sábado, 6 de abril de 2013

La CARM acondiciona los accesos a los baños de lodo del Parque Regional de San Pedro del Pinatar


MURCIA.- La Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de Presidencia ha llevado a cabo la adecuación y acondicionamiento de los accesos a los espacios destinados a los baños de lodo del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

   Se trata de garantizar la accesibilidad y la seguridad de los visitantes que acceden al estanque salinero en busca del tratamiento de alto valor terapéutico, al tiempo que incrementar la afluencia de ciudadanos a esta afamada charca, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Los trabajos han consistido en la fijación de estructuras de adecuado acceso a las charcas de lodos y en la instalación de un mirador, junto al Molino de Quintín, para proporcionar un espacio destinado a la observación de aves. Además, se ha garantizado la estabilidad de taludes y laderas, el desmantelamiento de estructuras inapropiadas y la eliminación de sogas y elementos punzantes.
   Con estas actuaciones, se fomenta la conservación de los baños de lodo, así como el desarrollo sostenible y la apuesta por un turismo de calidad para la comarca del Mar Menor.
   Y es que, la formación de los lodos del Parque Regional Salinas de San Pedro comienza con el trasvase de agua desde el Mar Menor al Charco Grande (charca salinera), donde bajo unas condiciones determinadas se forman los limos y arcillas, que constituyen los verdaderos artífices de las propiedades atribuidas a los lodos para mantener un buen estado de salud.
   El resultado es un barro con gran valor terapéutico famoso por sus propiedades curativas y embellecedoras, razones que han llevado a la llamada 'charca de los lodos' a ser el punto más visitado del Parque Regional.
   Finalmente, el elevado número de visitantes que recibe este enclave ha hecho necesaria la instalación de plataformas, solarium y rampas de acceso para los visitantes.

La Comunidad Autónoma renueva el convenio con la empresa de transporte para abaratar el traslado a Cartagena de los universitarios

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación ha firmado un nuevo convenio con la empresa de transporte Líneas y Autocares, S.A., concesionaria oficial del transporte regular de viajeros entre Cartagena y Murcia, con la finalidad de mejorar el servicio durante este año. 

   De este modo, el acuerdo supone una reducción del precio del billete para los alumnos universitarios que se desplazan cada día desde Murcia a los campus de la Universidad Politécnica de Cartagena, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Con tal fin, la  Consejería concede una subvención de 36.000 euros a la citada empresa. El director general de Universidades y Política Científica, Eduardo Osuna, explicó que "la Comunidad desea fomentar el uso del transporte público entre los estudiantes de la Politécnica que se desplazan desde Murcia y, para ello, los alumnos podrán adquirir bonos de 20 viajes a un precio reducido de 45 euros, lo que supone un ahorro de un 44 por ciento con respecto al precio del viaje, que es de cuatro euros".
   Este convenio supone, según Osuna, "una apuesta decidida por el transporte público como medio para desplazar a los alumnos desde su lugar de origen a los distintos campus de la Región y la Comunidad extiende esta acción desde hace varios años a los estudiantes que se desplazan regularmente desde Murcia a la Universidad Politécnica de Cartagena". A diario realizan este trayecto alrededor de 400 alumnos.
   Asimismo, el director general señaló que la utilización del transporte colectivo conlleva una optimización de recursos, igualdad de oportunidades, ahorro energético, seguridad en los desplazamientos y la preservación del medio ambiente con la reducción de la contaminación, entre otros beneficios, "a la vez que hace menos gravosa para las economías familiares este gasto complementario y necesario que destinan a la formación de sus hijos".

El PSOE-CLM no encuentra "justificación" al trasvase y dice que "no sabe a qué juega Cospedal con el agua"

GUADALAJARA.- El PSOE de Castilla-La Mancha no encuentra "justificación" al nuevo trasvase de un máximo de 228 hectómetros cúbicos de agua autorizado este viernes y asegura "no saber a qué juega" la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "con el tema del agua".

