miércoles, 9 de julio de 2014

Garre se compromete a recuperar el proyecto de la circunvalación para Beniel y la 'autovía del bancal'


BENIEL.-   El alcalde de Beniel, Roberto García, ha trasladado al presidente Alberto Garre, durante su visita a la localidad, la necesidad de recuperar dos proyectos "históricos y necesarios", el de la circunvalación para Beniel y la autovía del bancal, a los que el jefe del Ejecutivo murciano se ha comprometido.

   Al hilo, Garre ha anunciado que el Gobierno regional ha trasladado al Ministerio de Fomento la necesidad de incluir en los Presupuestos de 2015 alguna partida presupuestaria destinada a acometer actuaciones en la autovía Zeneta-San Javier, conocida como la 'autovía del bancal'.
   La autovía de unión de la A-7 en Santomera con la AP-7 en San Javier es un eje de gran capacidad de unión de ambas autovías por el borde oriental de la Región, alternativo a la A-30 que, una vez concluida, permitirá el acceso directo desde la A-7 a la costa, descongestionado la autovía A-30 con su correspondiente paso por el puerto de la Cadena.
   En este encuentro, ambas autoridades han comentado las necesidades que tiene el municipio para su puesta en marcha en futuros presupuestos.
   Al hilo, García ha aprovechado la visita del presidente regional para reivindicar una "deuda histórica" de la Comunidad con Beniel, la construcción de una circunvalación para mejorar las comunicaciones del municipio con el resto de pueblos de la Región.
   Según ha recalcado el alcalde, "Beniel necesita seguir creciendo y desarrollándose, pero para eso es necesario obtener de la Comunidad lo que lleva muchos años aprobado y aún no se no puesto en marcha, la circunvalación".
   Por ello, espera que "el compromiso del presidente para recuperar este proyecto tan importante para los benielenses sea firme".
 "A pesar de no tener comunicaciones, Beniel ha crecido, pero necesita coger aire para seguir avanzando", ha dicho García.
   En relación a las comunicaciones, el presidente y el alcalde han tratado también el tema de la 'autovía del bancal', "fundamental para mi pueblo, ya que con ese tramo se conectan las autovías, dando salida a Beniel para que sus empresas puedan dar un servicio más efectivo al exterior y los vecinos tengan mayor calidad en el acceso a los distintos puntos", ha comentado el alcalde socialista.
   Alberto Garre ha asegurado "que a pesar de ser un proyecto de un coste elevado, intentarán seguir con él para que Beniel no se quede aislado del resto de la región".
   Otros dos temas necesarios para la localidad, ha manifestado, "es un tanque de tormentas para recoger las aguas pluviales, ya que con la llegada de lluvias torrenciales Beniel sufre inundaciones, porque las conducciones propias que existen, alcantarillados y acequias, se colapsan por el exceso del agua".
   "El tanque de tormentas recogería el agua de la lluvia evitando este problema", ha explicado García, para después recordar que esta petición se encuentra recogida en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a la espera de presupuesto para poder ejecutar la obra.
   Por último, Roberto García y la teniente de alcalde Carmen Morales, presente también en esta mesa de trabajo, le han solicitado el equipamiento del centro para convertirlo en espacio juvenil, que albergará muchas actividades sociales para los vecinos, asociacionismo.

Colectivo de gays, lesbianas y bisexuales otorga su máximo galardón al alcalde de Murcia

MURCIA.- El alcalde, Miguel Ángel Cámara, recibió este miércola la 'Pluma de Plata' que el Colectivo No te prives, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Región de Murcia, le ha otorgado por su implicación con ellos.

La entrega de esta distinción tuvo lugar esta mañana en la Alcaldía, hasta donde se ha desplazado el presidente del colectivo, Óscar García, acompañado por otros miembros de la organización.
Tras mostrar su agradecimiento por la concesión de esta 'Pluma de Plata', Miguel Ángel Cámara recordó los distintos aspectos en los que se ha desarrollado la colaboración entre la Administración Local y este colectivo, especialmente en el ámbito sanitario por parte del Ayuntamiento de Murcia.
En este sentido, el alcalde recordó la reciente aprobación por parte de la Junta de Gobierno de una subvención por importe de 8.000 euros para la organización de actividades de protección y prevención de la salud por el VIH; principalmente para la elaboración de las pruebas rápidas de diagnóstico.

Cerdá traslada al sector agrario regional las medidas para paliar la sequía

MURCIA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, mantuvo este miércoles una reunión con los representantes del sector agrario regional para trasladar y detallar las medidas que permitan reducir los efectos de la sequía en las que está trabajando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de las que informó este lunes la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en el encuentro que mantuvo con el titular de Agricultura.

Cerdá dijo que «el secano está pasando por una situación muy complicada» por la ausencia de lluvias y añadió que «todo el sector, al igual que la Administración, estamos preocupados por el alcance que puede tener esta situación».
 «Queremos escuchar al sector para ver si hay alguna nueva reivindicación sobre las peticiones que hizo hace un mes», subrayó Cerdá, quien añadió que las medidas demandadas por el sector se están contemplando por parte del Ministerio.
El consejero de Agricultura anunció que se está trabajando en un plan de replantación para la recuperación de la capacidad productiva de las zonas afectadas que se concretará en un «informe más exhaustivo» que determine el número de árboles afectados y la cuantía de las ayudas, con el fin de que «haya ayudas para cada árbol seco».
Entre otras medidas que contempla el Ministerio, agregó el consejero, «se encuentran además la exención de módulos fiscales y las garantías de que los agricultores puedan seguir percibiendo las ayudas agroambientales, procedentes de la Unión Europea, vinculadas a la productividad».
 Entre las que ya se han puesto en marcha, mencionó la orden para la entrada del ganado en las parcelas afectadas y la concesión del pago total de la gestión de avales para préstamos a agricultores y ganaderos.

