miércoles, 28 de mayo de 2014

HUERMUR se opone a que el Ayuntamiento de Murcia bonifique a los promotores urbanísticos rebajándoles el IBI

MURCIA.- Ante la campaña iniciada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (APRIM) contra los recibos del  Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en donde solicitan bonificaciones para los mas de 1.500 propietarios de suelos en unidades de actuación paralizadas por la crisis, y que, según dicen, no cuentan con todos los servicios urbanos, HUERMUR manifiesta "su más rotundo rechazo a que se autoricen estas bonificaciones entre el 80 y 90% del impuesto, pues tal rebaja supone que los beneficios han sido para su disfrute personal y, ahora que tienen pérdidas, pretenden que las asuman los ciudadanos de Murcia".

"Además, estas bonificaciones supondrían una auténtica discriminación ya que existen miles de familias en la Huerta de Murcia cuyas viviendas carecen de servicios urbanos como alcantarillado, aceras, transporte público, etc., y el Ayuntamiento no les rebaja el impuesto que pagan. Si se les rebaja el IBI a esos 1.500 promotores urbanísticos debe también rebajarse a las miles de familias murcianas que no reciben los adecuados servicios urbanos por los que se les cobra el impuesto".

"La Ley del Catastro es muy clara, así como la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, en donde se esclarece el deber de pagar IBI urbano para los suelos  urbanizables  sectorizados incluidos en un sector del Plan General, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo, y, también, el suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica".

Por otro lado, desde HUERMUR se señala que "estas bonificaciones resultan de muy difícil encaje en el artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales, que faculta a los ayuntamientos a aplicar bonificaciones potestativas en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles, por lo que al final podríamos estar ante un flagrante incumplimiento de la Ley por parte del Ayuntamiento si este accede a conceder dichas bonificaciones sin que se den las condiciones legales para ello.

A esto hay que sumar que la bonificación a los promotores urbanísticos supondría una considerable merma en la recaudación de impuestos municipales, merma que inexorablemente la Administración local tendría que compensarla con la subida de otros impuestos al resto de los murcianos".

Cabe señalar que HUERMUR viene solicitando desde el año 2011 al Ayuntamiento de Murcia la aplicación de una bonificación en el IBI para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, constituidos por suelo urbano o urbanizable, que se encuentran en la huerta de Murcia y que en la actualidad están dedicados a actividades agrícolas o ganaderas (tanto para comercialización como autoconsumo), o que mantengan especies de vegetación protegida según la legislación vigente, todo ello establecido a partir de unas dimensiones mínimas que se determinarían en la ordenanza fiscal y de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales, que permite esta bonificación para todos aquellos terrenos con vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio.

"Todo esto debe ir acompañado por una revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia que clasifique los suelos de acuerdo a su realidad física, y no al interés recaudatorio y especulativo del Ayuntamiento y de otros interesados.

De esta forma, se premiaría a aquellos murcianos que contribuyen al mantenimiento de unos suelos fértiles que ayudan a regular el microclima del valle, protegiéndolo de la desertización, y de una vegetación que sirve para purificar el aire que todos respiramos, manteniendo un lugar singular como la huerta de Murcia con grandes valores ambientales, paisajísticos y culturales, que, en definitiva, es de todos. Con esta medida se incentivaría el cultivo y el cuidado de la huerta de Murcia, con lo cual ganaríamos todos al mejorar el entorno de la ciudad y las pedanías.

Para compensar la bajada de ingresos procedentes de este impuesto, el Ayuntamiento debería aplicar el recargo que le permite la Ley, y que viene establecido en el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exigiendo un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto a las viviendas que se encuentren desocupadas con carácter permanente.

Además de una poderosa razón, que es la justicia social y la no discriminación entre los ciudadanos, resulta que con estas medidas, por un lado se incentivaría la conservación de la huerta de Murcia, con lo cual ganaríamos todos al mejorar nuestro entorno, y, por otro lado, se presionaría a los que mantienen viviendas desocupadas para que las saquen al mercado y aumente la oferta de alquiler.

El establecimiento de estas medidas es una competencia exclusiva del ayuntamiento de Murcia, que con solo modificar la Ordenanza Municipal que regula el impuesto ya sería de aplicación".

