martes, 21 de mayo de 2013

La Consejería de Obras Públicas inicia el expediente para la resolución del contrato del aeropuerto de Corvera


MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha iniciado el expediente para la resolución del contrato del aeropuerto de Corvera, debido a que la concesionaria Aeromur "ha incumplido el contrato al no haber puesto en marcha aún el aeródromo", según han confirmado esta noche fuentes de dicho departamento.

   Se trata de un procedimiento que incluye tanto un plazo de audiencia del contratista para presentar sus alegaciones o lo que pueda estimar conveniente.
   Posteriormente, el Gobierno regional tiene que realizar una serie de informes jurídicos, todo ello en un plazo de tiempo que puede ser de unos meses, según explican desde la Consejería.
   El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, criticaba ayer lunes que la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia quiere que la Comunidad empiece ahora a comprometer un dinero "en virtud de unas pérdidas", pero aseveraba que se trataba de algo que "es ilegal. Y como es ilegal, no se va a hacer".
   Valcárcel dejaba claro que el proyecto "sigue su ritmo" y puntualizaba que el Aeropuerto está "prácticamente finalizado en cuanto a su tramitación, para poder abrir" y ha asegurado que el Gobierno murciano "va a exigir que se abra", puesto que la Comunidad Autónoma "ha cumplido con su parte".
   El pasado viernes en la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz José Ballesta aseguraba que la Comunidad estaba trabajando "con diversos escenarios y previsiones" para el futuro del Aeropuerto, entre los que no descartaba que se rescindiera el contrato con la actual concesionaria y volviera a sacarse a licitación para ser gestionado por AENA u otros operadores privados, entre otras posibilidades.
   En el caso de que el Gobierno regional decidiera volver a sacar a concurso el aeropuerto, Ballesta explicó que el pliego especificaría las condiciones que, en su momento, debería asumir la nueva empresa concesionaria.

Pujante (IU-Verdes) pide la dimisión de todo el Gobierno regional, "comenzando por Valcárcel", ante el "fiasco" de Corvera

MURCIA.- El Coordinador de IU-Verdes ha pedido la dimisión de todo el Gobierno regional, "comenzando por Valcárcel", por el "fiasco" del aeropuerto de Corvera, ya que "han puesto a la región a los pies de los caballos al conceder un aval de doscientos millones de euros, con renuncia al beneficio de excusión, a la empresa concesionaria  privada Aeromur". 

   En este sentido, Pujante ha señalado que Valcárcel y su gobierno "ha renunciado con ello a proteger los intereses de los murcianos y los ha puesto en grave riesgo", puesto que, según Pujante, "la Comunidad Autónoma podría ser intervenida de forma definitiva por el Estado para gestionar una situación de quiebra si finalmente se ejecuta el aval".
   Para Pujante "es inconcebible que no haya dinero para una renta básica, que se lleven a cabo durísimos recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales y, sin embargo, fluya el maná de recursos para operaciones especulativas enmarcadas en una gran incertidumbre."

UPyD exige a Valcárcel "que deje de dar rodeos", sea transparente y aclare la situación real de Corvera

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha reclamado al Gobierno regional "que deje de dar rodeos" y que sea transparente para informar a los ciudadanos sobre lo que ocurre realmente con Corvera. Por eso ha exigido que "Ramón Luis Valcárcel aclare de una vez" cuál es la situación del aeropuerto después de conocer que el Gobierno regional ha rescindido el contrato con la empresa concesionaria Aeromur.