   Así ha reaccionado el secretario general del PSOE de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, en declaraciones los medios en Sacedón durante una reunión con alcaldes del municipio, después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya autorizado 228 hectómetros para los meses comprendidos entre mayo y octubre.
   "Menos mal que Cospedal ha dicho esta mañana que podíamos estar tranquilos con el trasvase, cuando a mediodía nos han aprobado un trasvase de 228 hectómetros", ha condenado.
   Así, ha criticado que los embalses del Segura estén a más del 70 por ciento de su capacidad y "aún así tengan que llevar desde el Tajo toda la acumulación de las lluvias de estos días a la cabecera de este río".
   En este sentido, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado que Cospedal "no debería consentir" que se firme el Memorándum de Entendimiento del Tajo-Segura entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el Ministerio Agricultura y "menos declaraciones del Levante", en referencia a las manifestaciones del Gobierno de Valencia que asegura que Castilla-La Mancha no firmará este documento "porque no tiene competencia".
   "Hay gente que se piensa que la cabecera del Tajo es un afluente del Segura. Las aguas tienen que volver a su cauce que es el del Tajo, hay que trabajar mucho para que se de marcha atrás y para que no se firme el memorándum. Puede ser la hipoteca perpetua y definitiva para el río", ha advertido.

Su crisis, nuestro exilio / Javier Sánchez Serna

Dice un chiste -que viene circulando estos días por la Red- que en España, una vez acabada la carrera, tienes tres salidas: por tierra, mar y aire. Y es que la emigración ha dejado de ser un recuerdo pretérito de padres y abuelos, para convertirse en una realidad cada vez más presente en nuestras vidas: bien por la marcha de un familiar o amigo, o porque nosotros mismos nos la planteamos como opción. 

Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero, casi 400.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis. Se trata, en su mayoría, de jóvenes con estudios superiores que eligen como destino Europa y Latinoamérica.

Aunque algunos pretendan justificar estas cifras invocando al 'espíritu aventurero' de la juventud, lo cierto es que la generación mejor preparada de la historia de este país se va porque no le queda otra, porque no tiene la posibilidad de progresar aquí.

Hasta ahora, la nueva emigración ha crecido silenciosamente en forma de ilusiones rotas, despedidas en el aeropuerto y familias separadas. Pero, al igual que ha sucedido con otras manifestaciones de esta crisis, tales como los desahucios y los recortes sociales, quizá vaya siendo hora de visibilizar el problema y, sobre todo, de 'desnaturalizarlo'. Porque el exilio laboral no es una mera decisión personal, sino una salida casi obligada para cada vez más jóvenes que no pueden encontrar un empleo digno. Y, más importante aún, porque este exilio es resultado de unas determinadas políticas que están arruinando el país y robándonos el futuro.

En un contexto marcado por un 57% de paro juvenil y una tasa de temporalidad del 61%, las sucesivas reformas laborales no han hecho más que empeorar nuestra situación. Desde agosto de 2010 -como es sabido-, es posible encadenar contratos temporales consecutivamente. Y desde el pasado 19 de noviembre --día en que entró en vigor el 'contrato' de aprendiz- los menores de 25 años pueden trabajar a jornada completa por 423 euros. Además, el abaratamiento del despido, el fortalecimiento del poder empresarial y el chantaje del paro, nos obliga a aceptar condiciones de trabajo claramente abusivas y sueldos de subsistencia (y a veces ni eso). 

Por otra parte, las políticas de austeridad, auspiciadas por la Troika comunitaria y aplicadas a pies juntillas por los sucesivos Gobiernos, están deteriorando gravemente nuestro sistema educativo y sanitario, empeorando no sólo nuestras condiciones de vida, sino también las expectativas laborales de los jóvenes investigadores, médicos y profesores. Lo que, dicho sea de paso, supone un evidente desperdicio de la inversión educativa realizada en los miles de profesionales que ahora se ven obligados a emigrar, así como un 'golpe de suerte' para terceros países, como reconocía hace unas semanas la ministra alemana de Trabajo.

