lunes, 14 de enero de 2013

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

El PSRM exige explicaciones al PP por la «proliferación de casos de corrupción»

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz, exigió hoy a Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP regional que "dé explicaciones sobre la proliferación de casos de corrupción en torno a dirigentes de su partido, y especialmente sobre la imputación por delitos muy graves del alcalde de Murcia , Miguel Ángel Cámara, número dos del PP de la Región", añadió. 

Muñoz consideró "esencial que el presidente de todos los murcianos dé la cara, y diga qué medidas va a tomar para erradicar la corrupción en las filas de su partido".
"Por cierto -agregó-, no deja de ser extraño que Valcárcel declarase que él 'ya había leído antes el informe', cuando todavía está bajo secreto de sumario. Eso tiene que explicarlo también".
Puso como ejemplo los casos del ex alcalde de Fortuna y del ex alcalde de Librilla, sin que el PP reaccionase en ambos.
"El PSRM, consciente del daño que hacen a la población estos comportamientos aislados, pero impactantes, aboga por un pacto político y social por la transparencia y para extremar las medidas contra la corrupción", señaló el secretario de Justicia del PSRM, quien se refirió finalmente a la reciente encuesta en la que se refleja que "la corrupción empieza a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, algo que sí que es preocupante".

El alcalde de Murcia tendrá que dejar el cargo si se lo pide su partido, una vez sea procesado por el juez


MURCIA.- El imputado alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tendrá que dejar su cargo si finalmente es procesado y se lo pide su partido, el PPRM, del que es su secretario regional. O bien el propio presidente del partido y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, o bien un enviado directamente por Génova 13, como se hizo con el ex presidente valenciano Francisco Camps, tendrá encomendada la penosa tarea de arrancarle una dimisión que solo está en su mano decidir, según fuentes de la sede regional del PP.

Enrrocado por consejo, al parecer, del ex concejal Antonio Sánchez Carrillo, todavía presidente del Comité Electoral Regional del PP, vicepresidente de Caja Murcia, ex consejero de la CAM y hombre de las finanzas del partido, hoy alejado sino enfrentado con sus amigos de siempre, los hermanos Valcárcel, Carlos y Ramón Luis, el alcalde de Murcia parece dispuesto a aguantar hasta el último minuto los embates de la Fiscalía Anticorrupción y de la cúpula de su partido sin olvidar las propias de la Oposición socialista, comunista y centrista de UPyD.

Rodeado de sus fieles, la gran mayoría de los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia, y con el apoyo expreso de Sánchez Carrillo y su esposa, la pedánea de Patiño, Miguel Ángel Cámara se apresta no obstante a una resistencia numantina con el objetivo de concluir su actual mandato en espera de mejores vientos y de la ya muy cantada caída de Valcárcel y toda su pirámide de poder pese al ciego apoyo de la burocracia de Génova 13 como seguro para la victoria electoral en la Región de Murcia. 

Alberga, incluso, la esperanza de ser el candidato a San Esteban en los próximos comicios autonómicos con el apoyo de un 'aparato' controlado por el citado ex concejal. Y de que le sustituya en La Glorieta el actual consejero José Ballesta, ex rector de la Universidad de Murcia... y conocido traidor político. Y es así porque antes de caer, si llega a caer, Cámara está dispuesto a desatar una guerra civil en el seno del PPRM aprovechando el descontento generalizado de la derecha murciana por la excesiva prolongación de Valcárcel en el poder.

Lo que sucede es que el informe del fiscal Lozano parece bastante incuestionable desde el punto de vista penal y, también político, como consecuencia de lo anterior. Cámara se ha encerrado en su defensa con el único argumento de que actuó en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales (algunos no constan en ningún sitio) mientras la Fiscalía detalla un cúmulo de supuestas ilegalidades, a partir de una previa decisión política, que Cámara tiene más que difícil de desmontar si llega a ser procesado.

Los antecedentes de Valencia y Orense no parecen, además, que jueguen a su favor en Madrid.