MURCIA.- El exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, es uno de los
detenidos en la 'operación Púnica'. Desde la Delegación del Gobierno, que no ha
llegado a confirmar la información, han indicado que las actuaciones
están declaradas secretas. Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.
No se descarta la aparición en las pesquisas en torno a Alonso de otro ex alcalde socialista de Cartagena y ex consejero de la Comunidad Autónoma, Juan Martínez Simón; la actual alcaldesa y diputada, Pilar Barreiro y del diputado cartagenero del PP, Andrés Ayala, según otras fuentes bien informadas. La alcaldesa Pilar Barreiro abandonó hoy el pleno municipal antes de que éste culminara sin hacer comentarios, pese a las petición de los periodistas.
El arresto del exalcalde Alonso arroja más dudas sobre el 'pelotazo' del Ensanche Norte y la venta de Zinsa. Los terrenos de Zinsa los compró la empresa Quorum, que no logró la recalificación de los terrenos como urbanizables.
No se descarta la aparición en las pesquisas en torno a Alonso de otro ex alcalde socialista de Cartagena y ex consejero de la Comunidad Autónoma, Juan Martínez Simón; la actual alcaldesa y diputada, Pilar Barreiro y del diputado cartagenero del PP, Andrés Ayala, según otras fuentes bien informadas. La alcaldesa Pilar Barreiro abandonó hoy el pleno municipal antes de que éste culminara sin hacer comentarios, pese a las petición de los periodistas.
El arresto del exalcalde Alonso arroja más dudas sobre el 'pelotazo' del Ensanche Norte y la venta de Zinsa. Los terrenos de Zinsa los compró la empresa Quorum, que no logró la recalificación de los terrenos como urbanizables.
Otro de los detenidos en nuestra región es un tal Jesús Norberto Galindo, actual secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, englobado en la Consejería que detenta Juan Carlos Ruíz.
El jefe de gabinete de esta Consejería, la de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez, han sido igualmente detenidos este lunes en el marco de la operación anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil.
Aunque Francisco Granados, ex secretario general del PP en Madrid, figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
Alonso también fue diputado por Murcia en el Congreso entre los años 1989 y 1996 y, a pesar de que abandonó su carrera política, fue el principal impulsor del desarrollo del barrio universitario de Cartagena, si bien no fue socio de la promotora que lo llevó a cabo, Puerta Nueva, aunque sí hizo el papel de gerente y portavoz de la misma.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
En total han 51 las personas detenidas en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que ha sido arrestado el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados.
Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos --PP, PSOE y los independientes de la UDMA-- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Entre los detenidos se encuentra igualmente el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, por el Partido Popular.
Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes.
Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial.
Modus operandi
La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.
Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.
El jefe de gabinete de esta Consejería, la de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez, han sido igualmente detenidos este lunes en el marco de la operación anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil.
Aunque Francisco Granados, ex secretario general del PP en Madrid, figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
Alonso también fue diputado por Murcia en el Congreso entre los años 1989 y 1996 y, a pesar de que abandonó su carrera política, fue el principal impulsor del desarrollo del barrio universitario de Cartagena, si bien no fue socio de la promotora que lo llevó a cabo, Puerta Nueva, aunque sí hizo el papel de gerente y portavoz de la misma.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
En total han 51 las personas detenidas en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que ha sido arrestado el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados.
Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos --PP, PSOE y los independientes de la UDMA-- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Entre los detenidos se encuentra igualmente el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, por el Partido Popular.
Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes.
Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial.
Modus operandi
La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.
Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.
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