sábado, 28 de septiembre de 2013

La carrera de un juez político / José Luis Mazón Costa *

Existe una historia secreta o soterrada de las relaciones entre el Poder Judicial, sobre todo en sus niveles más altos, y la casta política dominante en cada momento, cuyos detalles causarían un tremendo estupor o escándalo. Se ha formado, por decirlo de algún modo, una república subterranea a donde no llega nunca la luz y por cuyos canales ocultos discurren fluidamente historias tremebundas de favores, venganzas, decisiones, exculpaciones, acuerdos, compensaciones en especie o cargos, en fin una cruda realidad de alcantarilla cuya divulgación causará horror a los “intraterraqueos” que pululan por sus conductos en la confianza de que nunca serán descubiertos.


La relación entre Valcárcel y la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  da para una tesis doctoral de cómo la alta cúspide del Poder Judicial de la tierra del “mata al rey y vente aquí”, se inclina sospechosamente a favor de personajes poderosos como Valcárcel y existen cruces juramentados en sangre de intercambios. A veces estas inclinaciones son tan burdas (porque burdos son los personajes a cargo) que no caben intepretaciones diversas porque el escoramiento es de 45 grados o más. 

Juan Martínez Moya, actual presidente del TSJ de Murcia ya muchos años, es para mí un ejemplo del juez que usa el cargo para promocionarse hacia un cargo político. Y explico mis razones ya que estamos ante una cuestión de vivo interés público por el cargo que ocupa el personaje y por la propia naturaleza de la materia. 

Acaba de presentar Moya su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial por el cupo judicial (12 de los 20 miembros) y tiene que elegirlo el Congreso o el Senado, es decir, los políticos. No se ha presentado avalado por su asociacion, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, sino por libre, logrando avales de sus compañeros jueces. Necesita el respaldo de políticos del PP para obtener el cargo de vocal electo.


Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero los antecedentes de presuntos y grandes favores del juez Martínez Moya a Valcárcel le hacen sospechoso de que si logra el nombramiento es muy probable que haya sido por sus “méritos” a favor de este personaje político y los favores que le ha hecho a él y posiblemente a algún recomendado suyo (como uno sospechosamente absuelto por la Sala Civil y Penal de un delito clarísimo contra el medio ambiente, por el que acusaba el fiscal y cuya sentencia era un ejercicio de retorcer los hechos y las normas).


Pero los favores que directamente conozco, y he vivido por tanto de cerca, del juez Martínez Moya hacia Valcárcel, son los siguientes:


a) El de la suspension de la ley del aborto por Valcárcel. Diligencias abiertas por denuncia y luego querella contra Valcárcel por la suspensión de la ley del aborto en julio de 2010, en que manu militari impuso la no aplicación de esa ley durante cuatro dias, incurriendo de forma clamorosa en el delito de suspensión de una disposición general del artículo 506 del Código Penal.


La Sala Civil y Penal, auxiliada por el Fiscal Jefe López Bernal, bajo la ponencia del propio juez y presidente Martínez Moya, se negó en redondo a abrir una investigación, a instancias de la asociacion Preeminencia del Derecho de la que yo formo parte, sobre la ilícita y escandalosa conducta de Valcárcel, rompiendo los protocolos y deberes legales de un juez instructor. 

Para justificar lo injustificable, Moya, auxiliado por otro juez “valcarceliano”, Julián Pérez-Templado (amigo íntimo del cuñado y de la hermana de Valcárcel, quien en mayo de 2010 había invitado al mismo Valcárcel a la boda de su hija, a la que asistió) enmarañaron el caso de forma que parecía que estaban hablando de otro asunto, todo ello encaminado a que Valcárcel no fuera “molestado”. 

Resulta probado, y así se declara, que el juez Pérez Templado tenía o había tenido a su señora de cargo discrecional en la Administración dirigida por Valcárcel y a su hijo muy bien colocado en una empresa importante controlada por el PP regional como jefe de un servicio o departamento jurídico, así que libertad para decidir en contra de Valcárcel quedaba poca o ninguna y la exculpación olía a chamusquina. 


Para ascender al Supremo, objetivo del juez Martínez Moya, hacen falta padrinos políticos de alto nivel, porque al Supremo se accede por recomendación de la partidocracia,  PP y PSOE, a través de sus vocales en el Consejo (el puesto al que ahora aspira Moya) y no por méritos. Moya se presentó antes al Supremo pero le faltaron votos. Y ahora se presenta a vocal al Consejo “por libre”, con estos antecedentes de “salvador” de Valcárcel de un proceso que le hubiera costado el cargo de presidente regional.


b) El caso de la Balsa Yenny, un prototipo de malversación de caudales públicos cometido por el Gobierno Regional presidido por Valcárcel, que quedó impune por el puro voluntarismo de la Sala Civil y Penal, con la ayuda inestimable de la mal llamada Fiscalía Anticorrupción (que en este caso fue lo contrario de lo que dice su nombre). Estos hechos judiciales sucedieron tambien en 2010 cuando dos ciudadanos, uno de ellos yo, nos querellamos contra un consejero y contra Valcárcel por malversación de unos ocho millones de euros, que habrían salido de las arcas públicas para limpiar las escorias ambientales de la finca de un particular a través de un proceso de ingeniería delictiva: aceptar la Comunidad la donación de una parcela intoxicada para limpiarla con cargo a fondos públicos y ahorrar a sus titulares, unos famosos “mecenas” de los dos grandes partidos, los tales gastos que pagamos los ciudadanos en su lugar.


La ponencia del caso tocó al amiguísimo de la hermana y cuñado de Valcárcel, el juez Pérez Templado que, junto con Moya, debieron ponerse de acuerdo en canonizar la operación delictiva del Consejo de Gobierno, santificándola a base de retorcer hechos y normas legales.


Este desmadre en el Poder Judicial requiere un cambio drástico que corte de raíz conductas sospechosas de instrumentalizar el cargo para beneficios personales, políticos o de otra especie. Hace falta la guillotina al menos en un sentido incruento, que rueden cabezas en el sentido de expulsar del cargo al trasgresor. El Estado de Derecho necesita ser defendido de sus células tumorales o la propia sociedad se hunde en la podredumbre.


El Supremo tiene ahora mismo en examen un procedimiento de rendición de cuentas contra quienes han favorecido a Valcárcel en su affaire de la suspensión de la ley del aborto. Pero esto de que jueces juzguen a jueces no garantiza el principio de que la ley es igual para todos. Quien sabe, si en el futuro se pueden  exigir cuentas ante tribunales ciudadanos; los que hagan mal su trabajo, durante quince años estarán con la espada de Damocles sobre su cabeza. En la Justicia pasa como en el clero católico: “de obispo para arriba ninguno cree en Dios”, que dice el aforismo.

(*) Abogado y miembro de 'Preeminencia del Derecho'

Valcárcel se va (un balance) / Patricio Hernández *

Valcárcel se va voluntariamente el año próximo dejando la presidencia regional que ha ostentado por casi dos décadas. Se cierra así una larga etapa de quien ha gozado personalmente de la mayoría absoluta más amplia y dilatada en el tiempo de todos los Gobiernos autonómicos (sólo es comparable Pujol, que estuvo más tiempo pero sin mayoría absoluta, y Chaves, que lo iguala pero tuvo que gobernar en coalición).

Es la hora de hacer un balance, siquiera provisional, de lo que ha supuesto este periodo para la región. Y habrá que empezar por reconocer a Valcárcel el mérito propio de haberse mantenido durante tanto tiempo y con tan buenos resultados electorales, y criticarle que no resuelva su relevo con una convocatoria electoral que otorge legitimidad democrática a su sucesor, prácticamente designado con el viejo método caudillista del ‘dedazo’.

Él mismo ha apuntado una sumaria autoevaluación justificativa cargada de falsa humildad: «Hice lo que pude, y lo que me dejaron hacer» (La Opinión, 21/09/13). No hay autocrítica o reproche alguno que hacerse, ni se renuncia al abusado recurso de poner en otros la responsabilidad de sus fracasos, una constante de su etapa de gobierno.

Se ha mostrado interesadamente reivindicativo —aunque muy ineficaz en los resultados— con Gobiernos de España de signo político diferente al suyo, pero compresivo hasta la sumisión con los propios, modulando intramuros de la región teatrales gestos de aparente firmeza.

Sin embargo, hay datos incontestables que permiten hacer un balance muy crítico, del que sale una imagen muy poco favorable para este político ‘en fuga’, que llegó al poder al final de una crisis (1995) y sale en medio de otra aún mayor.

Contra lo que el aún presidente desearía, su figura va a quedar asociada a la década de economía especulativa que conocemos como el ‘boom del ladrillo’ o burbuja inmobiliaria (1997-2007), y a los años de crisis económica que siguieron a su pinchazo (2007-2013), de la que aún no hemos salido.

El período del boom inmobiliario fue especialmente intenso en la región bajo su Gobierno, que hizo una disparatada apuesta por la construcción asociada a un modelo irracional de turismo residencial (los famosos resort y campos de golf), para lo que se legisló ad hoc (Ley del Suelo de la región). Los resultados han sido un irracional sobredimensionamiento y dependencia del sector de la construcción, la mayor explosión de corrupción política nunca conocida y una muy mala calidad de la vida pública, acompañada de las mayores agresiones a nuestro patrimonio natural y a la sostenibilidad ambiental, que nos han llevado a la más profunda crisis económica y social que ha asolado a la sociedad murciana y en cuyo acmé parece que estamos en este momento. Subsidiariamente, ha destrozado el sistema regional de cajas de ahorro que lo financió.

Porque es esta grave crisis social, a la que no se le ve salida, y que aquí muestra un plus regional específico, la parte peor de la herencia: un paro que ha llegado al 30%, con 215.000 desempleados (en 1995, con la crisis que lo aupó a la presidencia, estaba en algo más del 26%, y los parados no llegaban a 100.000), que se acerca al 60% entre los jóvenes; con más del 35% de la población en riesgo de pobreza y exclusión (más de medio millón de personas) y casi la mitad de todos los ciudadanos viviendo en situación de precariedad; con rebajas generalizadas de salarios, bajas pensiones y retirada de ayudas sociales de todo tipo. No hemos conocido antes en democracia tanto drama humano y tanto dolor social.

Cuando más falta nos hace asistimos a la grave erosión de nuestro sistema público de bienestar social: por vez primera en democracia están empeorando los servicios públicos y recortándose derechos sociales adquiridos, con aumento de las desigualdades de renta internas, que son ya las mayores del país.

Pero si Valcárcel ha hecho de algo bandera política ha sido del agua y, más tarde, la financiación regional. Paradójicamente, se va dejando a la región con los menores aportes externos de agua, con una amenaza concreta sobre el futuro del trasvase del Tajo, y con una mala financiación que no logró resolver satisfactoriamente ni con el Gobierno de Aznar ni con el de Zapatero. Ahora se agarra a una promesa de revisión de Rajoy que no despeja las dudas sobre la subfinanciación crónica de la región.

Además, la crisis ha disparado astronómicamente la deuda pública de la región: entre 2007 y 2013 —según los datos de la oposición— ha aumentado un 725%, y ya supera en su montante al presupuesto regional. Cada murciano debe como deuda de la región 3.263 euros. Por su parte, las malas cifras del déficit están dando paso a los mayores recortes presupuestarios.

El autocomplaciente discurso oficial destaca las infraestructuras sociales y de movilidad como los mayores logros de estos años, pero el sobrecoste final de muchas de ellas, y los efectos de la política de recortes, que especialmente en educación y sanidad las vacían de contenido, pone en solfa la bondad final de esta política, que se ha complicado además con la pésima gestión de un nuevo aeropuerto y con las dudas sobre cuándo y cómo llegará la alta velocidad ferroviaria.

Para finalizar, hay que subrayar la que es quizás la peor parte de la herencia: la falta de horizonte que hoy tiene una región muy lastrada para salir del marasmo al que ha sido llevada, lo que arroja mucha incertidumbre sobre nuestro futuro colectivo. Valcárcel se va pero su dura herencia va a pesar durante mucho tiempo sobre varias generaciones de murcianos y murcianas.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia