lunes, 11 de marzo de 2013

Diego de Ramón denuncia que entidades valencianas daban créditos sin garantías a cambio de "recalificación de terrenos"

VALENCIA.-   El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en nombre de la Plataforma de Afectados en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de la CAM, ha asegurado este lunes en la comisión de investigación al respecto que funciona en las Cortes Valencianas, que había entidades financieras de esta región que coincidían en "muchos clientes" y que, en ocasiones, concedían créditos "sin garantía, ni hipoteca". 

"Con la recalificación del terreno se daban los créditos", ha denunciado.

   Diego de Ramón, que ha comparecido en esta comisión de investigación sobre la CAM en las Corts Valencianes, ha subrayado que "todo lo que ha sucedido en la CAM es totalmente criticable a los responsables políticos que designaron".
 "De la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps; y otros personajes políticos todavía sin identificar", ha puntualizado.
   En su opinión, existía "un circuito, una autovía financiera para un determinado grupo político", formada por "Banco de Valencia, Bancaja y CAM". En este sentido, ha indicado que había "una fuerte presencia política" en las cajas de ahorro, donde los partidos "manipulaban".
   De Ramón ha lamentado que la CAM se encontraba "disparada, estaba como enloquecida, daba créditos a todo el mundo". Ha recordado que el Banco de España no permitía conceder créditos por más del 20% de los recursos propios de cada entidad y, por ello, ha asegurado que 17 cajas crearon "una sociedad para que estuviera fuera del alcance de la agencia de calificación de riesgo".
   Asimismo, ha criticado que "la CAM ha engañado siempre" y que el Banco de España "no vigilaba nada", por lo que cree que tiene "una gran responsabilidad" por haber hecho "dejación de funciones". También ha explicado que la caja alicantina en los años 2007 y 2008 "no tenía ni un duro, ni tenía credibilidad en las entidades financieras" y, por ello, ha afirmado que la caja preparó "una acción continuada y planificada" como fue la venta de cuotas participativas y de participaciones preferentes.
De Ramón ha asegurado que la emisión de cuotas participativas fue fruto de "una planificación meticulosa" para captar a clientes con "perfiles más bajos", entre los que se encontraban personas disminuidas, mayores y "sin ninguna cultura financiera", que "no podían entender donde se metían".
   Al respecto, ha puntualizado que de los siete millones de clientes, la CAM eligió a los de "perfil más bajo", en concreto a personas de "entre 60 y 80 años" y a jóvenes "con escasa instrucción financiera, que no podían valorar dónde se metían". Según ha asegurado, algunos clientes eran suizos y franceses y, en algún caso, ha indicado que se formalizaron operaciones "con un traductor que no sabía español".
   También se ha referido a los "enchufes" en la obra social de la CAM en Valencia y Murcia donde había "hijos de presidentes". Preguntado por el papel del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Diego de Ramón ha explicado que presentó una queja por la "falta de intervención".
   El abogado, que ha interpuesto cinco querellas, se ha preguntado "¿por qué no se intervino en el año 2007?" para solucionar la situación de la caja, y se ha referido a "los 1.600 millones que se dieron" y a las "inversiones en paraísos fiscales". En este sentido, considera que "todavía no se sabe nada de la CAM", por lo que cree necesario "un proceso de instrucción más complejo, más profundo, para que quede limpia la verdad".
   Diego de Ramón, quien ha asegurado que pedirá a las Corts el dinero que ha gastado en acudir a la cámara y en comer, ha solicitado a los grupos parlamentarios que "persigan" al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura por no comparecer en las Corts.
"Quiero que se persiga a Julio Segura por no comparecer aquí", ha dicho, aunque ha afirmado que el "personaje clave" para saber lo ocurrido en la CAM es el exdirector financiero y exsecretario general de la entidad, José Pina Galiana.
Por ello, ha pedido a la Fiscalía que "persiga" a Galiana, quien ya aseguró el pasado octubre en esta comisión de investigación que en la caja cumplieron "escrupulosamente" las indicaciones del Banco de España.
De Ramón también ha responsabilizado al supervisor bancario de la mala gestión de la CAM: "El Banco de España indudablemente tiene una gran responsabilidad porque ha hecho una dejación de funciones".
Según el letrado murciano, "la CAM ha engañado siempre" porque la labor de policía bancaria que ahora ejerce el Banco Central Europeo estaba antes en manos del Banco de España, que "no vigilaba nada".
El abogado se dirigió hace unos tres años a la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez para quejarse por la actuación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en la CAM, petición que posteriormente, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, trasladó a la Conselleria de Hacienda, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta, según ha indicado.
   Además, cree que sería "conveniente" que las Corts Valencianes se dirigieran al Banco de España para conocer "los créditos superiores a 600.000 euros" que ha concedido la CAM, a qué personas, entidades o empresas y cuáles han sido los votos del consejo de administración y de los órganos ejecutivos para aprobarlos.
En este sentido, ha pedido que se investiguen los créditos que la CAM dio a equipos de fútbol, la razón por la que concedió la dación en pago a viviendas de la promotora Polaris World y no a otros particulares, y las inversiones en México, Marruecos y paraísos fiscales desde 2007, cuando la caja no tenía "ni un duro".
El abogado ha presentado cinco querellas relacionadas con la gestión de CAM, la primera de ellas en 2007 y "antes de que ningún político levantase la voz", ha defendido. 

