MADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite hace una semana los recursos de inconstitucionalidad
presentados por el Gobierno de Cataluña y las Cortes de Aragón contra la
Ley de Evaluación Ambiental que entró en vigor el pasado 12 de
diciembre de 2013. El recurso aragonés en concreto va contra siete disposiciones que tienen efectos sobre todas
las cuencas hidrográficas españolas.
La norma, rechazada por todos los grupos de la oposición durante su
tramitación parlamentaria, incluye el memorando que garantiza la continuidad del trasvase
Tajo-Segura, tipifica infracciones como el suministro de combustible de
barco a barco en alta mar e incluye controles ambientales a la fractura
hidráulica (fracking).
En una nota, el Constitucional ha subrayado que la admisión a trámite
de los recursos no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de la
cuestión, y habría otorgado a Congreso y Senado quince días para que decidan
si se personan en el procedimiento y formulan alegaciones.
Las Cortes de Aragón recurrieron la norma al considerar que vulneraba
diversos artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y
abría la puerta al trasvase del Ebro, mientras que el ejecutivo catalán
interpuso el recurso por posible invasión de competencias de una
veintena de artículos y dos disposiciones finales.
Los partidos aragoneses, incluido el PP, están en contra de que se
liberalicen los bancos de agua porque creen que la compraventa de
caudales entre cuencas hidrográficas deja la puerta abierta a ese hipotético trasvase
del Ebro, al completar sus dotaciones los regantes adquiriendo derechos concesionales de agua de forma provisional en otras cuencas, colindantes o no, distintas a la suya.
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