jueves, 12 de diciembre de 2013

Moody's eleva a estable desde negativa la perspectiva del rating de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha revisado al alza la perspectiva de los ratings de una decena de regiones españoles, que pasa a ser estable desde negativa, como consecuencia de la reciente mejora de la perspectiva de la nota de solvencia de España.

   En concreto, la mejora de perspectiva afecta al rating 'Baa2' del País Vasco y a las calificaciones 'Baa3' de Madrid, Castilla León y Galicia, así como a las notas 'Ba1' de Extremadura, 'Ba2' de Andalucía, y 'Ba3' de Murcia, Castilla la Mancha y Cataluña. También, en el caso del rating 'Ba1' de Valencia.
   Asimismo, la calificadora de riesgos ha elevado a estable desde negativa la perspectiva de los ratings de la provincia de Vizcaya, la ciudad de Barcelona y el Instituto Valenciano de Finanzas.
   "Estos cambios en la perspectiva de los ratings se explican por el cambio en la perspectiva del rating soberano 'Baa3' de España el pasado 4 de diciembre y la fuerte correlación entre el riesgo del emisor soberano y de las entidades regionales y locales como reflejan sus vínculos macroeconómcios y factores institucionales", indicó la agencia.

Lo confirma Bernal

La agencia de calificación de riesgos Moody's ha elevado la perspectiva de rating de Murcia de "negativa" a "estable", ha informado hoy en un comunicado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal.
Para el Gobierno murciano, el cambio de perspectiva "es un hecho importante por ser el primer dato positivo después de cuatro años" y supone "que la Comunidad Autónoma de Murcia ya está mejorando".
Bernal señaló que "es una muestra de confianza en la gestión financiera que estamos haciendo, pese a las muchas dificultades que tenemos en la actual situación de crisis", y añadió que "el proceso de contención del déficit y la política rigurosa que aplicamos nos permite que las agencias de calificación vuelvan a confiar en la Región como ya lo hizo Fitch el pasado mes de noviembre".
Según el consejero, Moody's muestra su confianza en los mecanismos de financiación del FLA al considerarlo un importante respaldo del Estado a las comunidades autónomas.
Además, asegura que con ello las regiones serán capaces de cumplir con sus obligaciones financieras durante el tiempo que la presión fiscal persista sobre el sector regional.
En este sentido, Juan Bernal manifestó que "estos mecanismos son un refuerzo a nuestra solvencia, la evidencia de que existe un Gobierno de la Nación dispuesto a apoyar a las comunidades, algo que no pasó antes cuando había un Gobierno socialista, por lo que ahora es un apoyo que nos asegura ser más solventes y tener una mejor situación financiera".

Según Valcárcel, el Gobierno regional suscribirá en "pocos días" el préstamo para el aeropuerto

MURCIA.- El presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha adelantado este jueves que el Gobierno suscribirá "de aquí a pocos días" el préstamo para el aeropuerto de Corvera, de forma que al Ejecutivo murciano "se le liberará" del mismo, un aval de 200 millones de euros, "de aquí a muy pocos meses".

   Al hilo, Valcárcel ha subrayado que el aeródromo está "terminado y construido y no es una quimera", por lo que cree que en "se va abrir el próximo año". Respecto al crédito, ha insistido en que la Comunidad "quedará liberada del mismo, que no costará dinero a los murcianos, cuando la concesionaria se haga cargo del mismo".
   "En el peor de los casos, supongamos que no hay acuerdo, que la concesionaria ve la imposibilidad de hacer frente a esta situación, pues tenemos preparado un concurso que no hemos puesto en marcha, aunque la negociación va bastante bien, y que dice que quien gana es el que asume inmediatamente el préstamo", ha aclarado en una entrevista a RNE.
Valcárcel ha asegurado que la negociación para la apertura del aeropuerto de Corvera con la Sociedad Concesionaria 'Aeromur' "va bastante bien" y espera que en unos meses se logre el acuerdo.
Valcárcel reiteró que ese aeropuerto no costará nada a los murcianos, ya que si finalmente se logra el acuerdo sería 'Aeromur' el que haría frente al crédito que liberase el aval de 200 millones de euros al que debe hacer frente la Comunidad Autónoma.
Preguntado por la comparación de este aeropuerto con el de Castellón, respondió que a diferencia de aquel, el de Corvera cuenta pasajeros, en concreto el millón con los que cuenta el de San Javier, cifra que se incrementará cuando abra Corvera porque actualmente la Academia General del Aire está limitando el número de vuelos.

