martes, 11 de febrero de 2014

El TSJ notifica a la Comunidad Autónoma que Aeromur pide que se suspenda la decisión del Gobierno de resolver su contrato

MURCIA.- El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha confirmado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) notificó este lunes a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma la petición que formula la concesionaria Aeromur, solicitando "que se suspenda la decisión del Consejo de Gobierno con relación a la resolución del contrato de concesión y la pieza de medidas cautelares en la que se hace una interpretación del contenido de la orden de suspensión".

   El Gobierno regional cuenta con cinco días para responder y Campos ha avanzado que la respuesta "puede ser no oponernos a la solicitud, oponernos o, en su caso, mantener una posición intermedia entre ambas", pero ha aclarado que esta decisión "queda al arbitrio y a la discrecionalidad jurídica y técnica de los servicios jurídicos, a los que en ningún caso se les indica la dirección que deben de seguir".
   Por lo tanto, Campos ha señalado que está a la espera de que el director de los servicios jurídicos emita el correspondiente informe "en coherencia con el planteamiento general y la realidad más inmediata de esos contactos, para posibilitar que los ciudadanos de la Región puedan utilizar nuestro aeropuerto internacional a partir del 18 de septiembre".
   Este sería "el deseo" del Gobierno regional, pero ha insistido en que se materializará "siempre que concurran las premisas que ya hemos anunciado en más de una ocasión" y que pasan por el hecho de que Bruselas "considere que el préstamo participativo no vulnera la legislación europea o que es compatible con la misma".
   Esto permitiría que la concesionaria Aeromur obtenga 182 millones para liberar a la Comunidad del aval y que, finalmente "se abra el aeropuerto en la fecha prevista". Si estos condicionantes "concurren", Campos ha señalado que la Comunidad "está abierta a estudiar todo tipo de posibilidades y soluciones que no son extrajurídicas, sino de técnica jurídica".
   Y es que ha recordado que "la propia ley de la jurisdicción contencioso-administrativa establece otros modos de terminar el proceso, entre los cuales está la transacción y el acuerdo". Todo ello, ha puntualizado, "sin hablar de la jurisdicción civil y de las facultades de resolución que, en todo caso, son potestativas de las partes".
   Por tanto, afirma que "queda salvaguardada la posición del Consejo de Gobierno en orden a velar y tutelar el interés general, a que se nos liberen los 182 millones y a que se abra el aeropuerto, ya que el préstamo participativo es un préstamo".
   Ha explicado que el prestamista sería la Comunidad, y tendría "dos tramos de interés fijo y variable". Asimismo, "se cubre el déficit de caja o se concede una ayuda al funcionamiento por tramos anuales, desde 2014 a 2023 y, a partir de 2024, se produce el reintegro de la cantidad prestada, con sus intereses".
   Por tanto, ha añadido que si el préstamo fuera de 170 ó 175 millones de euros, la Comunidad recobraría a su finalización el dinero, cobrando "un total de unos 195 millones, es decir, el montante principal más los intereses".

La Comunidad Autónoma no conoce todavía la fecha para aprobar el nuevo concurso de la televisión autonómica

MURCIA.- El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha reconocido que todavía no sabe la fecha prevista en la que el Consejo de Gobierno abordará la aprobación del nuevo concurso para poner en marcha la televisión autonómica.

   En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Campos ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en el pliego administrativo y en la oferta técnica. Una vez que el trabajo esté "debidamente concluido", se llevará a la comisión de secretarios generales, de donde pasará al Consejo de Gobierno.
   No obstante, ha precisado que este asunto podría pasar directamente sin ser analizado por la comisión de secretarios generales, como asunto fuera del orden del día, "si fuera urgente y estuviera ya concluido".
   Su interés, en cualquier caso, es que ese concurso "se ofrezca lo antes posible, pero cuando esté todo concluido, debidamente estudiado y ponderado todo el contenido de esos pliegos que deben de ser estudiados por nuestros servicios jurídicos".

