viernes, 12 de abril de 2013

Miguel Ángel Cabello Jurado dimite como consejero de Banco Mare Nostrum

MADRID.- Miguel Ángel Cabello Jurado ha presentado su dimisión como vocal del consejo de administración del Banco Mare Nostrum (BMN), ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de BMN -entidad surgida de la fusión de Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra- ha aceptado "la renuncia presentada por razones personales" de Cabello Jurado como vocal del consejo y de sus comisiones delegadas.
Cabello Jurado fue nombrado a finales de pasado mes de noviembre secretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva.

Martínez Moya dice que los 'escraches' requieren una respuesta "sosegada" y con "mucho rigor jurídico"

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha explicado que los denominados 'escraches' o protestas en las puerta de casa de políticos suponen un "juego de equilibrio complejo" entre derechos fundamentales que demanda una respuesta "sosegada, tranquila, serena y con mucho rigor jurídico".

   Martínez Moya ha respondido de esta forma al ser preguntado por los 'escraches' en un contacto que ha mantenido con los medios de comunicación tras presidir la jura de los 14 jueces de la 63 promoción de la Escuela Judicial con destino a la Región de Murcia.
   El presidente del TSJRM ha admitido que los 'escraches' son una cuestión "difícil de responder desde una óptica estrictamente jurídica, que es la respuesta que yo puedo dar".
   A su juicio, el debate "ahora mismo está en la sociedad y en la temática propia del orden público y, lógicamente, esa temática de orden público y social tiene un componente jurídico que lo envuelve todo".
   En concreto, explica que este componente jurídico cuestiona "si están en juego derechos fundamentales, así como el equilibrio y la entrada en conflicto de estos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de manifestación y de reunión".
   Martínez Moya también se ha referido al decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
   Al ser preguntado a este respecto, Martínez Moya ha señalado que no ha leído todavía el decreto, y ha afirmado que, como jurista, no le gusta hacer juicios "sin leer los papeles y sin leer las normas".
   "Conozco lo que dicen los medios de comunicación y cómo se ha expresado en el debate", ha afirmado Martínez Moya, quien ha reconocido no tener por este motivo "un juicio jurídico formado".

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.
   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.
   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"
   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

IU-Verdes acusa al PP de Bullas de urbanizar el perímetro de La Rafa en contra de los intereses de la ciudadanía

BULLAS.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Bullas, Manuel Escámez, ha acusado este jueves al PP de favorecer los intereses de la empresa privada 'Reyes Carreño S.L.' a través de la aprobación de un acuerdo mediante resolución de alcaldía para la urbanización del perímetro de protección del complejo turístico y deportivo de La Rafa.

    En rueda de prensa, Escámez ha indicado que el PP del municipio pretende urbanizar el citado perímetro, de unos 100 metros y protegido en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en su elaboración contó con la participación y dictamen del Consejo Asesor de Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico.
    El edil ha denunciado que el equipo de Gobierno ha planteado aumentar el volumen de edificabilidad del perímetro de 0,23 al 0,54 m2/m2, lo que supondría dejar sin efecto la protección establecida en la aprobación inicial y vulnerar las recomendaciones de la Comunidad Autónoma en relación a la ordenación de la comarca del noroeste.
    Ha hecho también hincapié en que hay muchas zonas urbanizadas y sin ocupar en el municipio, como Los Cantos 1 y 2, El Prado, la antigua fábrica de El Mensajero o el entorno del museo del Vino, por lo que "no tiene sentido" generar una mayor oferta de terreno urbanizado.
    Escámez ha denunciado, asimismo, que en la pasada legislatura el entonces concejal del PP Juan Ángel Puerta aportó documentación a 'Reyes Carreño S.L.' para la redacción de alegaciones a la aprobación inicial del PGOU, "demostrando que a ese partido le preocupa más los intereses de una empresa privada que los de la ciudadanía de Bullas".

Constructoras y concesionarias reclaman a Fomento el 49% de la sociedad de rescate de autopistas

MADRID.- Las constructoras y concesionarias accionistas de la decena de autopistas actualmente en riesgo de quiebra han reclamado al Ministerio de Fomento contar con al menos el 49% del capital de la sociedad que este Departamento prevé constituir para rescatar las vías, según informaron hoy fuentes del sector.

   El Ministerio que dirige Ana Pastor ha propuesto ceder el 20% de esta sociedad de autopistas en compensación por las aportaciones que sus actuales accionistas realizaron en las vías.
   No obstante, las concesionarias estiman escaso este porcentaje frente a las inversiones y aportaciones que han realizado en las autopistas, tal como adelanta el diario 'Expansión' en su edición de este jueves.
   El sector asume, no obstante, que Fomento se garantice el control de la mayoría del capital (un 51%), con el fin de que la deuda de unos 4.000 millones que las vías tienen con los bancos pase a tener garantía del Estado.
   En cuanto al reparto del capital de la sociedad, por el momento, Fomento accede a que el 20% que está dispuesto a otorgar a las concesionarias se distribuya entre las empresas en función de la distinta "calidad" de las vía que cada una aporte.
   Dicha "calidad" se mediría en función de la deuda que soporta, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) que genera y su tráfico, entre otras variables, según detallaron fuentes del sector.
   No obstante, las constructoras y las concesionarias actualmente titulares de las vías siguen considerando escaso un porcentaje de participación del 20%.
   Según datos del sector, los accionistas de las autopistas han realizado aportaciones de capital e inversiones por un monto total de 2.800 millones de euros en las vías que, además de su deuda financiera, afrontan un riesgo de pago de expropiaciones de unos 2.300 millones.
   Precisamente, el sobrecoste de las expropiaciones, junto con el desplome de los tráficos, constituyen las dos principales causas de los problemas económicos y financieros de estas autopistas.
   Para solventarlo, Fomento ultima la constitución de dicha sociedad de capital mayoritariamente público y dependiente de su Ministerio que se quedaría con las vías y su deuda. El Departamento que dirige Pastor contempla que las autopistas que más caja generen contribuyan a compensar a las más deficitarias.  
   De la decena de autopistas con problemas, seis de ellas están ya en concurso de acreedores (las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera), y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas. Entre sus accionistas y concesionarios figuran ACS, Abertis, Cintra (Ferrovial), Sacyr, OHL, Ploder y Globalvía, además de alguna entidad financiera.