El Gobierno central ha puesto a disposición de la Comunidad de Murcia un crédito del ICO para evitar que los bancos acreedores del aeropuerto de Murcia ejecuten ese aval concedido por el gobierno regional a los promotores del aeródromo.
"Es verdad que asumimos un aval de 200 millones que se convierte en préstamo del Gobierno", dijo el jueves Valcárcel, aunque agregó que no veía peligro de que en algún momento el rescate produjera un agujero en los presupuestos públicos.
"Una vez que la concesionaria retome los trabajos para la apertura de ese aeropuerto, lo primero que hace es asumir y descargar a la Región de Murcia de ese préstamo," dijo.
El presidente murciano aseguró que el aeropuerto de Corvera - cuyas obras están paralizadas desde hace dos años- no ha costado ni va a costar un euro a los murcianos y achacó los retrasos en la puesta en marcha de la infraestructura a la crisis económica que sufría España durante los últimos años.
El Aeropuerto Internacional de Murcia, cuya construcción comenzó en 2008, tendrá teóricamente capacidad para unos tres millones de pasajeros al año, pero sigue paralizado desde hace dos y no cuenta con los corredores de espacio aéreo necesarios para recibir aviones sumándose a la lista de aeródromos "fantasma" que se crearon en España en los años del "boom" inmobiliario.
No obstante, Valcárcel dijo que el aeropuerto se va a abrir a comienzos de 2014: "Por razones de la crisis, la empresa concesionaria no ha abierto, ahora estamos negociando y creo que se va a abrir el próximo año, de aquí a pocos meses", dijo.
Agregó que en caso de verse frustrados estos planes con la concesionaria, el gobierno regional estaría dispuesto a buscar un nuevo dueño que se haga cargo de la infraestructura y de los préstamos correspondientes, liberando al Ejecutivo murciano de sus cargas financieras.
"¿Es un préstamo que el Gobierno va a suscribir de aquí a unos días? Sí. ¿Es un préstamo del que el Gobierno se va a liberar de aquí a muy pocos meses? También", dijo Valcárcel.
La actual concesionaria del aeropuerto de Corvera está en manos de un grupo compuesto por Sacyr, dos entidades financieras regionales y varias empresas locales.
El aeropuerto de Corvera se encuentra a solo 40 kilómetros del aeropuerto militar-civil de San Javier y también cerca de los aeropuertos de Alicante y Almería.
Un poco más lejos, 350 kilómetros al oeste, se encuentra el aeropuerto de Ciudad Real, bajo administración judicial y en busca de un nuevo dueño que pagaría solo una décima parte de los 1.000 millones de euros que el proyecto ha costado.

Nadie le asegura todavía a Valcárcel que finalmente pueda ir en la lista al Parlamento Europeo

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha reconocido este jueves, preguntado sobre si irá en las listas europeas para las próximas elecciones, que es algo que le gusta y le "seduce" y, ciertamente, "es una posibilidad que cada día adquiere más cuerpo".
    "Es una decisión no del todo tomada, aunque diría en un 90% hay una basculación hacia esa posibilidad y quedaría un 10% en el que probablemente por ahí pueda escapar la idea al final, cosa que no creo que sea así", ha desvelado en una entrevista concedida a RNE.
   La cuestión, ha apuntado, es que deja un año antes la Presidencia del Gobierno murciano porque, a su juicio, "una vez que tengo claro y es evidente que no voy a repetir otra vez como candidato a la Presidencia del Gobierno", es bueno que la persona que le suceda en esta posibilidad "disponga de un año por delante para familiarizarse y hacerse con lo que supone presidir un Ejecutivo murciano y hacerlo coincidir con la cabeza de candidatura otra vez en 2015 para las elecciones en Murcia".
"Tengo claro que no voy a repetir como candidato", remarcó,  a lo que insistió que hay un 90% de posibilidades de que vaya en la lista del PP en las próximas elecciones europeas. "Muy posible que sea así", añadió, y señaló que como presidente del Comité de las Regiones está familiarizado con Bruselas.
Respecto al candidato a encabezar la candidatura a las elecciones europeas en las listas del PP, dijo que tanto Miguel Arias Cañete como Jaime Mayor Oreja son "dos magníficos candidatos", el primero por sus éxitos como ministro en la negociación de la PAC y de los acuerdos con Marruecos, y el segundo por su "mucha experiencia en terrenos europeos".
Preguntado por cual de los tres candidatos a su sucesión es su preferido, indicó que tanto el consejero de Economía, Juan Bernal, como el de Educación, Pedro Antonio Sánchez, como el diputado regional Juan Carlos Ruíz son buenos candidatos y no se decanta por ninguno de ellos, recordando que será una Junta Directiva quién decida cuál será el candidato. "En mi corazoncito caben los tres", aseveró.

Asociaciones de vecinos y ecologistas reclaman al Ministerio la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Portmán

MURCIA.- Organizaciones vecinales y sociales de Portmán, La Unión y Cartagena, y ecologistas de la Región de Murcia, se han dirigido nuevamente al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para reclamarle la convocatoria "urgente" de la Comisión de Seguimiento y la licitación del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán.

   Tras advertir de "los interrogantes que suscita entre los ciudadanos la nueva propuesta presentada por las empresas Aria y Acciona para la explotación de los minerales de hierro existentes entre los estériles de la Bahía", las organizaciones firmantes recuerdan que esta Comisión "lleva sin reunirse más de dos años, incumpliendo gravemente el Convenio vigente suscrito entre el Ministerio, la Comunidad y el Ayuntamiento de La Unión, que fija un mínimo de dos reuniones al año, además de la posibilidad de sesiones extraordinarias".
   A su juicio, "la paralización de la licitación del proyecto de regeneración de la Bahía y de las obras de adecuación de la Corta San José que estaban en marcha a finales de 2011, así como el nuevo proyecto que se plantea ahora para la explotación del mineral de hierro en la Bahía, son hechos de la suficiente importancia como para que se hubiera convocado la Comisión de Seguimiento".
   Respecto al nuevo proyecto solicitado por las empresas Acciona y Aria, las organizaciones firmantes valoran positivamente que el Ministerio afirme que "no se trata de sustituir un proyecto de ordenación ambiental por otro de explotación de la bahía como recurso minero y que se trataría, en una primera fase, de ejecutar el proyecto de regeneración, tal y como fue aprobado y licitado".
   "En un segundo momento, de analizar la posibilidad de ampliar su ejecución, siempre que ambientalmente sea posible y requiriendo todas las garantías necesarias", para lo que el Ministerio añade que "es necesario analizar cada una de las cuestiones que plantearon las organizaciones en su anterior escrito, iniciando para ello los procesos de evaluación ambiental e información pública que resulten necesarios".
   Sin embargo, los firmantes señalan que estas afirmaciones del Ministerio "entran en contradicción con la propuesta presentada en la Dirección General de Minas por las empresas citadas para la declaración de recurso minero de los estériles de la Bahía de Portmán, puesto que la solicitud es para poder hacer una explotación minera en la Bahía de Portmán reclamando la autorización para su aprovechamiento y su derecho preferente para el mismo, por un plazo inicial de cinco años como mínimo".
   Sostienen que "si la voluntad del Ministerio es mantener y ejecutar el proyecto de regeneración ambiental tal y como fue aprobado, es inadmisible la desaparición completa de la partida nominativa plurianual para Portmán en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, después de que ni siquiera se haya ejecutado la de los dos años anteriores".

