jueves, 21 de noviembre de 2013

El fiscal Anticorrupción regional vuelve a criticar a la Audiencia Provincial de Murcia por anular autos de secreto en la instrucción del 'caso Umbra'


MURCIA.- El fiscal Anticorrupción regional de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha vuelto a criticar la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia por declarar la nulidad de los autos en los que se acordaba el secreto de las diligencias en la instrucción del caso Umbra, que investiga una presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la capital.

Lozano ha dicho en un informe presentado en el Juzgado de Murcia que instruye la causa, que la Audiencia "se ha precipitado al declarar la nulidad de los autos de prórroga del secreto, pudiendo haber invadido competencias que solo le corresponden al órgano sentenciador".
Estos comentarios se recogen en el informe en el que el fiscal se opone a la estimación del recurso presentado por uno de los imputados, el propietario del Club de Fútbol Real Murcia, Jesús Samper.
Samper, en base a la decisión de la Audiencia, que ha declarado nulas las prórrogas del secreto por falta de motivación de los autos que las recogen, ha reclamado al Juzgado de Instrucción que proceda a declarar la nulidad de todas aquellas diligencias que fueron practicadas sin la presencia de los abogados defensores de los imputados.
En sus críticas a la Audiencia, el fiscal Anticorrupción afirma que "la regla general es que una audiencia provincial no puede decretar nulidad alguna de los autos acordados en la fase de instrucción".
"Respecto a las declaraciones de imputados practicadas durante la fase de secreto -añade-, cuya nulidad se ha decretado, ello no implica por sí mismo que sean nulas, pudiendo ser ampliadas en lo que se estime necesario y conveniente".
Comenta igualmente que los abogados de los encausados no han solicitado ninguna ampliación de esas declaraciones, por lo que considera que no las han creído necesarias y que no se encuentran en una situación de indefensión.
El representante del Ministerio Público defiende la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones para evitar que se perjudique la investigación.
Así, añade, "como es obvio, el futuro registrado no puede conocer que va a ser objeto de una entrada y registro, conociendo, además, el objeto de dicha diligencia".
En otro informe, Lozano se ha opuesto a la petición hecha por el también imputado Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, que reclamó que las diligencias de esta caso, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia, fuesen acumuladas a otras que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4.

La Fiscalía tiene 20 días para informar si admite o no la querella de Peñalver contra el juez y el fiscal del caso 'Umbra'

MURCIA.- La Sala Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia tiene por ratificada la querella presentada por el ex jefe de Planeamiento del Consistorio, Joaquín Peñalver, imputado en la operación 'Umbra' de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, contra el juez David Castillejos y el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano.

   De esta forma, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 20 días, informe sobre la admisión o no a trámite de la misma, sobre competencia y fondo del asunto y si los hechos descritos en el texto de la querella son susceptibles de delito.
   Se designa ponente a Julián Pérez-Templado, quien con el magistrado Manuel Abadía Vicente y el presidente Juan Martínez Moya integran la Sala.
   La querella, presentada José Muñoz Clares en representación de Peñalver, critica la "nula instrucción" a cargo del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso y como ejemplo de ello plantea un paralelismo entre las imputaciones de hechos contenidas en esta querella y las que sostiene la fiscalía de Madrid en la causa contra el juez Elpidio José Silva. El motivo de este paralelismo es para "forzar" al TSJ de Murcia a que "entre a deliberar en este asunto".

El juez del caso 'Umbra' desestima las peticiones de nulidad de los abogados

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, por auto notificado este jueves a las partes, ha desestimado las peticiones de nulidad que habían pedido los abogados del caso 'Umbra', de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia.

   En concreto, los letrados reclamaban la nulidad de las actuaciones aprovechando el recurso que presentaron contra el hecho de que el juez no hubiera levantado el secreto de sumario.
   De esta forma, el magistrado David Castillejos mantiene la validez procesal legal de todas las diligencias practicadas en esta causa desde su inicio, sin perjuicio de las resoluciones referentes a nulidades contra actos concretos y se identificaron por vía de recurso.

El sindicato CCOO anuncia una creciente movilización en Navantia, "cansado de inoperancia y buenas palabras"

MADRID.- La Federación de Industria de CCOO se siente "cansada de la inoperencia, de las buenas palabras y de las buenas intenciones" en Navantia, por lo que advierte de que la movilización de los trabajadores será creciente si no llega carga de trabajo a los astilleros.

   En una nota, el sindicato dice dar "un golpe en la mesa" y exige que se confirme, cuanto antes, la llegada de nuevos contratos a las factorías de Navantia en la Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz y Cartagena.
   "En una semana se han esfumado todas las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras de Navantia", afirma, antes de recordar el caso de los cuatro metaneros de Gas Natural Fenosa adjudicados a astilleros japoneses y coreanos.
   También alude a las declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que "echó más leña al fuego" y aseguró que los dos floteles que se iban a fabricar para Pemex finalmente se quedaban en uno. Posteriormente, Industria precisó que Soria había querido referirse en realidad a dos floteles.
   El sindicato indica en la nota que la coordinadora de CCOO en Navantia se ha reunido esta mañana con carácter de urgencia para analizar la situación en la que queda el sector tras los "recientes jarros de agua fría" y ha diseñado su estrategia para que, "de una vez por todas, se confirme la llegada de carga de trabajo".
   Los contratos, lamenta, "se comprometieron durante los períodos electorales" y "ahora se van por donde vinieron". "CCOO ha acordado poner en marcha toda la maquinaria para garantizar que las gradas de los astilleros españoles vuelvan a funcionar a pleno rendimiento", afirma.
   Para que esto suceda, el sindicato considera necesario que Navantia, la SEPI, el Gobierno central y los autonómicos entiendan que de la carga de trabajo que ahora "se evapora" viven pendientes comarcas enteras que comen de la construcción naval.
   La coordinadora de CCOO entiende además que "no tiene ningún sentido sentarse a hablar del futuro cuando está en tela de juicio el presente de los astilleros españoles". Por este motivo, exige "claridad y no medias verdades".

