sábado, 9 de noviembre de 2013

El letrado Diego de Ramón pide al juez Gómez Bermúdez que encarcele a la cúpula de la CAM

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha solicitado al juez  de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, la modificación de las medidas cautelares para que los cinco miembros imputados de la antigua cúpula de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) ingresen en prisión o satisfagan una fianza de 35 millones de euros por cabeza, además de la fianza impuesta para cubrir responsabilidades civiles, de otros 35 millones de euros, por el quebranto económico al Estado (a través del Fondo de Garantía de Depositos) y a los casi 55.000 afectados clientes de la CAM, para beneficio propio.

Este abogado adjunta escrito dejado en su bufete por un antiguo empleado de la CAM, don Ramón López Gil, que se presento el pasado día 20 de diciembre, donde revela la trama organizada y generalizada en dicha entidad con el dinero que gestionaban en operaciones de préstamos económicos, pymes, hipotecarios y fraudes a la Hacienda Pública.

De Ramón (en la imagen) se halla personado en su condición de querellante como Acusación Popular y acusaciones particulares, contra los  exmiembros directivos de la CAM, y subsidiariamente contra dicha entidad, por un presunto delito de estafa.

A su juicio, justificaría el ingreso en prisión, que el Fondo de Garantía de Depósitos ha analizado los números rojos mediante un nuevo informe de expertos independientes fechado a 31 de diciembre del año pasado, quedando un quebranto de 3.707 millones hasta el año 2021, donde el 80% de esta cantidad será asumida por el F.G.D., 2.965 millones de euros, "es decir, más del doble de lo estimado (1.340 millones de euros) cuando la entidad del Sabadell se quedó la CAM en diciembre del año 2011. Y a este dinero habría que sumar una cifra de 5.250 millones de euros que inyecto el FGD en el capital de la CAM, de forma que el rescate total llega hasta ahora a los 8.215 millones de euros, siendo culpables los imputados".

Pero De Ramón en su escrito al juez justifica su petición, además, en:

"a).-Por la falta de constitución de la fianza económica decretada el año pasado, en el cual amparándose en los recursos planteados no CONSTITUYO NINGUN TIPO ECONOMICO DE GARANTIA POR LOS INDICIOS CRIMINALES QUE EXISTEN EN LA CAUSA.

b).-Por la fuerte presencia de cerca de CIEN SOCIEDADES participadas en la cartera industrial de la CAM, que crearon los directivos imputados, para burlar el control y fiscalización de los créditos que se dieron y no se han cobrado. Tenemos el ejemplo en esta causa de las dos sociedades que a continuación exponemos (Polaris World y Hansa Urbana) y que el Instituto de Finanzas Valenciano, no auditaba ni se enteraba.

c).-La entidad concedió créditos sin pasar por la central de riesgos o Central de Información de Riesgos (Cirbe) del Banco de España, ver contestación ultima del Banco de España.

d).-La fianza económica de 35 millones de euros, puesto que ha transcurrido EL TERMINO DE AUDIENCIA DE UN DIA, pese a interponer recursos, no suspende dicha medida de embargo, lo cual tiene que realizarse el siguiente paso, el embargo INMEDIATO DE TODOS LOS BIENES, PROPIEDADES, DERECHOS, ACCIONES TITULOS EN BOLSA, BONOS QUE TENGA EN ENTIDADES FINANCIERAS, PARA QUE CON DICHA MEDIDA SIRVA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA QUE EN SU DIA SE DICTE Y CALMAR LA FALTA DE TUTELA Y PROTECCION DE TODAS LAS VICTIMAS que han sido objeto por parte de los imputados en el quebranto económico de los ahorros particulares, LOS CUALES FUERON INDEMNIZADOS EN CUANTIA DE CERCA DE SEIS MILLONES DE EUROS (d. Roberto López Abad) y el resto en mas de 1.500.000 de euros, aparte el plan de pensiones millonario. 


g) Otra modificación de la medida cautelar, las declaraciones del exgobernador del Banco de España, el pasado 6 de junio del año 2012, ante las Cortes Valencianas, donde culpa a los exconsejeros y gestores (ahora imputados) de la CAM en su caída y bancarrota, y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia y Murcia, que fueron quienes los nombraron.

h).-El expresidentes de la CNMV, Sr. Segura, en su declaraciones ante las Cortes Valencianas, el día 14 de mayo pasado, asegura que cuando se emitieron preferente es y cuotas, se timo a los inversores con estos productos, donde hubieron en su gestión y comercialización “diversas deficiencias” donde un gran porcentaje el 72% de las operaciones consideradas idóneas “no lo serian”, ya que el test preceptivo para comercializar este producto era “complejo” teniendo un marcado sesgo para dar resultado positivo. Y el 26% de los casos no se evaluó al cliente la idoneidad de la operación. TODO ESTO LO REALIZARON EN INGENIERA FINANCIERA LOS IMPUTADOS".

Un millar de vecinos de la alicantina Vega Baja del Segura se manifiesta en Murcia contra un vertedero de Abanilla

MURCIA.- Unos mil vecinos de la Vega Baja del Segura, en Alicante, llegados a Murcia en una veintena de autobuses se han concentrado este mediodía ante el Palacio de San Esteban para denunciar la inminente apertura de un nuevo vaso de residuos del vertedero de Abanilla, próximo a varias pedanías oriolanas, una instalación sobre la que pesan hasta nueve expedientes municipales y una investigación judicial sobre vertidos ilegales.