Desde 2011 el Ayuntamiento viene rechazando estas propuestas de HUERMUR, con las que se pretende una bonificación del IBI para los ciudadanos "que nunca han tenido ánimo de especular con sus huertos y que se vieron inmersos en una vorágine urbanística sin desearlo, por lo que ahora el Ayuntamiento no puede conceder a aquellos promotores inmobiliarios que impulsaron reclasificaciones de suelo, modificaciones del PGMO y promovieron los trámites para el desarrollo urbanístico de sectores, contribuyendo así de forma activa a la creación de la nefasta burbuja inmobiliaria, la bonificación solicitada en lo que podría ser un fraude de ley al conceder el Ayuntamiento lo que la Ley les niega".

La pensión media en Murcia es de 766,83 euros en mayo

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 766,83 euros al mes, la tercera más baja del país, lo que supone 103,24 euros por debajo de la pensión media del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en mayo la cuantía de 870,07 euros, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   No obstante, en Murcia se experimentó un crecimiento en la pensión media de 1,6 por ciento en relación con el mes de mayo del año anterior, prácticamente el mismo aumento registrado en el conjunto del país (1,7 por ciento).
   En cuanto al número de pensiones ascendió a 235.890 en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 1,5 por ciento de las pensiones de esta comunidad en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, al igual que la media nacional.
   Por tipo de pensiones, en Murcia se registró un total de 131.861 de jubilación; 60.468 de viudedad; 32.172 de incapacidad permanente; 10.515 de orfandad y 874 a favor de familias.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo 7.982,3 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,2 por ciento más que en el mismo mes de 2013.
   La pensión media de jubilación alcanzó a principios del presente mes los 998,36 euros mensuales, lo que supone un 2 por ciento más respecto al mismo mes de 2013.
   Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse mayo en 870,07 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,7 por ciento.
   En mayo, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social marcó de nuevo cifra récord al situarse en 9.174.382, con un crecimiento del 1,5 por ciento sobre igual mes de 2013, y de ellas casi 5,54 millones eran pensiones de jubilación.

El PP tumba una proposición de ley para prohibir el fracking en España

MADRID.- El PP ha rechazado en el Pleno del Congreso admitir a trámite una proposición de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para prohibir la técnica del fracking o fractura hidráulica en todo el territorio español, según ha adelantado durante su intervención el diputado 'popular' por Alicante, Mario Flores.