IU-Verdes dice que la Delegación esgrime la seguridad para cambiar la Marcha de Mareas por "miedo" a la expresión ciudadana

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha considerado que el argumento de seguridad ciudadana que la Delegación del Gobierno esgrime para oponerse al trayecto escogido para la Marcha de Mareas convocada este sábado "no sirve en modo alguno". En realidad, afirma que el Gobierno "tiene miedo a la expresión ciudadana, que va a ser multitudinaria e importante, sin duda alguna, y no quiere que se evidencie de una forma tan clara y contundente".

   En rueda de prensa, Pujante ha recordado que acaba de pasar el aniversario del fallecimiento del "dictador sanguinario" Francisco Franco, el 20 de noviembre, quien "hizo lo mejor que podía hacer hace 28 años, pero cree que "algunos se han animado ideológicamente con esa fecha emblemática y lo que quieren es recortar derechos constitucionales".
   A su juicio, "la democracia les resulta incómoda y están adoptando medidas claramente autoritarias que lo que hacen, precisamente, no es garantizar la seguridad ciudadana, sino todo lo contrario: es una ley represora que impide el ejercicio democrático de la libertad de expresión, del derecho a manifestación y del derecho a la huelga", en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana.
   En el caso de la Marcha de Mareas de Murcia, cree que las dificultades que pueda haber de seguridad "serían de aplicación también para el Entierro de la Sardina, para la Semana Santa y para otros eventos lúdicos y culturales "en los que se colapsa toda la ciudad total y absolutamente, ya que no hay forma ni de entrar ni de salir".

Los organizadores de la Marcha de Mareas acusan a la Delegación de "mentir" y confían en que el TSJ les dé la razón

MURCIA.- El portavoz de los organizadores de la Marcha de Mareas, Fernando Miñana, ha acusado a la Delegación del Gobierno de "mentir" al decir que la manifestación convocada para este sábado "va a colapsar la ciudad" y cree que ese mismo argumento que esgrimen para prohibir el recorrido "se puede utilizar para prohibir las procesiones de Semana Santa o el Bando de la Huerta".

   Por eso, confía en que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia dé la razón a los organizadores en la vista que tendrá lugar mañana viernes, a las 10.00 horas, en el Palacio de Justicia y autorice que la Marcha "se haga tal y como está planteada".
   De lo contrario, advierte que "no se visibilizaría lo que nosotros queremos que se visibilice, que es cada uno de los problemas por lo que estamos protestando", según ha destacado Miñana, quien también es miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Molina de Segura y del Frente de Acción Estudiantil (FAI).
   Califica de "totalmente absurdos" y "absolutamente falsos" los argumentos esgrimidos por la Delegación, al afirmar que la Marcha "colapsaría toda la ciudad e impediría que los vehículos de emergencia pudieran atender su labor". Por contra, creen que detrás de esta decisión "hay motivos políticos".
   Miñana justifica el recurso a la Justicia "porque la Delegación del Gobierno está mintiendo, ya que no se trata de ocho manifestaciones conjuntamente, sino que es una única manifestación con distintos puntos de salida, pero son puntos de salida correlativos, de forma que se van recogiendo unas mareas a otras y no se colapsaría la ciudad en absoluto".
   Además, asegura que, si hubiera un caso de emergencias, "se hace un hueco y puede pasar cualquier tipo de vehículo de emergencias sin ningún tipo de problema. No conocemos ningún caso en el que alguna manifestación haya provocado que un vehículo de emergencias no pudiera pasar", ha zanjado.
   Miñana ha hecho estas declaraciones en la puerta de las oficinas de la Seguridad Social de Alfonso X, donde los representantes de la Marcha de Mareas se han desplazado a apoyar a los yayoflautas, que han presentado unos escritos individuales en contra del "pensionazo".
   En concreto, una veintena de yayoflautas se han concentrado en las oficinas de la Seguridad Social con un cartel en el que se podía leer 'Yayoflautas de Murcia con la Marcha de Mareas. Contra la injusticia social. No al pensionazo. Somos la experiencia en acción'.
   Los yayoflautas han accedido a las oficinas de la Seguridad Social al grito de "No a la reforma, pensiones dignas"; "aquí están, estos son, yayoflautas en acción"; "ea, ea, ea, los yayos se cabrean; o "no es una reforma, es un atraco".
   El miembro de los yayoflautas, Leandro Sánchez, ha explicado que los escritos tenían como objetivo "reclamar una pensión digna, y no la basura que están planteando con la reforma que han hecho".
   Ha ironizado con que "el único consuelo" que les queda a los ciudadanos es que, a la hora de hacer la reforma, el Gobierno "ha recogido las opiniones de expertos independientes, de profesión asesores de bancos y trabajadores de empresas de seguros privados, para ver si les engordamos, por si no tuvieran suficiente con los sobres que les entregan".
   "Luchamos por una pensión digna, pero no ya para nosotros, que hemos cotizado también, sino para la gente que viene detrás de nosotros y para que en el futuro no le falte a la gente", ha aseverado Sánchez.
   En este sentido, considera que "van a invertir muy pronto la pirámide de población" con estas medidas, entre "las pensiones raquíticas, el copago y la devaluación de los salarios".
   El portavoz de Marcha de Mareas ha criticado que se trata de una reforma "completamente injusta e innecesaria, más allá de ser una forma de sacar del bolsillo de los pensionistas el dinero con el que se está rescatando la banca". De hecho, explica que la cantidad que se va a ahorra con la reforma de las pensiones "coincide con el rescate de la banca".
   Por otra parte, cree que este "pensionazo" es una reforma que "va a dar a la clase trabajadora "donde más duele" porque "ahora hay mismo hay muchísimas familias que están dependiendo únicamente de la pensión que aporta la persona mayor, porque todos los miembros están en paro".

Bascuñana hace el ridículo al introducir la religión para justificar su censura a la libertad de expresión

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha afirmado este jueves que "nunca se ha prohibido una manifestación por largo que sea el itinerario, teniendo su origen y final"; incluso, ha manifestado, "la alternativa que la Delegación ha presentado" a la organización de la Marcha de Mareas, que saldrá este sábado, "coincide con algunas procesiones que tenemos en Murcia, donde está el 'encuentro', salen de dos puntos y se encuentran".