El PSRM señala que el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto "la desastrosa gestión" del Gobierno regional

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, y la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, han explicado este jueves que el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la Comunidad Autónoma "hace una evaluación desastrosa de la gestión del Gobierno regional".

   El informe, que contiene los datos de 2010 y 2011, advierte de irregularidades administrativas e incluso de varios supuestos de responsabilidad penal, han afirmado, "además de manifestar con claridad que la situación financiera de la Comunidad es pésima, y su viabilidad, con la gestión de Ramón Luis Valcárcel, está en duda". De hecho, ha subrayado Tovar, "Valcárcel llegó prometiendo que Murcia sería la California de Europa y sin embargo nos va a dejar como el Detroit de España".
   Tovar y Retegui han señalado en rueda de prensa que el Tribunal de Cuentas advierte que las decisiones de gasto "están fuera de control" en la Región, "tal como el PSOE venía advirtiendo", o que los datos sobre las cuentas que ofrece el Gobierno de Valcárcel "no dan la imagen real de la situación económico-financiera".
   Este organismo público también critica la política de avales que practica el Gobierno de Valcárcel, y pone varios ejemplos de esa "mala práctica" como son los avales concedidos al aeropuerto de Corvera o el desastre de la desalinizadora de Escombreras.
   De hecho, ha indicado Tovar, "llega a afirmar que la discrecionalidad en la actuación del Gobierno regional, tanto en la política de avales, como en la de concesión de subvenciones (un 25 por ciento de las subvenciones en 2011, y un 18 por ciento en 2010, se adjudicaron a dedo), significan un riesgo para la viabilidad de la Comunidad Autónoma", además de lo que supone "de falta de transparencia".
   Otra cuestión, ha apostillado Retegui, "es que el Servicio Murciano de Salud está, literalmente, al borde de la quiebra". Como causas, "aparte del mal acuerdo sobre transferencia sanitaria que firmaron en su día el ex consejero Francisco Marqués, el actual vicepresidente Juan Bernal, y el propio Valcárcel", el informe del Tribunal de Cuentas "señala la deficiente gestión y el despilfarro en la adquisición de productos a precios por encima de los pactados".
   Apunta que el déficit del SMS era, a 31 de diciembre de 2011, de 1.286 millones de euros, un déficit que, según denuncia el Tribunal, "los Presupuestos de la CARM no recogen cómo financiarlo".
   El PSOE ha querido dejar claro que la Sanidad sí es sostenible "a pesar de que el PP quiera que no lo parezca", lo que "no es sostenible es la gestión que el Gobierno del PP hace de ella en nuestra Comunidad", han señalado los socialistas.
   A todos estos datos hay que añadir, según señala el Tribunal de Cuentas y explican los responsables socialistas, que el índice de morosidad de la deuda de la CARM y de las cuentas del SMS "ponen en riesgo la propia solvencia financiera de nuestra Región".
   Por ejemplo, han especificado, en 2011 la Comunidad tuvo que hacer frente a más de 171 millones de euros por gastos de demora por impagos, y pagó hasta 2011 más de 3 millones de euros tras emitir los Tribunales de Justicia sentencias por la ilegalidad en la contratación de asistencias técnicas.
   En general, "el informe habla de una gestión muy deficiente y un mal control de las cuentas de la Comunidad, a la vez que pone de manifiesto que el Gobierno regional no dice cuál es la realidad de la tremenda situación financiera", han señalado Tovar y Retegui, que han recordado las denuncias que el PSOE ha venido realizando ante las duplicidades, la falta de control y de cumplimiento de los planes de reequilibrio financiero.
   "El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión del Gobierno regional, avala nuestras denuncias, y alerta de la gravedad de la situación económico-financiera", ha insistido el secretario general del PSRM.
   Para González Tovar y García Retegui, este informe, que llegará próximamente a la Asamblea Regional, es "una enmienda a la totalidad" de la gestión de Valcárcel, "que ha consistido en hacer una bola cada vez más grande hasta lograr que la Comunidad no sea viable", pero, han concluido, "esto hay que corregirlo, cambiar la política, tal como defendemos los socialistas".