Guerra civil en el PPRM entre posibles 'cantores' / Apunte de Argárico

Ha sido marcharse Valcárcel de San Esteban, aunque no del todo, y desatarse una guerra civil en un PPRM acosado por los jueces y la corrupción. La imposible bicefalia Garre-Ramón Luis ha hecho crisis a las primeras de cambio porque el actual presidente será lo que ustedes quieran menos un corrupto. Y ahí radica su fuerza y su determinación frente a quienes viven presos de un lodozal. Hasta el punto que no será nunca una marioneta de quienes en el PP la tienen hecha y bien hecha.

Garre parece que ha llegado a amenazar con dimitir y abandonar San Esteban si no lo dejan tomar las decisiones que considere oportunas aunque yo lo veo todavía demasiado en manos de Martínez-Pujalte y demasiado poco en las del abogado lorquino Pío Sánchez Laserna, un ex diputado limpio de corrupción que ejerce como su jefe de gabinete, y que no tiene obediencias confesionales inconfesables.

La manzana de la discordia se llama Joaquín Bascuñana, todavía delegado del Gobierno e imputado (junto al también todavía consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, cuñado de Martínez-Pujalte) en un feo asunto de recalificaciones urbanísticas con origen claro en el despacho del anterior presidente de la Comunidad Autónoma. Garre es absolutamente partidario de su cese o dimisión y lo ha dicho públicamente a su manera para que Génova 13 no tenga duda aunque Madrid parece que está por intervenir lo justo y a lo que diga Valcárcel.

Pero Valcárcel, desde Bruselas, lucha denodadamente por la desimputación de Bascuñana antes de que se defienda como yéndose de la lengua, sin saber si el magistrado Abadía tiene ya en su poder unas comprometedoras fotografías en Suiza del delegado del Gobierno hace unos años, acarreando una maleta de contenido sospechoso y propiedad de otros. El instructor querrá saber de su boca, ya de paso, a quien pertenecía y qué contenía.

No es casualidad que el objetivo de Abadía sea, pues, mister x, ni que el inefable abogado Diego de Ramón se haya personado en el caso Novo Carthago y solicitado que se pida un suplicatorio a la Mesa del nuevo Parlamento Europeo para poder citar a declarar a uno de sus 14 vicepresidentes a ver qué cuenta. 

Ese suplicatorio, hoy por hoy, no parece una quimera porque el magistrado estaría por la labor aunque no creo que tanto Garre. Sería, casi seguro, un viaje sin retorno para Valcárcel porque sería mucho peor para él caer en manos del Tribunal Supremo de España, donde su capacidad de presión sería casi nula.

Valcárcel presume de no haber firmado nunca nada pero no lo hace sobre si alguna vez recibió alguna que otra dádiva. Rumores ha habido siempre muchos pero evidencias no conozco ninguna aunque sí pistas sólidas que han sido rastreadas por interesados de parte. Ignoro a estas alturas si han dado algún fruto consistente y contundente. Pero me consta que algunos ilustres murcianos dicen tenerlo bien cogido aunque nunca precisan por dónde y por qué. 

La desimputación de Bascuñana sería un escándalo mayúsculo y un definitivo desprestigio de la Justicia murciana si fuese resultado de una presión política más que una falta de pruebas por parte del instructor. Si, además, fuese acompañada de la dimisión de Garre, la crisis del PPRM sería ya sin solución de continuidad. 

Y lo sería, porque el recambio natural en el liderazgo tendría que ser el actual alcalde de Murcia y secretario general del PPRM, Miguel Ángel Cámara, también imputado por otro juez instructor en el caso Umbra. Amenaza con hablar sobre la familia Valcárcel si la Asamblea Regional no lo designa ya mismo senador autonómico, y por tanto aforado, con la mayoría absoluta del PPRM y que le sustituya la concejal Mari Carmen Pelegrín, quien desde Beniaján llegó al Ayuntamiento de la mano de su amigo y gran mentor.

Eso echa abajo las expectativas del ex rector de la Universidad de Murcia y ex consejero José Ballesta (quien sí aceptaría ser delegado del Gobierno, llegado el caso, como plataforma electoral hacia la alcaldía de Murcia) que, sin embargo, tiene otro firme postulante, el teniente de alcalde Joaquín Moya-Angeler, con mucha más información estratégica del largo período político de Cámara y excelentes conexiones con la Magistratura y la Delegación especial de Hacienda. 

Sin embargo, la mayor bomba de relojería, que tiene sin dormir a más de un político del PPRM, se llama Adrián Ángel Viudes Viudes, literalmente echado a patadas de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde Murcia, porque destila una información precisa y muy elaborada sobre todo aquello que desean saber los jueces del Umbra y Novo Carthago al haber vivido diariamente a caballo entre Murcia y Cartagena durante casi veinte años.