El PSRM critica que Valcárcel quiera ahora devolver las competencias "cuando dijo que sobraba dinero al recibirlas"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha afirmado que la "puesta en escena" realizada ayer por los presidentes del PP de Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, para "exigir" a su propio partido una mejor financiación autonómica, "no es nada más que un intento de justificación de su propia inoperancia".

   Tovar ha criticado que Valcárcel, "que es un barón de su partido", se dedique a hacer reivindicaciones externas y reuniones "para perder el tiempo", y olvida que el PP gobierna en España.
   "Lo que tendría que hacer sería reunirse en Moncloa con Mariano Rajoy, convencerlo de que la financiación que llega a la Región es deficiente e inadecuada para mantener nuestros servicios públicos con calidad, y exigirle que nos compense urgentemente de forma directa o indirecta", ha indicado.
   Por ello, ha añadido, "esperamos que los diputados murcianos del PP apoyen nuestra propuesta en el Congreso de los Diputados para poner en marcha un fondo de compensación para 2014 ante el retraso del nuevo modelo de financiación".
   El líder socialista, que ha recordado que el nuevo modelo de financiación autonómica tendría que estar en marcha desde el 1 de enero e 2014, critica que el PP vaya a perder tres o cuatro años en actualizarlo, "prácticamente una legislatura sin resolver un problema que es vital para nuestra comunidad autónoma y que tanto usa el aún presidente políticamente".
   Tovar ha indicado que "los socialistas le dijimos a Valcárcel en el momento en que asumió las transferencias en educación o sanidad que no traían dinero suficiente para financiar de forma correcta esos servicios". 
"Entonces, Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional -y está recogido en el diario de sesiones- que sobraba dinero, que todo se podía hacer de forma excepcional", ha manifestado.
   "Valcárcel es el responsable de haber asumido esas transferencias, y de haber gestionado mal los servicios. Ahora, cuando está despidiéndose de la Región para irse a Bruselas, no puede decir que la solución es devolver esos servicios al Estado, centralizarlos de nuevo", ha señalado Tovar.
   Y es que, según el líder socialista, el Gobierno regional del PP "no cree en la autonomía murciana, la ha gestionado mal, y nos ha llevado al desastre en todo lo que era su responsabilidad".
   "Bajo ningún concepto vamos a permitir que se devuelvan las competencias a Madrid. Los socialistas defendemos la autonomía de la Región de Murcia y a sus ciudadanos. Defendemos la cercanía de la gestión de los servicios públicos, pero, eso sí, mejor gestionados de cómo lo está haciendo el PP", ha indicado.
   No vamos a tolerar que el todavía presidente Valcárcel "nos haga juegos de artificio en algo que es su estricta responsabilidad", ha subrayado, "han sido malos gestores, nos han llevado donde estamos, y ahora no vale llorar por las esquinas como están haciendo".
  "Los partidos políticos, cuando están gobernando, lo que tienen que hacer es resolver los problemas sin buscar excusas. Y ya hemos entrado en el tercer año de gobierno del PP. No se puede, como hace Valcárcel, confundir a la gente haciendo reuniones aparte y manifestaciones para intentar parecer ajeno a la solución del problema, cuando es su partido el que tiene ahora la obligación de resolverlo", ha insistido.
   "Hay que conseguir directamente en la Moncloa que cambie el modelo de financiación autonómica para que se tenga en cuenta a la población, ya que, en el sistema que acordó el propio Valcárcel con Aznar, no se la tenía", ha finalizado, "ahí, los socialistas estaremos apoyando, pero, para engañar a los murcianos, que no cuenten con nosotros".

El PP anuncia que las obras del tramo de autovía Yecla-Jumilla comenzarán, como mucho, en verano

YECLA.- El diputado nacional del PP por Murcia en el Congreso, Andrés Ayala, se ha mostrado "optimista" ante las previsiones del Ministerio de Fomento en relación a las obras del tramo Yecla-Jumilla, en la autovía A-33, y ha asegurado que éstas "estarán adjudicadas en los próximos meses y darán comienzo, como mucho, durante el verano".

   Ayala, portavoz de Fomento en el Congreso de los Diputados, ha hecho estas declaraciones durante el acto sectorial de Infraestructuras que el PP regional ha celebrado en Yecla, donde ha participado junto al alcalde y presidente del PP de Yecla, Marcos Ortuño; el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla; el presidente de la Comisión de Infraestructuras, José Hernández; y la vicesecretaria general de Sectorial, Estudios y Programas del Partido Popular de la Región de Murcia, Inmaculada González.
   En este encuentro, donde se ha dado cuenta a afiliados y simpatizantes del PP de la política del Gobierno en materia de infraestructuras, Ayala ha indicado que estas obras, de algo más de 23 kilómetros y con un presupuesto superior a los 80 millones de euros, durarían de 18 a 22 meses y podrían estar finalizadas en el primer trimestre de 2016.
   Según ha explicado, "este tramo permitirá la comunicación por autovía no sólo de los dos núcleos de población más importantes del Altiplano, sino también la conexión de la Región con la Comunidad Valenciana, conformando en Murcia una red de alta capacidad junto con las autovías de titularidad autonómica, lo que nos sitúa entre los territorios mejor vertebrados por carretera de España".
   "Además, la subdivisión del proyecto de construcción en tres tramos permite que haya más oportunidades de adjudicación de obra para las empresas y que se pueda trabajar simultáneamente en todos ellos", ha añadido.
   El diputado 'popular' ha subrayado el compromiso del Ministerio de Fomento con la Región de Murcia, recordando que esta licitación se enmarca a su vez en la licitación de diversas obras "que estaban largamente demandadas y que son para sus territorios tan necesarias o más que la de Yecla-Jumilla", como los accesos viarios al puerto de Barcelona; Maçanet de la Selva-Sils, Girona; la S-40 en Sevilla; o Fuentes de Oñoro-Frontera Portuguesa, en Salamanca.
   Por su parte, el presidente del PP de Yecla, Marcos Ortuño, ha asegurado que con esta licitación "se da así cumplimiento a una demanda histórica de Yecla y de los yeclanos", y eso "a pesar de haberse producido en un momento muy complicado en lo presupuestario, que ha reducido la capacidad de las diversas administraciones publicas para acometer inversiones".
   Durante esta reunión, Ortuño se ha referido a la remodelación de la carretera autonómica RM-404 que discurre entre Yecla y el municipio albaceteño de Fuente Álamo, recordando que "el año pasado finalizaban las obras de la primera fase, de 6 km de longitud", e incidiendo en la "necesidad de pagar todas las indemnizaciones por las expropiaciones de terrenos que se realizaron para acometer estas obras"
   En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, ha anunciado que "la Comunidad prevé que el próximo mes de marzo será el plazo en el que concluya el pago de las expropiaciones de los terrenos para el ensanche del primer tramo de esta carretera autonómica", unas expropiaciones que, según estimaciones de la consejería, "supondrán un coste de algo más de 150.000 euros y afectarán a alrededor de 85 fincas".
   Finalmente, Ortuño ha recalcado "la necesidad de completar la remodelación de esta carretera hasta la finalización del término municipal", pues "supone una importante mejora de las comunicaciones entre numerosas zonas rurales y el casco urbano de nuestro municipio".

Alicia Sánchez-Camacho pide no negociar la nueva financiación desde el "frentismo" entre autonomías

BARCELONA.- La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha reclamado este martes que no se negocie la financiación autonómica desde el "frentismo" entre autonomías, y ha pedido a todas las comunidades que estén a la altura de las circunstancias.

   En una entrevista de la Cope, ha descartado así articular un frente con el resto de comunidades mediterráneas, después de que el lunes se reunieran en Valencia los presidentes de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de las Islas Baleares, Alberto Fabra, Ramón Luis Valcárcel y José Ramón Bauzá.
   "Debemos negociar de forma consensuada entre todos", ha advertido Camacho, que prevé reunirse en las próximas semanas con estos tres presidentes autonómicos para debatir la financiación, además de con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
   Aun así, ha coincidido en situar entre sus principales reivindicaciones para el nuevo modelo un aspecto que este lunes reclamaron los citados tres presidentes autonómicos: la equidad y la igualdad en los servicios básicos en todas las autonomías.
   La dirigente popular ha presentado la reforma de la financiación como una oportunidad de reforzar el Estado autonómico en un momento en el que está a debate, por lo que ha reclamado una "revisión profunda" que muestre en qué y cómo se está gastando el dinero.

La Audiencia Provincial de Murcia condena a la empresa 'López Rejas' por defectos en la construcción de un edificio

MURCIA.- Los arquitectos, el aparejador y la empresa José López Rejas deberán indemnizar con 126.672 euros a una comunidad de vecinos por los defectos observados en la construcción de un edificio, según lo dispone una sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia.

La resolución estima en parte el recurso presentado por el aparejador y reduce a esa cantidad la que inicialmente fijó un Juzgado de Primera Instancia de Murcia, que la concretó en casi 135.000 euros.
Añade el tribunal que el juez de Primera Instancia aceptó en parte las pretensiones planteadas por la comunidad de propietarios, al considerar que algunos de los defectos recogidos en la demandas no eran imputables a los demandados.

Política energética desacertada e improvisada / Ángel Tomás Martín *

Ha pasado tiempo desde que se acuñó, por las empresas productoras y distribuidoras de energía, la ya aceptada y manida frase "déficit de tarifa". Se asumió y sigue utilizándose sin que el ciudadano, consumidor de un bien necesario e imprescindible, comprenda el verdadero y profundo significado de una frase que pretende justificar la continua e inaceptable subida del costo final de la factura de su consumo eléctrico. 

Es sin duda, el esfuerzo de dar a conocer y no ocultar hechos y errores que obligan al encarecimiento progresivo de la energía, que desestabiliza presupuestos en los hogares, y coloca a la producción empresarial fuera de competencia, en especial con los mercados exteriores. 

Por eso, se reclama transparencia de una actividad excesivamente controlada y utilizada, en buena parte, para incorporar en sus facturas conceptos que nada tienen que ver con la generación y distribución de la energía. Gran parte de estos conceptos, no incluidos en donde debieran integrarse, los soportan los consumidores porque su recaudación es más sencilla y aparentemente encubierta.

Las empresas eléctricas, con independencia de sus costos de producción y distribución, se ven obligadas a incorporar también otros componentes, tales como: la moratoria nuclear, el impuesto de electricidad, las primas a las renovables, la producción extrapeninsular, las primas a la producción nacional del carbón y los planes de ahorro y eficiencia energética; a los que habrá que sumar, desde ahora, las anualidades e intereses del propio déficit contable, ya que el costo final de tarifa está controlado por la reciente Ley 24/2013 de Diciembre, del Sector Eléctrico; es una ley esencialmente económico-financiera, que, como su propio nombre indica, pretende resolver el llamado "déficit de tarifa" en lo referente a rendimientos y cobertura de obligaciones de pago de las compañías eléctricas, sin que se observe que haya acometido las soluciones de los verdaderos problemas del sector, ni haya aportado soluciones definitivas inmediatas ni para medio ni para largo plazo. La incertidumbre permanece, sin que el esquema triangular Economía-Hacienda-Empresas eléctricas haya minorado el problema, ni los costos se hayan podido reducir para que sean asumibles y competitivos.

