miércoles, 13 de febrero de 2013

El Papa advierte del riesgo de "instrumentalizar a Dios"


CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Benedicto XVI ha advertido hoy del riesgo de "instrumentalizar a Dios" y de usarlo "para el propio interés, para la propia gloria", durante su primera catequesis después de anunciar su renuncia que será también una de las últimas de su Pontificado.

   Durante su audiencia, que coincide con la primera aparición pública del Papa tras anunciar su renuncia, ha recordado que estos cuarenta días que comienzan preparan para la celebración de la Santa Pascua y ha añadido que "es un tiempo de particular esfuerzo en el camino espiritual" porque "cuarenta días es el período que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo".

   En esta línea, Benedicto XVI ha reflexionado sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y ha indicado que es una invitación a responder a la pregunta fundamental '¿Qué es lo importante en la vida?' y '¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia?'.

   Asimismo, ha apuntado que "dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse, seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea "guía de la vida" y ha añadido que convertirse es reconocer que "solamente perdiendo la vida por él, se puede ganar".

   Además, ha subrayado que "convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas" sino "buscar que la verdad, la fe y el amor en Dios sean lo más importante de la vida".
   Durante su saludo a los peregrinos de lengua española, se ha detenido en particular en los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos a los que ha saludado cordialmente y les ha invitado a renovar la conversión en la Cuaresma, a "dejar espacio a Dios" y a "aprender a mirar con sus ojos la realidad de cada día".

Los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo irán a juicio por delitos de prevaricación y cohecho

MURCIA.- Los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, irán presumiblemente a juicio por varios delitos en el marco de las investigaciones que se iniciaron en 2008 de presunta corrupción urbanística, al entender el juez que existen indicios de criminalidad.

   En concreto, Conesa, junto con Facundo Armero, irían a juicio por un posible cohecho al recibir un sobre con 12.000 euros de éste. Mientras que el alcalde de Torre Pacheco sería por supuesta prevaricación y fraude, en términos globales.
   El Ministerio Fiscal comunicó su escrito de calificación provisional el pasado 8 de febrero, junto con el auto, que está fechado el 6 de febrero, en el que acusa a García Madrid de delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, por los que le pide 49 meses de cárcel y 43 años de inhabilitación, según fuentes cercanas al caso.
   Además, el Fiscal pide para Conesa 18 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años y seis meses por el delito de cohecho. Para Facundo Armero la pena es la misma que para Conesa, aunque en este caso sin inhabilitación.
   El terreno urbano que era municipal "lo permutaron por un terreno rústico privado, lo que supuso un perjuicio económico para el Consistorio con esa operación de 3,5 millones de euros" para favorecer a la empresa Polaris.
   Esta actuación se enmarca en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, en la denominada operación 'Camelot', por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
   El regidor de Torre Pacheco fue detenido y permaneció en prisión por este caso, mientras que la alcaldesa de Fuente Álamo fue puesta en libertad con cargos tras declarar ante el jugado por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.
   Tras dictar resolución el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, con fecha de 24 de septiembre de 2012, confirmado por fuentes judiciales, el juez entiende que la fase de instrucción concluye ya y los hechos a los que se refieren las diligencias pueden ser constitutivos de varios delitos: dos de prevaricación, dos de malversación, un delito de fraude, un delito de prevaricación por omisión, un cohecho y dos delitos de tráfico de influencias.
   El procedimiento continúa al existir indicios de criminalidad contra los alcaldes Daniel García Madrid y María Antonia Conesa; así como el empresario Facundo Armero; el funcionario y arquitecto técnico del Ayuntamiento de Torre, Pacheco Ramón Cabrera; y J.M.
   De este modo, se ha dado traslado a las partes para que en el plazo de diez días formulen el escrito de acusación para solicitar la apertura oral o el sobreseimiento de la causa.
  El juicio se celebrará previsiblemente y las defensas "posiblemente recurrirán el auto de procedimiento abreviado", por el cual se cierra la fase de investigación y pasa el Ministerio Fiscal a formular el escrito de acusación, que podría estar concluido en la primera semana de noviembre.
   Así, se prevé que el señalamiento del juicio, que se celebrará en Cartagena, podría fijarlo el Juzgado de lo Penal para no antes del próximo verano, en función de la agenda.