   Sin embargo, ha enfatizado Bascuñana, "no recuerdo que en Murcia salgan ocho procesiones de distintos puntos de la ciudad y que tengamos toda la ciudad en esa situación", por lo que asegura que quien emitió ese argumento en ese momento "fue quizás fruto de otra reflexión que no es la correcta".
   En esta línea, ha indicado que las procesiones en Murcia "no salen las ocho a la vez y en ningún momento se ha prohibido una manifestación que tiene un punto de origen y un punto final".
 "Una procesión en Murcia tiene un punto de origen y un punto final y podrá ser más o menos largo el itinerario pero hablamos de un solo itinerario y lógicamente acaba y se inicia donde todos podemos conocer", ha argumentado.
   Según ha explicado, primero la Delegación recaba el informe del Ayuntamiento de la localidad donde se va a desarrollar la manifestación o concentración. En este caso, Bascuñana considera que es una situación "compleja, no es normal lo que se plantea, ya que no es la típica concentración o manifestación con un punto de salida y de llegada, sino que hablamos de ocho puntos distintos".
   "En el mismo momento en que recibimos el informe del Ayuntamiento lo analizamos y lo estudiamos y dimos respuesta a quien había promovido esa manifestación, diciendo que en ningún momento el delegado no ha prohibido, lo único que ha dicho es que da una opción, otra alternativa, en vez de que salgan desde ocho puntos distintos lo hagan desde dos", ha justificado.
   Y es que, a su juicio, "es la forma más lógica de poder dar servicio también al resto de la población y sobre todo poder atender, si en un momento fuera necesario, cualquier tipo de urgencias a nivel sanitario, policial o de Protección Civil".
   Por ello, ha insistido en que "no se ha prohibido, sino que se ha dicho claramente cuál es la alternativa que desde la Delegación se le indica a quienes legítimamente tienen derecho a manifestarse".
   Bascuñana ha subrayado que en la Delegación "tenemos la responsabilidad de mantener el orden público y de que se pueda desarrollar esa actividad como es la manifestación que puedan requerir la sociedad murciana, se puedan compatibilizar y desarrollar".
   De forma que se está a la espera de lo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia decida. "Nosotros tomaremos todas las medidas después para que se desarrolle en las mejores condiciones y se pueda dar el servicio, atención y seguridad a todos los ciudadanos de Murcia, a los que se manifiestan legítimamente y a los que siguen su curso normal", ha concluido.

El Senado respalda la reforma del Estatuto de Murcia

MADRID.- El Pleno del Senado ha respaldado esta mañana la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia que permitirá que el Gobierno autonómico pueda utilizar el decreto ley para tomar medidas en caso de urgencia. La iniciativa partió del parlamento murciano apoyada por los tres grupos que lo componen, PP, PSOE e IU.

   El debate en el Pleno ha sido rápido, media hora, como la propia tramitación en la Cámara Alta, que ha durado quince días al no presentarse ninguna enmienda y no pasar por comisión. A la sesión de este jueves han asistido el portavoz del PP en la Asamblea de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y el diputado regional socialista Joaquín López.
   Formalmente, la reforma será votada al final de la mañana, pero ha contado en el debate ya con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Tras el paso por el Senado, la ley será publicada en el BOE y entrará inmediatamente en vigor.
   El proyecto llegó a las Cortes Generales el pasado 1 de marzo y saldrá de ellas nueve meses después. El mes pasado, después de que la Comisión Constitucional le diera luz verde, el Pleno del Congreso aprobó el texto sin ningún cambio respecto al remitido por el Parlamento de Murcia. Lo mismo ha ocurrido en el Senado, donde la tramitación además ha sido muy rápida, de dos semanas. La reforma ha contado en las Cortes con el único voto en contra de UPyD, que rechaza el uso del decreto ley por ningún gobierno, no sólo el de Murcia.
   Por el PP, José Joaquín Peñarrubia ha defendido la iniciativa porque así lo quiere la Asamblea de Murcia, pero ha agregado que los terremotos de Lorca la justifican aún más: el Gobierno regional necesita instrumentos para actuar en caso de emergencias como aquella. "No cabe argumento más sólido y preciso para justificar esta reforma", ha dicho.
   Peñarrubia ha admitido que el decreto ley debe ser un instrumento excepcional, para casos de urgencia, y que queda "sujeto a la mesura de quien ha de aplicarlo y al control razonable de quienes ejercen esa responsabilidad".
   Ramón Ortiz, senador por Murcia del PSOE, ha defendido también la reforma aunque ha advertido de que esperan que el uso del decreto ley sea "el adecuado y no se caiga en la práctica abusiva que del mismo se viene haciendo en el ámbito estatal".
   Ortiz ha asegurado que esta reforma tuvo un origen controvertido porque la oposición votó en contra en un principio, pero que el debate condujo al consenso, que no la unanimidad, ha dicho. "Esta es la razón por la que, aun no estando totalmente de acuerdo con lo que se pretende, porque se excluyen otros aspectos quizá más sustanciales que la propia reforma, votaremos a favor".
   El senador socialista ha expresado por último su deseo de que avancen otras reformas que se negocian en la Asamblea de Murcia, lo mismo que ha hecho el senador de IU Jesús Iglesias, que ha pedido la modificación del sistema electoral, del Reglamento del parlamento autonómico y del sistema de financiación.
   Iglesias también ha recordado que el compromiso del PP a estudiar estas reformas de más calado es lo que permitió que IU aceptase cambiar el estatuto para introducir el decreto ley.
   Por parte del resto de grupos, Montserrat Candini de CiU, ha expresado su apoyo a la reforma pero ha utilizado la intervención para lanzar una advertencia a los murcianos: el Estado no respeta el estatuto reformado de Cataluña.
   "Da la impresión de que las administraciones autonómicas no están preparadas para trabajar con el objetivo común de mejorar el bienestar ciudadano, impulsar el empleo o salir de la crisis, que fueran rivales. Y en absoluto es así", ha dicho la portavoz, que ha insistido en los agravios del Gobierno contra Cataluña, a juicio de su coalición.
   "Les decimos esto desde la experiencia, para que tomen nota; sí a la reforma del Estatuto de Murcia, no a la recentralización y al ahogo financiero. Mucha suerte, que les respeten y si es así, tomaríamos nota", ha concluido.
   Por parte de la Entesa, Rafel Bruguera ha denunciado el "abuso" que se puede hacer del decreto ley y que es el caso del Gobierno de Mariano Rajoy, pero ha expresado el "respeto escrupuloso" de su grupo a las competencias de Murcia y a que las ejerza al presentar esta reforma del estatuto.
   El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha manifestado igualmente el respaldo a esta reforma, porque "es una necesidad evidente y objetiva, se ha visto en las situaciones complicadas que ha vivido la Región de Murcia", pero también porque es la voluntad de los murcianos "dentro de su capacidad de autoorganización".