Resulta sorprendente y, desde luego inaceptable, que la cobertura de los conceptos mencionados anteriormente, hayan de ser financiados con el incremento de la factura energética a cargo del consumidor. No debe olvidarse que son impuestos, subvenciones, aplicaciones a la necesaria política ambiental, y financiación obligatoria a la investigación y desarrollo de las energías renovables, que en conjunto, sus importes, ajenos a la producción eléctrica, constituyen casi el 60% de la facturación final. Al no recibir las empresas de distribución la financiación compensatoria de lo recaudado por cuenta del Estado, se ha llegado a producir el " déficit de tarifa ", cuya estimación se aproxima a 30.000 millones de €, equivalente al 3% del PIB.

Dentro de los conceptos mencionados anteriormente, ajenos a los costos de producción y distribución, las subvenciones a las energías renovables inciden en la factura alrededor del 21%. La UE tomó la decisión de que la producción energética alcanzase en el año 2.020 el 20% procedente de las fuentes renovables, porque de esta forma se mejoraría en igual porcentaje la eficiencia del servicio. España se lanzó a fomentar de forma masiva las instalaciones fotovoltaicas, dando lugar a que creciera el coste de las primas de forma desproporcionada, que al ser soportado por los recibos de la luz, ocasionaron por primera vez "resultados negativos" en las cuentas de resultados. La factura de los hogares españoles se elevó desde el 2.008 a 2013 un 46%, sólo superado en un punto porcentual por Lituania, mientras en Italia solo asciende a un envidiable 3%. La UE, probablemente convencida de su error, recientemente ha demorado la consecución de sus objetivos hasta el 2.030.

En la partida de las subvenciones a la energía solar, técnica aún en vía de perfección y desarrollo, los resultados han sido deplorables; su erróneo y prematuro lanzamiento produjo el desajuste más importante hasta ahora soportado. En España se instalaron más paneles solares en el 2.008 que en el resto del mundo, habiendo caído el precio de los mismos a niveles ridículos; razón por la cual y ante el inevitable desequilibrio presupuestario, se haya promulgado la Ley 24/2.013, ordenando la asunción del mismo por las Compañías Eléctricas, por los perceptores de primas, y en una parte residual el propio Estado.

Se da la paradoja de que con la crisis iniciada a finales de 2007, que aún sufrimos, con la disminución del tejido empresarial industrial y el control del consumo, la producción de energía eléctrica supera a la demanda. Sin embargo los precios suben de manera continuada y es lógico comprender que el ciudadano no entienda el embrollo de la situación.

A mayor abundamiento, en los años de crecimiento económico y las incontroladas facilidades financieras, se promovieron y pusieron en marcha nuevas plantas de "ciclo combinado", hoy prácticamente paradas. Nuestro potencial eléctrico instalado en España entre todos los sectores, es de más de 100.000 MW, potencia capaz de satisfacer al doble de la actual demanda.

Este es un lamentable error más, consecuencia de la falta de previsión económica, de la carencia de estudios profundos previos al lanzamiento y ejecución de unas estructuras faraónicas, que siempre suelen terminar sin rentabilidad y con un endeudamiento insoportable. Algo similar ha ocurrido con las desalinizadoras de aguas del mar, pensadas para cubrir necesidades hídricas con destino a la agricultura y el consumo humano. No son potables, y arruinan los cultivos al no poderse eliminar ni el boro ni el sodio. En California y Oriente Medio se eliminan por nocivas; aquí invertimos en ellas, aumentamos nuestro endeudamiento, pero su costo final es inasumible, carecen de demanda en el mercado y como consecuencia, la mayoría se encuentran inactivas.

La solución a este estado de cosas pasa por asumir la verdad. El “déficit de tarifa” es déficit del sector público y solo el objetivo contable de que éste no sobrepase un cierto nivel, impide reconocer la realidad y está presionando sobre la renta disponible de las familias y los costes empresariales.

 (*) Economista y empresario