Viudes atraviesa unos días que no se los desea a su peor enemigo pero quienes le conocen bien de tiempo aventuran que será quien liquide definitivamente el valcarcelato antes de fín de año con ayuda de un fiel escudero que sabe muy bien las teclas a ir tocando para esta definitiva 'vendetta' entre capos a la murciana. 

Su sucesor en la Autoridad Portuaria, el ingeniero madrileño Antonio Sevilla Recio, no logra siquiera sacudirse la sombra de Viudes y siente que no pisa suelo seguro en el despacho de su peculiar antecesor. Para él también auguro sorpresas de calado como Viudes tire de su biografía oculta y, por simpatía, salte por los aires todo el PPRM, incluidos Garre, Sánchez, Ayala y Pilar Barreiro. Entonces veremos si interviene, o no, Génova 13, con Rajoy y De Cospedal a la cabeza, si se destapa una financiación atípica, y puede que hasta dudosa, del PPRM.

P.D.) Hace dos meses un relevante político murciano de vocación ultramarina, acompañado de su no menos conocida amante, por su proyección como belleza nacional, fue identificado de madrugada en un control policial cerca de la Torre de la Horadada. Mientras tanto, otro político alicantino del mismo partido, aunque residente de tiempo en Murcia, está siendo asediado con lanzamiento de huevos y billetes falsos sobre el jardín de su casa en la Dehesa de Campoamor. ¿Qué pasa aquí?

Aclarar las turbias aguas del Puerto de Cartagena / Cartas de los Lectores

El que en otro tiempo fuese un puerto mediterráneo homologable comercialmente a los de su entidad en el Levante y su entorno no atraviesa su mejor momento. 

La progresiva marginalización de la Región de Murcia en el proceso de desnacionalización de la economía y la falta de previsión de los gobiernos del PP y PSOE amenazan con convertir en anecdótica la relevancia comercial de éste, justo en el momento que estamos asistiendo a la consolidación de una nueva forma de organizar el comercio marítimo, cada vez más concentrado y especializado.

El escudarse en el aumento del tráfico de graneles líquidos de la dársena de Escombreras, que es fruto del aumento de la capacidad instalada y no de la gestión de la Autoridad Portuaria, no es más que una coartada de mentes poco adultas y ebrias de soberbia. Como lo es contabilizar a los cruceristas que no abandonan el barco, como turistas.

Es por lo tanto un tiempo de cambio profundo para el que la Autoridad Portuaria no se ha estado preparando en los últimos años con la seriedad, responsabilidad y exigencia que se podía esperar de los responsables del primer puerto de la Región. El diseminar ilusiones de un superpuesto de contenedores en el Gorgel no va más allá de secuestrar las mentes de los “ilusos” y mover dinero en proyectos y dictámenes. 

Cualquiera que tenga la más mínima noción de la actualidad del tráfico marítimo sabe que vincular el desarrollo del Puerto de Cartagena a un supuesto superpuerto de contenedores no es más que otra fantasmagoría de las muchas que en las últimas décadas hemos escuchado con estupor.

Entre otras muchas actividades en las que no merece la pena que nos detengamos pese a sus consecuencias nada desdeñables, nos parece que lo prioritario antes de que acabe el año es diluir el ambiente tóxico heredado de la Autoridad Portuaria saliente. 

No sólo se han violado derechos fundamentales de los trabajadores y han sido transgredidas todas las normas laborales de manera reiterada como muestra de un poder autocrático fuera de lugar en estos tiempos, sino que las relaciones con el Ministerio de Fomento, los trabajadores, los consignatarios, los armadores, las autoridades portuarias cercanas, pueden ser calificadas de débiles por no decir envenenadas. 

Sirva como muestra que Cartagena es el único puerto de España que está en un limbo legal por la negativa a aceptar la legalidad que el resto de puertos ya aplican pese a estar recurrida; lo que le permite actuar en una posición ventajosa que ni aún siendo así se ha convertido en un beneficio visible.

Lo que los consignatarios y armadores esperan se resume en unas instalaciones modernas y una mano de obra cualificada y profesional, que sea capaz de ejecutar su trabajo en “tiempo y forma”.

Nos consta que algunos armadores y consignatarios están a la espera de la normalización para incorporar Cartagena a sus proyectos de desarrollo. De los trabajadores también sabemos que están deseosos de negociar para que el marco de las relaciones laborales sea idéntico al resto de las instalaciones portuarias de la Península.

De forma paralela deben ser restablecidas las relaciones con la Corporación Municipal de Cartagena y en especial con la alcaldesa, que ha aguantado toda clase de improperios verbales de naturaleza tabernaria, sin inmutase para no agravar más la situación. 

Asímismo, de manera elegante, la nueva Autoridad Portuaria debe fijarse un periodo de desintoxicación para los relaciones con el Ministerio de Fomento y sus homólogos cercanos.

Sin entreguismos pero con firmeza, buen juicio y capacidad para escuchar, no nos cabe duda que la situación será reversible y así llegará el momento para volver a pensar el futuro del Puerto, y por consiguiente de Cartagena y de la Región.

M.P.
Cartagena

La CAM era ruinosa antes de la creación en 2010 del fracasado Banco Base y lo sabía toda su cúpula

MADRID.- El presidente-consejero delegado de Liberbank y ex director general de la Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez, ha señalado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que investiga la responsabilidad de la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la quiebra de la entidad, que no se fiaba del estado financiero de la Caja y que fue esta ruinosa situación la que provocó el fracaso en la creación del Banco Base.