La Comunidad Autónoma y ayuntamientos murcianos adeudan a proveedores 709 millones que recibirán antes de final de año

MURCIA.- El Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia adeudan a los proveedores casi 709 millones de euros, según ha anunciado este jueves en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, quien ha precisado que esta cantidad que se contempla en la tercera fase del Plan de Pago, recién iniciado, permitirá a la Región actualizar deudas con sus proveedores.

   Así se contempla en la tercera fase del Plan de Pagos, diseñado para poder atender al pago de pendientes, e incluye las facturas con origen en 2012 y hasta mayo de 2013. En un primer tramo, que se hará efectivo este mes, 32 ayuntamientos deben a 1.280 proveedores el importe de 12.381 facturas, que asciende a 47,9 millones del total de 230,7 millones que adeuda en conjunto la Comunidad y los consistorios.
   En concreto, de los 1.280 proveedores de entidades locales que cobrarán sus facturas en este primer tramo de la tercera fase, 879 son pymes, 322 son personas físicas y 79 son grandes empresas. Por importes, del total de los 47,9 millones de euros que se abonarán, 31.527.531 euros corresponden a pymes, 14.388.285 a grandes empresas y 2.018.792 a personas físicas.
   Mientras que un segundo tramo, exclusivamente para deudas de la Comunidad, contempla el importe de 478,2 millones para hacer efectivo el pago de 161.173 facturas a 1.597 proveedores, que se liquidará antes de final de año.
   Mediante este mecanismo, la Región recibirá a lo largo del mes de noviembre 230,7 millones de euros que, unidos a los 478 millones del segundo tramo, supondrá una inyección de liquidez de 709 millones de euros, sólo para el pago a proveedores.
   Dicho plan se ha tenido que instrumentar en varias fases para poder atender a la financiación del pendiente de pago de las administraciones territoriales ante los problemas de liquidez que han sufrido durante la crisis financiera y la acumulación de una elevada deuda comercial en el pasado.
   Al hilo, Bascuñana ha explicado que "hemos aprovechado el mecanismo de pago a proveedores en su tercera fase para saldar las deudas que mantiene la Comunidad con sus entidades locales y que, en el caso de Murcia, beneficiará a 32 administraciones con un importe global de 47.934.608 millones de euros y que permitirá liquidar un total de 12.381 facturas".
   Bascuñana ha destacado, además, las "óptimas" condiciones de financiación, 3,34 por ciento, para el plazo de diez años que durará la operación. "Son condiciones y mecanismos de acceso a la financiación de la que se benefician las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico, y que, en el caso de Murcia, supondrá un ahorro de 108 millones de euros en gastos financieros en esos diez años", ha añadido.

UPyD reclama al Gobierno regional que retire la normativa que estipula el cobro de una tasa para atención sanitaria a inmigrantes

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha anunciado que UPyD presentará varias mociones en aquellos ayuntamientos de la Región en los que la formación magenta tiene representación, solicitando que el Gobierno regional retire la normativa que estipula el cobro de la tasa para atención sanitaria a inmigrantes irregulares.

   De esta forma, Sánchez ha mostrado su rechazo a la tasas (de entre 60 y 157 euros mensuales) impuestas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma para que los inmigrantes en situación administrativa irregular puedan recibir asistencia sanitaria.
   Una medida que, supone otro episodio más "del retroceso y desprecio de  derechos básicos", como la atención sanitaria universal, "que está aplicando un Gobierno del PP que se dice de centro reformista", ha señalado Sánchez.
   En este sentido, ha denunciado que "es mezquino e irresponsable" cebarse en plena crisis con personas que apenas pueden defenderse y en riesgo de terminar convertidas en "chivos expiatorios" del malestar social.
   Igualmente, Rafael Sánchez ha apostado por una legislación estatal en materia de Sanidad que "garantice la igualdad de trato de todos los ciudadanos en todo lo relativo a la atención sanitaria", independientemente de la región de residencia o de la situación administrativa en nuestro país en el caso de los inmigrantes.
   Para concluir, el coordinador regional de UPyD ha cuestionado que la medida de cobrar esa tasa a los inmigrantes irregulares suponga ingresos significativos y una reducción relevante del déficit, y ha indicado que las cantidades que se han establecido para recibir atención médica es de "una cuantía que será inasumible para la mayoría de los "sin papeles".

Baja la afiliación a la Seguridad Social

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 70.779 en octubre, lo que supone un descenso del 7,53 por ciento con respecto al mismo mes de 2012, frente a la caída del 6,55 por ciento de la media nacional, según ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 65.114 pertenecen al Régimen General, 5.536 al Régimen de Autónomos, 129 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 35.985 trabajadores; el régimen de  Empleados del Hogar, con 6.331; y el general con 22.798.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 11.572 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 59.207, son extracomunitarios.

