sábado, 30 de marzo de 2013

Valcárcel no irá a Bruselas como eurodiputado / Apunte de Argárico

No parece previsible que el actual presidente del Comité de las Regiones y de la Región de Murcia, el enseñante de Secundaria, Ramón Luis Valcárcel, ocupe un puesto de salida en la candidatura del PP en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año 2014, según aseguran fuentes solventes de Génova 13 conocedoras de la estrategia de la cúpula del partido de cara a esos comicios. Claro está, que ésto en concreto no se lo confía el susodicho a sus rapsodas de cabecera, el lorquino Ángel y el ciezano Manolo, no vaya a ser que huyan del amortizado, sobre el que deben intuir tiene los días contados.

El criterio del equipo de Rajoy respecto a Valcárcel era hasta ahora que, como gana elecciones por mayoría absoluta, no hay que tocarlo para poder contar con los votos que aporta aunque haciéndole el caso justo. Llegado un momento en que el presidente murciano plantea su deseo de dejar el cargo para ir a Bruselas en la lista del Parlamento Europeo en 2009, no se le incluye para evitar vinculación y salvar así a Cristina Gutiérrez-Cortines. Pero se le recompensa, por su esfuerzo electoral sostenido, con el premio de consolación de su actual cargo honorífico de presidente del Comité de las Regiones aunque ocultándole que eso no implica posteriormente un puesto de salida en la siguiente candidatura española a la cámara comunitaria.

Las intenciones de voto que ahora se manejan arrojan que se aleja la posibilidad de nuevas mayorías absolutas para el PP en ayuntamientos, parlamentos regionales, nacional y parlamento europeo. Además, la previsible debacle que terminará con el Gobierno Rajoy, hace pensar que la cúpula del PP nacional se refugiará como escape en la candidatura europea para alejarse de Madrid ante un nuevo escenario político adverso. Ahí ya no cabe Valcárcel por mucho presidente del CdR que haya sido.

 En esa devenida situación, Valcárcel no tiene nada seguro, pues, ser europarlamentario o presidente regional ni siquiera alcalde de Murcia. A lo más que podría aspirar, de seguir en política activa, es a diputado autonómico y, con mucha suerte, a senador designado por ahora una incierta Asamblea Regional en cuanto a su composición. Optar al Congreso podría ser otra salida si encabeza la lista aunque hacerlo al Senado pasando por las urnas y la cruz a su nombre con apellido en 'v' parece un riesgo demasiado alto.

Así las cosas, el valcarcelato conoce sus horas más bajas, previas a las amargas, mientras el PP regional murciano comienza a agitarse en busca de un nuevo líder más joven y preparado, que ya pudiera estar calentando en la banda para sustituir a un sesentón por un cuarentón. Es por eso que Valcárcel está ya muy incómodo entre los murcianos que le dieron su apoyo en sucesivas ocasiones y hoy argumentan que les engañó. 

Su pérdida de credibilidad es ya de tal envergadura que todo parece apuntar que Valcárcel se dispone a dejar la vida política si Rajoy sigue sin hacerle caso en sus reivindicaciones cercanas (caso del aeropuerto de Corvera y la recuperación de Lorca) y no le despeja la duda de si podrá, o no, seguir en Bruselas cuando le toque dejar su actual cargo a final del primer semestre de 2014. Y en eso se debate el hombre mientras el cuerpo parece pedirle dejarlo todo e irse a vivir a una playa mejicana para no volver, no vaya a ser que los nuevos gobernantes le pidan cuentas sobre su absoluta ausencia de gestión durante quince años.

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad Autónoma ante la Defensora del Pueblo

MURCIA.- Los Trabajadores Sociales en defensa de los Derechos Sociales de los murcianos piden a la Defensora del Pueblo de España que exija a la Administración Regional el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, que afecta a las familias más vulnerables.