Ecologistas anuncia fuerte lucha legal contra el asentamiento de la 'Paramount' en la Región

MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha mostrado su sorpresa e indignación ante las declaraciones del Consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, anunciando la inminencia de las roturaciones en los terrenos del proyecto Paramount en Alhama de Murcia, dando por sentado que el proyecto recibirá todos los permisos y en tiempo record.



Y es que, para la asociación ecologista, hay dos aspectos muy graves a considerar en este anuncio:



En primer lugar, tanto el Ayuntamiento de Alhama, como el propio Consejero Cruz, podrían llegar a cometer un delito de prevaricación, si alientan y permiten que las obras empiecen a producirse antes de que el proyecto cuente con todos los permisos necesarios, entre los que cabe destacar la Declaración de Impacto Ambiental y la licencia de obras municipal (supeditada a la obtención de DIA positiva). Para la asociación, actuar por la vía de los hechos consumados, además de inmoral es ilegal, y podría tener consecuencias legales tanto para los promotores del proyecto, como para los cargos públicos implicados e incluso los técnicos que por acción u omisión lo permitieran.



Además, en el improbable e hipotético caso de que en tan corto plazo de tiempo el proyecto contara con todos los permisos necesarios, esto reflejaría que no se han tenido en cuenta los aspectos legales y ambientales que planteó Ecologistas en Acción en sus alegaciones al Plan Especial Paramount. En dicho caso existiría otro motivo de denuncia por presunta prevaricación contra técnicos y dirigentes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, por aprobar a sabiendas un plan urbanístico que incumple la legalidad vigente. Y es que, recuerdan los ecologistas, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional restituyó los límites del Parque Regional “Carrascoy y El Valle”, afectando a un 21% de la superficie del Plan Especial Paramount, lo que supone un cambio sustancial del proyecto, a juicio de la asociación, y por tanto requeriría reiniciar toda la tramitación y el proceso de exposición pública.


Recuerdan que la tramitación ambiental y la urbanística no son meros formularios que rellenar para obtener una licencia. Son trámites legales que sirven para garantizar el Interés General de todos los ciudadanos frente al interés privado de empresas y particulares. Cuando se actúa por la vía de los hechos consumados, se está mermando un derecho constitucional de todos los ciudadanos, lo cual es más grave aún cuando se alienta y se ampara desde las mismas instituciones públicas que deberían velar por el Interés General, como dicta la Constitución Democrática de nuestro país.



Y es que los ecologistas denuncian que este tipo de anuncios temerarios e irresponsables que realizan nuestros dirigentes, son precisamente los que han contribuido a “educar” a empresarios y particulares en la cultura del “todo vale en aras del negocio” y de que el medio ambiente y el Interés General carecen de importancia siempre que haya un lucrativo negocio de por medio.


Para Ecologistas en Acción resulta poco ético y tremendamente irresponsable el alimentar desde las instituciones públicas, las expectativas de negocios, sean legítimas o no, de empresarios y propietarios, dando por hecho que un proyecto se llevará a cabo sí o sí, sin esperar a la conclusión de la tramitación ambiental y urbanística, y sin querer contemplar la posibilidad de que no se puedan obtener todos los permisos, y por tanto el proyecto no sea legalmente viable. Si a esto se añade la permisividad frente a la vía de los hechos consumados, tan tristemente común en nuestro territorio, supone que la propia administración es el peor enemigo del Interés General y de la legislación vigente, cuando teóricamente debería ser su mayor defensora.