El problema, sin embargo, no se acaba con la decisión de abandonar el país, porque esta Europa de la austeridad no es precisamente un paraíso de los derechos laborales. La precariedad se da de igual forma en Alemania, Inglaterra o Bélgica, que en España. Algunos analistas nos advierten, incluso, de que se está aprovechando la llegada masiva de mano de obra del sur y el este de Europa para bajar los salarios en los países receptores. 

Deberíamos desmitificar, por tanto, algunos aspectos de la nueva emigración. Todos tenemos amigos y conocidos que se han marchado, y que nos cuentan que las condiciones de trabajo no son siempre las mejores. Generalmente, estos jóvenes emigrantes se encuentran con jornadas laborales maratonianas y sueldos muy bajos, que tampoco les permiten construir un proyecto de vida digno. Además, llegar a un país con un idioma diferente, buscar un trabajo, dejar atrás a la pareja o los amigos, no es nada fácil y no responde a un 'espíritu de aventura'.

Pero el drama derivado del exilio no sólo atañe al individuo empujado a irse fuera, sino que también afecta a las familias y al conjunto del país. Sin duda, resulta injusto que el gran esfuerzo hecho por las familias para que estudiemos y tengamos un trabajo digno, se tire, de la noche a la mañana, a la basura. Y resulta injusto que la sociedad tenga que perder a sus jóvenes trabajadores, médicos, científicos o profesores, mientras se le obliga a salvar a los banqueros y hacerse cargo de su deuda privada.

Paro, precariedad y exilio aparecen, pues, como las tres únicas opciones de toda una generación. No era eso, sin embargo, lo que nos prometieron, ni para lo que estudiamos, ni para lo que la sociedad y nuestras familias nos prepararon. Y es, precisamente, esa distancia entre las expectativas generales de futuro (trabajo, bienestar, derechos) y un presente sin oportunidades, la que explica fenómenos como el 15-M y, en general, las movilizaciones de la juventud por todo el Mediterráneo, desde Túnez a Atenas.

Un régimen político y económico que no puede responder a las más esenciales demandas de su población (dación en pago, paralización de los recortes, creación de empleo), y que nos empuja al exilio, es un régimen crecientemente agotado. Así, puestos a irnos nosotros, tal vez haya llegado el momento de echarlos a ellos. Quizá no estemos condenados a ser la 'generación perdida', quizá todavía podamos ser la generación que reconquistó su futuro y recuperó su país.

Profesor de la UMU, Fernando Jiménez: «El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos»


OVIEDO.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es actualmente profesor titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Murcia (anteriormente, durante diez años, fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro del Instituto «Juan March» de Estudios e Investigaciones y evaluador del denominado Programa GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Invitado por la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, pronunció, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una conferencia titulada «¿Por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?». Lo entrevistó el diario asturiano 'La Nueva España'.

-La actualidad manda. ¿Con la imputación judicial de la Infanta Cristina en el «caso Nóos» podemos entender que España vive en un estado generalizado de corrupción?

-Sería una exageración afirmar que vivimos en un estado generalizado de corrupción, aunque es verdad que hay determinados sectores donde la corrupción ha sido muy alta. Fundamentalmente destacaría tres grandes sectores: la contratación pública, aunque para el volumen de contratación pública la cantidad de casos sospechosos no es tampoco tan alta, pero es uno de los campos más problemáticos. Un segundo sector ha sido el urbanismo, aunque ahora ya no al no existir actividad urbanística, pero en los años del «boom» inmobiliario ha sido tremendo y la mayor parte de los casos en el ámbito local. Y el tercer sector más problemático es el de la financiación de los partidos. Comparado con otros países la situación española tampoco es desesperada ni mucho menos, aquí no hace falta pagarle a un funcionario para obtener un pasaporte o a un médico para que te atienda en un hospital... Un tipo de corrupción que es frecuente y no hace falta pensar en África o en América Latina, incluso en países de la Europa del Este como Rumanía o Bulgaria. Aquí estamos lejos de una situación como esa. Tenemos una corrupción que es más de élites, más política que administrativa, pero sí es verdad que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es galopante al tratarse de casos muy llamativos y que afectan a personajes que tienen una popularidad muy grande, como la Infanta Cristina.