La Murcia de Valcárcel encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes


MURCIA.- La Región de Murcia encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes, con un 24,8 por ciento, esto es, casi uno de cada cuatro, según se desprende de los resultados provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En el conjunto del país, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6 por ciento de la población residente en España en 2013, frente al 22,2 por ciento registrado el año anterior. En la Murcia de Valcárcel la tasa de riesgo de pobreza se encuentra ya en el 29,9 por ciento.
   La encuesta destaca la disminución de esta tasa entre los mayores de 65 años (de 2,6 puntos entre 2012 y 2013) mientras que la tasa de los menores de 16 años baja 1,2 puntos. La encuesta también considera en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar que, en el caso de los mayores de 65 años --mayoritariamente propietaria de su vivienda--, presenta el menor porcentaje de riesgo de pobreza, que se sitúa en el 6,3 por ciento en 2013.
   La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. Es decir, precisa el INE, no mide la pobreza absoluta sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.
   La encuesta añade que los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011. Por este motivo, el INE indica que al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza que, en este 2013, se sitúa para los hogares de una persona en 7.040 euros, un 2,0 por ciento menos que el estimado en el año anterior, mientras que en hogares compuestos por dos adultos y dos menores, el umbral es de 14.784 euros.
   En la encuesta también se menciona el Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020), un nuevo indicador agregado que combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo. Es decir, que se usa para aquel sector de la población que está, al menos, en alguna de esas tres situaciones.
   En 2013, el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 28,0 por ciento de la población residente en España, frente al 28,2 por ciento registrado en 2012 y el 27,7 por ciento en 2011.
   El INE también publica este miércoles los resultados definitivos de la ECV del año 2012 (ingresos de 2011), que permiten una desagregación más detallada de la tasa de riesgo de pobreza y del ingreso medio en función de características como el nivel de estudios o el tipo de hogar.
   Así, la tasa de riesgo de pobreza, sin considerar el alquiler imputado, difiere en función del nivel de formación del individuo ya que el 27,1 por ciento de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o inferior está en riesgo de pobreza. Por su parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reduce al 9,4 por ciento.
   En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza respecto al tipo de hogar, el 36,9 por ciento del total de personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza. En relación con la actividad, el 40,3 por ciento de los parados está en riesgo de pobreza mientras que el 10,7 por ciento de los jubilados se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
   Por último, atendiendo a la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza es del 18,5 por ciento para los españoles, del 31,2 por ciento para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 46,0 por ciento para las personas cuya nacionalidad no es de un país de la UE.
   Por otro lado, el 16,9% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, el porcentaje más alto registrado en todo el periodo de crisis, según el INE. En 2012, los hogares que expresaban mucha dificultad para llegar a fin de mes eran el 13,5%, es decir, 3,4 puntos menos que los que se encuentran en esta situación este año.
   Por comunidades, Murcia encabeza la lista donde más hogares llegan con mucha dificultad a fin de mes, con un 24,8%, esto es, casi uno de cada cuatro. Le siguen Andalucía (23,4%) y Extremadura (20,9%), mientras que las regiones con los porcentajes más bajos son Navarra (4,7%), Asturias (7,1%) y Castilla y León (8,5%).
   La estadística también revela que el 40,9% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, proporción que ha descendido respecto a 2012, cuando los hogares en esta situación alcanzaban el 41,4%.
   Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado este año en el 45,8%, también cifra récord en la crisis, y bastante superior a la de 2007 (37%).
   La encuesta revela además que el 79,2% los hogares españoles tenía una vivienda en propiedad en 2012. De ellos, el 50,7% no pagaba hipoteca, mientras el 28,5% poseía vivienda en propiedad pero con una hipoteca pendiente. Otro 12% de los hogares estaba pagando un alquiler a precio de mercado, el 2,5% vivía de alquiler, pero a precios inferiores al mercado y el 6,3% disfrutaba de una vivienda gratuita.

El Parlamento Europeo solicita a Ecologistas en Acción información sobre El Gorguel


CARTAGENA.- El Parlamento Europeo ha remitido un escrito a Ecologistas en Acción solicitándole información sobre el estado de tramitación del proyecto de Instalación de una Terminal de Contenedores en El Gorguel.

   Según expone la organización, la Secretaría de la Comisión del Parlamento Europeo ha solicitado información sobre el estado de tramitación de dicho proyecto, con el fin de estar al tanto de si se está cumpliendo o no la legislación europea en materia de medio ambiente.
   La solicitud responde un año después a la petición parlamentaria que envió Ecologistas a Europa para alertar de los posibles impactos sobre la Red Natura 2000 del proyecto de macropuerto que la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) proyecta en El Gorguel.
   En este sentido, Ecologistas en Acción recuerda que la Comisión de Peticiones destacó que las autoridades competentes tendrán que asegurar el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 6 de la Directiva Hábitats, que entre otros, marcan que en caso de que repercusiones negativas sobre espacios de la Red Natura 2000, el proyecto solo podrá autorizarse a falta de soluciones alternativas, si es de interés público de primer orden y a condición de que se adopten las medidas compensatorias necesarias para proteger la coherencia de la red Natura 2000, y que por tanto se mantendrían vigilantes ante este proyecto.
   El colectivo ecologista ha informado a la Secretaria del Parlamento que tras analizar en profundidad el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), la asociación presentó un amplio informe de alegaciones donde solicita expresamente que se deseche este proyecto ya que, entre otras cosas, "incumple sobre manera las recomendaciones realizadas por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino", ya que tanto en el ISA como en el Plan Director de la Nueva Dársena "se impone la alternativa de ubicación del Gorguel por encima de todas las demás, algo que es contrario a la base del análisis del alternativas que exige la ley".
   Natalia Martín, responsable de Medio Marino, destaca que "en la respuesta a Europa hemos reiterado nuestro absoluto rechazo a este megalómano proyecto. El análisis ambiental del ISA ha sido tomado por la consultora y por la APC como un mero trámite para conseguir sus objetivos" y añade que "la calidad del ISA es bastante deficiente en cuanto a al análisis de la realidad ambiental y social de la zona, mostrando por ello escaso rigor científico y técnico".
   Ecologistas en Acción comunica que seguirá muy de cerca el trámite de este proyecto, asegurando que se cumpla la legislación nacional e internacional vigente, y tomando las medidas necesarias para que El Gorguel siga conservando sus elevados valores para el uso y disfrute de toda la sociedad "y no acabe sepultado por un proyecto megalómano, innecesario y que dispone de una alternativa clara que en su día se vendió con los mismos argumentos y que ya ha producido importantes impactos, pero que sin embargo está inconclusa e infrautilizada", como es la Dársena de Escombreras.

