jueves, 31 de julio de 2014

El juez Gómez Bermúdez desoye al fiscal y tomará declaración a afectados por las cuotas participativas de la CAM


MADRID.- El juez Javier Gómez Bermúdez ha rechazado archivar la pieza en la que investiga a la excúpula de CAM por la emisión de preferentes y cuotas participativas, tal y como le pidió el fiscal, y llamará a declarar a una "muestra significativa" de afectados. 


En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que, "a pesar del sólido hilo argumental del Ministerio Fiscal", él mismo admite que "hay al menos" una "instrucción de los directivos de la CAM dirigida a la red de oficinas" para que se colocaran preferentes y subordinadas en 2009 "con fuertes minusvalías" a los clientes con la excusa de "diversificar la inversión".
A ello añade que el montante de esta operación, "con claros visos defraudatorios, fue de 24.535.000 euros y afectó a 1.319 clientes", por lo que solo este hecho podría ser constitutivo de un delito de estafa cualificada.
La circunstancia de que el perjuicio final para los inversores "sea de difícil cuantificación" no excluye, según el juez, "la existencia del delito, que estaría consumado, porque perjuició existió".
Tampoco impide que tales conductas puedan ser constitutiva de otros tipos delictivos como falsedad contable o de documentos esenciales, falseamiento de información para captar inversores o de alteración de precios o el uso de información privilegiada.

El PSRM dice que la "obligada expulsión de Toledo demuestra la falta de control ético del PP sobre representantes políticos"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, ha confirmado que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea ha decidido por unanimidad que la diputada Isabel Toledo abandone su escaño y, por tanto, deje de ser diputada regional. Así, argumenta que "su obligada expulsión demuestra la falta de control ético del PP sobre sus representantes políticos".

López ha recordado que el procedimiento se puso en marcha a instancias del Grupo Parlamentario Socialista y "desestimadas las alegaciones de la diputada 'popular', la Comisión del Estatuto del Diputado ha decidido unánimemente que Isabel Toledo abandone su escaño", al estar incursa en la causa de incompatibilidad que establece la Ley Orgánica Electoral General, que dice que existiendo una sentencia de condena, aunque no sea firme, por delitos contra las administraciones públicas el cargo es inelegible y en este caso incompatible.
   El viceportavoz socialista ha agregado que "ésta es una decisión histórica, pues es la primera vez que se expulsa a un diputado por estas razones; pero es lamentable y es evidente que el PP regional no tiene control del comportamiento ético y de responsabilidad política de sus representantes".
   Y lo demuestra, según el diputado, el hecho de "haber permitido que Toledo haya llevado a la máxima agonía este procedimiento, faltando a la lealtad debida con la institución a la que hasta hoy pertenecía y sumándose al escándalo que tiene organizado el Partido Popular, que ha optado por proteger a sospechosos en vez de velar por los intereses generales".

Tovar (PSRM) tacha de "inaceptable y vergonzoso" que Martínez-Pujalte califique de "liviano" el delito de Matas

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha calificado de "inaceptables y vergonzosas" las declaraciones del diputado y Comisionado del Gobierno regional para asuntos económicos, Vicente Martínez-Pujalte en las que calificaba de "liviano" el delito del exministro y expresidente balear Jaume Matas.

En concreto, cabe recordar que Martínez-Pujalte confesó sentir "una gran pena" porque su "amigo" ha sido encarcelado por un delito de "tráfico de influencias", a su juicio, "muy liviano".
   En una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto, González Tovar ha lamentado que "justificar la más mínima sombra de corrupción es inaceptable y vergonzoso; calificar de liviano el delito de Matas o Fabra es aceptar algo que no tiene justificación y son esas actitudes las que más dañan a la política, a los políticos y a la democracia".
   "El PP tiene un reto: o decide firmemente acabar con la corrupción en sus filas y apartar a los corruptos o, desde luego, eso lo tendrán que hacer los ciudadanos apartándolos a ellos de cualquier opción de Gobierno", ha concluido.

Una familia cartagenera pide reabrir su causa tras comprobar que su bebé no estaba enterrado en el lugar de exhumación

CARTAGENA.- La familia de un bebé supuestamente fallecido en 1979 ha solicitado a la Fiscalía de Cartagena que se reabra la causa que cerró la propia fiscalía el 30 de diciembre de 2013, tras realizar de forma privada la exhumación de los restos y no localizar ni siquiera la caja en la que deberían haber sido enterrados los restos.

   En la solicitud presentada esta semana por el letrado Vicente San Martín Aisa, se adjunta el informe del perito forense que practicó la exhumación, en el que se refleja que no sólo no fue localizado el cadáver del bebé, sino que ni siquiera se localizó el ataúd.
   Es la primera vez que esto ocurre en un caso de bebés robados, y se da la circunstancia de la que la familia posee en propiedad la tumba por lo que "hubiera sido muy sencillo realizar esta prueba pericial que sí se lleva a cabo en otras comunidades autónomas", según informaron fuentes de la Asociación Bebés Robados en un comunicado.
   El parto se produjo en el Hospital Santa Mª del Rosell de Cartagena el 18 de julio de 1979, a los 8 meses de embarazo. Según la documentación, el recién nacido pesó tres kilos y por una supuesta falta de oxígeno fue trasladado a las incubadoras.
   Cuando les comunicaron la muerte de su hijo, al padre le pidieron que comprara una caja y la llevara al hospital. El forense que dirigió los trabajos exhumatorios, Jaume Buj, perito judicial forense del laboratorio de Neodiagnóstica, asegura que "es imposible que desaparezca sin dejar rastro del ataúd y el cadáver".
   "Es la primera vez que veo algo así. Aunque a veces encontramos restos muy deteriorados y es difícil extraer ADN, este caso es diferente. Allí no había nada. Nada de nada", concluye.

Instan a todos los ayuntamientos de la Región a unirse para frenar el fracking

MURCIA.- La Plataforma 'Cuenca del Segura Libre de Fracking' ha reclamado un frente institucional formado por las corporaciones locales que rechazan el uso de la fractura hidráulica. A su juicio, "es necesario ahora un Pacto de Ayuntamientos contra el fracking, a través del cual se comprometan públicamente a impulsar acciones desde el ámbito institucional con el objetivo de frenar el fracking en Murcia y en la cuenca del Segura".

"Es un hecho conocido, explican desde la Plataforma, que el fracking supone una grave amenaza para los acuíferos y las aguas superficiales, por lo que se pone en riesgo el empleo y la economía, así como la salud de la población en las comarcas afectadas por las áreas de prospección".
Así lo han entendido ya ayuntamientos de diverso signo político de la Región en Murcia, como Calasparra, Bullas, Mula, Totana, Alhama de Murcia y Jumilla, que se han declarado "libres de fracking". Y a los que se suma recientemente Yecla, que ha anunciado que "corregirá la postura mantenida hasta ahora, para oponerse al fracking".
Sin embargo, dice la Plataforma, los gobiernos regional y central "mantienen una línea de claro respaldo y apoyo al fracking".
 "Lo que se traduce en la concesión ya de cuatro permisos de prospección, y la tramitación de un quinto, que con toda seguridad será también aprobado. En conjunto más de 280.000 hectáreas que afectan a la provincias de Murcia, Albacete y Alicante", indica.
Desde la Plataforma explican que "frente a esta situación de absoluta indiferencia (desde Murcia y Madrid) por las consecuencias negativas del fracking en la comarcas afectadas, es necesario que se constituya un frente institucional, liderado por los municipios que rechazan la fractura hidráulica".
Los ayuntamientos, añade la Plataforma, "deben trabajar juntos para defender los acuíferos, la economía de sus municipios y la salud de la población, que se verá gravemente amenazada de seguir adelante los permisos de fracking".
Por eso, desde la Plataforma apuntan que "la aprobación de mociones contra el fracking en los ayuntamientos ha sido un paso importante, pero no es suficiente".

El consejero imputado se va de excursión por el pasado ante lo duro del presente

MULA.- El consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, acompañado por el alcalde de Mula, José Iborra, y la directora general de Bienes Culturales, María Comas, visitaron este miércoles el yacimiento arqueológico de la villa romana de Los Villaricos. 

En esta nueva campaña de excavaciones, organizada por el Ayuntamiento de Mula, la Universidad de Murcia y la Fundación Cajamurcia, participaron un total de 25 alumnos de diferentes universidades españolas y extranjeras que fueron dirigidos y coordinados por los profesores de la Universidad de Murcia, Rafael González y Francisco Fernández, y por el arqueólogo municipal del Consistorio muleño, José Antonio Zapata.
La campaña de este año sirvió también para la formación de alumnos de Arqueología, ya que, según fuentes regionales, se organizó un 'Curso de Introducción a la Arqueología de Campo' en colaboración con el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía.
Así, el consejero de Cultura aseguró que, desde la Consejería que dirige, agradecen «a todos los participantes en este proyecto, tanto profesores y Ayuntamiento como alumnos, su esfuerzo, dedicación y entusiasmo en su trabajo», gracias al cual «podemos poner en valor una parte de nuestra historia que nos habla de nosotros mismos, de nuestro pasado, y por tanto, de vital importancia para el conjunto de nuestra sociedad».
En este yacimiento se encontró un gran 'torcularium' (almazara) para producir aceite, que se identificó como la más grande documentada de la Hispania romana.
Las mismas fuentes especificaron que este 'torcularium' tiene unas dimensiones de 39 metros de largo por 17 de ancho, con un total de 663 metros cuadrados, donde se hallaron hasta ahora tres grandes naves dedicadas al prensado de la aceituna, con cinco prensas de viga, al área de accionamiento de las prensas, con cinco contrapesos y a la zona de decantación del aceite, con seis piletas y tinajas.
Precediendo las mismas, se documentaron dos nuevas estancias, la zona de molienda, con dos grandes molas olearias, así como el 'tabulatum' o zona de recepción de la aceituna. 
El hallazgo de esta nueva área productiva, explican desde el Gobierno regional, pone de manifiesto la gran producción y comercialización de aceite a la que se dedicaba la villa durante los siglos III-IV d. C.
Dada la importancia que estas excavaciones han supuesto, el consejero de Cultura ha concluido su visita asegurando que «desde la Consejería queremos, debemos, y está dentro de nuestras principales prioridades, preservar estos yacimientos», ya que «enriquecen aún más nuestro patrimonio cultural y nos tienden un puente hacia nuestro pasado que nos ayudará a conocernos mejor».