-¿No podemos hablar de que la corrupción es el sistema?

-Podemos decir que hay problemas serios más o menos localizados; sobre todo en corrupción política más que en administrativa.

-¿Cómo se puede entender, entonces, que políticos condenados por corrupción o por acoso sexual vuelvan a ser elegidos en una elecciones?

-Es verdad que sucede y hemos tenidos muchos casos, uno de los más destacados fue Jesús Gil, quien encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la propia cultura política de los españoles, es decir, o con las percepciones o las expectativas que se tienen de como funciona el sistema político. Las sospechas de las españoles sobre el funcionamiento del sistema político son enormes, la gente recela muchísimo y piensa que la corrupción está muy generalizada, y por tanto es muy fácil descontar la información negativa de la corrupción, o sea, cuando la corrupción afecta a tu candidato favorito hay muchas maneras de descontar esa información pensando que, en realidad, todos son iguales y por tanto sigo votando a quien está más cercano a mí. Esta es la parte problemática, de manera que ya imputada la Infanta Cristina lo que suceda, lo mismo que lo que suceda con el resto de los imputados ilustres, es muy importante.

-¿En qué sentido?

-Podemos contribuir a que estos recelos sigan creciendo o por primera vez empecemos a frenarlos. Si realmente la justicia trata con total indepencencia e imparcialidad el caso de la Infanta Cristina o quien sea, se contribuirá a frenar los recelos de los ciudadanos.

-Los dos grandes partidos políticos, que son las columnas sobre las que se sustenta el sistema nacido en la Transición, tienen encima, cada uno, formidables casos de corrupción. ¿Hay ya la percepción de final de ciclo, por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?

-Es la gran pregunta. Los partidos, especialmente los dos grandes, pero, en general, los tradicionales del sistema democrático español, todos están salpicados por grandes casos de corrupción y su reacción hasta el momento ha sido, en gran medida, mirar hacia otro lado y dejar que los casos se pudran y poner los mínimos cortafuegos. No se han tomado suficientemente en serio poner en marcha medidas que hagan que lo que llevó a que surgieran ese tipo de casos no pueda volver a suceder. Los partidos tradicionales han basado la construcción de un apoyo social en un intercambio de tipo clientelar, es decir, en España se distribuyó empleo público, contratos con la Administración, etcétera a cambio de apoyo tanto financiero como en votos al partido, y esto hace mucho daño. A los partidos les cuesta muchísimo salir de ahí.

-Pero desde la Transición no sólo los partidos han estado jugando así, también los grandes sindicatos y las organizaciones patronales se financian del Estado, como en una especie de democracia orgánica...

-Es más o menos lo que sucede en otros países, lo que pasa es que en otros el tema es la rendición de cuentas que ofrecen este tipo de actores. Es sintomático que nosotros no tengamos todavía una ley de transparencia y somos el único país grande en toda la Unión Europea que sigue sin ella. Luego, el proyecto de ley que presentó el Gobierno tenía muchísimos defectos, es muy tímido ese proyecto. Pero este tipo de cosas sí que están cambiando. La ciudadanía española ya expresó con el movimiento del 15-M su rechazo y dio un puñetazo encima de la mesa para decir que está harta de jugar con estas reglas y que quiere unas administraciones públicas y unos partidos transparentes y que no quieren seguir jugando con este clientelismo de los últimos treinta años. El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos, y deberían hacerlo si no quieren contribuir a que la brecha entre los ciudadanos y los políticos siga creciendo.

