MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, un proyecto de Ley de Denominaciones de Origen (DOP) e
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), cuyo ámbito territorial se
extiende a más de una Comunidad Autónoma. Su objetivo es ofrecer un marco jurídico único, moderno y
compatible con la legislación comunitaria para el desarrollo de estas
figuras de protección.
Con esta finalidad se establece, para todas las DOP o IGP
supra-autonómicas, tanto presentes, como futuras, un régimen jurídico
idéntico, independientemente del tipo de producto que regulen, ya sean
de origen vínico, o de origen agroalimentario no vínico, con unos
criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento,
protección, control y la regulación de su gestión.
Paralelamente se potencian instrumentos de cooperación entre las
Administraciones públicas, a partir de las experiencias desarrolladas en
los últimos años, facilitando el desarrollo conjunto de actuaciones con
la finalidad de lograr una utilización más eficiente de los recursos.
Un elemento fundamental es el sistema de protección, que busca
garantizar la adecuada y veraz información al consumidor y el respeto a
la competencia leal entre los productores. Para ello se regula la
protección desde la producción a la comercialización, presentación,
publicidad, etiquetado así como su utilización como nombres de dominio
en internet.
A su vez, se reconoce y refuerza el papel de los Consejos
Reguladores como órganos de gestión de las DOP e IGP y de colaboración
de la administración, para el adecuado desarrollo de estas figuras. Para
ello se les dota de una personalidad jurídica propia y de un sistema de
funcionamiento basado, fundamentalmente, en el derecho privado.
En la norma se crean nueve Corporaciones de Derecho Público para todos
los Consejos Reguladores existentes, los cuales han comunicado su
voluntad de acceder a esta fórmula (Cava, Rioja, Jumilla, Idiazábal,
Jamón de Huelva, Carne de Ávila, Guijuelo, Espárrago de Navarra y
Calasparra).
En lo que respecta al control oficial se ofrece un modelo
compatible con la normativa comunitaria y que ofrece seguridad jurídica a
los operadores. En este sentido se otorga a la Agencia de Información y
Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, funciones de control oficial.
Además, también se recoge la posibilidad de delegar tareas específicas de control en organismos de certificación de producto.
En España existen 323 DOP e IGP registradas, de las cuales 12 son
de ámbito territorial supraautonómico: cuatro de vino (DOP Cava, DOP
Rioja, DOP Jumilla e IGP Ribera del Queiles), dos de jamón (DOP Guijuelo
y DOP Jamón de Huelva), dos de queso (DOP Idiazábal e IGP Queso de los
Beyos), dos de carne (IGP Carne de Ávila e IGP Cordero Segureño), una de
arroz (DOP Calasparra) y una de hortalizas (IGP Espárrago de Navarra).
El valor económico de las mismas alcanza en vino 1.579 millones de
euros, lo que representa el 60% del total de los vinos con DOP y en
productos no vínicos 113,6 Millones de euros, lo que supone el 10,7% del
total de estos productos con DOP o IGP. A su vez la superficie afectada
alcanza en caso de los vinos 117.550 hectáreas y para los productos
agrícolas (Calasparra y Espárrago de Navarra) se sitúa cerca de 2.000
hectáreas.
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