Por tanto, esta iniciativa no saldrá adelante y no iniciará su trámite parlamentario, dado que los 'populares' tienen mayoría absoluta en el arco parlamentario. Han apoyado a la Izquierda Plural, aunque de forma insuficiente, los portavoces de ERC, Compromís-Equo y Amaiur; mientras, se han abstenido CiU, UPyD y del PNV.
Mario Flores, del PP, ha criticado que esta iniciativa impone "prohibiciones desproporcionadas" sobre una técnica minera que, a su juicio, puede suponer una fuente de energía "alternativa" dentro de la actual dependencia que tiene España. 
"Lo que pretende la Izquierda Plural es perder la oportunidad de identificar potenciales reservas que podrían permitir bajadas del precio del gas, como sucede en Estados Unidos, porque todo lo que se ha dicho por la mayoría de los intervinientes es discutible y es demagogia", ha asegurado.
Por otro lado, ha recordado que la fractura hidráulica no es nueva y se emplea desde 1940, por lo que es una técnica estudiada y avanzada tecnológicamente y, por ejemplo, se reutiliza el agua para las inyecciones, no hay un gasto "desorbitado" de agua, y con las nuevas técnicas se saben donde están los acuíferos, al mismo tiempo que los productos químicos deben ser legales.
La Izquierda Plural quería promover la prohibición en toda España de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua o de otros aditivos químicos, además de paralizar todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones que estén actualmente en trámite, así como la suspensión de las autorizaciones que se hayan podido conceder con anterioridad de esta técnica.
La encargada de defender esta propuesta ha sido la ecosocialista Laia Ortiz, quien ha explicado que el fracking es una técnica basada en la inyección de millones de litros de agua a altas presiones, junto con toneladas de arena y sustancias químicas en el subsuelo, con el fin de recuperar el gas contenido en los poros de las rocas.
Esta técnica implica la apertura de cientos de pozos y el aporte continuo, mediante camiones, de todos los elementos necesarios (maquinaria, agua, arena, sustancias químicas), además de la infraestructura necesaria para evacuar los hidrocarburos extraídos.
Según ha defendido, la fractura hidráulica representa una "técnica peligrosa" tal y como han demostrado "recientes estudios" que recomiendan prohibirlos por razones ambientales, ya que puede generar terremotos; de salud, por sus productos químicos, como se ha demostrado en zonas donde se practica esta técnica y se han registrado altas tasas de cáncer, por ejemplo por más contaminación. Asimismo, ha apuntado a argumentos económicos y sociales, así como al modelo energético y al cambio climático, ante el reciente disparo de emisiones de gases de efecto invernadero que esta técnica puede incrementar.
Durante su intervención, ha mostrado imagen de como quema el flujo de un grifo de agua de boca en la que se han filtrado gases por medio de la fractura hidráulica y otra sobre el desastre ecológico que se crea en la tierra después de estas prácticas con un paisaje de acuíferos secos.
Desde CiU, Toni Picó ha adelantado que su formación va a abstenerse porque, aunque comparte el fondo de la propuesta de la Izquierda Plural, al considerar que esta técnica puede generar entre otros puntos contaminación acústica o atmosférica, por ejemplo, vulnera a su juicio la distribución competencial, un aspecto que no pueden compartir.
Mientras, Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha admitido que se va a abstener en la votación porque no está de acuerdo con los argumentos que se han proporcionado desde ICV con paralizar el fracking , una técnica que a su juicio debería ser debatida "a fondo". Por ejemplo, ha ironizado con el argumento del despilfarro de agua que puede suponer al realizarse la fractura hidráulica. "Hay dos millones y medio de agua en las piscinas olímpicas, mientras que en los pozos de fracking tres millones de litros. ¿Prohibimos las piscinas?", se ha preguntado.
En opinión del portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que también ha confirmado que va a abstenerse en la propuesta de la Izquierda Plural, hay que estudiar las consecuencias del fracking y no se deben correr riesgos en la protección al medio ambiente, aunque también considera que hay que buscar la menor dependencia energética y una mayor competitividad de la industria.
Respaldo insuficiente a la iniciativa
El portavoz del PSOE en esta iniciativa, Luis Tudanca, ha justificado su respaldo a la toma en consideración de la proposición de ley de la Izquierda Plural para que se prohíba el fracking en España subrayando que esta técnica es "peligrosa", puede acabar con el entorno del país, supone un riesgo para las explotaciones agrícolas y ganaderas, se necesita un alto consumo de agua, al mismo tiempo que puede provocar temblores.
Teresa Jordà, de ERC, respalda la iniciativa acogiéndose al pacto de una veintena de formaciones en el Congreso (entre las que se encuentra el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC o Ciutadans) por el que se comprometían a frenar y prohibir el fracking o la fractura hidráulica si llegan a gobernar después de las elecciones del próximo 2015.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, apoya esta iniciativa porque el fracking es una energía "sucia y peligrosa" que contamina a la atmósfera para que sólo unos pocos se enriquezcan y se marginen a las energías renovables.
Finalmente, Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur ha alertado de los riesgos de esta técnica y ha pedido la paralización de todos los proyectos de fractura hidráulica.

Alonso pide que el PP no presente a candidatos imputados en casos de corrupción

MADRID.- El portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, rechazó este martes que el PP tenga que hacer cambios en su dirección tras el resultado cosechado por el partido en las elecciones europeas. 

Sin embargo, sí apeló a la «sensatez» para que, en las próximas elecciones municipales y autonómicas, los populares no presenten a candidatos que estén imputados en casos de corrupción. 

El dirigente del PP defendió el plan de acción que va a poner en marcha su formación de cara a las autonómicas y municipales del año que viene. Al ser preguntado sobre si éste incluye no presentar como candidatos a personas contaminadas por la corrupción, Alonso respondió que es necesario actuar con «sensatez». 

«Con sensatez no hace falta ningún plan», aseguró. 

En la Región de Murcia hay actualmente varios alcaldes imputados por casos de corrupción, entre ellos el de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y también dos consejeros del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez y Antonio Cerdá.

Murcia es la segunda comunidad con los ingresos más bajos por persona

MADRID.- La población que vive por debajo del umbral de la pobreza supera el 30% en Castilla-La Mancha y Extremadura, y se acerca a ese porcentaje en Murcia (26'8%), Andalucía y Canarias, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La encuesta refleja que el 20,4% de los españoles vive en riesgo de pobreza, frente al 20,8 % de 2012, pero ese descenso no responde a una mejora de la situación sino a que al disminuir los ingresos de la población también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.
Además, el porcentaje del 20,4% se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social que es el que figura en la estrategia Europa 2020 y el que permite comparar los datos de España con los del resto de países europeos, si bien aún no se ofrecen datos por comunidades autónomas ajustados a esa metodología.
Las mayores tasas de pobreza aparecen en Castilla-La Mancha (31,3%), Extremadura (30,9%), Andalucía (29,1%), Canarias (28,4%), Murcia (26,8%) y la Comunidad Valenciana (23,6%).
Mejor que la media están Navarra (9,9%), País Vasco (10,5%), Madrid (13,4%), Cataluña (13,9%), Asturias (14,1%), Aragón (16,1%), Galicia (17,2%), Castilla y León (17,5%), Cantabria (17,8%), La Rioja (19,3%) y Baleares (19,8%).
El umbral de pobreza se calcula en función de los ingresos del año anterior, de modo que en 2013 el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012.
Los ingresos más elevados por persona, con datos de 2012, son los del País Vasco, con una media de 14.312 euros netos, con Navarra (13.608), Madrid (12.823) y Cataluña (12.111) a continuación.
Por contra, los ingresos más bajos se registraron en Extremadura (8.224 de media), Murcia (8.253), Andalucía (8.408) y Castilla-La Mancha (8.425).
El INE señala también que Murcia (24,9%), Andalucía (23,4%) y Extremadura (20,8%) son las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegan a fin de mes con "mucha dificultad".
Las que presentan menores porcentajes en esa categoría son Navarra (4,7%), Asturias (7,1%) y Castilla y León (8,6%).
El 64,1% de los hogares de Canarias, el 55 % en Andalucía y el 53,3 % de los de Murcia no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, porcentajes que descienden al 24,2 % en el País Vasco, al 24,3 % en Navarra y al 24,7 % en Castilla y León.
Murcia (63,6 %), Andalucía (57,4 %) y Galicia (57,1 %) presentan los mayores porcentajes de hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
Los porcentajes más bajos corresponden a País Vasco (26 %), Navarra (29,6 %) y Comunidad de Madrid (33,7 %).
En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, de nuevo Murcia presenta los peores datos, con un (19,8 %), seguida por Baleares (17,2 %) y Canarias (15,1 %).
En el extremo contrario están Navarra (2,8 %), Castilla y León (3,2 %) y Asturias (4,6 %).

La Región registra un déficit del 0,36% en el primer trimestre

MADRID.- La Región de Murcia registró un déficit de 96 millones en el primer trimestre del año, lo que supone un porcentaje de 0,36% del PIB, el sexto mayor saldo negativo por comunidades. En el conjunto nacional, las comunidades autónomas registraron un déficit de 2.551 millones en ese mismo periodo, el 0,25% del PIB, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Este resultado es consecuencia de unos menores recursos no financieros que (-1,8%) y unos gastos no financieros que aumentan un 1,9%. De esta forma, el déficit autonómico se mantiene en un importe similar al del mes anterior, teniendo en cuenta que en marzo de 2014 las comunidades autónomas recibieron 372 millones menos de anticipos a cuenta del sistema de financiación que en el mismo mes de 2013.
Un total de doce comunidades registraron déficit en el primer trimestre, frente a cinco que se anotaron superávit (Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y País Vasco). Los saldos negativos más altos se registraron Extremadura (-0,69%), Aragón (-0,45%) y Castilla-La Mancha (-0,44%).
El déficit público sumó 7.024 millones y se situó en el 0,67% del PIB en el primer trimestre tras reducirse un 15,3% respecto al saldo registrado un año antes, mientras que el déficit del Estado sumó 14.164 millones hasta abril y se situó en el 1,36% del PIB, un 18% menos.
Sin embargo, hay que señalar que en el mes de abril y por motivos de calendario en algunas comunidades, se han trasladado al mes de mayo 4.991 millones. En este sentido, la recaudación total se situaría en 69.972 millones y el crecimiento en el 8,6%, de los cuales 60.684 millones corresponden a ingresos impositivos y 9.288 millones al resto de ingresos no financieros, cifras que suponen un aumento del 12,5% y del 23%, respectivamente. En términos homogéneos, los ingresos impositivos crecen el 4,9%.