-¿Qué opina de los «escraches»?

-Tiene una parte negativa, en el sentido de meter a las familias por medio; es una presión social que recuerda a épocas pasadas que no merece mucho la pena recordar. Ahora, de momento, simplemente recordar a los políticos que están sufriendo la presión debido a que hay muchos ciudadanos que están sufriendo una presión que es muy injusta por la persecución para que paguen sus hipotecas, es comprensible.

-¿Desde el punto de vista sociológico es una válvula de escape a la presión de la olla social?

-Sí, por supuesto, es una protesta comprensible. Con la crisis y con la acumulación de escándalos la gente llega a un punto de indignación que ya le da igual y lo que quiere es salir a la calle y decirles a los políticos que reaccionen.

-¿Perseguir policialmente las protestas puede conducir a una violencia más soterrada?

-Creo que no puede prohibirse así. Sin violencia de por medio, es decir, si queda simplemente en señalar al político afectado, la policía no puede pararlo, no se está cometiendo ningún delito, salvo que se dé un paso hacia lo que iba la «kale borroka» o la persecución de los judios en la Alemania nazi. Si vamos a una violencia mayor, evidentemente que la policía no puede permitirlo y el propio movimiento perderá apoyos.

-Desde el análisis de la ciencia política, ¿España camina hacia el modelo italiano?

-No creo que estemos tan cercanos al punto italiano. Hay que ver un poco como han llegado los italianos a la situación presente. La situación española actual se parece más a la de 1994 en Italia, a la de todo el rescoldo del movimiento «Manos limpias». El problema de Italia es que después de «Manos limpias» se produjo una revolución enorme en el sistema político, pero se hizo muy en falso: desaparecieron los partidos tradicionales, se cambió el sistema electoral de manera radical, hubo muchísimas reformas institucionales importantes, muchas de ellas de lucha contra la corrupción que, en realidad, no tuvieron los efectos que la gente pretendía. Tuvieron los efectos que los políticos quisieron que tuvieran esas reformas...

-¿Otra vez Lampedusa y el cambiarlo todo para que nada cambie?

-Exactamente. Una de las reformas más interesantes fue lo que ocurrió con el sistema de financiación de los partidos. Hubo un movimiento ciudadano que pidió en un referéndum que se eliminara la financiación pública de la actividad ordinaria de los partidos, que sólo quedara la compensación por las campañas electorales. El referéndum lo ganaron sus convocantes, pero lo que ocurrió fue que los políticos pasaron olímpicamente y construyeron un sistema de compensación de gastos electorales que no miraba en absoluto el gasto electoral y directamente se decretaron una serie de fondos públicos en función de cada tipo de elección y a partir de la representación que cada partido obtenía en las elecciones se repartían ese fondo. La conclusión fue que los partidos italianos están obteniendo ahora más dinero público que antes sumando la financiación ordinaria y la electoral. Es decir, defraudaron por completo a los ciudadanos. La conclusión italiana es que hubo ya una reacción en contra de lo que hacían los políticos muy fuerte, se introdujeron reformas institucionales, pero fallidas y controladas por los partidos. El resultado es la ingobernabilidad del país y la aparición de fuerzas que están en otra onda por completo.

-Insisto, ¿vamos en ese camino?

-Si fallamos ante la petición tan sólida de la ciudadanía española de que hay que renunciar al clientelismo, tener una Administración mucho más profesionalizada y más transparente, tener una Administración de justicia que sea mucho más rápida y eficiente y restaurar la confianza que han perdido los ciudadanos en el sistema político, entonces iremos a la italiana, efectivamente, en el plazo de unos años, cuando veamos que seguimos por el camino de Lampedusa. Ahora mismo tenemos el reto de no acabar como los italianos. Veremos si los partidos han aprendido la lección y toman las medidas oportunas.

