menos.

El ministro Soria niega el cierre definitivo de siete paradores y puntualiza que será "temporal"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha aclarado este martes que el Gobierno no está actualmente "planteando cierres definitivos de siete Paradores", entre ellos el de Puerto Lumbreras, tal y como ayer avanzaron los sindicatos, sino "temporales".

   "De momento estamos negociando el ERE con los representantes de los trabajadores, con reuniones a lo largo de todos estos días, y la empresa está estudiando el cierre temporal de 7 paradores porque queremos evitar el cierre definitivo", recalcó tras el acto de entrega de las Medallas y Placas al Mérito Turístico.
   Fuentes sindicales explicaron ayer que la empresa planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en otros 27 de los 94 paradores existentes, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla.
   Sin embargo, Soria insistió en que las medidas que se están planteando, "entre ellas el ERE y el cierre temporal, que no definitivo, de algunos paradores, se hacen porque el ajuste de gasto de 20 millones de euros durante 2012 ha sido claramente insuficiente para salvar la empresa".
   Para el ministro, Paradores es una "referencia en el sector turístico español", y por eso hay que "preservarla". Por eso, a su juicio, "no hay otra opción que el ERE y los cierres temporales, porque la alternativa sería un proceso concursal de suspensión de pagos", que el Gobierno va a "intentar por todos los medios evitar".
   "El problema es que Paradores se ha metido en una estrcutura de gastos que no era afrontable con el nivel de ingresos que tenía. Sobre una situación de claro saneamiento con 45 millones de euros invertidos en Bonos del Tesoro en 2004, se ha pasado a una situación negativa en 113 millones de euros en 2011", argumentó.

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".
   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.
   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.
   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.
   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.
   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.
   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.
   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.
   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).
   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.
   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.
   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.
   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

Ecologistas en Acción critica la recalificación urbanística para 12.000 viviendas en la finca Casablanca, de Abarán

MURCIA.- Ecologistas en Acción considera desacertado que el Ayuntamiento de Abarán siga apoyando la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Casablanca, para la construcción de un complejo urbanístico de 12.000 viviendas con campos de golf, ya que apostar por este tipo de desarrollos urbanísticos "es perjudicial para el futuro de nuestro municipio al no responder a ninguna necesidad real". 

   De hecho, añade que el uso del suelo "sigue siendo agrícola y es el interés que debe prevalecer a la hora de clasificar el suelo, en un municipio como el de Abarán", según informaron fuentes de la asociación ecologista en un comunicado.
   Según esta asociación ecologista, continuar ahora con el apoyo a la recalificación para evitar las compensaciones económicas, "es una huida hacia adelante y no soluciona nada".
   Así, critica que el desarrollo de esta nueva zona urbana, "traerá consigo en el futuro nuevos gastos y obligaciones para el municipio, ya que es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos".
   "De nuevo hay una falta de visión política a largo plazo y un alto grado de irresponsabilidad", añade Ecologistas en Acción, que añade que la mejor opción "es renunciar al convenio urbanístico, declarando la nulidad del mismo al recaer en una potestad no negociable, a pesar de que conlleve costes económicos".
   "Esta es la única manera de poder reconducir la irresponsable actitud del equipo municipal de gobierno que lo firmó en el año 2005", según la asociación, que añade que el proyecto "era insostenible entonces y sigue siendo insostenible ahora".
   Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, "lo que sucede ahora es que el Ayuntamiento se ha topado con la realidad, ha visto como tras el boom del ladrillo viene la ruina económica para la administración local y la constatación de que el milagro inmobiliario no es tal".
   Y añade que "parece que los gobernantes locales no han aprendido nada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria", en alusión al acuerdo tomado en la última sesión plenaria celebrada por el Consistorio, el cual "ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y UPyD, y en contra de IU y la edil independiente Rosa García".
   Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra el proyecto en todas sus fases, el cual pretende la reclasificación de 4.704.451 metros cuadrados de suelo No Urbanizable a Urbanizable, junto al Parque Regional, ZEPA y LIC de la Sierra de la Pila.
   Además, calificaron como "fraude de ley" que el proyecto no fuera sometido a Evaluación Ambiental de Planes y Programas conforme a la Ley 9/2006, lo que "llevaría a la realización de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el principal argumento de la asociación ecologista es que lo que está en juego es el futuro sostenible de todo el municipio de Abarán y no sólo de la finca en cuestión".
   Para Quijada, el Plan de Ordenación Municipal de Abarán "no puede sustentarse en el desarrollo de un modelo urbanístico y territorial ficticio, causante de la crisis inmobiliaria y que por tanto se encuentra agotado".
   A su juicio, es necesario "un cambio en la concepción actual del urbanismo, la ordenación del territorio debe considerar el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable. El territorio no urbano, protegido, la agricultura y demás usos del suelo deben ser valorados adecuadamente".
   Ecologistas en Acción asegura que las autoridades municipales "son perfectas conocedoras de la falta de justificación de esta reclasificación de terrenos en el actual PGMO", por ello solicitan que "reconsideren su posición y que declaren la nulidad del convenio realizado".