El Tribunal de Cuentas dice que el SMS no es sostenible financieramente, salvo que la economía regional crezca entre un 4 ó 5% al año

MURCIA.- El Tribunal de Cuentas considera que la sostenibilidad financiera del sistema sanitario murciano "plantea serias incertidumbres", salvo que la economía regional "crezca entre un 4 y un 5 por ciento al año", lo que permitiría "un aumento suficiente de los ingresos regionales para financiarlo", aunque "son tasas que están bastante alejadas de las últimas previsiones de crecimiento de España realizadas por diversos organismos internacionales".

   Y es que, especifica en un informe, que contiene los datos de 2010 y 2011, el crecimiento del gasto sanitario de la Comunidad desde el traspaso de competencias del Estado en materia sanitaria, gestionado por el Servicio Murciano de Salud, "ha sido muy superior al crecimiento de su PIB autonómico", con un significativo incremento de su déficit acumulado.
   Por lo que para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema con los estándares actuales en el corto plazo, "los ingresos de la Comunidad Autónoma deberían crecer a un ritmo similar". Sin embargo, indica, "diferentes estudios estadísticos concluyen que el sistema sanitario, en su configuración actual, no es sostenible financieramente en el corto y medio plazo".
   Para serlo, insiste, "se deberían registrar, en los próximos años, crecimientos de la actividad económica en el entorno del 4-5 por ciento anual". Según el Tribunal de Cuentas, esta situación pone de manifiesto, la necesidad de que se que se revisen y adopten las medidas estructurales oportunas "que permitan continuar con una prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos en la Región".
   Y es que, apunta, las pérdidas registradas por el SMS en los ejercicios 2010 y 2011 ascendieron a 2.079.795 y 2.102.123 miles de euros, respectivamente, "poniéndose de manifiesto que los ingresos generados por la empresa regional únicamente han cubierto el 1% de los gastos incurridos en estos ejercicios", lo que, a juicio del Tribunal, "evidencia una vez más, que para desarrollar su actividad ordinaria y poder acometer la prestación de los servicios de la sanidad pública de la Región, la empresa regional precisa cada ejercicio una mayor cobertura financiera de la Administración Autonómica".
   Al hilo, señala que las aportaciones de la Administración General para compensar las pérdidas del SMS se situaron en 1.763.729 miles de euros para el ejercicio 2010 y 1.733.729 miles de euros en 2011, "cantidades que fueron insuficientes para financiar los resultados negativos generados en cada año, ocasionando que al cierre de estos ejercicios quedasen pendientes de financiación unos montantes de 316.066 y 368.394 miles de euros". Estos importes vienen a sumarse al déficit generado en ejercicios anteriores, situándose el déficit global acumulado a 31 de diciembre de 2011 en 1.286.055 miles de euros.
   El informe añade que la deuda comercial del SMS en el periodo fiscalizado creció un 42 por ciento, pasando de 659.239 miles de euros al comienzo de 2010 a 939.469 miles de euros al cierre del ejercicio 2011, con unos periodos medios de pago de 379 días para el año 2010 y 509 días en 2011, que han superado ampliamente los plazos establecidos en la Ley 15/2010, "lo que ha motivado que el número de reclamaciones recibidas haya crecido significativamente, al igual que el coste indemnizatorio derivado de las sentencias al que ha tenido que hacer frente la Entidad".
   En relación con la gestión y contratación de los aprovisionamientos del SMS, el Tribunal ha observado que la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos se ha realizado al margen de los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, al haberse adquirido directamente a diferentes empresas y proveedores "sin la oportuna tramitación y formalización de los correspondientes expedientes de contratación de suministros, incumpliéndose, por tanto, los principios de publicidad y concurrencia que rigen en la contratación administrativa".