Menéndez, que fue llamado como testigo por el juez instructor Javier Gómez Bermúdez a petición de la defensa de uno de los imputados en esta causa, el exdirector de Planificación de la entidad Teófilo Sogorb, ha permanecido apenas media hora declarando y ha detallado de forma pormenorizada las , han señalado fuentes jurídicas.
Entre estas razones se encontraba la desastrosa situación crediticia de la entidad, que a su juicio hubiera precisado de una provisión de fondos de 1.000 millones de euros, según fuentes consultadas.
Además, ha señalado que esta circunstancia era conocida por la cúpula de la CAM, es decir por su expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López y el que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la Caja, Francisco Martínez García.
Tras la declaracción del presidente de Liberbank ha comparecido también como testigo el que fuera director de gestión de Recursos Humanos de la CAM, Eduardo Severá. Tras su comparecencia, el abogado de Sogorb, José Antonio Choclán, ha renunciado al resto de testigos citados para los próximos días, entre ellos el administrador del FROB, Benicio Herranz, y el también responsable de Recursos Humanos, Bernardo Chuliá.
El proceso de integración de las cajas de ahorro se prolongó desde septiembre de 2010, momento en que tomó vigencia el contrato de integración del SIP, hasta la creación en diciembre de 2010 del Banco Base. Durante este plazo hubo una cesión de la soberanía de los órganos directivos de las cajas que pasó a manos del Comité de Integración del SIP.
El actual presidente-consejero delegado de Liberbank, ocupó en aquel entonces el cargo de director general de Banco Base y actuó como consejero delegado con plenas facultades de este Comité.
La fusión fría fracasó en marzo de 2011, momento en el que las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura se opusieron a unirse a la vista de la ruinosa situación de la CAM.
Gómez Bermúdez mantiene imputados por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, a siete altos cargos del banco --su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, el ex director de Recursos Vicente Soriano y el de Planificación Teófilo Sogorb-- por llevar a la entidad a un "debilitamiento extremo" en "beneficio propio".
El magistrado amplió las imputaciones, para incluir al que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la Caja, Francisco Martínez García, y al ex director general de Liquidez y Financiaciones Propias, Juan Luis Sabater , a la vista de nuevas alegaciones presentadas por Sogorb.
Éste indicó, en un escrito presentado el pasado mes de mayo, que la auditoría y contabilización de los riesgos y dotaciones para la formulación de las cuentas de 2010, no dependía del área que él dirigía sino de las direcciones de Martínez y Sabater.
Sogorb recordaba, además, en su escrito que la formulación de las cuentas de aquel año tuvo lugar coincidiendo con el proceso de integración del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del Banco Base, formada por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Mancomunidades y ayuntamientos seguirán prestando sus servicios sociales en la Región

CARTAGENA.- Las mancomunidades de servicios sociales de la Región continuarán ofreciendo los servicios y prestaciones que desarrollaban hasta el momento, y lo mismo ocurrirá con diversas competencias de los Ayuntamientos, ya que así lo establece el decreto ley 1/2014, convalidado esta mañana por la Asamblea Regional.

El consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, ha comparecido hoy ante la Diputación Permanente de la Cámara para presentar el nuevo decreto, el primero que se aprueba en la región, ya que esa posibilidad se introdujo en el Estatuto de Autonomía el pasado mes de noviembre.
En declaraciones a la prensa, Ruiz ha recordado que la nueva ley nacional de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local redujo las competencias propias de ayuntamientos y mancomunidades, y este decreto permitirá a esas entidades continuar ejerciéndolas.
En la región hay actualmente cuatro mancomunidades de servicios sociales (Comarca Oriental, Valle de Ricote, Río Mula y Comarca del Noroeste), que atienden las necesidades de más de 150.000 personas de 16 municipios.
En concreto, las mancomunidades prestan servicios relacionados con la atención temprana, atención residencial de discapacitados y otros servicios de interés social, y lo hacen, según el consejero, de manera "eficiente" y cercana a los ciudadanos.
El decreto permitirá también que los Ayuntamientos de la región puedan seguir teniendo competencias en áreas en las que hasta el momento han trabajado, como servicios turísticos, defensa de los consumidores, actuaciones de conservación en zonas rurales, asistencia a drogodependientes, servicios sociales especializados y reinserción de menores, entre otras.
"El decreto permitirá que mancomunidades y ayuntamientos sigan dando unos servicios, porque lo hacen bien, son la administración más cercana a los ciudadanos y la que mejor puede detectar sus necesidades, y lo hacen con un grado alto de calidad y de satisfacción de los usuarios", ha indicado.
Con la nueva normativa, ha insistido, se da validez a todas las atribuciones que la legislación nacional anterior permitía a ayuntamientos y mancomunidades, a los que se les ofrece ahora una seguridad jurídica sobre sus competencias y servicios a prestar.
Por último, ha recordado que el decreto para mantener las competencias de esas administraciones lo habían solicitado los propios municipios y mancomunidades, está consensuado con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y cuenta con el respaldo de los tres grupos políticos de la Asamblea Regional (PP, PSOE e IU-V).

IU-V y SPCT irán juntos a las municipales de 2015 en Cartagena

CARTAGENA.- IU-V y Socialistas por Cartagena (SPCT) concurrirán a las próximas elecciones municipales con una candidatura con el objetivo de convertirse en un "alternativa real de gobierno" en el municipio y "poner fin a 20 años de políticas neoliberales del PP".

Así lo han anunciado hoy ambas formaciones, que han alcanzado ese acuerdo para acabar con unas políticas que, en su opinión, "se han traducido en recortes de derechos sociales, alta tasa de desempleo, especulación urbanística, corrupción, endeudamiento municipal y obras megalómanas hechas tan sólo a mayor gloria de los dirigentes" municipales.
Según han indicado Cayetano Jaime Moltó, coordinador local de IU-V, y Juan Luis Martínez, secretario general de SPCT, la coalición electoral está abierta a la participación de otras fuerzas políticas y movimientos sociales del municipio, con los que iniciarán contactos para darles a conocer sus propuestas.
La idea, han apuntado, es "conformar una gran fuerza de izquierdas capaz de ganar las elecciones en Cartagena".
Ambas formaciones han acordado que SPCT aportará un tercio de los integrantes de la lista que se presentará a las municipales, y sus candidatos irán en tramos de tres a partir del tercer candidato, es decir, ocuparán los puestos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27, así como el tercer suplente.
Los candidatos se elegirán de acuerdo a los estatutos de cada uno de los partidos, que contemplan fórmulas "abiertas y participativas, avanzadas y transparentes".

UPyD critica que Murcia "sea la comunidad con más dificultad para crear empresas desde que se iniciara la crisis"

MURCIA.- La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, ha criticado "la política de improvisación constante del Gobierno regional, que deja a Murcia como la comunidad donde más sociedades mercantiles se han disuelto desde el inicio de la crisis, con una tasa de crecimiento en número de sociedades claramente negativa, cercana al -12,5 por ciento".

   Por otro lado, el número de empresas constituidas durante el mes de mayo en la Región de Murcia "fue de 247, lo que representa un descenso del 9,5 por ciento en relación al mismo mes de mayo de 2013, disolviéndose un total de 27 empresas, lo que supone un 3,8 por ciento más que el año anterior".
Igualmente, en el panorama nacional, "la caída media de empresas creadas se sitúo en el 7,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior" que, según Máximo, "deja aún más claro el grave lastre estructural que existe en la Región de Murcia, como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno de Valcárcel durante tantos años".
   "Somos, ha continuado, a tenor de los datos, los que peor panorama tenemos para recuperar el tejido empresarial una vez que finalice la crisis".
 "Es obvio que los murcianos estamos sufriendo las consecuencias de este periodo de recesión económica de una manera más intensa que en el resto de España, indica.
   Para finalizar, la portavoz de la formación magenta ha insistido en que "el conjunto de todas estas cifras tan desafortunadas muestran la incapacidad del Ejecutivo regional para resolver problemas estructurales de la economía de la Región y salir de la crisis económica, lo que contrasta con el optimismo ingenuo expresado por el presidente de la Comunidad, Alberto Garre".

Baja sensiblemente la litigiosidad civil y contenciosa en la Región de Murcia por las nuevas tasas judiciales

MURCIA.- La ley de tasas judiciales impuesta hace dos años, entendida como "una manera de impedir a gran parte de la ciudadanía el acceso a la Justicia y alejarla de los tribunales", ha provocado un descenso considerable tanto en las demandas en lo Contencioso-Administrativo, un 40 por ciento, como en el número de apelaciones de los procedimientos civiles, entre un 25 y un 30 por ciento.

   Igualmente y en lo que respecta a las solicitudes de asistencia ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados en Murcia, el pasado año crecieron un 6,2 por ciento con respecto al año anterior hasta alcanzar las 20.292. Prestaron su servicio 911 abogados en las diferentes jurisdicciones, lo que supone un crecimiento de cerca del 8 por ciento con respecto al año anterior.
   Así lo ha puesto de manifiesto el vicedecano del Colegio de Abogados de Murcia, Javier Cabezudo.
   De los 3.000 abogados ejercientes residentes colegiados en Murcia, según Cabezudo, 911 están adscritos al turno de oficio, lo que supone "un tercio del colectivo". En lo que respecta a los servicios de guardia, se atendieron a 12.373 persones; en el Servicio de Orientación Jurídica en las dependencias del Colegio, a 6.754 personas; 8.035 asistencias a detenidos y 2.076 guardias.
   Un número, a su juicio, "bastante importante" de atención a los ciudadanos que están necesitados, como lo demuestra las personas atendidas en Ventanilla, alrededor de 600 personas.
   Por ello, ha criticado que lo que se pretende es "aumentar los impedimentos y endurecer los requisitos para que los ciudadanos puedan defender sus derechos, lo que vulnera la tutela judicial efectiva".
   Y es que, ha resaltado, "ni un solo euro recaudado por la implantación de las tasas judiciales ha sido destinado a mejorar la Justicia Gratuita", tras lo que ha advertido que se trata de "un repago disuasorio e injusto que persigue obstaculizar o impedir el libre acceso de los ciudadanos a la Justicia".
   "El fin social de la abogacía es innegable", ha remarcado Cabezudo, para añadir después que el objetivo del Colegio es "elevar la voz contra el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ha puesto en marcha el Gobierno, porque se perjudica al ciudadano y suprime la obligación de residencia que tiene el abogado que está adscrito al turno de oficio para prestar su asistencia cuando está de guardia".
   En su opinión, "lo normal es que el abogado que está de guardia se pueda personar en las dependencias policiales o judiciales en el menor tiempo posible y con este proyecto se elimina la obligación de que el abogado resida en el colegio de abogados donde va a prestar sus servicios de guardia".
   Desde el Consejo General de la Abogacía y los abogados "se está peleando para que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón atienda estas peticiones", al tiempo que han demandado la ayuda de la ciudadanía para que "se pueda tener una justicia mejor y una asistencia a la sociedad en todo momento".
   En esta línea, ha llamado la atención sobre el hecho de que la Asistencia Jurídica Gratuita "ha visto mermados sus ingresos, al pasar de 260 a 223 millones, según consta en los presupuestos que se han ido aprobando".
   Atendiendo a este escenario, Cabezudo ha adelantado que estarán del lado de los sindicatos cuando la protesta sea "porque se coarte su derecho y no se ayude al libre ejercicio de la función del abogado".
El Colegio de Abogados de Murcia celebrará un Día de Puertas Abiertas en el que los ciudadanos podrán hablar con abogados de oficio e informarse sobre los servicios que el Colegio ofrece, especialmente a las personas con menor recursos económicos.
   También izarán la bandera de la Justicia Gratuita en el Colegio de Abogados de Murcia como símbolo de esa jornada y se leerá un Manifiesto a favor de la Justicia Gratuita.

Comienzan las obras de gasificación en Águilas

ÁGUILAS.- En la gasificación de Águilas, EDP- Naturgas Energía va a invertir más de cuatro millones y medio de euros hasta el año 2018, según han informado fuentes municipales.

   La nueva infraestructura consta de una red de distribución de 21 kilómetros y una planta de gas natural licuado, que permitirá a los vecinos disfrutar del gas natural en sus hogares y mejorar la calidad ambiental de la ciudad, al tiempo que posibilitará a la empresa la captación potencial de más de 3.800 nuevos puntos de suministro, entre viviendas, comercios e industrias.
   La gasificación de la ciudad se realizará en cuatro fases, estando prevista su finalización para el año 2018.
   La primera incluye el polígono industrial 'El Labradorcico', donde ya se han iniciado las obras, continuando posteriormente por la Avenida Juan Carlos I y las calles Barcelona, Julián Hernández Zaragoza, Almería, Benidorm, Candelaria, Carretera de Lorca, Sevilla, Alicante y Doctor Luis Prieto, entre otras. Las viviendas y comercios situados en estas áreas dispondrán de gas natural, previsiblemente, para el mes de octubre.
   Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones contempladas en el convenio de colaboración suscrito entre la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y el grupo EDP-Naturgas Energía, por el que se invertirán 62,4 millones de euros entre 2004 y 2016 en la Región de Murcia, para la construcción de 345 kilómetros de gasoducto.

Sanidad implanta un nuevo modelo de receta médica en la Región

MURCIA.- La Consejería de Sanidad y Política Social, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha implantado esta semana en todas las consultas médicas de la Comunidad Autónoma un nuevo modelo de receta médica. El SMS, respondiendo a sus expectativas de consumo, ha destinado 225.000 euros para adquirir 30 millones de recetas del nuevo modelo, lo que supondrá un ahorro anual previsible de 75.000 euros, según han informado fuentes del Gobierno regional.

   Este ahorro viene motivado por el descenso del precio de las hojas de los talonarios. Con este nuevo modelo, recuerdan las mismas fuentes, por cada cien hojas se pagan 75 céntimos, mientras que en 2013 el coste de cien hojas era de un euro, y en años anteriores estaba entre 1,60 y 1,70 euros.
   Además, a partir de este momento, los talonarios de recetas que prescriben los facultativos del SMS serán de 500 hojas y no de cien, como hasta el momento, y carecerán de código de barras, por lo que esto también ha influido en su bajada de precio.
   Por otro lado, los talonarios serán entregados exclusivamente al médico del SMS tras realizar éste una solicitud en su centro, firmar los recibos y registrarlo en el módulo de distribución de talonarios por el responsable de la unidad.
   Este nuevo tipo de recetas solo pueden ser rellenadas a través de las aplicaciones OMI o Selene, indican desde el Ejecutivo regional, y no tendrán validez si están cumplimentadas con algún medio informático diferente de los dos anteriores o de forma manual así como si contienen alguna rectificación. De este modo, se pretende garantizar la seguridad del paciente y establecer medidas orientadas a evitar posibles fraudes.
   El nuevo modelo de recetas coexistirá con las clásicas de color verde, rojo y azul para casos puntuales como pueden ser, entre otros, los avisos a domicilio en los que el facultativo no puede acceder a OMI o Selene, en las residencias del Instituto Murciano de Acción Social o para poder expedir recetas cuando se produzca una pérdida de conexión informática o un corte del suministro eléctrico.
   Las recetas clásicas de color verde, rojo y azul, que solo serán válidas en ocasiones puntuales, se podrán usar con independencia de que el paciente sea pensionista o no y la aportación se hará en función del código identificativo denominado 'TSI'.
   Los casos en los que se recurre a las recetas clásicas son mínimos, solo suponen un ocho por ciento de la totalidad de recetas expendidas y representan un volumen anual próximo a los dos millones de recetas.
   La puesta en marcha de un modelo de receta multiusos conlleva diversas ventajas de eficiencia y sostenibilidad, así como de agilidad de procesos para el facultativo y de seguridad para los pacientes.
   El nuevo modelo de receta médica se pilotó hace unos meses en el Área de Salud IX-Vega Alta del Segura, según han recordado fuentes del Ejecutivo regional. Ahora, el SMS lo extiende al resto de Áreas de Salud del Mapa Sanitario de la Región con la finalidad de apostar por un único modelo de receta para medicamentos financiados y no financiados, así como para estupefacientes.
   Con esta medida, la Región se convierte en una de las primeras autonomías españolas que contempla la prescripción informatizada de los medicamentos no financiados incorporándolos al mismo nomenclátor.
   De este modo, los medicamentos no financiados, aunque la aportación sigue siendo integra del paciente, quedan incorporados en la Historia Clínica del Paciente y el facultativo puede aprovechar la información ya existente sobre interacciones y utilización en situaciones especiales, como embarazo o lactancia, entre otras.
   El formato de receta multiusos agiliza el trabajo del facultativo y la accesibilidad al posibilitar que las recetas disponibles en una consulta sean utilizadas por cualquier médico en Atención Primaria y Especializada independientemente de quien solicitase el talonario, puesto que el sistema registra quién hizo la receta.
   Además, se mejora el seguimiento de los indicadores relativos al uso de medicamentos y gasto farmacéutico mediante la impresión de un código alfanumérico que antes ya venía impreso en las recetas y que permite la mejor trazabilidad de los documentos.
   Estos talonarios, han advertido las mismas fuentes, incorporan cinco mecanismos antifalsificación y tienen un identificador del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se imprime con los aplicativos informáticos de OMI o Selene por lo que solo tienen validez las recetas una vez impresas a través de este procedimiento.