UPyD asegura que PP y PSOE han permitido que el sistema politizado de las cajas se haya mantenido

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha dicho que el modelo de gestión y funcionamiento de las cajas en España "apuntaba al desastroso desenlace al que hemos asistido. Unas cajas, absolutamente politizadas, que en la práctica han desarrollado la función de banco al servicio de los respectivos Gobiernos regionales de turno", y que "estuvieron dispuestas a conceder créditos a megaproyectos inmobiliarios sobredimensionados y a infraestructuras que no respondían ni a una necesidad real ni a la función que se les supone que deben tener".

   Así ha asegurado que PP y PSOE "son los responsables y los que han permitido que ese sistema politizado se haya mantenido así hasta que se ha derrumbado como un castillo de naipes". Los dos partidos políticos que "pudieron cambiarlo, pero que se empeñaron en no hacerlo" y  se ha mostrado muy pesimista de que PP y PSOE estén en disposición de introducir cambios.
   Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la tarde de este lunes junto a los concejales de UPyD en Murcia y Molina de Segura, Rubén Juan Serna y Encarna Hernández, respectivamente, en las jornadas autonómicas organizadas por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), que se han desarrollado en el salón de actos de CCOO, bajo el título 'Los problemas de los consumidores murcianos ante la reestructuración bancaria'.
   Para Rafael Sánchez, los usuarios de servicios financieros "deben exigir que los organismos reguladores desempeñen el papel que no hicieron, o que hicieron de forma muy deficiente, en toda esta crisis".
   Y en este sentido, ha matizado, "un buen primer paso, para evitar que los ciudadanos paguen la deuda de los bancos, hubiera sido instar a las entidades rescatadas por el FROB a devolver íntegramente el dinero a las víctimas del fraude de las participaciones preferentes, y no permitir a las entidades plantear canjes a precio de mercado más un 10%, ocasionando así graves pérdidas a los consumidores".
   Para terminar su intervención, Rafael Sánchez ha aludido a la necesidad de que la futura unión bancaria lleve asociados mecanismos y compromisos de protección para los consumidores y usuarios de servicios financieros.
   Por su parte Encarna Hernández, ha señalado que "la actual crisis ha sacado a la luz la insuficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión de las prácticas financieras, así como la falta de transparencia del sistema".
   Asimismo, ha afirmado que las políticas establecidas hasta ahora para proteger al consumidor en el ámbito de las operaciones financieras "se han demostrado insuficientes para prevenir y proteger al usuario de los riesgos asumidos con su dinero, en muchas ocasiones sin su conocimiento".
   Hernández ha esgrimido la postura de UPyD en varias cuestiones que afectan a la protección de los derechos del consumidor en el ámbito financiero, haciendo especial hincapié en temas como el escándalo de las participaciones preferentes, la necesidad de mayor transparencia en el sistema y operaciones financieras, cambios en la estructura y competencias de los organismos reguladores y de supervisión, así como iniciativas dirigidas a regular y armonizar la información que se ofrece a los usuarios de productos financieros.
   Por último, el edil de la formación magenta en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha manifestado que la intervención del Banco Central Europeo (BCE) tras el estallido de la burbuja "produjo el desplome de los tipos interés hipotecarios" y que los precios de la vivienda "han caído en Murcia desde entonces un 30-40%, siendo el descenso del promedio por m2 unos 500 euros".
   Serna ha expuesto varias premisas que llevan a este sobreendeudamiento como el aumento de la Disposición a Pagar, ya que así las hipotecas se hacen más largas para la misma cuota mensual; los tipos de interés bajos; las expectativas de revalorización del precio del activo y la desgravación fiscal por adquisición de vivienda en el IRPF.
   Para concluir, ha comentado la Proposición de ley de UPyD para reformar la Ley Concursal y abrir la puerta a que los poseedores de un crédito hipotecario se puedan declarar insolventes para acudir a la dación en pago y saldar su deuda con la entrega de la vivienda o la fijación de nuevos criterios para las subastas públicas de viviendas, quitas automáticas e interrupción de intereses de demora en caso de negociación, y cancelación del incremento patrimonial en el IRPF a los desahuciados que no ingresen más de 12.000 euros anuales.
   Así como el establecimiento de un límite máximo a los intereses moratorios de las hipotecas y la habilitación de un servicio u oficina en Ayuntamientos que tenga como función mediar en los casos de desahucio en curso, apoyando a los vecinos que lo soliciten.

