martes, 22 de julio de 2014

El magistrado Abadía investiga, instado por la AEAT, el envío por Bascuñana de divisas a las islas Caimán


MURCIA.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investiga el 'caso Novo Carthago' por presunta corrupción urbanística ha ordenado a Caixabank que "de forma inmediata" aporte toda la documentación que tenga sobre dos movimientos de entrada y salida de divisas a las Islas Caimán, por si fueron realizados presuntamente por imputados en esta causa. 

Este requerimiento específico, que el juez Manuel Abadía realiza a petición del inspector de la Agencia Tributaria que interviene como perito, se contiene en una resolución en la que se centra en investigar los datos bancarios referidos al delegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y a su esposa, E. B.

Este requerimiento indica a la citada entidad bancaria que la información que se reclama debe referirse a las operaciones en las que el banco ha actuado en calidad de intermediario o como entidad delegada desde 2001 al 2013, con relación a Bascuñana y su cónyuge.
El juez exige también a Caixabank que le informe con todo detalle sobre una operación de salida de divisas por importe de 60.000 euros a las Islas Caimán, que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2001, y otra de entrada de divisas por importe de 58.500 euros, realizada el 10 de julio de 2013.
El magistrado Abadía señala que el informe debe contemplar quiénes ordenaron esas operaciones y el número de cuenta a través de la cual se llevaron a cabo las transacciones con las Islas Caimán.
El juez añade que, caso de que no sea posible identificar a esas personas, se deberá revelar los que sean verdaderos titulares de las cuentas.
La providencia judicial comunicada hoy a las partes atiende también otra solicitud hecha por el mismo inspector de la Agencia Tributaria, para que se requiera a una veintena de bancos y cajas de ahorros que informen sobre las cuentas que tengan tanto Bascuñana como los también imputados, los exdirectores generales Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, y el asesor jurídico de la Comunidad Autónoma Luis Romera.
En este caso la solicitud debe abarcar a los años 2002 a 2013, y entre las entidades bancarias destinatarias de la petición de información se encuentran el Banco Santander, Banco Popular Español, Banco Sabadell, BBVA, la Caja de Ahorros de Valencia y la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.

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