   Asimismo, el aprovisionamiento de estos productos y medicamentos se ha efectuado de forma descentralizada por la dirección de cada centro hospitalario y cada gerencia de área, "lo que ha generado heterogeneidad en la aplicación de los precios de los productos adquiridos por los centros, así como la asunción de mayores costes por la falta de aplicación de economías de escala".
   El Tribunal de Cuentas indica que las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2010 y 2011 de la Comunidad Autónoma se encontraban "infravaloradas" en 327.994 miles de euros y 375.892 miles de euros, respectivamente, "al no haberse aplicado al presupuesto de gastos las aportaciones pendientes al SMS para compensar las pérdidas generadas en dichos años, por unos importes de 316.066 y 368.394 miles de euros, así como obligaciones por deudas comerciales devengadas y no registradas "que fueron imputadas a presupuestos de ejercicios posteriores por unas cuantías de 11.928 y 7.498 miles de euros".
   Al cierre del ejercicio 2011, añade, la Administración autonómica mantenía pendiente de contabilización en el epígrafe de acreedores a largo plazo del Balance: la deuda con la Administración General del Estado correspondiente a los saldos negativos resultantes de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas por un importe de 710.645 miles de euros.
   Así como los gastos por transferencias correspondientes al déficit acumulado al cierre de 2011 por el Servicio Murciano de Salud que estaba pendiente de cobertura financiera a dicha fecha por la Comunidad Autónoma, cuyo importe ascendía a 1.286.055 miles de euros; y las obligaciones devengadas correspondientes a deudas con proveedores y acreedores por 22.574 miles de euros, que fueron contabilizadas en ejercicios posteriores.
   Por otra parte, el informe señala que el endeudamiento financiero de la Comunidad se situó a 31 de diciembre de 2010 y 2011 en 2.006.901 y 2.805.899 miles de euros, habiéndose cuadruplicado su volumen en los cuatro últimos ejercicios, con un ritmo de crecimiento por encima de la media de la deuda de todas las Comunidades Autónomas.
   En cuanto a la estructura y composición de la deuda financiera, a 31 de diciembre de 2011, el 57% del endeudamiento estaba articulado en préstamos a largo plazo, el 41 por ciento correspondía a emisiones de deuda y el 2% restante a operaciones de tesorería, concentrándose un 88% en la Administración General, un 10% en el sector empresarial y el 2% restante en otras entidades de su sector público.
   Concluye que la Administración autonómica ha concedido en el periodo fiscalizado 41 avales por un importe global de 207.246 miles de euros, entre los que por su importancia destaca el otorgado a la Sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia, S.A.
   Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda que se aborde una reforma y actualización del marco normativo de la Administración autonómica en materia económica, presupuestaria y contable, entre la que por su importancia destacan el actual Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia del año 1998 o el Plan Contable Público de la Comunidad de 1994.
   Recomienda continuar con el proceso de reordenación iniciado en 2010 por la Administración regional "porque se siguen detectando algunas duplicidades, tanto a nivel orgánico como funcional, en sociedades y fundaciones participadas mayoritariamente por la Comunidad", así como establecer las oportunas medidas de control sobre la deuda comercial del sector público de la Región, "en aras a reducir el periodo medio de pago a los proveedores y adecuar el ritmo de ejecución de los compromisos de gasto al grado de ejecución de los planes de tesorería".

Unos 70 trabajadores se encierran en Navantia Cartagena para denunciar la falta de trabajo

CARTAGENA.- El Comité de Empresa de Navantia-Cartagena y algunos trabajadores de la empresa, unas 70 personas aproximadamente, se han encerrado a primera hora de la tarde en las instalaciones para denunciar públicamente la falta de trabajo.