Ante la gravedad de la situación creada por las administraciones local y autonómica, Ecologistas en Acción ha querido lanzar una advertencia a técnicos, cargos públicos con responsabilidad y promotores del proyecto:


Si se inicia cualquier obra del proyecto Paramount sin contar con todas y cada una de las necesarias licencias y permisos, y/o sin ajustarse a la legalidad vigente con respecto a las sentencias judiciales que restablecen los límites del Parque Regional, y no permiten el teletransporte, esta asociación anuncia que interpondrá medidas legales contra empresa, técnicos y cargos públicos con responsabilidad, que permitan que esto se produzca.

UPyD pide dimisiones de alcaldes en Torre Pacheco y Fuente Álamo tras escrito de calificación provisional del fiscal

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado de "insostenible" la situación en la que han quedado el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, y la alcaldesa de Fuente Álamo, Mª Antonia Conesa, tras el escrito de calificación provisional del fiscal José Luís Díaz Manzanera, en el que solicita penas de prisión para ambos primeros ediles del PP. 

   Sánchez considera que la calificación del fiscal supone un "agravamiento importante" de la situación judicial de ambos y cree indispensable que, al margen de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia, "los dos primeros ediles deben asumir su responsabilidad política".
   Por tanto, deben dimitir "para salvaguardar el prestigio de las instituciones que dirigen" y como "signo de respeto" a los ciudadanos a los que representan. Así, cree que otros concejales de su formación política deberían asumir las respectivas alcaldías en ambas localidades.
   El coordinador de UPyD ha señalado que los responsables de las instituciones públicas tienen el compromiso moral y ético de actuar en todo momento de forma escrupulosa. "Ellos son los que deben dar ejemplo con sus actuaciones, porque una sociedad no puede permitirse que quienes las dirigen  sean, precisamente, los que más dudas morales originen".
   Sánchez ha indicado que UPyD defiende que los cargos públicos imputados e inmersos en juicios orales, no puedan permanecer en la vida política ni integrar como candidatos las listas electorales. "Ése es uno de los puntos principales del manifiesto por la regeneración democrática que hemos presentado esta semana.
   En ese sentido, ha recordado las peticiones de dimisión que formuló UPyD, tanto para el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, una vez que fue condenado por la  Audiencia Provincial de Murcia, así como la solicitud de dimisión de Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, que realizó el portavoz del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna.

El precio del calabacín y del tomate se desploman en España tras inclumplimiento de Marruecos

MADRID.- El precio del calabacín y del tomate se ha desplomado en España, con descensos del 64% y del 29%, respectivamente, tras el imcumplimiento por parte de Marruecos durante la última semana del precio de entrada establecido en el Acuerdo de Asociación con la UE, según denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado.

   En el calabacín, según datos del Observatorio de precios de la Junta de Andalucía, el precio se situaba en 1,25 euros el kilo en la semana 2 de 2013, mientras que se desplomaba a 0,45 euros el kilo en la semana 6, cayendo un 64%. Respecto al tomate, se ha pasado de 0,66 euros el kilo en la semana 2 a 0,47 euros el kilo en la sexta semana, un descenso del 29%.

   Estos valores sitúan las cotizaciones en el campo por debajo de los costes de producción, (0,50 euros el kilo) en tomate y 0,54 euros el kilo para el calabacín), según los estudios de cadena de valor del Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura para la campaña 2009/10.

   COAG, ante esta situación, solicita al Gobierno "rigor y contundencia" ante la entrada incontrolada de hortalizas procedentes de terceros países.
   El responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, reiteró que seguirán "reclamando que se extreme la vigilancia diaria en frontera para que se cumpla lo pactado porque unas semanas de pérdidas pueden dar al traste con los ajustados márgenes de rentabilidad de toda la campaña".
El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha defendido este miércoles en la Asamblea Regional que, entre 2007 y 2011, el turismo supuso el 9,8 por ciento del PIB de la Región, y que el turismo supone "el doble de lo que representa la exportación de fruta" de la Comunidad, lo que ha calificado como "datos reveladores".