Los promotores piden a Garre incentivos fiscales, Ley de Regeneración Urbana y geolocalizar stock

MURCIA.- El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, José Hernández, se reunió este miércoles con el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, a quién ha pedido incentivos fiscales, potenciar la marca "Región de Murcia", la geolocalización del stock cifrado en 27.000 casas y una ley de Regeneración Urbana.

Hernández desveló la "paralización total" del sector porque el número de viviendas iniciadas no alcanza las mil frente a las 7.500 que se construyeron en 1991-92, en la famosa época de la crisis inmobiliaria.
A su juicio, habría que aprovechar el incremento de compra de segunda residencia por parte de capital extranjero, cifrado en un 30 por ciento en el trimestre abril-junio frente al mismo periodo del año anterior, y para ello consideró vital la citada localización del citado stock de vivienda vacía, así como crear un marco legislativo estable y poner en valor los cascos históricos de las ciudades.
Preguntado por el aeropuerto de Corvera, indicó que es urgente "e inaplazable" su apertura para posicionar a la Región en el mapa europeo y para facilitar la llegada de turistas potencialmente compradores de vivienda. "El gobierno hace todo lo posible para su apertura", aseveró.

Los jóvenes de Murcia, entre los que más tardan en emanciparse

MURCIA.- El 77,7 por ciento de los menores de 30 años no se ha emancipado todavía y continúan residiendo en su hogar de origen, la proporción más alta de los últimos años, mientras que el colectivo que más ha visto truncados sus proyectos para independizarse han sido los jóvenes de entre 16 y 24 años. 

En la actualidad, solo ha logrado establecerse en un hogar independiente el 7,2 por ciento de las personas de 16 a 24 años y el 17,5 por ciento de los hombres menores de 30 años, porcentaje que asciende al 27,1 por ciento en el caso de las mujeres, según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) correspondiente al primer trimestre de 2014.
Los menores de 30 años emancipados en España suman un total de 1.506.240, un 22,3 por ciento del total, lo que supone un descenso interanual de más de siete puntos.
En el intervalo de edad entre 30 y 34 años la tasa de emancipación es del 74,5 por ciento, con un total de 2.536.377 personas y una bajada de más de seis puntos en el último año.
Baleares (30,7 %), Aragón (25,4 %) y Cataluña (25,3 %) son las comunidades con mayor tasa de emancipación, mientras que las regiones donde hay mayor tasa de jóvenes menores de treinta años en su hogar de origen son Extremadura (81 %), Murcia (79,9 %) y Castilla y León (79,8 %).
Además, en el primer trimestre de 2014, el 41,9 por ciento de las personas menores de treinta años no participa en el mercado laboral, la tasa de empleo se mantiene por debajo del 34 por ciento y la tasa de paro, pese a ser menor que la de hace un año, alcanza el 41,9 por ciento, especialmente entre la población de 16 a 24 años.
El 28,1 por ciento de los jóvenes menores de treinta años con empleo tiene jornadas a tiempo parcial y solo el 28,8 por ciento lleva más de tres años en la empresa actual.
El 54,9 por ciento de las personas asalariadas en esa franja de edad, que no cursa estudios, está realizando un trabajo que requiere un nivel inferior de cualificación al que tiene, algo que es más común entre las mujeres jóvenes.
La precarización ha aumentado en los últimos doce meses tres puntos, del 46,6 por ciento al 49,6 por ciento.
En el primer trimestre del año una de cada cuatro personas en paro no tiene ningún tipo de experiencia laboral previa y la incidencia del desempleo de larga duración ha aumentado en todas las franjas de edad.
El salario medio de una persona de menos de 30 años ocupada se ha mantenido estable en el último año y es de 11.858,44 euros anuales, aunque los ingresos medios de un hogar compuesto por esta franja de edad es 1,67 por ciento menos que el año pasado.
Sin embargo, el 66,2 por ciento de las personas de entre 16 y 29 años no tiene salario alguno, de ellos el 60,6 por ciento no poseen ingresos ordinarios y el 19,3 por ciento de los hogares compuestos por menores de 30 años no tiene a ninguno de sus miembros ocupados.

miércoles, 30 de julio de 2014

El Taibilla dice que habría que subir el precio si no hay más caudales del Tajo

MURCIA.- El presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo, ha dicho hoy en rueda de prensa tras entrevistarse con el presidente de la Región de Murcia, Alberto Garre, que el precio del agua de abastecimiento habría que actualizarlo el próximo año en el caso de que no haya aportaciones suficientes del Tajo. 

El motivo sería el coste que supondría reponer esa falta de agua del trasvase con agua de las cuatro desalinizadoras de la Mancomunidad, es decir, las dos de Alicante y las dos de San Pedro del Pinatar, las cuales trabajan actualmente sólo al 25 por ciento de su capacidad, en parte debido a que la demanda de agua ha bajado hasta un 2% respecto al año anterior y un 8% con respecto a la última década y porque el comportamiento del trasvase funciona con regularidad.
Ese descenso del consumo de agua, según Gallardo, se traduce en menores ingresos de la Mancomunidad, que se ve obligada a realizar un esfuerzo que impida trasladar el sobrecoste al ciudadano.
Además la Mancomunidad ha hecho frente en los últimos meses a una serie de obras de reposición de infraestructuras obsoletas, alguna de más de medio siglo de existencia y apunto de colapsar, y aunque Bruselas aporta el 80 por ciento del dinero, el resto lo aporta la administración y "se tiene que trasladar a los usuarios" el coste.
Hace unos siete años aproximadamente la Mancomunidad alcanzó un récord histórico de consumo con 215 hectómetros cúbicos de agua, cifra que hoy en día, a pesar del incremento de población, no supera los doscientos hectómetros.
El trasvase supone algo más de la mitad de las aportaciones del abastecimiento de todos los municipios que abastece la Mancomunidad en las comunidades valenciana, andaluza y murciana, el 25 por ciento restante proviene de las cuatro desaladoras y el otro 25% del río Taibilla.
Preguntado por posibles restricciones, ha reiterado que no están previstas y que no habrá problemas hasta un horizonte "muy lejano", al tiempo que comentó "cierta inquietud" en Alicante al respecto que él tranquilizó manifestando que no existía ningún tipo de problema de abastecimiento.
En cuanto al proyecto de privatizar la Mancomunidad, recordó que fue en octubre de 2013 la reunión de los alcaldes de Murcia, Alicante, Elche, Cartagena y Lorca con representantes del ministerio de Medio Ambiente para defender "a ultranza" el actual sistema público de funcionamiento y evitar así su integración en Aquamed, por lo que hoy por hoy "ese tema está olvidado" y "no hay ninguna intención" de retomar ese tema, corroboró.

Tovar (PSRM) afirma que el Gobierno de Garre está paralizado por la corrupción y preludia el fin de ciclo del PP

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha criticado que el Gobierno regional presidido por Alberto Garre está "paralizado por la corrupción" y porque "no sabe por dónde van a empezar a tirar de la manta". De hecho, ha advertido que "estamos ante un fin de ciclo del PP, estancados con un gobierno interino, más preocupado por tapar los agujeros negros de la corrupción que le salpican continuamente, que en gobernar y gestionar la situación tan difícil que vivimos actualmente".

   A su juicio, la Región está "estancada" con una parálisis política "evidente y una debilidad económica apabullante", lo cual, junto a un Gobierno "interino", hace al PSRM "estar muy preocupado por la situación que está atravesando la Región de Murcia".
   En este sentido, ha llamado la atención sobre los "agujeros negros que están apareciendo en forma de corrupción y que salpican continuamente al Gobierno regional y que le paralizan, cada vez más". Se trata, ha señalado, de un Gobierno "sin proyecto, sin propuestas, sin ideas, que solo pretende guardar el sillón que ha dejado vacante Valcárcel hasta las próximas elecciones".
   A su juicio, se ha evidenciado "la corrupción de la mayoría de altos cargos del PP de la Región de Murcia, algo nefasto para la Región, que no beneficia ni la imagen, ni siquiera la salida de la crisis, y que hace que los ciudadanos estén pidiendo a gritos medidas para cortar esa sangría que significa la corrupción en la Región".
   Por otra parte, González Tovar lamenta que "no hay nada nuevo, no hay ideas nuevas, ni ideas de salida de la crisis, sino solo venta, una y otra vez, de las mismas políticas que o bien ya han sido consumadas o están incumplidas". Se trata, ha aseverado, de "refritos y refritos de planes ya presentados y no llevados a cabo".
   Además, se ha referido a la gira del presidente Alberto Garre por los municipios de la Región, que ha calificado como "un maratón fotográfico" en el que "se ha evidenciado que no ha palpado la realidad de esos municipios, ya que no ha tenido reuniones con los vecinos ni con los grupos de la oposición". De hecho, ha lamentad que Garre "solo ha ido a la recepción oficial que le daban los alcaldes de dichos municipios".
   González Tovar ha insistido en resaltar la "irrupción de la corrupción como un elemento que lastra la política murciana y la recuperación de la crisis en la Región de Murcia". Se trata, ha añadido, de una situación institucional de un Gobierno desbordado y una corrupción que está dañando a la Región".
   Esta corrupción, ha arremetido, "no genera confianza, no genera credibilidad y, desde luego, es un lastre para la salida de la crisis de la Región". Ha lamentado que el común denominador de la corrupción en la Región de Murcia "son la prevaricación y el cohecho, y la mayor parte son delitos relacionados con el 'boom' urbanístico".
   "Lamentablemente, hoy ya no hay presunción de inocencia; hoy lo que hay son cinco alcaldes del PP condenados y en la mitad de los municipios en los que gobierna el PP se han instruido causas penales o se están instruyendo, es decir, 20 de 45 municipios", ha precisado el secretario general del PSRM.
   En su opinión, esta situación "debería llevar inmediatamente a al asunción de responsabilidades y, por supuesto, a tomar medidas radicales en ese sentido". En cambio, critica que la preocupación de Garre es "ver quien va a tirar de la manta y quien puede romper el equilibrio que ahora mismo se mantiene".
   Todo ello, mientras los murcianos se preguntan en la calle "qué sabe el ex consejero y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués, para que se le ofreciera la sede del PP para hablar de unas cuentas millonarias que aparecen en un sumario de instrucción". A su juicio, este hecho "ha sonrojado a la inmensa mayoría de los militantes del PP".
   Ha indicado que la gente en la calle también se pregunta "cómo es posible que Bascuñana siga siendo delegado del Gobierno tras ser imputado y negarse a colaborar con la Justicia"; y también se preguntan "para qué lleva Bascuñana dos policías de escolta, si para protegerle o para vigilarle".
   Por tanto, el PSRM propone un código ético que exigirá a todos los cargos públicos y orgánicos, así como a todas las personas que tengan algo que ver con la política en la Región "rectitud, honradez, ejemplaridad, transparencia y conocimiento de todo lo que se mueve en la política murciana, desde los contratos, por pequeños que sean, hasta las grandes decisiones, como puede ser el caso de Novo Carthago o las recalificaciones urbanísticas".
   González Tovar ha destacado que el empleo es "otro de los problemas importantes que han aflorado este año". Ha explicado que, a día de hoy, hay en la Región 150.732 desempleados inscritos en las oficinas del SEF según los últimos datos conocidos.
   Ha tachado la situación de "grave", con el agravante de que la mayoría de los nuevos empleos "no permiten vivir dignamente y no permiten llegar dignamente a final de mes". En su opinión, "no es esa la salida de la crisis que necesita la Región, con contratos precarios".
   Lo más preocupante, a su juicio, es que la tasa de cobertura de desempleo "sigue bajando vertiginosamente" y se sitúa en el 57 por ciento según datos de 2013, "seguro que ahora menos, lo que está muy por debajo de la media española y más de diez puntos por debajo de la tasa que había cuando Rajoy asumió el Gobierno".
   Ante esta situación, González Tovar plantea una solución "inmediata, bien sea por Renta Básica de Inserción (RBI) o subsidios a desempleados".
   El incremento de la pobreza en la Región es otro de los "principales problemas" que preocupan al Partido Socialista. Ha señalado que la Región "tiene uno de los peores datos y su brecha con la media nacional y con otras Comunidades Autónomas se agranda". De hecho, ha puntualizado que el 26,8% de los habitantes de la Región está en riesgo de pobreza, 6,4 puntos más que la media nacional, que a su vez es la segunda más alta de la Unión Europea.
   "Nuestra Comunidad es también de las más opacas de España", según González Tovar, quien ha reprochado que "no tengamos una Ley de Transparencia como la que propuso el PSOE en la Asamblea, con la que se evitarían en gran medida muchos de los casos de corrupción que se están dando y se garantizaría la limpieza y la honradez".
   Al hilo de este compromiso planteó diez exigencias de obligado cumplimiento al Gobierno regional que pasan por garantizar un Decreto de sequía, reivindicar el cambio de sistema de financiación, cese del delegado del Gobierno y del resto de imputados; asimismo, reclama la puesta en marcha de un plan de lucha contra la pobreza, un plan de ayuda a desempleados; la llegada soterrada del AVE, acabar con el espectáculo bochornoso de Corvera, potenciar el sistema de dependencia y restituir los recortes llevados a cabo por el PP en sanidad y educación, la ley transparencia y un plan de lucha contra la violencia machista.

Isabel Toledo dejará de ser diputada regional a partir de este jueves

CARTAGENA.- La popular Isabel Toledo dejará de ser diputada regional a partir de este jueves. Así lo ha decidido este miércoles la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional tras estudiar las alegaciones presentadas por Toledo al dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento autonómico, que consideran que debe abandonar su acta de diputada tras haber sido condenada a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación.

   La decisión, que ha sido aprobada por unanimidad, la han comunicado a los medios de comunicación el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, y el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, mientras que desde el Grupo Parlamentario Popular han reusado hacer declaraciones.
   "Estamos todos los grupos de acuerdo en que no puede seguir siendo diputada", han señalado López y Pujante, quienes han indicado que se informará de esta decisión a los servicios administrativos y económicos de la Cámara y a la Junta Electoral Central para que se proceda al nombramiento de diputado a la siguiente persona en las listas del PP de la Región.
   Los parlamentarios han recordado que la decisión adoptada hoy por la Comisión del Estatuto del Diputado se debe "al estricto cumplimiento" de lo que dice la Ley Electoral, que dice que no puede ser diputada ni alcaldesa al existir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en un asunto relacionado con la gestión de lo público.

El Gobierno pide a la gran banca que compre la deuda extranjera de las autopistas en quiebra a un tipo del 4%

MADRID.- El Gobierno central pretende que los seis grandes bancos españoles se queden con la deuda que las nueve autopistas en quiebra tienen con bancos extranjeros, un pasivo de unos 646 millones de euros que se convertirá en un bono a treinta años y devengará un tipo de interés del 4,11%, según informaron fuentes del sector.

Este importe es el que resulta de restar a la deuda de 1.300 millones que las autopistas en concurso mantienen con una treintena de bancos foráneos una vez que se le practique la correspondiente quita del 50% que el Gobierno realizará a todo el pasivo de estas vías, un total de 4.600 millones de euros, contraído con bancos y constructoras.
   El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla así que la empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve autopistas quebradas nazca con una deuda "máxima" de 2.300 millones de euros. Un importe que además se convertirá en un bono a treinta años y se estructurará en tres tramos.
   El primer tramo, de unos 1.355 millones, lo conformará la deuda financiera con la banca española, el segundo (de unos 600 millones) corresponde al pasivo de las vías con las constructoras, y el tercero, de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.
   Los dos primeros tramos de deuda devengarán un tipo de interés del 1%, porcentaje que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo, de la nueva deuda que la banca española contraerá para comprar el pasivo a las entidades extranjeras.
   Los bancos españoles consideran que el cupón que percibirán por su deuda y el que cobren por la foránea dará lugar a un tipo medio de algo más del 2%, un porcentaje más próximo al del mercado, según indicaron dichas fuentes.
   De su lado, el Gobierno, con su petición a la banca de comprar del pasivo de la extranjera, evitará que estas entidades financieras foráneas abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el Estado.
   Los principales bancos acreedores de las autopistas quebradas con Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA, además del ICO. En el caso de las entidades extranjeras, el Banco Espirito Santo figura como primer acreedor foráneo, por delante de RBS, ING, Barclays, BNP Paribas y Lloyds.
   Está previsto que representantes de los ministerios de Fomento y Hacienda se reúnan este jueves, 31 de julio, con los grandes bancos españoles para tratar de concretar esta reestructuración de deuda que incluye el plan de rescate de la autopistas.
   Entre los términos del plan por concretar figura la petición de los bancos de que el Banco de España les permita liberar las provisiones que han realizado por su exposición a las autopistas quebradas.
   En cuanto a la empresa nacional de autopistas, se integrará en Seittsa, una empresa pública del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna.
   El plan contempla que Seittsa se quede con los activos (las autopistas) y los pasivos (su deuda tras la quita), no con las actuales sociedades concesionarias de las vías.
   Para ello, se prevé promover la acumulación de los procesos concursales en que todas ellas están inmersas para ofrecer este único convenio de acreedores y reestructuración de deuda, según detallaron fuentes del sector.
   Fomento prevé que Seittsa gestione las autopistas sin plazo de concesión, con el fin de que generen recursos para atender los servicios de la referida deuda con que se constituirá la nueva empresa pública de autopistas.
   La Seittsa se hará así con nueve vías que suman 748 kilómetros de longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas de peaje, y que en la primera mitad de este año contabilizaron un tráfico de 5.751 vehículos diarios, un 4,6% menos que el año anterior.
   Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En la actulidad, están controladas por grandes grupos constructores.
   Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidación de estas infraestructuras, un supuesto que activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades concesionarias (participadas por grandes constructoras) y que podría suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.

El juez del caso 'Novo Carthago' desestima el recurso presentado por el imputado Bernabé


MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de reforma interpuesto en representación del que fuera secretario general de la Consejería de Obras Públicas, el imputado José María Bernabé (en la imagen), frente a la providencia en la que se acordaba la personación como acusación popular del letrado Diego de Ramón. 



En los fundamentos de la resolución dictada por el magistrado instructor del caso 'Novo Carthago', Manuel Abadía, se pone de manifiesto que la providencia "debe confirmarse al ser ajustada a derecho".
Recuerda el magistrado instructor que ANSE fue la primera asociación que se presentó a esta Instrucción en el ejercicio de la acción popular, seguido de los concejales de PSOE e IU y, posteriormente Diego de Ramón.
Por tanto, considera que "no parece oportuno que los concejales de partidos políticos, con finalidades totalmente distintos a ANSE, les obligue el Tribunal a litigar unidos a la dirección legal de ANSE; ni tampoco a un ciudadano español que en su escrito de personación no manifestó ser miembro de un partido político o asociación mencionada, obligarle a que litigue bajo la dirección de los anteriores".
Y es que, destaca, la Constitución Española "le reconoce ese derecho cívico a la Acción Popular de modo autónomo y no se le debe cercenar en modo alguno y obligarle a litigar bajo la dirección de un partido político o asociación".
Este proyecto urbanístico consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

El diputado Martínez-Pujalte se jacta de su amistad con políticos corruptos del PP condenados por los jueces

MADRID.- El PP lamenta la entrada en prisión del exministro y expresidente balear Jaume Matas, quien este lunes ingresó en la cárcel de Segovia para cumplir una condena de nueve meses. En concreto, el portavoz económico de los 'populares' en el Congreso y diputado por Murcia, Vicente Martínez Pujalte, ha confesado sentir "una gran pena" porque su "amigo" ha sido encarcelado por un delito de "tráfico de influencias", a su juicio, "muy liviano".

A su llegada al Congreso para acudir a la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, se ha limitado a señalar que lamenta "que las cosas sean así", pero ha subrayado que en el de Matas, como en todos los casos, se tiene que "cumplir la ley" y las decisiones de los tribunales de Justicia.
Algo más se ha extendido Martínez Pujalte, quien ha señalado que, igual que la semana pasada, cuando se confirmó su pena de prisión dijo que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra es su "amigo", ahora tenía que decir lo mismo de Matas.
"Me produce una gran pena, igual que Fabra, Matas es mi amigo", ha confesado. A renglón seguido ha hecho hincapié en que el también expresidente del PP en Baleares no ingresa en prisión por nada que "tenga que ver con los casos 'Palma Arena' o 'Nóos' ni con nada"·
"Por lo que he leído es un tema simplemente de trafico de influencias, además muy liviano, pero me da una gran pena", ha insistido el diputado del PP por Murcia.

El magistrado instructor de 'Novo Carthago' pone fino al decano del Colegio de Abogados y defensor de Bascuñana

MURCIA.-El magistrado instructor del denominado caso 'Novo Carthago', Manuel Abadía, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la representación del ex consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, solicitando la suspensión de su declaración como imputado.

Bascuñana, imputado por un presunto delito de prevaricación en este caso que investiga una trama de presunta corrupción urbanística en torno al proyecto urbanístico de Novo Carthago, acudió al Palacio de Justicia el pasado 2 de julio, pero optó por acogerse a su derecho a no declarar.
Cabe recordar que el abogado de Bascuñana, Francisco Martínez Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, presentó este recurso frente a la providencia de 1 de julio de 2014, por la cual el juez instructor llamaba a declarar a Bascuñana como imputado, esgrimiendo que el letrado ya tenía previsto un señalamiento ese mismo día y no podía atender los dos al mismo tiempo.
El juez instructor recuerda en su resolución que el señalamiento de la declaración de Bascuñana García se había dictado en un auto dictado siete días antes, concretamente el 24 de junio de 2014, notificado ese mismo día.
Por este motivo, el magistrado esgrime que el letrado "incumplió de forma deliberada lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual si "a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultase imposible asistir a ella en el día señalado, lo manifestará de inmediato al Tribunal".
Para el juez, el abogado de Bascuñana "No sólo no lo puso en conocimiento de este Tribunal inmediatamente, sino que lo demoró conscientemente siete días y lo presentó el día 1 de julio para tratar de impedir que el magistrado-instructor, en cumplimiento del precepto constitucional de velar por el derecho de todos a un proceso público sin dilaciones indebidas que exige que en unas diligencias de investigación la Instrucción se cierre y termine cuanto antes- pudiera haber efectuado el señalamiento del imputado Bascuñana el 1 de julio de 2014".
Para el instructor, "de lo que se trataba, a toda costa, era de diferir y dilatar la toma de declaración del imputado", pues recuerda que en el presente caso existen "cerca de 20 imputados, lo que cubre prácticamente los días hábiles de un mes". Por ello, se pregunta que si el procedimiento se demoraba para después del día 2 de julio, "cuántos abogados no tendrían motivos de suspensión por la misma causa que dilataran 'ad calendas graecas' la toma de declaraciones en esta Instrucción".
El juez también esgrime que, en el caso de los demás imputados defendidos por despachos de abogados integrados por varios profesionales, han acudido diferentes letrados "indistintamente". Y añade que en el caso del abogado de Bascuñana reúne "mayor singularidad todavía", pues "está presente en las actuaciones penales desde el principio".
El magistrado instructor recuerda en este sentido la doctrina seguida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que la Sala dice que "concurren, pues, razones de abuso de derecho, mala fe y fraude procesal en la petición que ahora se presenta".
A su juicio, "eso es lo que sucede en el presente caso en el que existiendo un despacho con varios abogados, ha asistido al imputado que no ha contestado ninguna pregunta Alberto Martínez Escribano, que ya ha atendido en el mismo proceso penal Novo Cartago a varios imputados, y no hay ninguna vulneración real, es todo formal, nominal y artificial".
"Un día comparece Don Francisco y otro día Don Alberto, ambos perfectamente conocedores del asunto desde el principio y sobradamente preparados para la defensa, máxime cuando el inculpado se niega a contestar", añade en la resolución.
El magistrado también rechaza a otra de las alegaciones del abogado de Bascuñana, que esgrimía que debía suspenderse la declaración del imputado porque estando pendiente un recurso de apelación interpuesto contra el Auto de imputación, no debería citársele hasta que la Sala resuelva el recurso.
Abadía considera que esta petición que debe rechazarse porque el recurso de apelación "no tiene efectos suspensivos sobre las resoluciones del magistrado-instructor, que debe citar al inculpado tan pronto aparezca un hecho punible, que es lo que se ha efectuado y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 previno para evitar dilaciones indebidas en la tramitación de los Sumarios, de tan rabiosa actualidad en el momento presente y que hay que evitar a toda costa por el derecho de todos a un proceso sin dilaciones indebidas".
Por último, el abogado alegaba la suspensión por la imposibilidad material en el tiempo concedido a Bascuñana para tener conocimiento del asunto.
Para el magistrado, esta alegación "carece de consistencia jurídica, pues en el auto de 24 de junio de 2014, en el fundamento jurídico cuarto se dice y concreta explicita y claramente el motivo de la imputación y es que como consejero de Obras Públicas y Urbanismo firmó la resolución de 31 de marzo de 2005 que aprueba la reclasificación a suelo urbanizable de un Espacio Natural Protegido calificado ex lege por los artículos 9 y 65 de las Leyes del Suelo Estatal y Autonómica como suelo No Urbanizable de Protección Especial y vulnera la Ley de Ordenación y Protección del territorio de la Región de Murcia 4/1992".
Así, precisa que la resolución firmada por Bascuñana es "de solo tres folios y la Disposición Adicional Tercera de la Ley Autonómica 4/1992 dice que es Espacio Natural Protegido los "Espacios Abiertos e islas del Mar Menor", estando detallados los límites en el Anexo I".
Por tanto, el juez considera que "es evidente y manifiesto que siete días son suficientes para comprender que los tres folios de la Resolución firmada por Bascuñana vulneraba clamorosamente la Ley de Protección de Espacios Naturales Protegidos, y por un acto del funcionario de propia voluntad calificaba como urbanizable lo que era suelo no urbanizable de protección especial".
Por todo ello, rechaza el recurso, aunque cabe otro de apelación directa en el plazo de cinco días

Toledo presenta alegaciones a la Comisión de la Asamblea que sostiene que no es posible que siga como diputada

CARTAGENA.-  La diputada regional Isabel Toledo ha presentado alegaciones en la Asamblea a la resolución de la Comisión del Estatuto del Diputado en la que se decía que no era posible que siguiera en el cargo tras ser condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

   Así lo ha hecho saber el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia (UMU), José Muñoz Clares, quien firmó el dictamen que sostiene que la sentencia no afecta a su cargo como diputada y que, posteriormente, fue rebatido por la letrada secretaria general de la Asamblea Regional.
   Muñoz Clares informó a Toledo que no estaba conforme con esa resolución de la Asamblea y que adolecía de carencias, y ahora la diputada ha presentado unas nuevas alegaciones, entre las que se incluye precisamente el dictamen del profesor de la UMU.
   Muñoz Clares recuerda que Toledo fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una causa penal por prevaricación omisiva al no haber cerrado un pub, pero la sentencia "da por probado que los hechos se desarrollan entre 2004 y 2007", aunque luego habla de "algún fleco hasta 2010, pero sin identificarlo exactamente".
   En cambio, puntualiza que la reforma que quieren aplicar a Toledo de la ley electoral general "entró en vigor el 30 de enero de 2011 y, la jurisprudencia constante de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la fecha que hay que tomar en cuenta para aplicar una disposición que, en definitiva, limite un derecho fundamental como es el del sufragio pasivo, es la fecha de comisión de los hechos, y no la fecha en la que se dicta la sentencia".
   "No se puede aplicar retroactivamente una consecuencia negativa", ha señalado Muñoz Clares. No obstante, la letrada de la Asamblea defiende que "no es una disposición penal". A este respecto, Muñoz Clares se pregunta "por qué se hizo mediante una ley orgánica, que es como tienen que hacerse las disposiciones legales".
   En cualquier caso, Muñoz Clares defiende que la Constitución "no solo limita la retroactividad a las leyes penales, sino que la extiende también a las disposiciones desfavorables o limitadoras de derechos y, en su opinión, "es evidente que la disposición que afecta a Toledo es desfavorable y limitadora de derechos, porque va asociado al cumplimiento de una pena".
   En segundo lugar, se ha preguntado "cómo se atreve la Asamblea Regional a interferir en la ejecución de una sentencia, que quien debe dirigir esa ejecución es el TSJ. La Constitución dice que quien debe velar por la ejecución de lo fallado son los jueces, por lo que se pregunta cómo la Asamblea "no ha pedido opinión al TSJ".
   En último lugar, defiende que la sentencia de Toledo "no se extiende a su cargo como diputado, e indica que afecta a cualquier tipo de cargo directivo dentro del Ejecutivo en todos sus niveles, desde el europeo hasta el local", defiende.

Petición del PSRM

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, pidió esta mañana al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, "que asuma su papel frente a la rebeldía de la diputada regional, Isabel Toledo, y que acabe con este lamentable espectáculo público y tome partido para que esta diputada abandone su escaño sin más dilación". 

Los socialistas recordó que Toledo fue condenada por un delito de prevaricación continuada y que se encuentra "en un claro caso de incompatibilidad para cualquier cargo público". López criticó el "silencio" que hay desde el PP en este asunto y ha manifestado no comprender por qué Toledo "no adopta una actitud responsable con la política y con la institución a la que representa".
Toledo dimitió la semana pasada como alcaldesa de Pliego tras ser condenada a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. No obstante, aún no ha renunciado a su escaño de diputada regional. La popular ha presentado alegaciones a la resolución de la Comisión del Estatuto del Diputado en la que se decía que no era posible que siguiera en el cargo tras la condena. La Asamblea Regional ya está estudiando dichas alegaciones.
Según el diputado del PSOE, "Isabel Toledo puede alegar lo que crea conveniente, el Grupo Parlamentario Socialista está convencido de la situación irregular de esta diputada en la Asamblea Regional, porque es un cargo público electo y así lo señala la Ley electoral".
Además, López afirmó que "la situación que vive la democracia en la Región es cada día más complicada ante la indignante complicidad del PP con cualquier caso de corrupción"; y confirma que "entre el interés general de una democracia limpia y los intereses particulares de los implicados en estos casos, los dirigentes del PP regional siempre optan por proteger a los sospechosos, dañando gravemente a las instituciones".
Por su parte, IU-Verdes ha exigido este martes al PP y a la diputada regional Isabel Toledo que "dejen de marchar la imagen de la de la Región de Murcia" y ha pedido a esta última que acate "urgentemente" la sentencia y entregue su acta de parlamentaria.
   Según ha informado la formación de izquierdas en un comunicado, el PP "ha sido durante mucho tiempo cómplice de esta situación al negarse a exigir responsabilidades", tanto a la exalcaldesa de Pliego como a "otros muchos imputados y condenados" por corrupción.
   "La Región de Murcia no se merece que cada pocos días salte un nuevo caso de corrupción", ha añadido IU-Verdes, que lleva a cabo una campaña titulada 'CorruPPción' con la que pretende denunciar los "numerosos" casos de corrupción en los que está inmerso el PP.

AIDMUR critica que la adjudicación telemática de vacantes para profesores de Primaria ha sido "un caso vergonzoso"

MURCIA.- La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha criticado que la adjudicación telemática de plazas vacantes de profesores de Primaria "ha vuelto a ser un caos vergonzoso, impropia de una Administración medianamente seria".

   Se trata, añade, de "vacantes que aparecen y desaparecen en los distintos listados, adjudicatarios que no aparecen en las listas pero que sí tienen plaza adjudicada en el portal Educarm, publicaciones incompletas de adjudicatarios antes de que el sistema termine de adjudicar las plazas ofertadas, admisión de reclamaciones poco claras".
   "Y no pueden decir que no estaban avisados", lamenta AIDMUR, que añade que en los últimos años "vienen repitiéndose los mismos problemas, una vez y otra, y lo peor de todo es  que no se les quiere poner solución desde una Consejería de Educación que no tiene credibilidad alguna y que actúa sin el más mínimo rigor".
   La semana pasada, al igual que hace un año, AIDMUR recuerda que mantuvo una reunión con el director general de RRHH, ahora Enrique Ujaldón y antes Joaquín Buendía, en la que, entre otros temas, la Asociación les planteó la necesidad de simplificar las adjudicaciones telemáticas, separándolas por bloques.
   En primer lugar, hacen esta solicitud "por una cuestión de necesaria transparencia; ya que mezclar en el  mismo acto a interinos y funcionarios, pendientes éstos de comisiones de servicio o en expectativa de destino, provisionales, desplazados, jornadas completas y parciales, con perfil, obligatorias y no obligatorias, itinerantes, etc* con el volumen de vacantes existente hace que el acto, en sí mismo, sea demasiado complejo y resulte poco claro".
   En segundo lugar, lo solicita "para evitar lo que ha ocurrido; con actos más sencillos y diferenciados, el sistema informático de la Consejería no se colapsaría y el algoritmo utilizado daría menos errores".
   Sin embargo, pese a que estos argumentos "parecen lógicos, nada descabellados, y no suponen un coste para la Administración, la respuesta obtenida es siempre la misma: la negativa", critica AIDMUR.
   A pesar de que estos problemas se "vienen sucediendo año tras año", la Asociación asevera que Ujaldón les dijo que "no veía en qué iba a mejorar el sistema" la propuesta que se le hacía. "Es decir, no lo vio necesario, y ni tan siquiera contemplan que alguien, que no sean ellos, pueda aportar puntos de vista que mejoren los procedimientos de actuación de la Consejería de Educación".
   "Es la misma historia de siempre, la que venimos sufriendo los interinos desde hace dos años, desde que comenzaron los salvajes recortes en Educación, especialmente contra los docentes interinos de la Región", lamentan.
   "Prepotencia, ineptitud y oídos sordos. Nos encontramos con supuestos responsables políticos que piensan que ellos nunca se equivocan, que no tienen que dar explicaciones de sus actos y que no escuchan nunca. Y así nos va", critican.
   Por todo ello, AIDMUR exige "que se den las explicaciones públicas oportunas y que se asuman responsabilidades por lo que viene ocurriendo un año sí y otro también. No es admisible que se vengan repitiendo estos episodios y que la Administración sea incapaz de ponerles una solución que es sencilla, y que no se adopta porque no existe voluntad para ello".

El Ayuntamiento de Lorca pide otro préstamo para pagar 'los convenios trampa'

LORCA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha denegado al Ayuntamiento de Lorca la autorización para pedir un crédito bancario por 12,7 millones de euros con el que devolver a promotores urbanísticos el dinero que adelantaron por convenios suscritos en 2005 y que no han llegado a desarrollarse, después de acumular varias sentencias judiciales que le condenan a reintegrar parte de ese dinero.

El consistorio realizó la solicitud a Hacienda hace dos meses al sumar cuatro sentencias en contra por las irregularidades de los convenios, que le obligan a devolver el dinero que los promotores adelantaron a cuenta de la recalificación como suelo residencial de suelo inadecuado para desarrollo urbano, además de los intereses y las costas judiciales.
Solo con las cuatro sentencias actuales en contra el consistorio tendrá que devolver 2,24 millones de euros, aunque ya han sido recurridos y se encuentran en la vía judicial 11 de los convenios y el consistorio teme que sean recurridos los 17 y que todas las sentencias serán desfavorables.
Si se diera esa circunstancia el Ayuntamiento tendría que asumir la devolución a promotores urbanísticos de 12,7 millones de euros, según recordó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Luis Amador.
El edil del PP ha expuesto que el plan de ajuste a que está sometido el Consistorio le obliga a pedir autorización al ministerio para cualquier operación de endeudamiento y ha señalado que, en este caso, Hacienda ha argumentado, para denegar el crédito, que el ayuntamiento no cumpliría el requisito de liquidar el ejercicio anterior con un nivel de deuda inferior al 110 por ciento de sus ingresos corrientes.
La negativa del Ministerio ha obligado al Consistorio a replantear la situación y a solicitar una nueva autorización, esta vez para un préstamo por 2,24 millones de euros, la cantidad exacta que suman las condenas firmes y dejará la solicitud de los 10,5 millones restantes condicionada a que el ayuntamiento reciba el fallo judicial del resto de casos pendientes.
Aunque el consistorio «seguirá luchando jurídicamente» para evitarlo, Amador se ha mostrado poco optimista sobre la resolución judicial de los casos y ha recordado que en un solo pleno municipal en 2005, con el voto en solitario del PSOE, fueron aprobados 17 de esos convenios que preveían la construcción de 87.000 viviendas en distintos puntos del territorio municipal, aunque ninguno de ellos llegó nunca a desarrollarse.
El concejal ha defendido que «tenemos que proponer soluciones responsables» y ha convenido que el crédito por 2,24 millones de euros es la más viable en la actualidad, aunque también ha reconocido que, de momento, el consistorio no maneja «un plan B» para dar solución al pago de la deuda con los promotores urbanísticos.
Al respecto, el edil de Economía ha indicado que, de acuerdo con el informe realizado por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento sobre los efectos y consecuencias de la devolución de las cantidades abonadas por los convenios urbanísticos, el Consistorio Municipal encontraría graves problemas en esta área tales como la imposibilidad de sanear el remanente de tesorería, perdida de autonomía financiera, además de generar continuas tensiones de liquidez.

Salen a subasta en Lorca y Águilas varios inmuebles y garajes del exgerente socialista de Limusa

LORCA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha sacado a subasta varios inmuebles propiedad del socialista Francisco Gil Eguino, el exgerente de la empresa municipal de limpieza (Limusa) condenado a siete años y medio de cárcel por destinar más de 500.000 euros a atenciones personales, como los servicios recibidos en un club de alterne. 


Una de las subastas, según la resolución, incluye dos plazas de garaje ubicadas en una urbanización de Águilas y tres viviendas, una de ellas, en aquel municipio, y las otras dos, en Lorca.
La subasta incluye igualmente un trozo de tierra de secano, con una superficie algo superior a las 57 áreas, con vivienda y almacén, en el municipio lorquino. Todas esas propiedades están valoradas en 442.00 euros, según se recoge en la resolución de la oficina judicial del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Por otro acuerdo, han salido también a subasta obras de arte valoradas en 3.400 euros y que se encuentran en poder de la esposa de Gil Eguino, Ofelia González, que también fue condenada en la misma causa.
El que fuera gerente de la empresa municipal de limpieza fue condenado en septiembre de 2011 por el TSJRM a penas que sumaban siete años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, sentencia que fue confirmada un año después por el Tribunal Supremo al desestimar su recurso de casación. 
La resolución lo condenó también a devolver al Ayuntamiento los 546.620 euros malversados, cantidad que ahora se trata de recuperar con las subastas de los bienes inmuebles y las obras de arte.

El PSRM denuncia la situación de «colapso» del hospital de Santa Lucía, en Cartagena

CARTAGENA.- El PSRM de Cartagena denunció hoy «una nueva situación de colapso» del servicio de urgencias del hospital Santa Lucía, en las que resgistraron al menos 8 camas en los pasillos y «sin posibilidades de pasar a los pacientes a las plantas por falta de habitaciones». 

El responsable local de Sanidad, Manuel García Ferre, señaló que el Área II de Salud incrementa su población en unas 300.000 personas durante el verano y, sin embargo, en esa época se reducen las plantillas, los servicios y las camas hospitalarias.
A ello se suma, según los socialistas, «el desmantelamiento total del hospital de Santa María del Rosell, que no tiene en la actualidad plantas de hospitalización preparadas para poder dividir la congestión del Santa Lucía».
García Ferre exige una solución «urgente» para las situaciones de colapso en el hospital, que suponen, en su opinión, «un deterioro de la Sanidad Pública» y una «pérdida de la calidad asistencial» que provoca «situaciones indignas» para los usuarios.
Además, reiteró la reivindicación del hospital Santa María del Rosell para que esté «a pleno funcionamiento".

El Ayuntamiento de Cartagena apoya a los vecinos de Cabo de Palos afectados por la Ley de Costas

CARTAGENA.- El pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó hoy una declaración institucional para manifestar su apoyo a los vecinos de Cabo de Palos cuyas viviendas se ven afectadas por la actual Ley de Costas y la delimitación de la ribera del mar en el paseo marítimo de la playa de Levante de esa localidad.

La iniciativa, que contaba con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, se remitirá ahora a las administraciones autonómica y estatal para pedir que, por encima de los intereses contrapuestos que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, debe quedar garantizado siempre su carácter público y conservar sus características naturales.
El objetivo es que se puedan acometer actuaciones de mejora del paseo marítimo en la zona, siempre conciliando la protección del paisaje marítimo con el desarrollo turístico y los intereses de los propietarios afectados.

UPyD pide priorizar la construcción de una gasolinera de buques en el puerto de Escombreras

CARTAGENA.- El coordinador y portavoz de UPyD en Cartagena, Pedro de Elizalde, declaró que la posibilidad de que el puerto de Escombreras acogiera una gasolinera de buques, «es una gran noticia para la economía de la comarca, no solo por la inversión que supone la construcción de las instalaciones, sino por los trabajos directos e indirectos que conllevaría su explotación», y pidió al Consistorio cartagenero que incluya esta actuación entre sus prioridades. 

Tal y como explica el portavoz de la formación magenta, «Cartagena es una ciudad privilegiada dentro de España por su situación geoestratégica y clave en este asunto por la existencia de una regasificadora».
Así, según continúa Elizalde, «en consonancia con la prohibición de realizar bunkering en alta mar, la instalación de esta gasolinera puede suponer un hito en la industria de la navegación, como indica esta iniciativa europea canalizada a través del proyecto COSTA».
En este sentido, el portavoz de la formación en Cartagena, solicitó a la alcaldesa que «se involucre lo máximo posible para conseguir el proyecto de esta gasolinera para Cartagena», tanto por sus indudables beneficios económicos, como por la mejora en seguridad que estas instalaciones presentan frente al bunkering «o repostaje en alta mar y que podría ir a parar a otro puerto de nuestro litoral».
Finalmente, y en referencia a la construcción de la conexión ferroviaria de ancho internacional para mercancías, con el Corredor Mediterráneo entre Castellbisba y Cartagena/Escombreras, Elizalde manifestó que «es hora de ir dando datos y fechas concretas a un proyecto que es necesario para el impulso de la ciudad y la Región de Murcia para la salida de la crisis», al tiempo que ha criticado la ambigüedad del gobierno nacional respecto a este proyecto, que «sólo es capaz de comunicarnos que estudiará las inversiones para adaptarlas a la disponibilidad económica que hay actualmente, sin darnos más datos concretos».

Pedro López publica sus ingresos y bienes para dejar en evidencia al PP en el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, ha colgado en un enlace de su blog su declaración de bienes, nóminas y renta de 2013, ya que el PP "se negó este lunes a aprobar en el Pleno que esta información sea accesible a cualquier ciudadano de Murcia de manera fácil". 

La información, que está accesible en sus perfiles de Facebook y Twitter, cumple con el compromiso que López planteó en una moción en la que se insta a la redacción de una ordenanza que regule la transparencia en el Consistorio murciano antes de que termine el año. Así, advirtió que si la moción no se aprobaba, haría públicas su declaración de Bienes y Patrimonio y nóminas de cada mes.
"Como me comprometí hace unos días, hago público en este enlace de mi blog mi declaración de bines, mi renta y mis nóminas ya que el PP se negó ayer a aprobar en el Pleno que esta información sea accesible a cualquier ciudadano de Murcia de manera fácil. No tiene sentido que un murciano pueda conocer el patrimonio de los concejales de otras ciudades y no las de los concejales de su Ayuntamiento", explica López en su blog.
Aunque el PP ayer en el Pleno aceptó elaborar una Ordenanza de Transparencia, como marca la nueva Ley de Transparencia, el PSOE de Murcia critica que "sigue sin querer hacer públicas en la web las declaraciones de bienes de todos los concejales de la Corporación, como hacen muchos ayuntamientos de España".
López, en el Pleno, lamentó que un murciano "pudiera acceder mediante un click al patrimonio de cualquier concejal de Zaragoza, Sevilla o Gijón, pero no de los concejales de su ciudad".

El Gobierno Garre persiste en una onerosa televisión regional enmedio de los recortes sociales

MURCIA.- El Gobierno regional reactivó de nuevo el concurso para la gestión de la televisión pública autonómica 7RM cuando parecía que el proyecto había entrado en una fase de letargo, recoge 'La Verdad'. 

El pasado viernes, los técnicos de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda procedieron a la apertura del primer sobre, donde los cinco candidatos consignaban todos los aspectos administrativos exigidos en el concurso. Secuoya, Mediapro, 360, GTM y Canal 8 superaron este primer trámite administrativo.

El próximo viernes, probablemente con la presencia de representantes de las cinco empresas, se procederá a la apertura del siguiente sobre, relacionado con los aspectos técnicos exigidos en el concurso del Gobierno regional. 
Los aspirantes que superen esta segunda criba pasarán a la última fase, donde ya se examinarán las propuestas económicas y los aspectos cualitativos sobre contenidos.
Todo indica que, de seguir los plazos previstos, el concurso de 7RM podría quedar definitivamente adjudicado a finales de octubre, de tal forma que las emisiones del nuevo concesionario puedan comenzar el próximo mes de enero. 
Como se recordará, en el concurso se establecía que el ganador debe empezar a emitir en el plazo máximo de dos meses después de la adjudicación.
Enmedio de una absoluta falta de sensibilidad política, el Gobierno Garre persiste así en una onerosa televisión regional, enmedio de los recortes sociales, para su puro deleite de una estéril propaganda de cara a unas complicadas elecciones autonómicas y municipales.

martes, 29 de julio de 2014

El alcalde Cámara se defiende de las presuntas adjudicaciones 'a dedo' en el Ayuntamiento


MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia creó hace meses una Comisión de Control de la Contratación que regula y vigila todos los contratos que se adjudican en el Consistorio murciano, incluyendo aquellos de importe menor a 3.000 euros, según informó el alcalde, Miguel Angel Cámara.

Realizó estas declaraciones este lunes, minutos antes del inicio de la sesión ordinaria del Pleno municipal, a raíz de la personación, el pasado viernes, de agentes de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Murcia para recabar documentación relativa al supuesto fraccionamiento de contratos, a petición de la Fiscalía Superior de la Región.
Así, los agentes de la Guardia Civil habrían acudido a la Concejalía de Patrimonio y Edificación, que dirige Cosme Ruiz, pero no pudieron hacerse con los documentos "ya que la petición debe firmarla un juez y no el fiscal", según indican fuentes municipales.
El alcalde aseguró que el Ayuntamiento colaborará en la investigación y ha recordado que la Comisión de Control de la Contratación se reúne desde hace varios meses para vigilar la adjudicación de contratos en el seno del Consistorio murciano.
Por su parte, el concejal de UPyD, Rubén Serna, se quejó de que, "si necesito un bolígrafo y se lo pido al Ayuntamiento, tengo que rellenar y firmar varios documentos justificándolo", y denunció que, "entonces, no entiendo que una pedanía, por ejemplo, no deba justificar un contrato de 2.800 euros".

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba un préstamo de casi 2,6 millones de euros para la llegada del AVE

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó este lunes el préstamo participativo con la sociedad Murcia Alta Velocidad por importe de casi 2,6 millones de euros para la llegada del AVE a la ciudad. 

El acuerdo supone el inicio del expediente que posibilitará que Murcia Alta Velocidad pueda contratar los proyectos constructivos para hacer posible la integración del ferrocarril en el ámbito urbano mediante soterramiento.
"Estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos para hacer realidad esta actuación fundamental para Murcia ", señaló el Alcalde, Miguel Angel Cámara, quien recordó que así se hizo con la aprobación del plan especial del Carmen que permite el encaje del aprovechamiento urbanístico, incluyendo el soterramiento.
En esta ocasión, se trata de sustituir créditos bancarios que tenía Murcia Alta Velocidad por préstamos de las instituciones hacia esta sociedad.
Esos 2,6 millones de euros son una cantidad necesaria para amortizar créditos anteriores y disponer de financiación suficiente para poder encargar los proyectos constructivos. Esta aportación se completará con la que también llevarán a cabo la Comunidad Autónoma y ADIF.

UPyD denuncia la inauguración de un aeropuerto sin licencia

MURCIA.- El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, ha denunciado este lunes que el Gobierno de la Región de Murcia pretende inaugurar el aeropuerto de Corvera antes de que acabe el año a pesar de no contar con las autorizaciones pertinentes, una decisión que achaca a "motivos electoralistas", y por ello ha pedido la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso para que aclare si lo permitirá.

En una pregunta escrita, el diputado magenta recuerda que tanto las instalaciones aeroportuarias como la torre de control deben aún recibir la certificación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y además señala que la Comisión Europea (CE) debe aprobar un crédito participativo de la administración regional para avalar a la empresa concesionaria y que Aena debe clausurar el cercano aeropuerto de San Javier para que la actividad pueda trasladarse a Corvera.
En estas circunstancias, Gorriarán cree que "la proximidad de las citas electorales autonómicas y municipales de 2015 parecen estar guiando la acción de gobierno del Ejecutivo murciano en torno a estas instalaciones", y por ello reclama que Pastor comparezca en la Comisión parlamentaria de Fomento para "dar más detalles" en torno a esta decisión.
Además, quiere saber si el Gobierno "piensa permitir" que se abran unas instalaciones que "no cuenta con los permisos y certificados pertinentes" y si cree que "fomentar la apertura de infraestructuras inacabadas con motivos electoralistas es compatible con la regeneración democrática".

Investigan el presunto fraccionamiento de contratos por parte del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia, dirigida por Manuel López Bernal, está investigando el presunto fraccionamiento de contratos por parte del Ayuntamiento de Murcia, entre otros asuntos.

En este sentido, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en las dependencias del Ayuntamiento, con el fin de requerir, a instancias del Fiscal superior, la documentación relacionada con los contratos menores suscritos por el Consistorio desde 2009 hasta la actualidad.
El Ayuntamiento todavía no ha remitido toda la documentación que, una vez enviada, será analizada por el Fiscal, según ha informado el propio López Bernal.

Los socialistas lamentan que la sombra de la corrupción manche de nuevo la imagen del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- El portavoz socialista, Pedro López, lamenta de nuevo que la sombra de la corrupción vuelva a manchar a la ciudad de Murcia, tras conocerse que la Policía ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia todos los contratos menores desde 2009 dentro de la investigación abierta por la Fiscalía en torno a las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en pedanías durante los años 2011 y 2012. 

"El Equipo de Gobierno no puede seguir como si no pasa nada cuando está cuestionada la gestión municipal de arriba abajo, desde los grandes convenios urbanísticos hasta la adjudicación de las obras en las pedanías. Deben asumir responsabilidades porque el desgobierno en el Ayuntamiento de Murcia es insostenible empezando por un alcalde que está más preocupado por salvar su imputación que por los problemas de los murcianos y que debía haber dimitido hace tiempo", ha asegurado López.
López ha reiterado que el Grupo Socialista ha advertido desde hace años de supuestas prácticas de fraccionamiento de facturas, tanto en las Juntas Municipales de pedanías, como a través de la concejalía de Descentralización criticando la opacidad y la falta de transparencia en la contratación de obras menores en las pedanías.
Una serie de advertencias –ha destacado- que siempre caían en saco roto a lo largo del tiempo, a pesar de las denuncias efectuadas por el Grupo Socialista, entre las que destacan el caso de la alcaldesa pedánea de Valladolises, quien se autocontrataba obras; o el de Alquerías, que decidía a dedo qué bares podían o no instalar terrazas en la pedanía; o el de La Tercia, por instalar una antena de telefonía sin licencia en un terreno de su propiedad sin licencia: o el pago de facturas de limpieza de imbornales, cuando esto es competencia de Aguas de Murcia.
Hasta el momento –ha lamentado López- el Gobierno local no ha movido ficha para esclarecer estas denuncias, solo convocó una comisión en la que el concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero, no aportó ni un solo papel para aclarar las supuestas irregularidades en torno a su gestión.

Juan Pérez Gil y Javier Ruano, nombrados vocales del Consejo Social de la UMU

MURCIA.- La Comunidad Autónoma, en representación de los intereses socioeconómicos de la Región, ha acordado el nombramiento como vocales del Consejo Social de la Universidad de Murcia de Juan Pérez Gil y Javier Ruano García.

Por otra parte, ha acordado el cese, por finalización de mandato, de Juan Guzmán López y Salvador Huertas Martínez, y, a petición propia, de José Manuel Martínez Martínez.
Los nuevos vocales, cuyos nombramientos aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de esta fin de semana, tomarán posesión de sus cargos en una próxima reunión del Consejo Social, han indicado fuentes universitarias.

Agricultura y Ailimpo analizan los resultados de la campaña de cítricos

MURCIA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), José Antonio Cánovas, y su director gerente, José Antonio García, quienes han trasladado los buenos resultados alcanzados en esta campaña por el sector nacional de cítricos.

Según el balance realizado por la interprofesional, la última campaña ha sido positiva en calidad y precios para el agricultor, con un aumento de la producción comercializada de un 23 por ciento con respecto a la campaña anterior, con 927.899 toneladas. Las exportaciones de limón han alcanzado unas cifras positivas con 440.252 toneladas a países comunitarios, y 52.482 toneladas a países terceros.
Los responsables de Ailimpo han trasladado al consejero de Agricultura y al director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, la preocupación del sector por la incidencia de la enfermedad de la mancha negra en la importación de cítricos procedentes de Sudáfrica y Argentina, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
La Consejería de Agricultura y Agua ha establecido un plan de control e inspección para la toma de muestras en almacenes de la Región, que se prolongará hasta la segunda quincena de septiembre, tras producirse cuatro casos de interceptación de cítricos, dos en Holanda, uno en Italia y otro en España. El consejero informó de este plan de control para tratar de detectar posibles entradas en almacenes de este patógeno en las producciones de limones.
Asimismo, técnicos de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria están avanzando en la elaboración del aforo de cítricos de la próxima campaña, que se presentará el próximo mes de septiembre.
La Consejería de Agricultura y Agua informó además que está preparando una jornada técnica para dar a conocer la entrada en funcionamiento de la Ley 12/2013 de actuaciones de divulgación de contratos homologados y su plan de inspecciones, en las que participará el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, y el director de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), José Miguel Herrero.

Murcia aprueba por unanimidad solicitar una valoración nueva para suelos urbanizables sectorizados

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una moción conjunta de los grupos municipales PP, PSOE, IU y UPyD con el fin de solicitar a la Dirección General del Catastro que se realicen las modificiaciones legislativas pertinentes que permitan establecer una nueva valoración de los suelos urbanizables sectorizados distinta al de suelo urbano y suelo rural o rústico.

En concreto, han acordado "dar traslado al Catastro del estudio realizado por las Concejalías de Urbanismo y Vivienda, y de Economía y Hacienda con la identificación de los terrenos urbanizables sectorizados que no cuentan con ordenación detallada pormenorizada, al objeto de que revise las valoraciones y las adecúe a la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014".
Asimismo, han acordado "instar al Catastro inmobiliario a modificar el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, TRLCI en el sentido de adecuarlo a la doctrina de la Sentencia referida", según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.
En el Pleno de mayo de 2014 se aprobó por unanimidad una moción alternativa para apoyar la actuación del Ayuntamiento y la Junta de Hacendados para la creación de una Comisión que estudiase los casos de propietarios con terrenos de carácter urbanizable, sin edificar, destinados a cultivo, que se encuentran en zonas de huerta y cuyos planes parciales no se han desarrollado, y realizar propuestas a los órganos competentes.
Así mismo, se han puesto en marcha dos puntos de atención a los ciudadanos en el edificio del Ayuntamiento en Abenarabi, y en la sede de la Junta de Hacendados.
Por otra parte, la Concejalía de Urbanismo ha identificado los terrenos con calificación de urbanizable sectorizado que no cuentan con ordenación detallada pormenorizada, ya que la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 concluye que sólo pueden considerarse urbanos a efectos castastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por fin su ordenación detallada.

IU de Caravaca denuncia «ocultismo» en la tramitación de una póliza por valor de 2,5 millones

CARAVACA.- El edil de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Caravaca, Juan Berbell, criticó que el alcalde, Domingo Aranda, «ha firmado una póliza de crédito de 2,5 millones de euros sin someter esta decisión al Pleno municipal». Para Berbell, la actitud del regidor popular es «inaceptable».

El edil de IU-Verdes consideró que esta operación va a «seguir endeudando» al Consistorio, cuya deuda supera los 35 millones de euros, y lamentó que el alcalde haya aprobado la operación «con ocultismo, al no informar a los grupos municipales ni a la ciudadanía de esta decisión».
La citada póliza, detalló IU-Verdes, tiene un año de duración y vencerá en julio de 2015.

El gasto farmacéutico hasta junio desciende un 2,28% en la Región respecto a 2013

MURCIA.- El gasto farmacéutico en la Región de Murcia alcanzó el pasado mes de junio 26,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,28 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos por las comunidades al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Igualmente, el gasto medio por receta bajó ligeramente, pasando de los 11,53 euros de junio de 2013 a 11,44 euros de este año, lo que supone un 0,76 por ciento menos.
En lo que respecta al número de recetas facturadas, los datos de junio de este año muestran una caída del 1,53 por ciento con respecto al mismo mes de 2013. En concreto, se registraron 2.322.279 recetas, frente a las 2.358.420 del año anterior.

Bajan un 63% los despedidos mediante ERE en la Región hasta mayo

MURCIA.- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en la Región de Murcia bajó un 63,6% en los cinco primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta sumar 730 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Empleo.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.
No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.
La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

La Autoridad Fiscal Independiente considera que la Región tendrá que tomar más medidas para controlar el déficit

MURCIA.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que de las seis comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit en 2013, es "improbable" que la Región de Murcia logre reconducir la situación en 2014 de acuerdo con el borrador del Plan Económico Financiero (PEF) que ha elaborado.

En el caso concreto de la Región de Murcia, el informe refleja que a lo largo de los últimos tres ejercicios, la Comunidad Autónoma ha realizado un considerable esfuerzo de consolidación fiscal, que representa el 2,8% del PIB regional, hasta situar la necesidad de financiación en 2013 en el 3,07% de su PIB.
Analizado el borrador del Plan Económico-Financiero (PEF) y la información complementaria remitida por la Comunidad, la AIReF considera "improbable" el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2014, fijado en el 1% del PIB en el momento de publicación del informe. Así, añade que la desviación respecto a este objetivo "puede ser significativa".
Las medidas contenidas en el borrador de PEF, a su juicio, son "claramente insuficientes" para garantizar la corrección de la situación de desequilibrio registrada en 2013 y las previsiones de cierre, recogidas en el escenario presupuestario de gastos, "no parecen avaladas por los datos de ejecución disponibles a la fecha".
Para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2014, la AIReF considera que el borrador de PEF presentado por la Comunidad Autónoma de Murcia "debe revisarse en profundidad con la introducción de un conjunto ambicioso de medidas y la adecuación del escenario previsto al cierre del ejercicio de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre".
El informe recuerda que la Comunidad ha presentado medidas por importe de 405 millones de euros, de las cuales 62 van destinadas a aumentar sus ingresos y 343 a reducir sus gastos.
La principal medida de ingresos es la suspensión de la deducción del grupo II en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por la que espera un incremento en la recaudación de 49 millones de euros (79% del total de las medidas de ingresos).
En el primer trimestre del año, AIReF destaca que la medida se ejecutó en un 26 por ciento, si bien sus efectos positivos no se aprecian hasta finales del segundo trimestre, según datos de recaudación a 30 de junio, facilitados por la Comunidad.
En cuanto a las medidas de gastos, el efecto, valorado al cierre del ejercicio, asciende a 343 millones de euros, (457 sin tener en cuenta la reversión de medidas adoptadas en ejercicios anteriores).
La Comunidad incorporó como tales los conceptos 'Medidas derivadas del Grupo de Trabajo sobre el gasto público coordinado por el MINHAP', por importe de 284 millones de euros, y 'Ahorro para reajuste gastos SMS' por importe de 27 millones de euros. Ambas medidas, según la Autoridad , "requieren concreción tanto en lo que se refiere a los conceptos de gastos afectados, como a su instrumentación en el proceso de gestión del presupuesto de manera que se garantice su plena aplicación".
Respecto al escenario presupuestario previsto al cierre del ejercicio, AIReS observa que la Comunidad estima incrementar los ingresos no financieros distintos de los recursos del sistema de financiación (entregas a cuenta y liquidación) en 75 millones, de los cuales 62 millones están sustentados en medidas.
En cuanto al escenario de gastos, la Comunidad prevé una reducción de los gastos no financieros, una vez depurado el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias, de 303 millones de euros, cuando de las medidas adoptadas se espera un menor gasto por importe de 343 millones.
No obstante, como se ha mencionado anteriormente, AIReF explica que la falta de concreción de las medidas (311 millones) "hace imposible valorar la probabilidad de que se ejecuten completamente, así como sus efectos". Por ello, cree que "sería conveniente que se revisase el escenario de acuerdo con los datos de ejecución del primer semestre".
Por último, dentro de los ajustes de contabilidad nacional, destaca que la Comunidad ha aportado información sobre el ajuste de inejecución previsto al cierre por importe de 33 millones, si bien "se requiere concreción tanto en lo que se refiere a los conceptos de gastos afectados como a su instrumentación en el proceso de gestión del presupuesto, de manera que se garantice su plena aplicación.
No obstante, puntualiza que la variación del total ajustes "se justifica, principalmente, por las operaciones one-off que se produjeron en el ejercicio 2013 cuyo efecto revierte en el 2014, por importe de 198 millones de euros (ejecución del aval de Aeromur, S.A. y la inclusión en el sector administraciones públicas de la CARM de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A.)".
Concretamente, el organismo cree que el borrador del PEF de Murcia debe "revisarse en profundidad con la introducción de un conjunto ambicioso de medidas".
Con carácter general, AIReF considera que sería preciso "profundizar" y "acelerar" la puesta en marcha de las medidas comprometidas con anterioridad para reducir el déficit público para ganar margen en el corto plazo.
En este sentido, el informe recomienda a todas estas comunidades autónomas, salvo a Navarra, que adecuen el escenario previsto al cierre del ejercicio de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre, ya que ello puede poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas adicionales.

domingo, 27 de julio de 2014

IU-Verdes pide a la alcaldesa de Cartagena que explique si declarará en el 'caso Novo Carthago'

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una pregunta para el Pleno del próximo martes, referida a si la primera edil va a tener la consideración hacia la ciudadanía que representa para , públicamente, y en dicho Pleno, manifestar su decisión respecto a la declaración voluntaria ante el Tribunal Superior de Justicia, según recoge hoy 'La Opinión'

La iniciativa de la formación de izquierdas se debe a que, según la determinación del magistrado instructor del TSJ del pasado 24 de junio, se estipulaba que, debido a la condición de aforada de Pilar Barreiro, disponía de un plazo de 30 días para decidir sobre tal declaración voluntaria ante el magistrado.
Desde Izquierda Unida-Verdes, se considera que si la alcaldesa no presta tal declaración voluntaria y se acoge al aforamiento y el consiguiente traslado del caso al Tribunal Supremo, estaría aprovechándose de una situación que nada tiene que ver con su cargo de primera autoridad municipal y, mucho menos, con los presuntos cargos que se le imputan.
Hay que recordar que a resultas de las diligencias previas 2/2013 relativas al caso Novo Carthago y de acuerdo con el auto de 24 de abril del año en curso, la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cartagena resultó formalmente imputada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, sin menoscabo de los que se pudieran derivar de la investigación pendiente de realizar.
Desde la oposición, otros partidos como el PSOE ya pidieron a la alcaldesa de Cartagena que «no se escudara en el aforamiento, teniendo en cuenta que se le investiga por su papel como alcaldesa de Cartagena» y no como diputada a Cortes.

El concejal Sotomayor pide una ubicación más relevante en Murcia para su fundador Abderramán II


MURCIA.- El concejal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Sotomayor, ha solicitado proceder al traslado de las esculturas del fundador de la ciudad, Abderramán II, y del prócer y benefactor, José María Muñoz, «a unas nuevas ubicaciones donde tengan más relevancia para visitantes y ciudadanos de Murcia».

Como explicó el edil, a pesar de que el Paseo del Malecón es uno de los emblemas de la ciudad de Murcia, la estatua de José María Muñoz «apenas se conoce, ya que está ubicada al final del paseo», por lo que presentará una iniciativa en el próximo Pleno municipal en este sentido.
La formación magenta también reclama el traslado de la escultura del fundador de la ciudad, Abderramán II, realizada por José Carrilero, que se encuentra en la plaza de la Cruz Roja. 
El concejal remarca que la escultura de Abderramán II «quizás pueda complementarse con la inclusión en su base de una pequeña maqueta-relieve de la Murcia medieval», como apoyo a las explicaciones ofrecidas por los guías.