El Gobierno regional descarta reprobar a su vicepresidente por no publicar su renta y bienes

MURCIA.- El portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, ha descartado que el Gobierno regional vaya a reprobar a su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, por negarse a publicar su declaración de bienes, renta y retribuciones en la página web de la Asamblea Regional, tal y como estaba estipulado en el acuerdo alcanzado por la Mesa del parlamento autonómico y ratificado por la Junta de Portavoces.

   "No en absoluto", ha respondido Ballesta al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno si el Ejecutivo tenía intención de reprobar al vicepresidente por su decisión.
   Cabe recordar que Bernal es el único de los 45 diputado regionales que no ha hecho pública la declaración de declaraciones de bienes, rentas y retribuciones, tal y como estaba acordado para "contribuir a incrementar la transparencia y fiabilidad respecto de las actuaciones de los diputados".
   Esta decisión ha sido criticada por los grupos parlamentarios de PSOE e IU-Verdes, e incluso el PP consideró que Bernal debería haber publicado su declaración al igual que los otros 44 diputados regionales del parlamento. Ballesta ya consideró en su momento que es la Asamblea Regional la que debe decidir cuál es el mecanismo a seguir ante la negativa de Bernal.
   Al ser preguntado por la posibilidad de que los miembros del Gobierno regional sigan el ejemplo de los parlamentarios regionales y publiquen sus declaraciones, Ballesta ha contestado que se trata de una decisión "colegiada" que, en cualquier caso, no ha sido abordada en la reunión del Consejo de Gobierno.
   De todas formas, ha anunciado que si esta decisión fuera adoptada por el Ejecutivo autonómico, se comunicaría "convenientemente".

El PSOE pide en la Asamblea que la publicación de la declaración patrimonial se haga extensiva a altos cargos y directivos

CARTAGENA.- El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide que el Gobierno regional haga pública la declaración de bienes e intereses de los altos cargos de la Comunidad Autónoma.

   De este modo, explica que la Ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política, indica que deben hacer pública su declaración el presidente del Gobierno Regional, el vicepresidente y los Consejeros, los secretarios y directores generales, miembros del Gabinete del presidente y la Vicepresidencia, directores de los Gabinetes Técnicos, presidentes, directores y asimilados de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas Regionales y los directores de los Entes Públicos.
   Por otro lado, insta a la Mesa de la Cámara a que, a tenor del artículo 15 de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad Política, se proceda a publicar la declaración de patrimonio de todos los diputados regionales, incluido Juan Bernal, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Asimismo, reclama a la Comisión Parlamentaria del Estatuto de Autonomía que haga públicas las declaraciones iniciales y complementarias formuladas por los altos cargos de la Comunidad Autónoma, que debe tener recepcionadas en cumplimiento del artículo 17 de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad Política.
   Navarro indica que dicha medida se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y en casi todos los parlamentos autónomos. En 1994 se aprobó la ley 5/1994 de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política.
   Esta ley desarrolló en su exposición de motivos varias consideraciones con las que el Grupo Parlamentario Socialista está plenamente de acuerdo y que adquieren hoy su máxima actualidad y vigencia.
   Así, los diputados de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista van a pedir el acceso a la declaración de bienes del diputado Juan Bernal, acogiéndose a la regulación legal de acceso al registro público de diputados que establece la ley.
   Navarro aludió al preámbulo de la Ley de la Actividad Política de 1994, en el que se recoge que. "Ni las instituciones ni los políticos han de ocultar nada a la opinión pública, no sólo de su gestión estrictamente pública, sino también de aquellos aspectos de su vida privada que de alguna manera pudieran relacionarse con el deber general de lealtad a los intereses de la sociedad".
   "El Grupo Parlamentario Socialista hace suya esta máxima y, por tanto, considera necesario el conocimiento de los bienes e intereses del sector público regional: diputados regionales, gobierno regional y altos cargos y asimilados de la Administración regional, por motivos de confianza entre los electores y elegidos y basándose en una permanente atención y cuidado de la transparencia", concluye.