   Sánchez ve en la rescisión del contrato una "operación de imagen" por parte del Gobierno regional y afirma que con la rescisión del contrato a Aeromur, "el Gobierno se asegura la coartada para explicar y justificar  otro año  más de retraso en la apertura del aeropuerto", que sería el tiempo mínimo que transcurriría, tras la entrada de una nueva empresa concesionaria, "es una manera de alargar la situación y no enfrentarse a la realidad", ha recalcado.
   El coordinador de UPyD opina que lo que está ocurriendo con Corvera rebasa ya  lo razonable y que se llevan muchos meses en una situación "de impasse", generando continuas dudas, "aunque lo peor es que la posible ejecución del aval de 200 millones de euros que el Gobierno regional tuvo que conceder "sobrevuela" sobre la dramática situación financiera de la Comunidad Autónoma.
   Del mismo modo, Sánchez ha señalado que el hecho de que no esté claro el  papel de AENA en la gestión de un aeropuerto que no es de la red estatal, y las posibles indemnizaciones que reclamará por el cierre de San Javier, de más de 70 millones de euros, "suponen dificultades añadidas que "lo enredan todo aún más".  
   El coordinador de UPyD ha recordado que su partido se mostró muy crítico con la falta de previsión sobre la necesidad real de dos infraestructuras aeroportuarias en la Región, San Javier y Corvera, así como con la falta de coordinación entre las Administraciones central y autonómica, "que  han mostrado  su irresponsabilidad y han permitido, a sabiendas de su inviabilidad, un derroche millonario".  
   Sánchez considera que es incomprensible que unas inversiones tan importantes, como los más de 200 millones de euros avalados por el Gobierno regional para Corvera, y los 65 millones de euros para la segunda pista de San Javier y otros 10 millones de euros en la terminal, ejecutado con el Gobierno del PSOE, se hayan realizado, sabiéndose como se sabía, que dos aeropuertos civiles separados por 35 km era un disparate y un despilfarro. "Ambas administraciones se ignoraron y siguieron actuando como si no existiese la otra".

Fomento comunica a las constructoras su porcentaje en la nueva sociedad de rescate de las autopistas

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha emprendido una nueva ronda de reuniones con las constructoras para informarles de la participación que corresponde a cada una de ellas en el capital de la sociedad que rescatará a la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según informaron hoy fuentes del sector.

   El Departamento que dirige Ana Pastor reserva a las empresas un máximo del 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas.
   El 80% restaría estará en manos del Estado a través de Seittsa, una sociedad de Fomento. Su porcentaje es el que resulta de capitalizar (convertir en acciones) ayudas por 473 millones que el Ministerio ha dado al sector.
   En cuanto a la participación reservada a las empresas, tiene un valor de 121,71 millones de euros, dado que la sociedad de autopistas se valorará en 608 millones, según las estimaciones que un experto externo e independiente (Ernst & Young) ha realizado para el Departamento que dirige Ana Pastor.
   La constitución de esta empresa pública de autopistas es la solución en que el Ministerio trabaja actualmente para solventar el problema de riesgo de quiebra que afrontan un grupo de autopistas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.
   En virtud del modelo, Fomento dará una participación en esta empresa pública a las empresas a cambio de que aporten a la misma las autopistas que explotan. El objetivo final es reestablecer el equilibrio económico y financiero de las vías para que vuelvan a manos privadas.
   Con todo, el Departamento busca evitar que la quiebra de las autopista obligue al Estado a atender la responsabilidad patrimonial que tiene con estas infraestructuras, con el consiguiente efecto en las cuentas públicas.
   Entre las vías de pago que se integrarán en la sociedad, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Todas ellas suman un pasivo de unos 4.000 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores.

De Guindos avanza que el ICAC está inspeccionando las auditorías de todas las entidades nacionalizadas

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado este martes que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está analizando las auditorías realizadas en todas las entidades financieras nacionalizadas para comprobar que no ha habido malas prácticas contables, como se ya hizo con Banco de Valencia, a la que se acabó interponiendo un expediente sancionador.

   Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha explicado a los medios que se trata de "inspecciones técnicas" que de entrada no tienen por qué suponer un expediente sancionador.
   Además de Banco de Valencia, Deloitte auditó las últimas cuentas de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa, mientras que KPMG lo hizo con la CAM.
   Asimismo, el ministro de Economía ha apuntado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido un protocolo de actuación para la detección del fraude a aquellas entidades en las que tiene participación, que ya lo están implementando, como es el caso de BMN.
   Así lo ha expuesto después de que el senador del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias le echara en cara que "la preocupación fundamental del Gobierno ha sido la estabilidad de la banca, a la que se han procurado ingentes recursos públicos, pero ha destacado menos el esfuerzo que a través de la fiscalidad han realizado los ciudadanos".
   El ministro ha recordado que el FROB ha presentado hasta ahora como administrador provisional de estas entidades ocho querellas contra exdirectivos de Banco de Valencia por operaciones que han causado perjuicios económicos al banco. Cinco de ellas se han admitido a trámite y se ha personado en otros tres procesos iniciados por terceros contra directivos de Novacaixa Galicia, Caixa Penedés y BFA Bankia.
   Por su parte, De Guindos ha insistido en que el Gobierno ha impulsado cambios "determinantes" para proteger los derechos de los ahorradores contra malas prácticas bancarias, que han provocado "mucho dolor".
   Como ejemplo, ha puesto la limitación de los intereses de demora de los deudores, los límites impuestos a las tasadoras o las nuevas exigencias de transparencia impuestas a las entidades financieras y a las sociedades cotizadas.

La Comunidad Autónoma impulsa un mercado ecológico de productos de la Región de Murcia


MURCIA.- Hoy se ha inaugurado el 'Mercado Ecológico de Productos de la Región de Murcia', que acoge el Centro Comercial 'Dos Mares', de San Javier, hasta el 23 de junio, con el objetivo de poner en valor nuestros alimentos ecológicos. 

   Esta actividad se encuadra dentro del proyecto 'LivinBio' con la finalidad de posicionar a la Comunidad de Murcia como región de referencia en el ámbito de la producción ecológica, impulsando la imagen del sector ecológico, y formando en planificación, internacionalización e innovación así como mejorando el conocimiento y la comercialización de los productos ecológicos.
  Desde la Comunidad Autónoma se ha resaltado que con acciones de este tipo "ayudaremos a las empresas a encontrar los mercados más adecuados, facilitándoles los recursos disponibles para impulsar la innovación en sus procesos productivos" y se ha añadido que "las buenas perspectivas del mercado de la agricultura ecológica lo convierten en un sector estratégico para el crecimiento de la economía regional".
   En el mercado participan 28 empresas con más de 350 referencias de productos que se inscribieron a través del portal 'www.biorganicfoods.com', una web que gestiona el Info y donde empresas y administración se unen para potenciar la internacionalización, formación e innovación en el sector de la agricultura ecológica, y que se incluye dentro del proyecto LivinBio.
   'Biorganicfoods.com' es una plataforma especializada en alimentación ecológica, que busca convertirse en fuente de información habitual para consumidores y profesionales del sector. El portal ofrece también noticias del sector, consejos al consumidor, búsqueda de productos, agenda de ferias y eventos y un directorio de empresas.
   La agricultura ecológica, también conocida como biológica u orgánica, es una forma de cultivar y cuidar la tierra y de criar el ganado de manera respetuosa con la naturaleza, sin utilizar productos químicos tóxicos (abonos, pesticidas, herbicidas), sin semillas modificadas genéticamente y sin forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los animales.
   Su finalidad es obtener alimentos sanos, en su punto de madurez, con todo el sabor, el aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las ventajas de los alimentos saludables.
   Los datos de 2011 indican que el sector en la Región de Murcia alcanzó los 200 millones de euros en facturación. El 90% se exporta, siendo los principales destinos Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Suiza, aunque el vino y el aceite también se exportan a Estados Unidos, Japón y Corea.

IU-Verdes volverá a alegar contra la ordenanza de la prostitución del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- IU-Verdes volverá a alegar contra la ordenanza de la prostitución. Así lo ha señalado su portavoz, Esther Herguedas, quien ha lamentado que la supuesta apertura del debate sobre la ordenanza de prostitución haya sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Murcia con el rechazo de todas las aportaciones críticas. 

   A su juicio, la Concejalía de Nuria Fuentes tan sólo ha introducido modificaciones para agravar la situación de las mujeres prostituidas, sobre las que finalmente hace recaer el peso la ley con mayor gravedad que sobre los mal llamados "clientes".
   También ha considerado como una muestra de cinismo el hecho de que la prostitución se prohíba en unas zonas del municipio y en otras se permita. "La concejala regula para resolver su problema personal en un barrio, no para resolver un problema del municipio y mucho menos para resolver el trasfondo social de este asunto", ha señalado Herguedas, quien opina que "al Ayuntamiento solo le preocupa lo que se ve, no lo que existe".
   Herguedas cree que la ordenanza va a servir de poco para resolver los problemas existentes en la calle, pero agravará la situación de las mujeres prostituidas a las que convierte en más vulnerables sin ofreces salida social alguna para atender sus necesidades y las de sus hijos.
   También considera que los problemas de la calle se trasladarán a las comunidades de vecinos, "ya que la ordenanza conducirá necesariamente a un aumento de la prostitución en pisos".
   Herguedas ha recordado que su organización ha presentado solventes y fundadas alegaciones, algunas de gran peso jurídico, que no se han tenido en cuenta y no duda que el tema terminara dilucidándose en los tribunales donde ya existen sentencias que desestiman teorías contra ordenanzas similares.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia bajan un 3,71% en abril

MURCIA.- El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 79.103 en abril, lo que supone un descenso del 3,71 por ciento con respecto al mismo mes de 2012, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región registró un descenso en abril de 3.049 personas, frente al descenso del 5,23 por ciento en el conjunto nacional.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 73.686 pertenecen al Régimen General, 5.280 al Régimen de Autónomos, 137 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 42.759 trabajadores; el régimen de  Empleados del Hogar, con 6.620; y el general con 24.307.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 12.837 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 66.265, son extracomunitarios.

