martes, 1 de abril de 2014

Pedro Saura recuerda que Valcárcel "no ha puesto ni un euro para la reconstrucción de Lorca, mérito del Estado y de la Unión Europea"


MURCIA.- El diputado socialista por la Región de Murcia en el Congreso, Pedro Saura, ha recordado al vicesecretario general de Comunicación del PP regional, Francisco Bernabé, que el presidente Ramón Luis Valcárcel "no ha puesto ni un solo euro para la reconstrucción de Lorca".

   Saura le ha pedido "que no utilice la demagogia ni manipule la verdad para engañar a los ciudadanos y distraer su atención, pues los fondos para la reconstrucción de Lorca los aportaron el Estado y la Unión Europea, y aquí en la Comunidad Autónoma estuvieron embalsados por el Gobierno regional, el mismo al que ahora defiende".
   El parlamentario socialista ha asegurado que "no miente cuando asegura que el actual déficit regional se debe en gran parte a los antojos de estos años de Valcárcel y a proyectos como el aeropuerto de Corvera o la desaladora de Escombreras, que saldrán muy caros a todos los murcianos por su ruinosa gestión".
En este sentido, ha invitado a Bernabé a que pregunte al ministro Cristóbal Montoro "si es o no deuda pública y déficit público el aeropuerto de Corvera y verá lo que le dice".
 "La respuesta es que este despropósito lo tendremos que pagar todos los murcianos, por tanto, sí es déficit y deuda", concluye.

Gestión municipal del agua: del descontrol al saqueo / Pedro Costa Morata *

Antes de señalar a la Empresa Municipal de Aguas de Murcia (EMUASA, con participación pública del 51% y de Aquagest del 49%) por conducta opaca e irregular, así como por actuar contra los intereses de los ciudadanos murcianos, aludiré al marco ideológico en que tienen lugar las concesiones de servicios públicos que practican las distintas administraciones (municipios, comunidades autónomas, Estado central), que no es, ni más ni menos, que el “principio” de que la gestión privada de cualquier actividad económica de titularidad pública resulta siempre más eficiente, barata e incluso equitativa, que si la desempeñan las propias administraciones o instituciones públicas.

Este es un principio radicalmente falso, ya que no se sustenta en ley, argumento, experiencia que política, científica o moralmente puedan considerarse válidos, contrastables o universales. Se trata de un mito persistente en el liberalismo de siempre, que como otros mitos consustanciales con los planteamientos tradicionales conservadores, pretende convertir en categoría antropológica: para este liberalismo (como el del PP) la gestión pública, el funcionariado y hasta la vocación pública adolecen de una suerte de incompetencia genética, de desventajas comparativas indiscutibles, de incapacidad en definitiva de hacer las cosas bien.

Todo falso, ya digo, avieso y retorcido. En realidad, el liberalismo montaraz, que ataca todo lo público, realiza esta tarea histórica por una razón que es a la vez un objetivo que a malas penas logra disfrazar: convertir en negocio privado lo que no debiera serlo (entre otras razones, porque incluso así lo prohíben las leyes), detraer de los recursos públicos de todo tipo cuanto pueda enriquecer a las élites político-económicas y apoderarse en lo posible de la administración de bienes y recursos de naturaleza típica y rotundamente públicos. 

Desde este planteamiento general hemos de descender al análisis de la situación de la gestión municipal del agua en la Región de Murcia que vive, como la mayor parte de España, un acelerado proceso de privatización y de oligopolización de este servicio público a manos de dos grandes grupos, Aguagest/Agbar y FCC, bien con la fórmula de la concesión de servicios, bien con la constitución de empresas mixtas; este es el caso de EMUASA, en la que el Ayuntamiento de Murcia posee la leve mayoría de un 51%, con el 49% para Aquagest. 

Los hechos muestran no sólo que la eficiencia privada sobre la pública está por ver sino también un resultado económico desfavorable para los ciudadanos, con incrementos de costes y de tarifas que superan con creces la evolución de la inflación; cuando la gestión municipal del agua ha sido en España notablemente eficaz y transparente. Muchos ayuntamientos prefieren “descargarse” de este servicio cediéndolo a cambio de obtener ingresos adicionales y, por supuesto, de renunciar –ignominiosamente– al control debido, configurando las relaciones Ayuntamiento-empresa privada según las pautas y usos del lacayato, tan querido y practicado por numerosas empresas que medran en el ámbito público.

Para resumir, el papel que EMUASA desempeña en este cuadro de procacidades político-económicas, sería suficiente con aludir al extenso, meticuloso y fundamentado escrito que acompaña a la demanda presentada en diciembre de 2012 por varios miembros de la asociación Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad. Lo resumiré destacando lo que consideran errores y fallos en cálculos que son esenciales para justificar la revisión (al alza) de las tarifas, como sucede con el rendimiento técnico de la red (que es del 76,4 por 100 y no del 94,6), el consumo previsto (que está en torno a 140 litros diarios, y no a 195) y los incrementos tarifarios medios (que no son del 4,02 por 100 sino del 5,22 para la fracción más habitual, o media, correspondiente al consumo de 34 m3 consuma 65 m3 cada dos meses; la familia, por cierto, que, se verá favorecida con una reducción del 3,22 por 100).

Lo más importante es, sin embargo, la ausencia de cualquier informe o fiscalización por parte municipal de los documentos que aportan los órganos directivos de EMUASA, ya que el “Informe” que emite un funcionario responsable de la Jefatura de Infraestructuras se limita a “cortar y pegar” varios documentos redactados por la propia empresa, sin el menor desacuerdo o comentario. De esa forma, apartados esenciales como el de “Retribución de recursos propios”, de 2,8 millones de euros, o “Gastos de personal”, de 8,8 millones, quedan sin explicación, suscitando la sospecha de que en parte van destinados a incrementar los beneficios “legales” de 2,2 millones de euros, que son los correspondientes al 49% de la participación privada. Tampoco se informa sobre el destino del beneficio municipal, de 2,3 millones de euros, que va a engrosar el gasto corriente (práctica irregular tan generalizada como sorprendente). 

Los funcionarios municipales de Murcia se muestran incapaces de aportar el menor informe o la más mínima advertencia de ilegalidad, cuando tan claro está el derecho administrativo a estos efectos: ni esos beneficios son legales ni lo es el control absoluto del socio minoritario sobre EMUASA; tampoco que ésta realice todas las obras correspondientes según voluntad de Aquagest, que las contrata a las empresas de su grupo. Y es un desprecio insufrible que los representantes públicos en EMUASA carezcan sistemáticamente, en las reuniones decisorias, de información suficiente y precisa que justifique estas decisiones.

La “Operación Pokemon”, destapada en Galicia el mes pasado, en la que se ha puesto de relieve la corrupción protagonizada por Aquagest comprando voluntades de políticos y funcionarios, subraya la importancia de que la ciudadanía abra una causa general contra las concesiones del servicio de aguas y las empresas mixtas con socios privados; y esto en nuestra Región debe iniciarse con Aquagest.


*Ingeniero y profesor universitario

Montoro acepta la cuenta de Bernal y elogia el esfuerzo del Gobierno regional para ajustar el gasto de 2013

MURCIA.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su secretario de Estado, Antonio Beteta, elogiaron el esfuerzo que ha realizado el Gobierno murciano para reducir el déficit y confirmaron que no se computarán los gastos generados por el préstamo del aeropuerto de Corvera y las reparaciones de Lorca. El secretario de Estado precisó que, si se excluyen los 26 millones destinados a las reparaciones del terremoto, el déficit, que el Ministerio ha elevado al 3,17%, quedaría en el 3,07%.

A su vez, al descontar el impacto de los 182,6 millones de la deuda de Corvera, el Ministerio sitúa el déficit regional en el 2,37%. El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, aclaró ayer que la imputación de gasto que se produjo el pasado mes de diciembre, cuando la Comunidad suscribió el crédito con las entidades financieras, ha quedado «neutralizada» al reclamar la deuda a la exconcesionaria Aeromur. 
Según indicó Juan Bernal, a partir de ese momento el apunte contable pasa a la casilla de ingresos, como un cobro pendiente. En cualquier caso, este porcentaje se sitúa por encima del límite autorizado, dado que Murcia tenía asignado un techo de déficit del 1,59% para este año.
Tanto Montoro como Beteta alabaron el esfuerzo de las administraciones territoriales, que en 2013 tuvieron un déficit del 1,86%, y valoraron que las políticas aplicadas están «dando buenos resultados».
Dejaron claro que este año no habrá ya 'déficit asimétrico'. Para 2013 el Gobierno y las comunidades acordaron por primera vez objetivos diferenciados para facilitar la labor a las autonomías con peores datos, lo que permitió a Murcia llegar al 1,59%. Sin embargo, Montoro ya ha asegurado que esta experiencia, aunque ha sido «positiva», no volverá a producirse en 2014, sino que todas las autonomías deberán cumplir con el 1% acordado.

Cultura incoa un procedimiento para modificar la resolución que declaró como BIC el Paseo del Malecón


MURCIA.- La Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha incoado un procedimiento para modificar la resolución que declaró el Paseo del Malecón, de Murcia, como Bien de Interés Cultural (BIC) para que se fije su delimitación y el entorno de protección.

La resolución, que aparece publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de este martes, señala que la declaración del Paseo como BIC fue aprobada por un real decreto del 30 de abril de 1982, sin que en el mismo se recogieran los extremos que ahora se trata de incorporar con este expediente.
El acuerdo añade que esta obra se prolonga entre el Plan de San Francisco y termina a la altura de la acequia de la Aljufía y que fue construida contra las avenidas del río Segura.
Su origen se remonta a la época medieval islámica, aunque en el siglo XV se llevaron a cabo varias reparaciones como consecuencia de las gravísimas riadas padecidas.
Cultura señala también que la apertura de este procedimiento fue instada por la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur).

El PSRM pide al PP que aporte informes jurídicos de la Consejería si quiere llevar adelante el proyecto de Marina de Cope

CARTAGENA.-   El Grupo Parlamentario Socialista no comprende por qué el PP insiste en que el proyecto urbanístico de Marina de Cope va a salir adelante después de que el TSJ de la Región declarara que existen obstáculos para desarrollar el proyecto.

   El socialista Francisco Abellán ha realizado estas declaraciones después de que el PP rechazara la iniciativa presentada por su grupo para la paralización de la ordenación urbanística en Marina de Cope.
   El diputado socialista ha dicho que si aun así se quiere llevar a cabo la urbanización de la zona, harían falta informes jurídicos y técnicos del personal de la Consejería "que digan que no existen obstáculos para desarrollar el proyecto". Y a su vez ha pedido al Gobierno regional el compromiso de que se paralicen todas las actuaciones en Marina de Cope hasta que no se subsane la sentencia del TSJ.
   El PSRM y los Ecologistas presentaron un recurso contra la Ley del Suelo de la Región de Murcia en el que se pedía anular la recalificación de unas 11.000 hectáreas de terrenos protegidos junto a la costa.
   Tal modificación dejó desprotegida a una gran parte de Marina de Cope, donde el Gobierno regional promueve uno de los mayores complejos urbanísticos del Mediterráneo. Y ahora ha sido cuando el TSJ ha dado la razón al PSRM y a los Ecologistas.
   IU-Verdes también ha apoyado esta moción, ya que como ha pedido en varias ocasiones, "se debería de redactar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que son los que determinan las consecuencias de urbanizar en zonas como ésta", ha dicho José Antonio Pujante.
   Por su parte, el diputado del PP, José Miguel Luengo apuesta por el desarrollo urbanístico de Marina de Cope. "Es un defecto subsanable y solo hay que volver a ordenar el proyecto y delimitar los espacios protegidos. Ésta es una oportunidad de tener una urbanización de calidad", ha asegurado.

CCOO denuncia la "incapacidad" del Gobierno regional para gestionar el déficit

MURCIA.- Comisiones Obreras (CCOO) Región de Murcia ha denunciado este martes la "incapacidad" del Gobierno para gestionar el déficit pues, en cualquiera de los planes de medidas extraordinarias implantados hasta el día de hoy, "no se aportan medidas que generen riqueza en la Región, exclusivamente recortes a los empleados públicos y a los ciudadanos en materia de servicios públicos".

   Por su parte, la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de la Región de Murcia (FSS-RM) ha rechazado "estas políticas de recortes que no sustentan ninguna mejoría en la economía, que sólo sirven para tapar agujeros económicos que ha generado la insensatez y el derroche de nuestros dirigentes".
   En este sentido, su secretario general, Javier Lanza, ha señalado que "la FSS-RM, al igual que todos los empleados públicos, está harta de que sus sueldos se consideren la bolsa de reserva, la hucha de los céntimos en la que la Administración mete mano cada vez que tiene un descubierto".
   Asimismo, la FSS-RM ha declarado que estará en contra de cualquier recorte al sueldo o a la condiciones laborales de los empleados públicos, y para ello continuará realizando las medidas de presión que considere.

CCOO denuncia que los datos del déficit público "abocan a la Región a una situación cercana a la quiebra técnica"

MURCIA.- CCOO denuncia que los datos del déficit público regional "abocan a la Región a una situación cercana a la quiebra técnica". De hecho, ésta "sería la situación de la Comunidad si se tratase de una empresa y no de una administración pública".

   Pues aún descontando los 200 millones del aval del aeropuerto de Corvera, destaca el sindicato en comunicado, "quedarían 372 millones de endeudamiento en un solo trimestre", que estaría bien "que el gobierno saliente explicara antes de echar el cierre".
   La situación económica regional, "dramática desde hace ya demasiado tiempo para los sectores más débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad", muestra con estas cifras "su auténtica realidad y compromete irremediablemente la acción de gobierno de Alberto Garre".
   El déficit, con y sin la contabilización del aval del aeropuerto, "implicará un nuevo y brutal Plan de Ajuste o de Reequilibrio de las cuentas públicas que puede deteriorar irreversiblemente las políticas sociales y el sector público", y que CCOO teme "pueda afectar a la prestación de servicios esenciales como la Educación y la Sanidad".
   CCOO asegura rechazar cualquier planteamiento de este o del próximo Gobierno regional que suponga establecer nuevos sacrificios y limitaciones a los empleados públicos regionales "o deteriorar aún más la prestación de servicios sociales o de los servicios educativos y de salud".

CCOO, sobre el dato del déficit en Murcia, tacha de injusto que el "fracaso del aeropuerto lo paguen empleados y sociedad"

MURCIA.- CCOO ha valorado con mucha preocupación la situación de déficit de la Región de Murcia, y ha responsabilizado al Ejecutivo regional de "errar en las políticas que favorezcan la reactivación económica y del empleo en la Región. Es injusto que el fracaso del aeropuerto lo paguen los empleados públicos y los ciudadanos", ha aseverado.

   En este sentido, cree que "es absolutamente injusto que el fracaso del aeropuerto de gestión privada promovido por el Gobierno regional, que no iba a costar un euro al erario público, pueda conllevar recortes salariales a las personas empleadas en la Comunidad, así como en los servicios públicos y prestaciones sociales, que ponen en mayor riesgo al conjunto de la población".
   En este sentido, Daniel Bueno, secretario general de CCOO en la Región, considera que "no es aceptable que se haya agotado los fondos para la Renta Mínima de Inserción, pero en cambio haya que hacer sufrir más a los trabajadores para rescatar a la empresa que ha gestionado la construcción del Aeropuerto de Corvera".
   Ante esta situación, CCOO considera que el Gobierno regional "debe exigir al Ministerio de Hacienda un cambio de orientación profundo para promover la reactivación económica y del empleo en Murcia", ya que, ha indicado, "los recortes sólo han traído más recortes, menos servicios, menos prestaciones y peor calidad de vida a la mayoría de la población".
   Por ello, sostiene que "hay que parar la política de austeridad de forma inmediata, con exigencias y compromisos claros del Gobierno de Rajoy para desarrollar políticas que estimulen la inversión y el consumo"·
   El Plan Estratégico presentado hace escasos días por el Gobierno regional, a juicio de CCOO, "no presenta, una orientación que nos permita alentar la recuperación económica, antes al contrario: significa condenar la región en los próximos años a seguir reduciendo lo público y debilitar las prestaciones y políticas que afectan al conjunto de la sociedad".

El PSRM en la Asamblea califica de "bochornoso" el último puesto del parlamento murciano en transparencia

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista siente "bochorno" al ser señalada la Asamblea Regional como el parlamento con el menor índice de transparencia de España, "lo que coincide con el hecho de que es el parlamento de la comunidad con el menor índice de transparencia de España también". No es casualidad, según el PSOE, "se debe al estilo de un gobierno que encabeza el PP".

   Con estas palabras ha valorado el viceportavoz socialista en la Asamblea Regional, Francisco Oñate, la última posición del parlamento murciano en cuanto a transparencia en comparación con los parlamentos del resto de comunidades autónomas.
   "Creemos que en estos tiempos que corren no podemos permitirnos más demora. Para muchas de las soluciones que proponemos a los problemas existentes se nos pone como pretexto la economía, pero para la transparencia no hay coste, es simplemente voluntad política y medidas sencillas que hay que adoptar", ha explicado Oñate.
   Así ha pedido al PP que reúna a la Comisión de Transparencia de la Asamblea "o cualquier otro órgano que considere oportuno" para que, "de manera urgente", se vean un conjunto de medidas "que nos permitan, en un solo salto, abandonar ese último puesto y, si es posible, colocarnos a la cabeza", ha señalado.
   Es sencillo, ha afirmado Oñate, "se nos piden medidas de transparencia administrativa, transparencia en la gestión, de acceso de los ciudadanos a la actividad de la Asamblea. Es extremadamente sencillo, solo hay que ser conscientes del problema que tenemos y tener una mínima voluntad de resolverlo".
   "Pedimos al PP que permita que la Comisión de Transparencia avance en la Ley de Transparencia para esta región, una ley que tienen absolutamente paralizada", ha concluido.

Se perfila el nuevo 'Gobierno Garre', aún antes de la dimisión de Valcárcel, y vuelve Gutiérrez-Cortines


MURCIA.- El nuevo Gobierno del todavía diputado regional Alberto Garre ha comenzado a perfilarse aún antes de la dimisión de Ramón Luis Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma, prevista inicialmente para el próximo jueves para así poder optar a un puesto de salida en la lista del PP al Parlamento Europeo. O en su defecto a ser propuesto como senador de designación autonómica por la Asamblea Regional si esa lista la encabeza finalmente, tal como parece, Jaime Mayor Oreja, con el que no ha tenido ningun contacto en Bruselas desde que Valcárcel es presidente del Comité de las Regiones.

Entre los nombres nuevos que han comenzado a sonar con insistencia en diferentes círculos regionales figuran los del exdiputado a Cortes, el abogado lorquino Pío Pérez Laserna y Joaquín Bascuñana, actual delegado del Gobierno, y también exdiputado. El primero como consejero de Agricultura dada su experiencia de tres legislaturas en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Y el segundo para Economía y Hacienda por haber sido incluso consejero con Valcárcel y tener ahora una relación fluida con el Gobierno central pese a sus eventuales problemas con la Justicia desde sus tiempos de máximo responsable del Urbanismo regional.

En ambos casos, se barajan, además, otras alternativas porque pudiera darse el caso de que el bueno de Pérez Laserna se convierta aún a su pesar en un poderoso jefe de Gabinete del presidente Alberto Garre, y por añadidura encargado de las relaciones con los medios de comunicación al tener de pareja a una conocida periodista lorquina y buen acceso a periodistas independientes murcianos.

Garre y Pérez Laserna han tenido tiempo y lugar para forjar una sólida relación personal desde la pertenencia de ambos a la Comisión de Agricultura del Congreso, como también es el caso del exdiputado y farmacéutico de Abanilla, Arsenio Pacheco Atienza, que ahora suena con mucha fuerza para la Consejería de Sanidad si no la ocupa otra mujer, médico y parlamentaria vecina de Águilas.

Se dan casi por seguras las salidas del Gabinete de los actuales consejeros Ballesta, Palacios, Cruz, Bernal, Sevilla, Campos y el imputado Cerdá. Aún podría salvarse el lorquino Campos, fiscal de profesión, sin descartar otras sorpresas de última hora en cuanto a incorporaciones, caso de José Gabriel Ruiz para Presidencia. Y parece segura la supresión de la vicepresidencia actual y la no creación de ninguna otra.

 Mientras, suena como nueva delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia la todavía europarlamentaria Cristina Gutiérrez-Cortines (en la imagen), catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia.

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional fijará el debate de investidura de Garre para el lunes y martes de la próxima semana.  Garre intervendrá primero a media mañana para exponer su programa de gobierno. El martes le contestarán los grupos parlamentarios.

 El nuevo presidente debe ser elegido por la Asamblea Regional antes de las 15 horas para que dé tiempo a que su nombramiento sea refrendado por el Gobierno central y el Rey, y salga publicado al día siguiente en el BOE y el BORM.

Alberto Garre tomaría posesión el miércoles día 9 ó el jueves 10 a lo sumo, por lo que habría un nuevo Gobierno regional antes de la Semana Santa.