La ministra de Fomento recurrirá a la ley si detecta responsabilidades en el rescate de autopistas

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que aplicará el ordenamiento jurídico si entiende que se deben pedir responsabilidades respecto a la situación de riesgo de quiebra que actualmente presentan una decena de autopistas de peaje.

   "Me he encontrado un Ministerio con problemas gravísimos y cuando entienda que hay responsabilidades, aplicaremos el ordenamiento jurídico", declaró la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   Pastor recordó que, de hecho, así lo ha hecho en el caso de un contrato de compra trenes por parte de la extinta Feve que, según la ministra, no tenían vías por las que circular. Según reiteró, en este caso ha solicitado al Consejo de Estado que determine si la contratación es lesiva para el Estado, y actualmente están a la espera de la respuesta.
   En cuanto a las autopistas, Pastor insistió en que actualmente trabaja con el sector para solventar la situación de las vías de peaje y garantizar el sistema concesional español con "una solución de futuro y no un parche".
   En concreto, Fomento ultima la constitución de una sociedad pública y dependiente de su Departamento que se quede con las vías en riesgo de quiebra y su deuda, que suma unos 3.500 millones de euros.
   En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que apoyó el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación presentado por su Departamento, Pastor recordó que la situación de las autopistas es fruto de la caída de los tráficos y del sobrecoste de las expropiaciones.
   Según detalló, el volumen de tráfico de estas vías se ha reducido en un 25% y las expropiaciones de los terrenos se han casi triplicado respecto a los importes inicialmente estimados.
    De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros, seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.

La CHS facilita a los regantes la captación excepcional de agua para rebajar los caudales de la cuenca del Segura

MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está facilitando a los usuarios de la cuenca del Segura (regantes y abastecimiento) que lo soliciten el aprovechamiento de los caudales extraordinarios circulantes por el río e infraestructuras de la cuenca, ajustándose a las condiciones que en cada caso establezca la Comisaría de Aguas de la CHS.

   De  tal forma, la Confederación mantiene el actual régimen de desembalses desde la cabecera de la cuenca a la vista de la previsión de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología.
   El seguimiento de las precipitaciones y su efecto sobre los embalses y caudales en el río se realiza en tiempo real desde el Centro de Control del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la CHS.

   En estos momentos el caudal conjunto que están aliviando los embalses del Cenajo y de Camarillas (cabecera del río Segura y Mundo, respectivamente) es de unos 100 m3/s. Este caudal a su paso por Murcia es de unos 50 m3/s y en Orihuela en torno a 30 m3/s.
   En concreto, el pantano de la Fuensanta cuenta con 210 hectómetros cúbicos almacenados, por lo que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad total; mientras que el pantano del Cenajo cuenta con 395 hectómetros cúbicos de los 437 hm3 que permite almacenar, por lo que se encuentra al 90 por ciento de su capacidad total.
   En el río Mundo, el pantano del Talave cuenta con 30 hectómetros cúbicos de 35 de capacidad, por lo que se encuentra al 89 por ciento; y el pantano de Camarillas dispone de 32 hm3 de los 36 hm3 que tiene de capacidad (89 por ciento).

Los regantes piden suprimir las empresas públicas en la gestión de obras hidráulicas por encarecer los costes

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regante (FENACORE), Andrés del Campo, ha propuesto que se supriman las empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras hidráulicas ejecutadas "bajo el paraguas" de los planes hidrológicos de cuenca y del último Plan Nacional de Regadíos (Horizonte 2008), porque, en su opinión, encarecen "innecesariamente" los costes de gestión del agua a los usuarios.