Según Herguedas, nadie puede alegar falta de información para justificar el voto favorable al convenio Nueva Condomina

MURCIA.- La concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha asegurado este miércoles que "todos los que aprobaron el convenio de Nueva Condomina eran plenamente conscientes de lo que votaban", por lo que "nadie puede alegar falta de información para justificar el voto favorable".

   Herguedas ha señalado que "quien quiso tener la información en aquel momento la tuvo, como lo hicieron los representantes de IU en la corporación, que no sólo votaron en contra, sino que en el debate plenario expusieron con claridad todos los datos de lo que el municipio perdía y advirtieron tanto al PP como al PSOE de que no se había hecho la valoración de lo que daba la empresa y lo que daba el Ayuntamiento, que es precisamente una de las cuestiones que ahora se investiga en el juzgado".
   Al mismo tiempo, ha apuntado que los ediles de IU "no tuvieron que andar rebuscando la información que allí se ofreció, puesto que la obtuvieron directamente de la concejalía de Urbanismo".
   En este sentido, ha recordado que el acta de la sesión de pleno en que se aprobó el citado convenio "refleja la gran defensa del mismo que hicieron el alcalde, Miguel Ángel Cámara, y el entonces portavoz del PSOE, José Salvador Fuentes Zorita, "y denota claramente la información que poseían".
   Fuentes Zorita, tras afirmar haber calculado todo "peseta a peseta", añadió que "ya les gustaría que todas las operaciones urbanísticas que se están desarrollando o se van a desarrollar, lo sean con la transparencia de esta, y que aportaran un beneficio que supusiera la mitad del que aporta esta operación"
   Por su parte, el alcalde ofreció cifras concretas de los supuestos beneficios municipales, lo que, según Herguedas, es "un argumento más que añadir a la poca credibilidad que tiene su afirmación de desconocimiento de un convenio de la entidad de este, que llevaba gestándose con su intervención directa varios años y por el que a última hora incluso se metió una modificación en el Plan General".

PAH advierte que "fiscalizará" la tramitación de ILP contra desahucios

MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia mantiene la manifestación del próximo sábado, 16 de febrero, para reclamar el derecho a la vivienda, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago.

   En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".
   Así lo han hecho saber en rueda de prensa el portavoz de la PAH de la Región de Murcia, Paco Morote; el sacerdote y miembro de la Plataforma, Joaquín Sánchez; la abogada de la organización, Ana Martínez; y dos de las afectadas, Carmen Ruiz y María Fernández.
   Los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".
    En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".
   En este sentido, han advertido que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Tercia Cáritas