   El secretario general de la Sección Sindical de UGT Navantia, Eduardo Aranda, ha explicado que esta medida se acordó en el comité intercentros, donde se pactó que "un día a la semana se acordarían medidas y como los del norte y los de Andalucía están encerrados hoy, nosotros hemos hecho lo mismo".
   La Sección Sindical de UGT Navantía-Cartagena junto con el resto de sindicatos del Comité de Empresa se ha encerrado para "exigir más carga de trabajo para todos los astilleros de la factoría".
   "El problema es que si no hay carga de trabajo lo demás para qué lo quieres, como el plan de viabilidad", ha subrayado, para después afirmar que gracias al contrato para la construcción del submarino S-80 y la gran carena del Tramontana "podremos aguantar un poco más, para lo que es la plantilla".

Ferrmed reclama al Estado que "asigne" 800 millones que faltan para que el tercer carril llegue en 2016 a la Región de Murcia

MURCIA.- El secretario general a nivel europeo de Ferrmed, Joan Amorós, ha reclamado al Ejecutivo de la nación que "asigne cuanto antes" los 800 millones que faltarían para que el tercer carril ferroviario llegue a las ciudades de Murcia y Cartagena.

   Según ha precisado en rueda de prensa con motivo de la Asamblea General y la reunión de trabajo mantenida sobre el sector agroalimentario en Murcia, "hay presupuestados del orden de unos 600 millones y el tercer carril vale 1.300".
   "Los 600 millones que hay asignados permitirán llegar a lo sumo a medio camino entre Castellón y Valencia pero necesitamos que rápidamente se asigne una partida económica para que el desarrollo del tercer carril pueda llegar a finales de 2016 a Murcia y Cartagena y tengo alguna duda", ha reconocido Amorós, quien ha dejado claro que desde Ferrmed y entre todos los agentes sociales y económicos "tenemos que hacer presión para que el Estado asigne en 2015 de golpe los 800 millones que faltan porque si no, advierte, no llegaremos a tiempo".
 Amorós considera que "debe de haber una mayor apuesta por las líneas convencionales, ya que el Corredor Mediterráneo sigue estando en desventaja y como no se planifique, a partir de 2020 tendremos graves problemas para pasar los tráficos".

La Comisión de Desembalse del Segura aprueba un máximo de 400 hm3 para regadío este año hidrológico

MURCIA.- La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha acordado en su reunión de otoño desembalsar un máximo de 400 hectómetros cúbicos (hm3) de agua para regadíos hasta finales del presente año hidrológico 2013-2014, revisables en primavera.

   Este órgano de la CHS ha realizado un llamamiento a la máxima moderación para garantizar las reservas al final del ejercicio, dado el reducido nivel de aportaciones y el elevado consumo en los dos primeros meses del año, como consecuencia de las condiciones climatológicas de bajas precipitaciones y elevadas temperaturas registradas, según ha informado la Confederación.
   Las existencias de recursos propios de la cuenca del Segura a 1 de octubre de este año alcanzaban los 630 hm3, frente a los 615 hm3 almacenados el pasado 1 de diciembre y a los aproximadamente 550 hm3 de reservas con los que se prevé finalizar el presente ejercicio, según el volumen de desembalses aprobado.
   Durante la reunión se destacó el escaso nivel de precipitaciones registradas en la cuenca en el inicio del año hidrológico, con una media de precipitaciones de solo 15,9 litros por metro cuadrado (l/m2) hasta el pasado 1 de diciembre, lo que sitúa el primer bimestre como el más seco de la década, cuya media de precipitaciones asciende a 76 l/m2, casi cinco veces superior.
   A la escasez de precipitaciones se unió hasta mediados del pasado mes de noviembre una climatología con unos valores de temperatura muy superiores a la media, lo que elevó el consumo de los regadíos hasta los 61,1 hm3 en los dos primeros meses del año hidrológico, 42,7 hm3 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone que el consumo se ha triplicado en este arranque de ejercicio respecto al anterior.
   La Comisión de Desembalse de la CHS está integrada principalmente por los representantes de distintas comunidades de regantes del río Segura con toma en el río, desde Hellín hasta Rojales, y los usuarios de abastecimiento.

El juez del 'caso Umbra' justifica el método procesal seguido hasta la fecha

MURCIA.- El juez que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia ha utilizado el caso Bárcenas, en el que está imputado este extesorero del Partido Popular, para justificar su decisión de decretar el secreto de las diligencias.

En un auto, el magistrado, David Castillejos, señala que gracias a que declaró secretas las actuaciones del "caso Umbra", que dirige, "no ocurrió lo mismo que en el que instruye la Audiencia Nacional, en el que se aportaron al instructor ordenadores con el disco duro borrado. Así, no hay pruebas".
La resolución judicial añade que "es evidente y es una previsión legal que estas diligencias se practiquen bajo secreto, por eso se acordó en esta causa y por eso se obtuvieron pruebas incriminatorias".
"Imagínense que se solicitara a los imputados que trajeran los ordenadores o se les avisara de que la comisión judicial se iba a presentar en sus despachos o domicilios, probablemente, este instructor incurriría en una grave responsabilidad por haber dado lugar a la pérdida de pruebas".
El auto, que desestima los recursos que varios imputados presentaron contra las sucesivas prórrogas del secreto, comenta que "la marcha de la investigación solo se comunicó, como establece la ley, al ministerio fiscal, y a nadie más".
Para el magistrado Castillejos, los imputados no pueden alegar indefensión, ya que desde el pasado agosto, en que se levantó esta medida, tienen conocimiento de todo lo actuado.
Dice también el juez que todos los ciudadanos deben tener la misma respuesta de los tribunales, "sin que pueda hacerse una excepción porque los imputados aquí no sean narcotraficantes o porque usen corbata en sus cuellos blancos; la ley es la misma, y los mecanismos de lucha contra el crimen, también los mismos".
En su auto, David Castillejos lamenta que las diligencias, incoadas hace ahora cinco años no lleven una tramitación más rápida, pero inmediatamente recalca que su Juzgado no ha sido exonerado de ninguna carga de trabajo y que solo desde el pasado abril dispone de un refuerzo parcial.

La Fiscalía Superior requiere documentación de 17 convenios urbanísticos no ejecutados en Lorca


LORCA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha requerido hoy al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, del PP, la documentación de los 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, reclama al alcalde que le remita "a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados por el anterior consistorio en zonas no susceptibles de urbanización".
El requerimiento fue remitido por el fiscal el pasado 5 de diciembre y hoy ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Lorca.
En él se informa de que la petición forma parte de las "diligencias preliminares de investigación penal" abiertas por la fiscalía en torno a las posibles irregularidades de estos convenios.
Fueron aprobados en un pleno municipal en octubre de 2005 solo con el voto favorable del PSOE, el voto en contra de IU y la ausencia del PP, ya que todo el grupo municipal abandonó la sesión para mostrar su oposición a su debate.
Los convenios pretendían recalificar suelo no urbanizable para construir en él complejos residenciales en distintos puntos de la geografía municipal con un total de 87.000 viviendas.
Estos convenios han vuelto a la actualidad después de que los promotores urbanísticos hayan empezado a reclamar judicialmente al Ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza a la firma de los acuerdos, al haber incumplido el consistorio una cláusula que lo obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años, lo que no ha ocurrido en ninguno de los casos.
El Ayuntamiento recibió 13 millones de euros a la firma de los convenios y ya ha perdido dos juicios en los que ha sido condenado a devolver el dinero adelantado a los promotores, más los intereses y tasas judiciales.
Este hecho motivó que la semana pasada el alcalde advirtiera de la "gravísima situación" que atraviesa el Ayuntamiento, que podría encontrarse al borde "de la intervención" si todos los promotores comienzan a reclamar su dinero.