   La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Judit García, presentó el viernes 22 de marzo una petición a Soledad Becerril para que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de la Ley, y proceda a su desarrollo reglamentario, cuyo plazo legal expiró hace más de cinco años.
   García recuerda que ya lo exigió la Asamblea Regional, en una moción unánime aprobada por PP, PSOE e IU, el 2 de noviembre de 2011, y el extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mediante un recordatorio de deber legal a la consejera de Sanidad y Política Social.
   La Consejera de Sanidad y Política Social contestó al Defensor del Pueblo que aunque las solicitudes cumplían con los requisitos, el agotamiento de crédito imposibilitaba la concesión a las solicitudes desde abril de 2012.
   A pesar de que la Ley prevé la obligada ampliación presupuestaria, por ser un derecho reconocido a todas las personas que cumplan los requisitos, para el Gobierno Regional "no están siendo prioritarias las familias que carecen de cualquier tipo de recurso económico, y que ya han agotado la prestación y el subsidio por desempleo".
   Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social reconoció públicamente, el 15 de octubre de 2012, que casi 800 familias llevaban meses esperando, a pesar de que una semana antes, el 8 de octubre, el entonces Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social, Juan Castaño afirmaba que se le estaba dando cumplimiento a la Ley.
   El propio presidente Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional el 21 de noviembre que no se resolverían las solicitudes hasta primeros del año 2013, cuando la Ley de Renta Básica de la Región de Murcia establece un plazo de dos meses, por considerarse necesidades básicas.
   El Colegio Oficial ya anunció que la partida presupuestaria para 2013 era insuficiente, cada vez hay más familias sin ingresos, y  a la partida de 2013 se le debe descontar la incorporación de casi 1000 familias que quedaron a la espera a 31 de diciembre de 2012.
   García denuncia que el último recurso con el que cuentan las familias que no encuentran un empleo ni perciben ningún tipo ayuda suponga solamente el 0,11% en la Ley de Presupuestos Generales de 2013, y no sea ampliado como exige la Ley.
   Por ello, considera "aún más grave que las solicitudes caigan en el olvido durante meses, escudándose la Administración Regional en el transcurso de los plazos administrativos", según han informado fuentes del citado colegio profesional en un comunicado.
   De este modo, explican que una familia que solicite apoyo a la Administración deberá esperar dos meses a que su Ayuntamiento la tramite, dos meses a que venza el plazo que tiene la Administración Regional para resolver, seis meses para considerar rechazada la petición por silencio administrativo, debiendo recurrir posteriormente ante la Consejera de Sanidad y Política Social.
   "Con todo ello se logra que el plazo de dos meses fijado por la Ley, se convierta en un año, obligando a las familias a esperar a que la Administración Regional disponga del nuevo presupuesto a primeros del año siguiente", ha criticado.
   El desarrollo reglamentario además de venir a garantizar los derechos de las familias más vulnerables, vendría a dar cumplimiento al importe por familia que exige la Ley, al menos el 75 por ciento del IPREM (400 euros aproximadamente), mientras que en la actualidad, se mantiene aplicando la normativa de 1994, ahorrándose 100 euros al mes por familia.
   Finalmente, la presidenta del Colegio Oficial pidió y espera de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "que tome las medidas que legalmente correspondan y haga un seguimiento de los incumplimientos del Gobierno Regional, siendo garante de los Derechos Sociales de los murcianos".

El gasto del Fogasa en Murcia se sitúa en 5,2 millones de euros hasta febrero

MADRID.- El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en enero en 165,4 millones de euros en el conjunto de España, lo que supone un 29,2% menos que en igual periodo de 2012, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Murcia, el gasto ha ascendido en este periodo a 5,2 millones de euros.

Cataluña fue la comunidad autónoma en la que mayores pagos del Fogasa se efectuaron en enero y febrero, con 31,8 millones de euros, seguida de Comunidad Valenciana (18,6 millones), Andalucía (18,2 millones), País Vasco (18,1 millones), Castilla y León (12,2 millones), Galicia (10,3 millones) y Madrid (9,5 millones).
   A continuación se situaron Castilla-La Mancha (6,99 millones), Aragón (6,95 millones), Canarias (6,1 millones), Murcia (5,2 millones), Baleares (4,8 millones), Extremadura (4,2 millones), Navarra (3,8 millones), Asturias (3,6 millones), La Rioja (2,24 euros), Cantabria (2,24 millones), Ceuta (44.800 euros) y Melilla (22.200 euros).
El Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, dedicó en estos meses 49,6 millones de euros al pago de salarios, un 56,2% menos que en igual mes de 2012, mientras que 115,8 millones de euros se destinaron al abono de indemnizaciones, un 25,8% menos.
   Hasta febrero el Fogasa abonó 57 millones de euros, un 40,4% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
   Por su parte, el organismo dedicó algo más de 72,3 millones, un 11,8% menos que en los mismos meses de 2012, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
   Asimismo, destinó 36 millones de euros, un 35,6% menos, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.
   De acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, un total de 28.104 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en enero y febrero, un 33,1% menos que hace un año, cuando los beneficiarios ascendieron a 42.104 personas.