PSOE Murcia critica que el Gobierno regional y Adif "se salten a la torera el acuerdo de Pleno" del soterramiento

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Zapata, ha criticado que el Gobierno regional y Adif "se salten a la torera el acuerdo de pleno del pasado mes de octubre, que establecía el soterramiento como una prioridad para el municipio de Murcia y que fue suscrito por los 29 concejales con el respaldo de los vecinos afectados".

   Así, Zapata no logra entender "cuál es el papel del Ayuntamiento de Murcia en el tema del soterramiento", ya que, argumenta, "mientras el Gobierno regional y Adif siguen con sus planes para acometer una estación provisional en la pedanía de Los Dolores, parece como si el Consistorio murciano, con su alcalde a la cabeza, no contaran para nada en estas negociaciones".
   A su juicio, esto demuestra "el claro ninguneo" con el que la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento "están tratando al Ayuntamiento de Murcia y a su máximo responsable, a pesar de ser del mismo partido".
   "Las negociaciones que ambas administraciones, de espaldas al Consistorio, están llevando a cabo demuestran a las claras que tanto Fomento como la Consejería de Obras Públicas se están saltando a la torera el acuerdo de pleno del pasado octubre que establecía el soterramiento como una prioridad irrenunciable para el municipio de Murcia y que fue firmado por los 29 concejales que forman la Corporación, con el respaldo de los vecinos afectados", indica.
   Zapata insiste en que desde el Grupo Socialista "permanecemos blindados al acuerdo de Pleno suscrito por unanimidad y adoptaremos una actitud beligerante, junto a los vecinos, para que se cumpla el convenio firmado en 2006 por las tres administraciones para que el soterramiento de las vías del tren sea una realidad hoy y no dentro de 20 años".

IU presenta una proposición no de ley en el Congreso para exigir la continuidad del carácter público de la MCT

MURCIA.- El diputado de IU, Ricardo Sixto, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir la "continuidad" del carácter público de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) ante "las claras intenciones del Gobierno de privatizar esta infraestructura".

   Según Sixto, el Ejecutivo "ha confirmado en respuesta a una carta enviada por concejales de IU que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) estudia la viabilidad para la explotación conjunta de las desalinizadoras y el agua del Taibilla".
   En este sentido, el parlamentario ha indicado que Acuamed "se encuentra en una situación deficitaria y el agua que gestiona es más cara que la del Taibilla", por lo que la pretensión del Gobierno es, a su juicio, "recuperar las inversiones ruinosas que supusieron las desalinizadoras".
   Ha subrayado que la política de agua del PP "es desastrosa y equivocada", y tiene como objetivo "entregar la gestión del agua de la Mancomunidad", que abastece a municipios de Albacete, Murcia y Alicante, "a manos privadas".
   "El Ministerio de Agricultura y Agua asegura que actuará en función de garantizar la máxima calidad y cantidad del agua, pero no los principios de la Nueva Cultura del Agua, que alertan de que se tiene que actuar más sobre la demanda y no tanto sobre la oferta", ha indicado.
   Sixto ha advertido que "detrás de la privatización de la Mancomunidad están solo los beneficios hacia intereses privados que se alejan de lo que tiene que ser el servicio público esencial de proporcionar una gestión del agua racional y sostenible", y ha defendido "un modelo de autogestión en el que participen los ayuntamientos con el fin de abaratar el coste de este suministro".
   Y es que, alerta, "la privatización de la Mancomunidad tendría consecuencias muy negativas como la subida del precio del agua, un hecho inaceptable en un momento de crisis como el actual, así como una reducción de la transparencia en la gestión de un recurso vital para las personas, la economía y los ecosistemas".

El juez sobresee el proceso contra el alcalde de Cieza por prevaricación en la puesta en marcha de una granja

CIEZA/MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Cieza ha ordenado el sobreseimiento del proceso en el que se acusaba al alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, de un presunto delito de prevaricación por haber otorgado presuntamente la licencia de apertura a una granja de cerdos sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental que debe conceder previamente la Comunidad Autónoma.

   El concreto, el juez dictó un auto el 4 de marzo por el que sobresee el procedimiento y el posible delito de prevaricación por el que estaban acusados el propio alcalde; la concejala de Medio Ambiente, Concepción Marín Blázquez; el técnico municipal que tramitó el expediente; el secretario del Ayuntamiento; los dueños de la granja; el arquitecto y el técnico encargados del proyecto.
   El alcalde se ha felicitado por el fallo sobre el proceso, que supone el final a una de las dos causas que tenía hasta ahora abiertas en los juzgados.
   Tamayo ha recordado que el proceso se remonta a agosto de 2003, cuando la granja solicitó la ampliación del cebadero y la explotación ganadera, lo que suponía la construcción de dos nuevas naves y la ampliación de la existente. El 17 de octubre de ese mismo año, el Ayuntamiento le otorgó la licencia de apertura y, un mes después, se le concedió la licencia de obras.
   La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento se abstuvo en el expediente por razón de parentesco y el alcalde se hizo cargo de esa gestión, al no tener "nada que ver" con la familia de quien había hecho la petición, según reconoce el propio edil.
   La Fiscalía comenzó a investigar la granja por otro motivo, en concreto, por unos vertidos de purines denunciados por el Seprona de la Guardia Civil. A raíz de esta investigación, la Fiscalía descubrió las presuntas irregularidades y decidió emprender la acusación.
   El primer edil recuerda que, en 2006, antes de que hubiera denuncia en los juzgados, el funcionario que había expedido el documento que autorizaba la ampliación de la explotación acudió a su despacho y admitió que se había equivocado en la tramitación, por lo que el Ayuntamiento inició la revocación de la licencia.
   En concreto, el alcalde admite la equivocación, y lo achaca a una confusión en la interpretación de la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, que cuenta con tres anexos en los que se recoge las actividades que corresponden a cada una de las administraciones.
   En el anexo dos aparecen recogidas las actividades cuya calificación ambiental corresponden a los ayuntamientos, un total de 42, y la número seis hace referencia expresamente a las explotaciones de ganado porcino, por lo que el técnico municipal "creyó que estaba entre sus competencias".
   El alcalde justifica que este error es "lógico" en una ciudad como Cieza, que sólo posee una granja de cerdos en todo su término municipal, a diferencia de otras ciudades como Lorca que cuentan con "infinidad de explotaciones de este tipo", y donde los técnicos municipales "están acostumbrados a su tramitación".
   Además, explica que la granja llevaba abierta más de 30 años y no tenía licencia de apertura, pero se pregunta "qué granja con esa antigüedad contaba con la licencia entonces".
   Siete años después, la Fiscalía, que ejercía la acusación, presentó un escrito fechado el pasado 25 de enero de 2013 que entró en el juzgado el 12 de febrero y que pedía el sobreseimiento provisional de la causa. Tamayo considera que el Fiscal tomó esta decisión basándose en las declaraciones de los que estaban acusados ya que, durante todo este tiempo, "no ha habido ninguna otra causa que haya podido modificar la denuncia".
   En su auto de sobreseimiento, el juez reconoce que se trató de un "error" porque el técnico municipal encargado de gestionar la tramitación dio por hecho que su Declaración de Impacto Ambiental dependía del Ayuntamiento. Además, al tratarse de una licencia de ampliación, el técnico dio por hecho que la granja ya tenía licencia de apertura.
   El juez descarta que exista "comportamiento doloso ni indicio de criminalidad" en la actuación de todos los imputados, por lo que procede el sobreseimiento del caso.
   Finalmente, el expediente se inició de nuevo, y el Gobierno regional otorgó la licencia a la granja en septiembre de 2010, por lo que la explotación ganadera está funcionando "sin ninguna irregularidad", remarca Tamayo.
   Esta decisión supone el sobreseimiento de uno de los dos casos que el alcalde de Cieza tenía pendientes con la Justicia. El otro procedimiento le acusa de haber cambiado los planos sobre un proyecto urbanístico cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero Tamayo insiste en que "no se produjo ese cambio".
   Tamayo lamenta que el proceso judicial ha tardado siete años en resolverse, y critica que la oposición ha hecho un uso "político" del caso, sacándolo a colación "siempre que había unas elecciones municipales".
   Además, lamenta que los propios acusados y sus familias han sufrido a lo largo de todo este tiempo la denominada "pena de banquillo", por lo que reclama que "se lleve más cuidado con estos asuntos y se espere a que la Justicia se pronuncie".

Apoyo cerrado del PPRM a Tamayo

   Juan Carlos Ruiz, portavoz del PPRM en la Asamblea Regional, ha elogiado hoy al primer edil ciezano y ha dicho que él siempre ha creído en su "honradez" de Tamayo. De hecho, ha considerado también "injusto" que se haya tardado "tanto tiempo" en verificar que sus declaraciones "se corresponden con lo que hizo".
   En este sentido, el portavoz del PP recuerda que IU-Verdes pidió en 2006 al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, la dimisión del funcionario que firmaba el expediente y del propio alcalde de Cieza, y lo ha estado exigiendo "hasta hoy mismo".
   Por ello, cree que IU-Verdes debería aprovechar ahora la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional este miércoles, 13 de marzo, para preguntarle "por la honradez del alcalde y por el hecho de que tenía razón en lo que decía".
   Ruiz recuerda que el PSOE "también pidió la dimisión del alcalde", por lo que espera que los socialistas "gasten ahora tanto tiempo y tanta energía en decir que Tamayo es honrado como el que emplearon en su momento para decir mentiras".
   Igual que los medios de comunicación sacaron en su momento "golosos titulares" sobre el caso, Ruiz espera que ahora publiquen "en los mismos términos" la noticia de que el alcalde es una persona "honrada".
   El portavoz popular recuerda que ya van 64 procedimientos judiciales "cerrados" relacionados con personas del PP, y remarca que todas estas personas son "honradas".

El juez Gómez Bermúdez admite a trámite una querella de IU contra Federico Trillo

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción. 

   En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
   A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y  asociación ilícita.

Los desahucios pueden acabar minando la imagen pública de Caja Murcia

BULLAS.- "En la anterior movilización que tuvimos por Antonio y su familia, Caja Murcia dijo que le darían una respuesta sobre la dación en pago el 14 de Marzo a las 10 de la mañana", según se publica en 'La Referencia', autodenominado periódico independiente del Noroeste Murciano.

"Antonio se compro su casa y como avalista firmó su madre, ahora Antonio está en paro y no puede hacer frente a la hipoteca, Caja-Murcia quiere quitar la casa de Antonio y la casa de su madre, nosotros pedimos la dación en pago para Antonio, dejando libre de cargas a la madre", dice PAH-Bullas.
"Por todo esto PAH-Bullas acudirá por 2ª vez en apoyo a esta familia, la última vez, nevando fuimos 300 personas apoyando a la familia", concluye.
La movilización está prevista para el día 14 de Marzo a las 10:00 AM en la plaza de España de Bullas, en Caja-Murcia.