martes, 22 de julio de 2014

Un Bascuñana más que patético se aferra al cargo tras aumentar las sospechas e implicar a su familia

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha dejado claro este martes, respecto a su imputación en el caso 'Novo Carthago' que se encuentra bajo investigación judicial, que no ha cometido "ninguna ilegalidad ni delito" y que, por lo tanto, no va a dimitir.

   Bascuñana ha comparecido en la sede de la Delegación del Gobierno, aunque el escenario no ha sido el habitual de las ruedas de prensa, sino a la entrada del edificio, para defenderse de las acusaciones y los hechos que se le imputan, en concreto un presunto delito de prevaricación.
   Así, ha comenzado su intervención justificando el por qué desde que se conociera su imputación no ha comparecido ante los medios de comunicación, según ha dicho por recomendación de su abogado, pero "nunca he tenido nada que ocultar".
"Habéis visto que he mantenido una postura de silencio, que he seguido mi vida normal en la Delegación, pero ha sido por indicación de mi abogado, que me dijo que no debía hacer ningún tipo de declaración", ha subrayado Bascuñana, quien considera que "hoy es un momento oportuno para hacer alguna aclaración de lo que ha sucedido".
   Bascuñana, que ha confesado haber recibido muchos apoyos de mucha gente, ha querido defender su honor y el de su familia y dar una explicación ante tales hechos.
Bascuñana ha defendido que desde el Gobierno central -concretamente desde el Ministerio de Administraciones Públicas- nunca se le ha solicitado su marcha. «He tenido todo el apoyo en todo momento».
   Hay que recordar que el delegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas del Ejecutivo murciano fue citado a declarar en calidad de imputado ante el juez instructor del caso, Manuel Abadía,  el pasado 2 de julio y se acogió a su derecho a no declarar.
 Las indagaciones sobre Bascuñana, fundamentalmente sobre su patrimonio, está en un primer informe fiscal, muy incipiente todavía, que ayer notificó el juez a las distintas partes del proceso y que, entre otras cuestiones, permite conocer que ya está examinando 51 cuentas que esa unidad familiar (el delegado del Gobierno, su mujer y sus dos hijas) han mantenido abiertas en siete entidades bancarias desde el año 2002 a la actualidad, recuerda 'La Verdad'.
En una intervención de casi veinte minutos, ha dicho Bascuñana que estas cuentas se refieren a los últimos doce años y defendió que, en ese periodo, ha abierto y cerrado muchas cuentas de acuerdo a los consejos de su banco. Yasegura no saber con certeza cuántas cuentas bancarias ha tenido, pero reconoce que «desde el 2002 y hasta ahora posiblemente haya tenido un número importante». Todas ellas, asegura, responden a estrategias para aumentar su rentabilidad financiera. 
La relación de este más de medio centenar de cuentas está recogido en el mencionado informe preliminar de Hacienda y se reparte de la siguiente forma: 17 en Bankia, 8 en Banco Sabadell y la extinta CAM, 3 en BBVA, 2 en BMN, una en Banco de Santander, otra en la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y 19 en Caixabank, con la particularidad de que en este último caso ha autorizado al perito fiscal a personarse en la oficina de Trapería para que se le haga entrega, «de forma inmediata», de cuanta información reclame. Lo hace, además, con el apercibimiento a los encargados de la entidad de que, de no cumplir su orden, serían acusados de desobediencia a la autoridad o denegación de auxilio a la justicia.
Bascuñana defiende, asimismo, la legalidad del proyecto Novo Carthago y recalca que, cuando a él le llegó el documento para su aprobación definitiva, contaba con todos los vistos buenos. «Se me acusa de haber firmado un informe con todos los informes favorables», concluye.

¿Acciones de Repsol?

Los 60.000 euros ingresados en las Islas Caimán en diciembre de 2001, que aparecen en la información recién incorporada a la instrucción del caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística, podrían corresponderse con acciones de Repsol domiciliadas en ese territorio del Caribe.
Así lo han manifestado hoy fuentes del entorno legal del exconsejero autonómico y delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, en quien se centra un requerimiento hecho por el juez instructor, Manuel Abadía, para investigar los datos bancarios del alto cargo y su esposa.
Las fuentes han insistido en que Bascuñana, que entró en el Gobierno murciano en 2002, invirtió ese dinero en 2001 en acciones preferentes de la multinacional, sin conocer el lugar en el que estuvieran domiciliadas, y en 2013 decidió venderlas por un valor algo menor del que tenían doce años antes.
Según documentación de Repsol YPF, esa operación se correspondió con una emisión de participaciones preferentes de noviembre de 2001, a interés variable y un valor nominal de 1.000 euros.
Bascuñana, quien en el último cuarto de siglo ha sido concejal del Ayuntamiento de Molina, consejero de varios gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y que en la actualidad es el máximo representante del Gobierno en la Región, también fue senador durante unos meses de 2011. Con motivo de ese cargo presentó una declaración de bienes, en la que se declaraba propietario de tres viviendas y de un Audi A-8, valorado en unos 100.000 euros.
El 'caso Novo Carthago' lleva camino de pasar a denominarse el 'caso de las multicuentas', debido a las revelaciones que los informes fiscales vienen realizando acerca del elevado número de posiciones bancarias que acumulan la mayor parte de los imputados. Ya el pasado marzo, 'La Verdad' desveló que el magistrado había ordenado investigar un total de 151 cuentas bancarias, que pertenecían o habían pertenecido al consejero Antonio Cerdá Cerdá (20 cuentas); el exdirector general de Medio Natural, Carlos Brugarolas (13); la exasesora del consejero Cerdá, María Antonieta Fernández Caro (24); la arquitecta municipal de Cartagena, Mónica Lavia Martínez (12); el jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Cartagena, Pascual Lozano (6); el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén Marco (48); el ex director general de Urbanismo y Vivienda, José María Ródenas (16) y la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, Reyes Sánchez Gómez (12).
Si el récord estaba situado hasta este momento en las 48 cuentas del exconcejal cartagenero Agustín Guillén, los últimos documentos sobre 'Novo Carthago', notificados ayer, le desposeen de ese 'título'. Así, el juez deja constancia ahora de que investiga 51 cuentas de Bascuñana y su familia directa, 35 de José María Bernabé y su familia (ex director general de Obras Públicas); 21 de Manuel Alfonso Guerrero y familia (ex director general de Vivienda); 42 del exasesor de Obras Públicas Luis Manuel Romera y familia, y 56 del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado (junto a su mujer y sus hijos), que pasa de esta forma a ostentar la mejor 'marca'.

El PSRM lo pone fino

Los socialistas murcianos consideran "deleznable" que el delegado de Gobierno, Joaquín Bascuñana, "no sólo no dimita de su cargo, sino que además utilice la sede de la Delegación para hablar de sus problemas con la justicia", por lo que le ha exigido que "se defienda desde su casa y no desde la Administración Pública".
   "Si la comparecencia del pasado viernes de Francisco Marqués en la sede del Partido Popular ya parecía estrambótica, la utilización particular de las instituciones que ha hecho Bascuñana hoy es absolutamente deleznable", subraya.
Y es que, explica, "Bascuñana comparece en sede de Delegación del Gobierno para realizar una rueda de prensa absolutamente personal y que nada tiene que ver con su papel de máxima autoridad del Estado en la Región".
   Así, considera que "las únicas actuaciones que ha hecho Bascuñana hasta la fecha han sido obstruir la acción de la justicia negándose a declarar y a aclarar los hechos ante el juez, y utilizar los medios a su alcance desde Delegación de Gobierno para poner a su servicio personal la institución a la que representa".
El PSOE denuncia una vez más que el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no puede seguir al frente de la Delegación del Gobierno por pura limpieza democrática y para no dañar más la imagen de la política institucional. Volvemos a insistir en su dimisión o en su cese lo más rápido posible".
   "La ciudadanía de la Región de Murcia no merece tener un delegado del Gobierno imputado por la justicia y que todo lo que hace es poner trabas a que los hechos se juzguen. Que cuente todo lo que sabe, absolutamente todo, y que se defienda si se cree inocente, pero que lo haga desde su casa, no desde la Administración del Estado", ha  indicado Ivars, quien ha añadido que "el hecho de que un gobernante público considere que tener 51 cuentas corrientes y depósitos a su nombre es lo más normal del mundo da una idea del alejamiento social de ese representante público".

Exigencia de dimisión desde IU-V

El coordinador de la Presidencia de IU-Verdes, Sergio Ramos, ha pedido este martes la dimisión del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ya que considera "insuficientes" las explicaciones que ha ofrecido.
   Ramos ha indicado que el delegado del Gobierno "es un figura institucional de primer orden y no puede permitirse que siga ensuciando la imagen de la Región de Murcia", de manera que "si personalmente no asume su dimisión, el Gobierno de España debería cesarlo o estará siendo cómplice de la situación".
  "El caso 'Novo Carthago' demuestra una corrupción generalizada, fruto de la especulación urbanística, en el Partido Popular de la Región de Murcia, con ramificaciones de momento en el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de la Comunidad", advierte.
   Además, Ramos ha denunciado que el PP y el Gobierno de España "sigan impasibles ante los numerosos escándalos de la corrupción con el alcalde de Murcia, la alcaldesa de Cartagena y el delegado de Gobierno investigados".
   Y es que, subraya, "la imagen que la Región de Murcia está proyectando es la de la corrupción generalizada y la impunidad; el PP, en lugar de depurar responsabilidades, presta sus instalaciones y medios para la defensa de los imputados como ha ocurrido en el caso de Francisco Marqués, aún no explicado a la ciudadanía".

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