CCOO, UGT y USO se unen a la Marcha de Mareas y esperan que el TSJ rectifique la decisión "dictatorial" de la Delegación del Gobierno

MURCIA.- CCOO, UGT y USO han hecho un llamamiento a la sociedad para que este sábado salgan a la calle y se manifiesten contra "los recortes y la política de austeridad" de los gobiernos nacional y regional. Así, los sindicatos, bajo el lema 'Emplea tu fuerza', se han sumado a la movilización de la Marcha de Mareas y se unirán en la Plaza Fuensanta, de Murcia, punto donde confluirán las distintas mareas.

   Respecto al "alegato" que ha realizado la Delegación del Gobierno en relación al recorrido propuesto por la Marcha de Mareas, los sindicatos confían en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia "anule" dicha decisión y mantengan la marcha tal como estaba desde un principio.
   Y es que, ha asegurado el secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, "no se va a producir ningún tipo de colapso de tráfico e inseguridad de las personas, ya que los manifestantes son gente solidaria".
   Disconformes entonces con el alegato de la Delegación de Gobierno, que ha propuesto un recorrido alternativo, Jiménez ha expresado su convencimiento de que el TSJ "rectificará esa decisión arbitraria y dictatorial de la Delegación del Gobierno".
   Por su parte, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, que ha aclarado que "no se solicita permiso para el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que se comunica", ha advertido que "por primera vez una Delegación del Gobierno redacta un texto prohibiendo en esos términos el desarrollo de esa manifestación que habíamos comunicado los sindicatos".
   Por otro lado, lamenta, "por primera vez conocemos que la Delegación, sin poner encima de la mesa los argumentos y el informe que dice tener del Ayuntamiento de Murcia, modifica el itinerario de una manifestación, la primera vez que conozcamos en la historia democrática de la Región y eso denota cierto nerviosismo y el aislamiento social en el que se encuentra el PP".

La suerte de la 'Marcha de las Mareas' está ahora en manos del TSJRM y no de la Delegación del Gobierno


MURCIA.- La Delegación del Gobierno en la Región se ha opuesto al recorrido escogido para el desarrollo de la Marcha de Mareas del próximo sábado en Murcia alegando que "supone un peligro para la seguridad ciudadana" y ha propuesto un trayecto alternativo que los convocantes consideran "inaceptable", por lo que los organizadores han recurrido esta decisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, según '20 Minutos'. 

La Marcha había sido convocada por más de un centenar de organizaciones sociales, profesionales y sindicales bajo el lema 'Contra los gobiernos que destruyen los derechos. Por un sistema democrático al servicio de la ciudadanía ¡Gobierno dimisión!', con el fin de denunciar los "recortes ilegítimos de derechos de la ciudadanía en diferentes áreas que persiguen dejarnos sin Estado del Bienestar". 
Los organizadores habían convocado diversas concentraciones a las 18.00 horas en distintos puntos de toda la ciudad, desde los que tomarían la salida las ocho diferentes 'Mareas' que componen la Marcha. Todas ellas tenían previsto confluir en la plaza de la Fuensanta, de Murcia, frente a El Corte Inglés de la avenida Libertad y, desde allí, partir todas juntas por la Gran Vía hasta la plaza Martínez Tornel, en la cuesta del Puente de los Peligros. 
 En concreto, la Marea Blanca en defensa de la Sanidad pública tenía previsto salir del Hospital Morales Meseguer; la Marea Verde que lucha por la Educación tenía previsto concentrarse en la Consejería de Educación, Universidades y Empleo; y la Marea contra los desahucios y por el derecho a la vivienda tenía previsto reunirse en la Consejería de Obras Públicas. Además, la Marea Negra contra los recortes en el empleo público había sido convocada en la Glorieta de España; la Marea por el empleo digno y la renta básica saldría desde el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de Ronda Norte); y la Marea por las pensiones dignas o Yayoflautas se unirían a la Marcha desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la avenida Alfonso X. Igualmente, la Marea Naranja contra los recortes en servicios sociales y la Dependencia iba a congregarse en la Plaza Circular; y la Plataforma Prosoterramiento, a favor del transporte público y Costera Sur se reuniría en el paso a nivel de Torre de Romo-Santiago el Mayor. 
La Delegación del Gobierno ha autorizado estos puntos de salida y la manifestación final desde la plaza de la Fuensanta y desde el barrio del Carmen hasta la plaza Martínez Tornel. Sin embargo, el problema es que la Delegación "no autoriza el corte de calles para que las distintas Mareas lleguen hasta la plaza de la Fuensanta" alegando como "excusa" que "no se puede garantizar la seguridad ciudadana"
Así lo han hecho saber los organizadores del evento, quienes pidieron permiso a la Delegación del Gobierno con 16 días de antelación, seis días más del plazo que es preceptivo, ya que la Ley establece que es obligatorio comunicar las manifestaciones con diez días de adelanto. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha contestado "cinco días antes de la manifestación" denegando la solicitud original y ofreciendo alternativas que, a juicio de los convocantes, "son inaceptables y desvirtúan la Marcha"
Además, lamentan que ahora "ya es tarde" y "no hay tiempo para modificar el recorrido". Creen que hay "motivos políticos". En concreto, la Delegación del Gobierno "autoriza los puntos de concentración y salida de la manifestación, así como los puntos de llegada, pero rechaza los recorridos para llegar de unos lugares a otros", según ha señalado el portavoz de los convocantes, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Molina de Segura y del Frente de Acción Estudiantil (FAI), Fernando Miñana. 
 Los convocantes creen que esta resolución de la Delegación del Gobierno "no se ajusta a derecho", y critican que "se están coartando derechos como el derecho a manifestación o a la libertad de expresión". Por contra, creen que el verdadero motivo por el que el Gobierno se opone al trayecto es porque "tiene miedo", ya que la manifestación "va a ser masiva"
 Como gesto de "buena voluntad", representantes de la organización de la Marcha de Mareas se han dirigido a la Delegación del Gobierno para intentar mantener una reunión con el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, pero este encuentro ha sido denegado. Media hora después, habrían recibido una llamada y fueron recibidos por el secretario general de la Delegación. Ante la falta de acuerdo, la Delegación les ha ofrecido presentar otra solicitud de manifestación o que recurran al TSJ. Puesto que "ya no hay tiempo de solicitar otra manifestación", los organizadores han decidido acudir a la Justicia para reclamar que se les permita "ejercer este derecho"
La Delegación esgrime que, de producirse la convocatoria de ocho manifestaciones, "no se garantiza el paso de vehículos de emergencias y los accesos a centros sanitarios", pero los convocantes consideran que detrás se esconden "motivos políticos propios de una dictadura, encaminados a coartar el derecho a la libertad de expresión o a la manifestación". Además, reprochan que el argumento esgrimido por la Delegación, consistente en que no se pueden cortar las calles, "serviría también como motivo para prohibir otras manifestaciones culturales o religiosas, como las procesiones de Semana Santa, el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina"
 Por ejemplo, critican que la celebración de una victoria deportiva se produce "en el mismo momento y se establece el dispositivo de seguridad paralelamente", por lo que se preguntan "por qué se tiene que prohibir una manifestación". Los organizadores no se han plegado a las intenciones de la Delegación y han mantenido la convocatoria en los mismos términos, tanto en los recorridos como en la fecha y los horarios. 
En este sentido, han confirmado un recurso al TSJ y la respuesta "tiene que llegar antes de la fecha de la Manifestación". No obstante, han recordado que "hay precedentes" de otras manifestaciones en las que la Delegación del Gobierno "ha intentado hacer la misma maniobra", pero que el TSJ autorizó finalmente, como la manifestación contra la guerra de Irak o la manifestación contra los recortes de hace unos años. 
Miñana lamenta que la Delegación "no tiene ninguna voluntad de acuerdo" y los organizadores de la Marcha mantienen la convocatoria a pesar de todo. Además, confían en que la Justicia les dé la razón. "No hay motivos de seguridad ciudadana, sino motivos de carácter político, en tanto que otro tipo de manifestaciones culturales o festivas sí se están permitiendo", según Miñana, quien ha hecho un llamamiento "masivo" a la población para que salga ese día a manifestarse y a defender sus derechos. 
El portavoz de la Marcha ha explicado que el motivo de la manifestación es también denunciar públicamente que el dinero que podría ser destinado a estos servicios sociales "está sirviendo para rescatar a la banca o directamente se pierde con la corrupción". A su juicio, "están empleando la crisis para imponer un modelo neoliberal y establecer un gobierno en contra de los ciudadanos", por lo que exigen que el Ejecutivo "esté sometido a la voluntad de los ciudadanos".