El PSRM anuncia medidas de transparencia urbanística que incluyen "una modificación de la Ley del suelo"

CARTAGENA.-   El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, ha dicho que el PSRM "va a presentar en el Pleno de la Asamblea Regional varias mociones para que se adopten medidas de transparencia urbanística", que seguramente "requerirán modificaciones legales", incluso "una posible modificación de la Ley del suelo".

   Según López Pagán, "son medidas concretas" para lograr "construir unos cimientos sólidos que permitan un desarrollo sostenible en esta materia", donde se debe incluir "a los ciudadanos como parte imprescindible, fomentando su participación en las decisiones urbanísticas que afectan a su municipio", recogiendo "un impulso claro de transparencia y publicidad", para que a su vez "los ciudadanos puedan acceder y la información sea pública y facilmente accesible con la utilización de la nuevas tecnologías que deben acercar la administración a los interesados".
   Para el diputado del PSRM, estas medidas deben asegurar "que no haya obstrucción alguna", y "deben contemplar un registro de convenios urbanísticos", favoreciendo "la fluidez en la tramitación administrativa de estos expedientes", puesto que hoy en día, la administración "es incapaz de resolver, y la realidad es que sigue habiendo expedientes parados por trabas burocráticas que perjudican a empresas y particulares y por ende a la economía".
   López Pagán ha señalado que "el Partido Popular ha sido incapaz de adoptar medidas concretas de transparencia urbanística así cómo aquellas que agilicen los trámites administrativos, por más ruedas de prensa que dieran en 2005 Valcárcel, Bascuñana y Marqués, éste último implicado en la trama urbanística de La Zerrichera", lo que ha conducido "a un modelo que ha facilitado la especulación y sus indeseables consecuencias".
   Por ello, "se hace preciso ese cambio de modelo económico del que hemos venido hablando los  socialistas para encarar el futuro en la Región de Murcia. Las medidas propuestas por el PSRM pretenden evitar que esto no vuelva a ocurrir", y para ello "debemos apostar por la máxima transparencia y publicidad en estos trámites", por lo que ha anunciado "que esa será la línea de las próximas iniciativas en la Asamblea Regional" por parte del PSRM.

El Grupo Socialista de Murcia advierte que vigilará para que ninguna persona afectada por desahucios pague la plusvalía

MURCIA.- El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de murcia, Juan Patricio Castro, ha asegurado que esta formación va a estar muy pendiente de que ninguna persona que pierda su vivienda en el municipio de Murica tenga que pagar el Impuesto Municipal de la Plusvalía tal y como se acordó en el último Pleno. 

   "Se alcanzó un consenso para exigir al Gobierno Central que se incluya una exención reformando la Ley de Haciendas Locales, pero también el compromiso de que el Ayuntamiento no cobrará a ninguna persona que pierda su casa por no poder pagar su hipoteca", ha señalado Castro.
   El concejal socialista recuerda que esta situación provoca una "inmoralidad", ya que "el banco que se queda con esa vivienda y luego lo traspasa al 'banco malo' está exento de pagar este impuesto municipal".
   Así, Juan Patricio Castro, ha apuntado que la propuesta del Grupo Socialista incluía la creación de un Fondo Social dotado con 50.000 euros para compensar el impuesto sobre el incremento de valores de naturaleza urbana, e incluso estudiar la posibilidad de introducir el carácter retroactivo en la medida para recoger casos hasta el 2008, de aquellos ciudadanos que le hayan ejecutado o se haya dada la dación en pago de su vivienda habitual y no tiene otros medios materiales y económicos para hacerse cargo del impuesto.
   Castro ha recordado que en el último año, el Grupo Socialista ha presentado en el Pleno diversas iniciativas exigiendo al Ayuntamiento un posicionamiento firme en apoyo a las personas que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda habitual como son la exigencia de que la Concejalía de Hacienda no efectúe operaciones con aquellos bancos que autoricen desahucios, la creación de una Oficina Municipal de Apoyo a las familias afectadas por este tipo de desahucios.
   Además, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro López, se ha dirigido expresamente al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para pedirle que la Policía Local se negase a colaborar en los desahucios judiciales.

Murcia, entre las regiones que mas fondos recibieron para pago a provedores

MADRID.- La Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas que más fondos obtuvieron del fondo de financiación de pago a proveedores habilitado por el Gobierno central en 2012, del que se les asignaron 5.445,72 y 5.379,26 millones de euros, respectivamente, lo que supone para cada región cerca de un 20 por ciento del total distribuido.

   Les siguen Madrid, con 3.506,61 millones; Castilla-La Mancha, con 3.356,81 millones; Cataluña, con 2.658,93 millones; Castilla y León, con 1.463,75 millones; Murcia, con 1.396,62 millones; y Baleares, con 1.140,48 millones de euros.

   Completan este listado las autonomías que recibieron menos de mil millones de euros: Canarias (con 651,18 millones), Aragón (647,92 millones), Cantabria (376,61 millones), Extremadura (339,58 millones),  Asturias (318,88 millones), Galicia (191,87 millones), Ceuta (79,50 millones) y La Rioja (77,71 millones). El País Vasco, Navarra y Melilla no se acogieron a ese mecanismo.

   De la cantidad total de 27.031,43 millones de euros asignados en el marco del Plan de Proveedores, 17.718,55 se destinaron a las comunidades autónomas y otros 9.312,88 a entidades locales.

   Así lo recoge la respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado y secretario general del PSPV, Ximo Puig, en la que se interesaba por las cantidades recibidas en el marco del Plan de Proveedores, de la línea ICO Vencimiento y del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el año 2012.

   En cuanto a los vencimientos de deuda asumidos por el ICO dentro de esa línea, la Comunidad Valenciana dispuso de 2.717,13 millones de euros, el 51 por ciento de los fondos totales, frente a los 1.304,34 millones que obtuvo Cataluña, los 596,75 que recibió Andalucía, los 469 de Castilla-La Mancha, los 175 de Murcia y los 71 millones de Baleares.

   En el caso del FLA, la lista la encabeza Cataluña, que obtuvo 6.732,28 millones de euros, el 40 por ciento del total repartido (16.774,17 millones), y la Comunidad Valenciana se sitúa en segundo lugar, con 3.855,89 millones de euros, que representa cerca del 23 por ciento de la cantidad global.

   Les siguen Andalucía, que obtuvo un total de 2.827,42 millones de euros del FLA; Castilla-La Mancha, con 1.037,22 millones; Canarias, con 907,26 millones; Murcia, con 541,20 millones; Baleares, con 473,98 millones; Asturias, con 261,71 millones; y Cantabria, con 137,21 millones.

   Estas nueve autonomías suman 16.774,17 millones recibidos de este mecanismo --dotado con 18.000 millones--, 9.162,38 para vencimientos de deuda y 7.611,79 para atender pagos a acreedores no financieros.

   En su escrito, el Gobierno señala asimismo que las entregas a cuenta de recursos del sistema de financiación satisfecho a las comunidades autónomas de régimen común en 2012 fue de 81.735,70 millones de euros y que, al efectuar el pago de las entregas a cuenta anteriores, se dedujeron 4.850,13 millones correspondientes a la anualidad de 2012 del saldo a favor de la Administración General del Estado de las liquidaciones de 2008 y 2009, conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

   Además, informa de que se realizaron pagos por importe total de 2.535,36 millones en concepto de mecanismo de ampliación a 120 mensualidades del periodo de reintegro de las liquidaciones 2008 y 2009 y de que el importe de los anticipos a cuenta de los recursos del sistema de financiación satisfechos en 2012 ascendió a 8.089,11 millones, con todos los anticipos cancelados antes de 31 de diciembre.

Un inversor internacional relevará a Vector Capital (BMN) en Gas Gas

BARCELONA.- La empresa de motos de trial Gas Gas ha alcanzado un preacuerdo con un grupo inversor internacional para comprar las acciones de Vector Capital, según ha informado el Govern catalán en un comunicado.

   Vector Capital es la sociedad de capital riesgo de Banco Mare Nostrum, que hasta ahora controlaba el 70% de Gas Gas, ha recordado la Conselleria de Empresa y Empleo en un comunicado.
   La operación de compra de las acciones va acompañada de una inversión de 9 millones de euros en los próximos dos años por parte de los nuevos inversores y la dirección de Gas Gas, con el objetivo de implementar el plan estratégico 2013-2015 de la empresa con sede en Salt (Gerona).
   Este plan se centrará en el desarrollo de una nueva gama de productos y en el crecimiento en los mercados extranjeros, y no se descartan futuras adquisiciones para ayudar al crecimiento de Gas Gas.
   Los nuevos accionistas buscan también fortalecer el servicio de posventa, la imagen de marca y las relaciones con el cliente final para consolidar la posición de Gas Gas en el sector 'offroad'.
   La Generalitat, que ha acompañado a Gas Gas en el proceso de búsqueda de un inversor, ha señalado que el acuerdo se formalizará en las próximas semanas y que "asegura la viabilidad de la compañía".
   Gas Gas ha cerrado el ejercicio 2012 con una cifra de negocio cercana a los 40 millones de euros, un volumen similar al ejercicio anterior.