Iberdrola cierra centrales térmicas y reorganiza sus ciclos combinados sin afectar a Escombreras

CARTAGENA.-   Iberdrola ha puesto en marcha un nuevo plan de eficiencia para sus centrales térmicas que incluye el cierre de tres plantas de carbón y fuel, así como una reorganización en sus ciclos combinados de gas, sin afectar a las instalaciones de Escombreras, indicaron hoy fuentes de la compañía.

   Iberdrola explica que los cierres y los planes de eficiencia se realizarán sin despedir a trabajadores, en un momento en el que los ciclos combinados de gas se han visto obligados a reducir considerablemente su actividad por la menor demanda eléctrica y por el exceso de capacidad en el parque español de generación.
   Por su parte, fuentes conocedoras del plan al margen de la empresa señalan que Iberdrola prevé solucionar los cambios en su parque de generación mediante el traslado a otros puestos de trabajo de unos 230 empleados, así como con cerca de 40 prejubilaciones, y valoran positivamente la intención de la empresas de no realizar despidos.
   Como respuesta a la "drástica" reducción de producción desde 2009, Iberdrola tiene previsto acometer una reorganización de la plantilla que se encarga del funcionamiento de todas sus centrales térmicas españolas, y para ello agrupará a los profesionales en tres zonas, con lo que ganará eficiencia en las labores de mantenimiento y gestión, señala la empresa.
   Iberdrola indica que el plan de eficiencia para las centrales térmicas responde a la coyuntura energética que vive España.
   Como parte del plan, la compañía ya ha recibido la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para cerrar sendos grupos de dos centrales térmicas de carbón que rondan los 45 años de funcionamiento.
   Uno de ellos, en funcionamiento desde 1968, se encuentra en la planta guipuzcoana de Pasajes y tiene 215 megavatios (MW) de potencia instalada, mientras que el otro se encuentra en la central asturiana de Lada 3, tiene 150 MW y funciona desde 1967.
   Junto a esto, la eléctrica está tramitando el cierre del grupo de fuel Aceca 1, en Toledo, de 315 MW de capacidad y que comenzó a operar en 1969. Este cierre y los dos anteriores propiciarán que otros grupos térmicos de carbón de la compañía en España puedan mejorar su producción, especialmente los que han incorporado instalaciones de desulfuración a lo largo de los últimos años, que son Velilla 2 (León) y Lada 4.
   El programa de eficiencia se realiza al margen del plan global de salida de empleados de Iberdrola, que afectará a 1.200 trabajadores en el periodo 2012-2014. En España ya se acometió este año el proceso de salida pactada de 400 trabajadores y no está previsto que haya más supresión de fuerza laboral en el país.