Las asociaciones Vertivega, 'Albatera, No al Vertedero' o 'Granja-Cox, no al vertedero de tránsito' organizaron esta protesta que recorrió las calles de Murcia desde la Glorieta hasta la sede del gobierno autonómico, encabezadas por varias pancartas contrarias al citado vertedero.
"Necesitamos oxígeno, no gases contaminantes", "No al vertedero" y "Con basura no valen brevas ni granadas", eran algunas de las pancartas que podían leerse en la marcha pacífica, que culminó con el sorteo de dos jamones tras la venta de unas rifas con las que pagaron los citados autobuses.
Vertivega es el colectivo vecinal que lucha por el cierre definitivo del vertedero de Proambiente, que sitúa sus instalaciones a caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Y denuncia las «prisas» de la empresa gestora y de la administración autonómica murciana por reabrir el vaso 3. 
Esta convocatoria de hoy coincide con el reciente pronunciamiento del Juzgado nº 4 de Cieza, que investiga al vertedero por un delito contra lo recursos naturales y el medio ambiente desde 2011, en el que, según señalan desde la Plataforma, viene a decir que va a levantar el cese cautelar de la actividad en el vertedero y pide a la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia que compruebe que se cumplen las condiciones exigidas para reanudar la actividad en el vaso 3.
Vertivega interpreta que este alzamiento de la medida cautelar provocaría la obtención por parte de Proambiente de la autorización ambiental integrada por la vía rápida sin la necesaria participación pública, para así «poder enterrar las miles de toneladas provenientes de buena parte de los municipios de la Vega Baja (lo que) se traduce en nuevos episodios de infracciones y afección directa al medio ambiente».
El propio alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), criticó recientemente la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia está realizando en el vertedero de Proambiente y le acusó de estar favoreciendo su reapertura ante el juzgado nº 4 de Cieza. El regidor afirmó que el Gobierno murciano está intentando «salvar la cara» después de que la mercantil depositara el aval de 3,3 millones de euros que le reclamó como paso para tramitar las licencias y legalizar su situación.
La suspensión de la actividad se adoptó en junio de 2012 después de que la Guardia Civil entrara en las instalaciones, realizara una inspección por sorpresa y comprobara que se estaba enterrando basura en zanjas, saltándose la orden previa de la consejería de Medio Ambiente de Murcia de prohibición de enterramiento de basura, adoptada en septiembre de 2011 por las reiteradas irregularidades en el recinto.
El portavoz de la plataforma, Vicente Pérez, tachó de "incongruente" la actitud del Gobierno murciano por afirmar "que todo está con garantías". Actualmente, un juzgado oriolano investiga por vía penal las sospechas de que existieran vertidos ilegales incontrolados durante lustros, incluso en campos de cultivo. "Nosotros sabemos las pretensiones de Proambiente, y dentro de su trayectoria no está la de seguir los mandatos de la ley", manifestó Pérez, quien ha hablado de la "poca voluntad de reciclar" por parte de la mercantil que "ha llegado a enterrar residuos, muchas veces, sin pasar por la planta".
Proambiente es de la familia de Ángel Fenoll, que dirigió el vertedero hasta hace poco y está considerado e imputado por la Justicia como uno de los cabecillas de la trama Brugal. También está siendo investigado por la financiación ilegal de la campaña de la anterior alcaldesa oriolana del PP, Mónica Lorente.

El aprobado casi general de 'Fitch' en España desata la euforia del Gobierno Valcárcel por afectar en positivo a Murcia

MURCIA.- El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, aseguró, tras conocer la mejora de la perspectiva del rating de Murcia por parte de la agencia crediticia Fitch, que esta subida "nos indica que estamos en la dirección adecuada", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Bernal apuntó que esta revisión del rating de la perspectiva financiera, que pasa de 'negativa' a 'estable', supone una buena noticia para la Región, ya que "aunque estamos todavía en niveles bajos, se trata de la primera vez en mucho tiempo que mejoramos el rating de la Comunidad Autónoma".
   Y es que, según afirmó el responsable autonómico, esta subida "tiene que animarnos y muestra que las agencias de calificación pueden volver a confiar en la Región de Murcia".
   Hay que ser conscientes, añadió, "de que los esfuerzos presupuestarios que estamos haciendo, los esfuerzos de contención del déficit, van en la dirección adecuada y que, por tanto, esta mejora de la calificación, muy prudente en este momento, nos marca el camino a seguir".
   El vicepresidente explicó que "esta pequeña subida de nota muestra que el camino que hemos emprendido es el correcto y que ésta es la dirección que tenemos que mantener para generar credibilidad en los mercados financieros".
   Además de a la Comunidad de Murcia, la entidad de calificación Fitch ha revisado también a 'estable' la perspectiva de los ratings de Madrid, Barcelona, Pamplona, las tres provincias vascas, así como de las comunidades de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia.
   La confirmación de esta mejora de la calificación tiene lugar una semana después de que la agencia revisara al alza, desde 'negativa' a 'estable' la perspectiva del rating 'BBB' de España.