Primero Bascuñana y después... / Antonio Balsalobre

El delegado del Gobierno se negó a declarar. Su situación procesal es más que delicada y, ya se sabe, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. En su contra y en la de ´autoridades de muy alto nivel´ que pudieron participar en el proyecto de Novo Carthago. El consejero de Agricultura Cerdá sí declaró, pero se fue por las ramas. La memoria flaquea cuando lo que hay que recordar es comprometedor. 

Cuando hay que recordar reuniones entre las partes en San Esteban bajo el auspicio de quien tenía poder para auspiciarlas. Cuando hay que recordar supuestos encuentros al más alto nivel en yates, hoteles de lujo, grabados por cámaras de seguridad pero cuyas imágenes no pueden ser incorporadas a la causa porque nuestro sistema de Derecho es garantista y en aplicación de la Ley de Protección de Datos han tenido que ser borradas. 

Ahora bien, que no puedan ser utilizadas en el sumario no significa que no existieran. El propio juez instructor las ha visto y por lo que se deduce del interrogatorio lo han puesto sobre la pista. Siete de las catorce preguntas que le hizo al consejero dejaban entrever que el expresidente Valcárcel bendijo el proyecto. Un proyecto urbanístico que incluía la construcción de viviendas en zonas protegidas junto al Mar Menor.

Bascuñana será el primero en caer y después ya nadie estará a salvo. Hasta ahora Madrid ha dejado hacer. Que cada cual resuelva sus asuntos domésticos en casa. Bastante tiene Rajoy con la Gürtel, lo de Bárcenas, los sobresueldos, los sobres con billetes de quinientos euros y todo lo que colea, para apechugar con lo que pase en Murcia mientras su partido siga ganando aquí elecciones. Pero una delegación del Gobierno es otra cosa. La imputación ha trascendido los límites regionales y es ya noticia nacional. Así que Bascuñana tiene que caer. ¿Cuándo? Más pronto que tarde. Antes quizá de que usted lea estas líneas. 

A Garre le ha tocado adelantar la noticia. Anunciar la dimisión del máximo representante del Estado en la región no es plato de buen gusto. Más, si cabe, cuando el cese obedece a razones de presunta corrupción. Pero hay que marcar distancias. Por eso, cualquier eufemismo es bueno. «Políticamente, Bascuñana tiene las salidas que todos ustedes conocen», vino a decir. ¡Hay que ver qué trabajo cuesta pronunciar la palabra ´dimitir´! 

Lo que no aclara Garre es lo que va a pasar con los demás. Si Bascuñana es cesado por estar imputado, ¿por qué no cesar también a Cerdá? Al fin y al cabo las mismas acusaciones pesan sobre uno y otro. ¿Y por qué no también a Pedro Antonio Sánchez que, aunque en un asunto de otra naturaleza, también está imputado? ¿O a Miguel Ángel Cámara, que ahora quiere convertirse en senador aforado?

La situación del Gobierno regional hace ya tiempo que resulta insostenible. La descomposición institucional ha llegado a un punto de no retorno. Lo sabe bien el consejero de Educación que ha pedido voluntariamente acudir a declarar. Será porque está convencido de su inocencia pero también porque quiere que su caso se resuelva, en un sentido o en otro, de una vez. Sabe que después de la dimisión de Bascuñana ya nada será lo mismo. Que mientras siga imputado no habrá forma de mantener una mínima normalidad institucional ni de aspirar, claro está, a ningún tipo de sucesión. El tiempo, veloz como el viento, corre en su contra, y su posición se debilita cada día que pasa y estallan en su partido nuevos escándalos de corrupción.

Que Bascuñana sea el primero en caer anuncia un cambio de tercio. Hasta no hace tanto el PP hubiera aguantado al imputado en su cargo. Pero tras los pésimos resultados de las elecciones del 25M han cambiado las tornas. El efecto dominó está garantizado.

La defensa del presidente de 'Hansa Urbana' arremete en un recurso contra el método del magistrado Abadía

MURCIA.- Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, empresa que proyectaba el macrocomplejo Novo Carthago en terrenos parcialmente protegidos, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) la retirada de las referencias que el instructor del caso hace a reuniones con políticos de primer nivel en yates y centros oficiales.

El recurso acusa de subjetividad al instructor del caso, el juez Manuel Abadía, del que se pregunta si es que está llevando a cabo "una investigación paralela al margen de la judicial y pública".
Galea expone que en la causa no existe ningún dato que permita avalar sus supuestas reuniones "con autoridades políticas de primer nivel", como señalaba el juez en el auto del pasado junio, en el que ampliaba la investigación con nuevas imputaciones y acordaba una serie de diligencias.
El presidente de Hansa Urbana se muestra sorprendido por esa referencia, ya que el propio instructor reconoce en su resolución que no se conserva grabación alguna de los presuntos encuentros porque, en aplicación de la Ley de Protección de Datos, las imágenes captadas "en puertos, grandes hoteles y centros oficiales" fueron destruidas al transcurrir el plazo previsto.
"No solo es que no exista prueba que permita siquiera justificar dichas manifestaciones del ilustre instructor -se lee en el recurso-, sino que la huelga de cualquier diligencia, indicio o sospecha, lo que hace es que las mismas sean completamente subjetivas, y, por ende, debían haberse evitado en el auto".
Apunta también la apelación que "nunca ha tenido lugar ninguna reunión con tan desagradable connotación como la que señala el auto recurrido, ni consta absolutamente nada en autos que permita sostener tal afirmación, por lo que consideramos que con ello no se respeta la presunción de inocencia".
El presidente de Hansa Urbana lamenta también que el juez se haya negado a admitir a esta empresa como acusación y, sin embargo, sí haya aceptado la personación como acción popular "de abogados que no representan a parte alguna, que no acreditan interés alguno y que no justifican su petición suficientemente".
Para Galea, se trata de un trato desigual y discriminatorio respecto de la sociedad que preside, que espera sea corregido por la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM, a la que va dirigida la apelación.
El recurso dice de la resolución de Abadía que no respeta el derecho de defensa y vulnera el derecho a un proceso justo, con todas las garantías, además de exponer que "supone, nuevamente, una suerte de causa general y de investigación prospectiva, contraria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya hemos denunciado en diversas ocasiones".

El profesor de Derecho Administrativo de la UMU, Julián Valero, propone incluir en la Ley de Transparencia sanciones a políticos

CARTAGENA.- El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia (UMU), Julián Valero, propuso este miércoles, en el seno de la Comisión de Asuntos Generales encargada de la elaboración de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, que esta normativa introduzca también sanciones disciplinarias a los cargos públicos y políticos y no solo a los funcionarios, como se ha establecido en la ley estatal. 

Esta iniciativa proviene de la necesidad de establecer garantías de cumplimiento de la normativa, ya que, según expuso, el experto en transparencia "muchas veces se aprueban leyes y luego no se hace nada por cumplirlas".
Valero compareció en la Asamblea Regional para dar su visión sobre la ley que se prepara en el parlamento regional sobre transparencia. Uno de los puntos esenciales que ha establecido durante su comparecencia ha sido el de que las sanciones disciplinarias también se apliquen a los cargos políticos.
Ha ejemplificado este hecho asegurando que los concejales de los ayuntamientos tienen derecho a acceder a la información de los plenos, "pero a veces no pueden acceder a ella porque el alcalde o la autoridad política se niega a dársela. Es importante establecer medidas específicas para sancionar porque a veces son las autoridades políticas las que niegan el acceso a la información".
Aparte de esto, el profesor de Derecho de la UMU también hizo referencia a lo que se conoce como 'Open Data' e instó a los grupos parlamentarios a introducir en la futura ley de transparencia mecanismos que faciliten la reutilización de información procedente de la Administración.
"No tiene sentido que la sociedad pague impuestos para generar una serie de datos en la Administración y luego se guarden y no estén abiertos a la sociedad", indicó Valero.
Durante su intervención, el profesor de la UMU puso el ejemplo de la información meteorológica que se distribuye gracias a aplicaciones móviles. Expuso que esa información procede de la Agencia Estatal de Meteorología. "Una vez se permita ese acceso a la información, ésta se puede reutilizar con una finalidad distinta, como ocurre con las empresas que han creado aplicaciones para consultar el tiempo", dijo.
Dentro de la propuesta del 'Open Data', el experto en Transparencia indicó que la nueva normativa debería reforzar la regulación de información en "ámbitos tan delicados" como es el Urbanismo y el Medio Ambiente y que las distintas administraciones se coordinen para lograr ser más transparentes.
Además, Valero reiteró que "no basta con que la Administración sea transparente", sino que se ha de permitir la participación de los ciudadanos. Considera que la regulación del acceso a la información "está desfasada" y que con el uso de las nuevas tecnologías se podría conseguir un acceso "mejor y más fácil para los ciudadanos". Y pidió que se creen órganos específicos que se encarguen de dar respuesta a las necesidades de información de los ciudadanos.