Montoro dice a los ayuntamientos que podrá limitarles subidas de sueldos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que no tiene "la menor intención" de bajar los sueldos de los empleados públicos locales, aunque se mantiene la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado puedan limitar posibles subidas en el futuro.

   Así lo ha revelado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Según ha dicho, el ministro ha sido "claro y rotundo" sobre un asunto que ha generado gran revuelo en los ayuntamientos de todo el país.
   Fuentes de Hacienda explicaron este lunes que se prevé incluir en los Presupuestos una "horquilla salarial" para los funcionarios, de manera que se aproximen los salarios entre unos y otros, muy dispares.
   Beteta ha explicado este martes que se trata de una previsión recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que es una posibilidad. "Se verá", se ha limitado a decir. "Es muy pronto", ha añadido, a la espera de lo que se recoja finalmente en el proyecto de Presupuestos que el Gobierno enviará a las Cortes en septiembre.
   "¿Quiere esto decir que se van a rebajar los sueldos de los empleados públicos? No", ha asegurado. "¿Eso quiere decir que se modificará el estatuto del empleado público para que el complemento específico se...? No", ha explicado el secretario de Estado.
   El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y del PP, ha explicado que el Gobierno quiere limitar los crecimientos que en el futuro se puedan aprobar para unos funcionarios u otros, pero no solo los locales, ha recalcado, sino los de todas las administraciones. "Se nos ha dicho que no hay intención de recortar el sueldo de los funcionarios. No se entra en esta cuestión, sino en la evolución futura, el crecimiento de esos salarios", ha añadido.

El 87% de las playas españolas tiene aguas de calidad excelente, por encima de la media europea

BRUSELAS.-   La calidad del agua en las playas españolas es "excelente" en el 87,2% de las zonas costeras sometidas a examen en 2012, por encima del 81 % que suma la media europea, según el informe publicado este martes por la Agencia Europea de Medio Ambiente. También aprueban en su mayoría los ríos y otras aguas interiores aptas para el baño, aunque solo un 46,1 % lo hace con nota, frente al 72 % de media europea.

   En total, España sometió a examen 2.156 zonas de agua de baño en 2012, de las que 1.886 son áreas costeras y otras 230 son interiores (144 ríos y 86 lagos), lo que supone un 10,3 % del total de aguas analizadas en el conjunto de la Unión Europea, más Croacia y Suiza. Las autoridades españolas sacaron definitivamente siete zonas en la información remitida en 2012 por estar "permanentemente cerradas", según indica la Agencia europea.
   En la visión conjunta de aguas costeras e interiores, los resultados colocan a España entre los países con mejor calidad, aunque destacan Chipre y Luxemburgo, cuyas zonas de baño "cumplen sin excepción el nivel de calidad excelente". Les siguen ocho países que superan la media europea: Malta (97 %), Croacia (95 %), Grecia (93 %), Alemania (88 %), Portugal (87 %), Italia (85 %), Finlandia (83 %) y España (83 %).
   En cualquier caso, el 94 % de las zonas de balo de la Unión Europea cumple con las normas mínimas de calidad del agua, con un 78 % de calidad superior y una mejora del 2 % en aquellas aguas que cumplen los requisitos mínimos.
   El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha celebrado que la calidad del agua "sigue mejorando", pero ha advertido a los Estados miembros de que "queda mucho por hacer para garantizar la calidad de todas nuestras aguas para bañarse y beber", así como para proteger "el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos".
   "El agua es un recurso valioso y debemos poner en práctica todas las medidas  necesarias para protegerla al máximo", ha añadido Potocnik.

Hacienda calcula que 5.900 ayuntamientos son ineficientes

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan  sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.

   El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
   El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto. Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio.
   Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.
   Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
   La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade, una pérdida de calidad.
   Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
   Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8 por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya han aplicado ahorros y ajustes.
   De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más que el año anterior. "La ley ha entrado en vigor antes de estar en vigor", dicen estas fuentes.
   Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le cuesta dar un servicio.
   Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de 100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.
   El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.
   Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.
   Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.