   Durante su participación en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre sostenibilidad económica, Del Campo ha manifestado que "una vez cumplido" el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon "carece de sentido perpetuarse en el tiempo", sobre todo cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.
   Por ello, FENACORE recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas "las únicas" que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, "evitando así duplicidades competenciales".
   En general, Del Campo considera que en muchos casos estas empresas públicas se escudan en la explotación de las obras en las que se han intervenido para actuar ahora como compañías de servicios y gestión de estas infraestructuras hidráulicas, financiándose a través de un incremento de los cánones que deben soportar los propios usuarios.
   Concretamente, ha puesto de ejemplo los embalses de Breña y Arenoso, de los que ha dicho que "si fueran gestionados, como correspondería, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lugar de por la empresa Acusur/Acuaes, evitaría a los regantes un sobrecoste anual de alrededor de 1,5 millones de euros".
   "Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones", ha insistido el presidente de los regantes.
   En este contexto, Del Campo ha mostrado también su preocupación por el "mal ejemplo" de Portugal, que plantea traspasar la gestión de los regantes y otros usuarios que se abastecen de Alqueva, la mayor presa de Europa, a una empresa pública. A su juicio, esto supondría no solo encarecer innecesariamente los costes de explotación de los agricultores y, por tanto, reducir su competitividad, sino desautorizar a las comunidades de regantes que llevan en este país más de 60 años auto-regulándose y auto-gestionando eficazmente los recursos hídricos.
   Finalmente, ha dicho que confía en que Portugal recapacite y no tome una "decisión en falso que pueda ir a contracorriente", ya que la iniciativa supone un "claro paso atrás" al adoptar la tendencia contraria a lo que se está siguiendo en Europa y a nivel mundial, de corresponsabilidad entre administraciones y usuarios en la gestión de los recursos y que se inspira en el modelo de comunidades de regantes para alcanzar una mejor administración del agua de riego.

La Comisión de Explotación del Tajo-Segura autoriza un trasvase de 228 hectómetros cúbicos para los próximos seis meses

TOLEDO.-   La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado este viernes un nuevo trasvase de 228 hectómetros cúbicos para los próximos seis meses, según han informado fuentes de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

   De esta cantidad, 146 serán para regadío y 82 hectómetros contribuirán a cubrir las necesidades de abastecimiento. En estos últimos 82 se incluye un hectómetro para las pruebas del inicio de la tubería de la Llanura manchega, "obra muy importante para Castilla-La Mancha".

   Según estas mismas fuentes, lo aprobado cumple "perfectamente" los criterios de explotación del trasvase y han detallado que se ha decidido aprobar esta derivación al semestre debido a la buena situación hídrica actual, algo que también contempla la norma.
 
Cospedal: el memorándum "no debe preocupar a nadie"

  La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la firma del Memorándum de Entendimiento del Tajo-Segura entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no debe preocupar a nadie" porque se trata de la realización de estudios sobre el río y lo que debe de ser su aprovechamiento.
   Cospedal, que ha hecho estas declaraciones en Talavera de la Reina, ha añadido que a ella lo que le preocuparía es que el borrador del Plan de la Cuenca del Tajo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no apareciera Talavera y no apareciera la reserva mínima estratégica de 400 hectómetros cúbicos en cabecera para Castilla-La Mancha, que "casi duplica la que había antes".
   "En 30 años nadie hizo aquí nada para garantizar en la región el agua, aunque se insultó mucho, se hizo bastante política, demagogia, campañas electorales, pero nada se hizo, aunque ahora hemos hablado menos y hemos trabajado más con este resultado", ha sentenciado.
   Asimismo, ha dejado claro que el Plan de Cuenca "tiene la vocación de tener un rango que está por encima de cualquier otra cosa", si bien se incluirá dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que llevará a cabo el Gobierno de España, para garantizar el agua en el país y por primera vez en Castilla-La Mancha.
   Finalmente, Cospedal ha lamentado que cuando se conoció el borrador hubiera "algunas voces" que lo calificaron de "algo histórico" y luego lo criticaran por el hecho de que sea un logro de un Gobierno del PP, por eso le gustaría que otros partidos que no están gobernando se den cuenta de la importancia del agua para los usos agrícolas e industriales para el desarrollo de la región.