Carta a todas tus catástrofes / Fernando Miñana y Ángel L. Hernández *

Señores y señoras del Gobierno, partidos que promueven los recortes y las reformas antisociales, grandes empresas y bancos que despiden y desahucian, les dirigimos esta carta con el ánimo encendido, no lo negamos.

En primer lugar permitidnos que no moderemos nuestro lenguaje. No queremos ser moderados si eso implica asumir los recortes, comprender las reformas estructurales, aceptar que millones de jóvenes no tengan futuro y millones de personas no tengan presente, para que un puñado de grandes empresas sigan sacando tajada de la situación. No podemos responder con moderación a una emergencia social, como tampoco con desesperanza ante a catástrofe, porque esta catástrofe tiene culpables y, sobre todo, soluciones.

Miles de los nuestros han sido desahuciados, muchos más despedidos de sus trabajos, otros tantos expulsados de las aulas por no poder pagar las abusivas tasas académicas, miles expulsados de la sanidad, muchos enfermos crónicos condenados a muerte al no poder pagar sus medicamentos, otros derretidos a multas por ejercer su derecho a la protesta pacifica, miles cuidando a personas dependientes por la inacción del Estado. Millones en el paro, también millones sin cobrar ya prestación alguna, otros tantos en la exclusión social.

Una auténtica catástrofe humana que hemos tenido a bien llamar crisis. Una insultante sucesión de datos, estadísticas que reflejan millones de vidas rotas por los criminales mecanismos de este modelo de sociedad.

No se sorprendan de que muchos hayamos decidido no quedarnos quietos ante esto y empezar a construir la alternativa. Educación, sanidad, desahuciados, pensionistas, servicios sociales, trabajadores y parados estamos cada vez más decididos a que esto cambie de una vez.

No, no se asusten de que hayamos decidido hablar de democracia. De la democracia de los 'escraches', de la democracia de la manifestación multitudinaria, de la democracia de las huelgas y los piquetes, de la democracia del debate en el espacio publico. En definitiva, hablamos de la DEMOCRACIA con mayúsculas que el pueblo va construyendo por encima de un régimen que solo nos garantiza miseria y represión.

Y sí, tengan el mismo miedo que nosotros tenemos a perderlo todo, a verse un día en la calle sin nada, a ver como su mundo se derrumba y como tienes que dar un giro de 180 grados en tu vida. Porque cuando ustedes han decidido que es más importante mantener las altas tasas de beneficios de las grandes empresas y la banca que el trabajo digno, la educación de todos, la sanidad, pensiones o servicios sociales, cuando ustedes tienen claro que un 57% de paro juvenil es el negocio que les permite esclavizar mano de obra, o cuando ustedes se niegan, día sí día también, a dar explicaciones por sus errores, estafas y corruptelas, ustedes nos están abriendo los ojos y están poniendo en nuestras cabezas la necesidad de cambiar esto de una vez. Sepan que esa realidad que ustedes están generando en su infinita avaricia ya se está volviendo en su contra, y que hoy no solo tienen a miles de ciudadanos movilizados y organizados en toda España, sino que tienen a todos esos ciudadanos con una conciencia cada vez mayor de que somos muchos contra unos pocos. Ustedes nos están llevando a unirnos para acabar con su negocio y para construir la alternativa. Tengan ustedes claro que estamos haciendo camino, y que ese camino se llama en Murcia Marcha de Mareas.