Cáritas Diocesis de Cartagena ha asumido en su totalidad los planteamientos de la Confederación de Cáritas Española, que ha venido situando los problemas relacionados con el acceso al derecho a la vivienda entre las prioridades de su respuesta a los efectos sociales a la crisis.
   Aboga por la promulgación, por parte del Gobierno de la nación, "de las medidas legislativas adecuadas en orden a paralizar de inmediato los desahucios de primera vivienda, y procurar desde ese mismo instante un estudio de la realidad particular de cada familia". Estas soluciones "son más beneficiosas para todos que dejar sin techo a personas que ya sufren los efectos de la crisis en todos los aspectos de su vida cotidiana", sostiene.
   Por ello, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se afirma que, ante la "insuficiencia" de las medidas políticas para aliviar de forma efectiva la situación angustiosa de tantas familias de la Región, "es necesaria una respuesta generosa de toda la sociedad murciana que, emergiendo desde los mismos ciudadanos, incluya a asociaciones, plataformas, empresas, sindicatos, entidades bancarias, organizaciones políticas y a todas las instituciones religiosas".
   Manifiesta su voluntad de acompañar en aquellas acciones orientadas a favorecer y promover las condiciones de acceso a la vivienda, de modo particular en alquiler y de mantenimiento en dicho acceso.
   Así como a impulsar la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población en situación de exclusión, en especial en la red de recursos residenciales que tiene Cáritas en todo el Estado; y apoyar y fomentar las medidas que eviten los fenómenos de segregación y gueto que en ocasiones conlleva la vivienda.
   En la declaración que ha hecho sobre la situación de las personas que padecen la pérdida de su hogar, Cáritas destaca que "la realidad de sufrimiento que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad murciana, y española en general, derivada de una situación de crisis aguda, elevado paro y carencia de recursos económicos, exige una respuesta desde la fe y el compromiso solidario y fraterno".
   Por ello, considera que "hoy más que nunca es necesaria una palabra de Esperanza, es necesario volver a creer en el ser humano". En este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena ha suscrito las líneas de acción que figuran en el documento 'Propuestas políticas de Cáritas Española ante los retos actuales de la situación social', que fueron remitidas en septiembre de 2011 a todos los grupos con representación parlamentaria.
   Igualmente, asume la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, bajo el título 'Ante la crisis, solidaridad', pues en la misma se señalan los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que se manifiesta la crisis, como "el desempleo, en especial de tantos jóvenes; el debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles; y los dramas que sufren tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio".
   La Declaración exhorta a la conversión a la verdad, y pide también que los costes de la crisis "no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los emigrantes, además de que se preserve el bien de la unidad, al tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España; y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle".
   Cáritas Diócesis de Cartagena hace suya la valoración del Real Decreto ley 27/2012 (de 5 de noviembre) de 'Medidas Urgentes para Reforzar a los Deudores Hipotecarios' que hizo la Conferencia Episcopal, al señalar que el Real Decreto, a pesar de la voluntad política de aportar soluciones al problema, "supone una reacción insuficiente, tardía y no consensuada ante la movilización social en la que han vienen participando desde el año 2009 tanto afectados como jueces, trabajadores sociales y entidades".
   A su juicio, "deja a muchas personas y familias en situación de especial vulnerabilidad al quedar fuera de la aplicación de las medidas contempladas".
   Y es que, explica, "la situación de vulnerabilidad de las personas no se puede cuantificar y limitar de forma restrictiva, atendiendo sólo a criterios económicos o de ratios tan limitadas, como son la edad de los menores de edad o el número de hijos".
   "Estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión social es consecuencia de múltiples factores, no sólo económicos, que afectan también a la participación social, a la dimensión personal y al acceso a derechos", indica.
   Considera también que en el Real Decreto "no se regulan cuestiones claves como la deuda pendiente, y tampoco se impide a la entidad financiera empezar a reclamar la deuda y, por tanto, a seguir embargando los bienes del deudor".
   No se regula "la prevención al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo la obligación legal de tener un espacio de mediación entre el afectado y el propietario de la vivienda que formule soluciones alternativas a la pérdida de vivienda; ni la dación en pago; ni los lanzamientos en los supuestos de desahucios por impago de la renta".
   Una vez más, se constata que "el abordaje de la dramática situación de vivienda que se vive en el país se realiza desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico, sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada".
   En este sentido, "es esperanzadora la respuesta que está dando la sociedad a estas situaciones tan dramáticas, al volcarse con donativos, tanto económicos como en especie, y plegarias en favor de los necesitados".
   Esta solidaridad está haciendo llegar más recursos a las familias necesitadas, incluyendo pago de alquileres y deudas del hogar, a través de organizaciones que, como Cáritas, están siempre al lado de los menos favorecidos.
   Desde Cáritas se viven con esperanza iniciativas "positivas" como la constitución del Fondo Social de Alquiler, que "proporcionará una vivienda a las familias que fueron desalojadas de las mismas desde enero de 2008, pues suponen una primera respuesta por parte de las entidades bancarias que poseen un importante parque de viviendas vacías".
   Estima, no obstante, que tal iniciativa "debe ampliarse considerablemente a miles de viviendas, mediante acuerdos razonables que reduzcan la hipoteca a una cantidad acorde con los ingresos mermados de una familia, aunque sea de forma temporal hasta que mejore la economía".