Nuestro llamamiento es a llenar las calles de Murcia el día 23 de noviembre, pero también, y ante todo, a que demos un paso más en la construcción de la alternativa: es responsabilidad de todos el hacer que el que no ha salido nunca a manifestarse lo haga, que el que se manifiesta, se organice, que el que se rebela contra una injusticia sufrida vea que es la misma que sufren todos, que el que hoy está luchando por cualquier conflicto sectorial sea consciente de que es igual de importante pelear por un mundo más justo...

Contra los Gobiernos que destruyen derechos. Por un sistema democrático al servicio de la ciudadanía. ¡Gobierno dimisión!

(*)  Portavoces de 'Marcha de Mareas'

A desurbanizar / Felipe Iracheta *

Yo pregunto a los presentes

si no se han puesto a pensar

que esta tierra es de nosotros

y no de los que tengan más.

Yo pregunto si en la tierra

nunca habrá pensado usted

que si las manos son nuestras

es nuestro lo que nos den.

A desalambrar, a desalambrar

que la tierra es nuestra

tuya y de aquel…


Esto cantaba Víctor Jara antes de que Pinochet lo asesinara por el peligro que representaba empuñar una guitarra como toda arma.

Salvando las distancias y empuñando pluma y papel, pienso que aquí también ha llegado la hora desalambrar, de eliminar las alambradas virtuales, pintadas en un plano, que transforman un suelo rústico en urbanizable incrementando con ello el valor de los terrenos, un arma de doble filo de efecto bumerang que se ha tornado en contra de más de un iluso propietario que en vez de recibir el maná de los viejos tiempos, reciben el impuesto del IBI actualizado.

Por ello, lo que toca ahora es desurbanizar, dejar la tierra como estaba sin mas atributos que los que le son inherentes a su naturaleza rústica. Desurbanizar significa desclasificar la inmensa cantidad de suelo que en los gloriosos años de la burbuja inmobiliaria se reclasificó estúpidamente a lo largo y ancho de la geografía murciana, para mayor gloria y bolsillo de especuladores y algún que otro afortunado y para ruina y desgracia de inversores, propietarios, agricultores y el sector agropecuario en general, incluido el sector conservero.

Agricultores, propietarios e incluso inversores de buena fe, clamaban por la reclasificación de sus tierras y así obtener grandes plusvalías. Creían que les iba a salir gratis por eso de que a nadie le amarga un dulce, pero no ha sido así. El algunos casos se vendió el alma al diablo y se firmaron engañosos convenios urbanísticos cuyas contraprestaciones ahora no pueden pagar, en otros se vendió con opciones de compra o a cambio de obra y ahora no tienen ni el dinero ni los terrenos que el comprador hipotecó al banco y por último los mas afortunados siguen con la frustración de sus tierras baldías en espera de mejores tiempo.

Pero hete aquí, que no contaban con la pérfida Hacienda, si, con la hacienda pública siempre ávida de recaudación a través del IBI, que llegada la hora revisó los valores catastrales en función de la clasificación urbanística del terreno y les pegó el estacazo. Tierra recalificada, tierra revalorizada e impuesto correspondiente, impuesto que ahora escuece hasta el punto de que los que antes clamaban por la reclasificación ahora claman por la desclasificación.

Los impuestos, digamos que eran soportables cuando existían expectativas, ahora no hay expectativa alguna y solo quedan los impuestos, préstamos e hipotecas resultantes de vender la piel del oso antes de cazarlo, agua para todos, pisos para todos, mercedes para todos.

La crisis económica y particularmente en lo tocante al estallido de burbuja inmobiliaria, está poniendo las cosas en su sitio, nos devuelve a la realidad de lo que debía ser el urbanismo y no a la del urbanismo disparatado que nuestros responsables públicos nos pusieron delante de nuestras narices como si de una zanahoria se tratara. El error, el inmenso error que cometieron les proporcionó enorme rédito político, hasta el punto que la huerta tradicional de grandes propietarios de derechas, aparceros y medieros de izquierda, se transformó en la huerta de pequeños propietarios devenidos en conservadores.

La incompetencia y la responsabilidad de haber alentado falsas expectativas y con ello llevado a la ruina a haciendas y hacendados, empresarios, industriales, inversores y afines, nunca la van a reconocer sus responsables porque se creen poseídos de la verdad absoluta del liberalismo urbanístico que nos invade al margen de toda racionalidad y porque en algunos casos tendrían que devolver la pasta, la mordida y demás prebendas que la reclasificación urbanística proporcionaba.

Está ahora por ver, y este es el dilema, si los otrora entusiastas de enladrillar el municipio todo, están ahora por la labor de desurbanizar y devolver a las tierras sus verdaderos atributos rústicos, como demandan los pequeños y medianos propietarios que al fin y al cabo son los que votan en el municipio que es lo que en el fondo les importa, o si por el contrario habrá que estar a lo que manden los grandes propietarios y los bancos que mantienen hipervaloradas fincas e hipotecas por eso de la cuenta de resultados y balances, al menos hasta que se la endosen, mejor dicho nos la endosen, al mal llamado banco malo.

Para mayor complejidad nos podemos encontrar con lo sucedido en Irlanda e Islandia, también afectadas por la crisis y la burbuja inmobiliaria donde han optado por demoler casas y urbanizaciones completas para mantener los precios y equilibrar la oferta y la demanda, algo así como hacemos aquí con los limones y tomates cuando hay excedentes. No se si llegaremos hasta ese extremo, de lo que si estoy seguro es de que solo se demolerán casas si existe el riesgo, mas que probable por el camino que vamos, de que sean ocupadas por los desahuciados “antes muerta que sencilla”

¡Es el urbanismo, estúpido!

(*) Arquitecto y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia