miércoles, 13 de agosto de 2014

La LFP se resiste a devolver ya mismo a su categoría profesional al Real Murcia pese a la orden judicial


MADRID.- La Liga de Fútbol Profesional ha emitido hoy un comunicado de prensa en el que expresa que el Real Murcia sigue siendo, en estos momentos, equipo de Segunda B. La LFP asegura que está “imposibilitada jurídicamente para proceder a inscribir al Real Murcia” y que “no ha recibido ninguna notificación oficial de órgano jurisdiccional alguno al objeto de proceder a su inscripción”.

En consecuencia la LFP “reitera que en ningún caso el Real Murcia CF, SAD podrá ser inscrito en la presente temporada deportiva". 

A continuación reproducimos íntegro el comunicado de la LFP.

“En relación con las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación acerca de la eventual inscripción del Real Murcia CF, SAD en la LFP, esta Liga Nacional manifiesta lo siguiente:
1º La LFP se encuentra imposibilitada jurídicamente, para proceder a inscribir al Real Murcia en esta Asociación deportiva. En este sentido, con fecha 7 de agosto del 2014, el Juez de Disciplina Social de esta Liga Nacional dictó una resolución en la que, entre otras sanciones, impuso al Real Murcia el descenso de categoría al ser reincidente en la comisión de infracciones muy graves a los Estatutos Sociales. Dichas infracciones son referidas al mantenimiento de deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por importe superior a 12 millones de euros.
2º A día de hoy, la mencionada resolución es ejecutiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de los Estatutos Sociales de la LFP y ha sido refrendada, además, por la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, el pasado 8 de agosto.
3º Esta Liga Nacional no ha recibido ninguna notificación oficial de órgano jurisdiccional alguno al objeto de proceder a su inscripción en la competición. Sin perjuicio de todo ello, el eventual proceso judicial promovido en su caso por el Real Murcia CF, SAD es independiente del procedimiento disciplinario según el cual se ha descendido a dicha entidad.
Por todo ello a la fecha actual esta Liga Nacional reitera que en ningún caso el Real Murcia CF, SAD podrá ser inscrito en la presente temporada deportiva”.

Descolocado el presidente de la LFP

Javier Tebas, presidente de la LFP, al quedarse sin argumentos, anunció posteriormente a través de un comunicado que ha adoptado la decisión de suspender el inicio del campeonato de Liga, previsto para el sábado 23 de agosto, y que ha dado traslado de su decisión a la Real Federación Española de Fútbol.
La LFP ha convocado de forma urgente a una reunión a la Comisión Delegada para el próximo lunes con el fin de analizar el auto, y también a la junta de Segunda División. 
La LFP, después de decir que «manifiesta su respeto hacia las decisiones tomadas por cualquier órgano judicial», anuncia que ha presentado «un escrito de oposición» ante el mismo juzgado que dictó el auto que ordena la readmisión del Real Murcia en la competición. 
Además, considera que «dada la urgencia y celeridad que se está aplicando en el proceso por el citado Juzgado, confía en que durante los próximos días será convocada a la preceptiva vista, tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicable al efecto», obviando que contra el fallo del magistrado-juez Andrés Sánchez Magro no cabe recurso y que la solicitud de medidas cautelares por parte del Real Murcia no implicaba «audiencia previa a la parte pasiva de este procedimiento».

El Puerto de Cartagena se coloca en el pelotón de cabeza de los más importantes de España

MADRID.- El Puerto de Cartagena es el cuarto de España que más tráfico de mercancías registró en el primer semestre de este año, con 15,2 millones de toneladas, un 6,62% más que en los primeros seis meses de 2013, solo superado por los de Algeciras (Cádiz), Valencia y Barcelona, por este orden.

Según los datos de Puertos del Estado, el tráfico de mercancías en los 46 españoles de interés general creció en el primer semestre del año una media del 4,3%, hasta alcanzar las 233,7 millones de toneladas, gracias al incremento de las principales formas de transporte.
Los graneles sólidos fue el segmento que más creció, con un 10% de incremento hasta superar los 40 millones de toneladas, impulsado por productos como el carbón, el cemento y los piensos; mientras que los graneles líquidos, del que forman parte el gas natural, el gasoil o los bicombustibles, alcanzó los 77,5 millones de toneladas, un 3,7% más.
Las mercancías generales aumentaron el 3%, hasta 109 millones de toneladas, gracias al mayor tráfico de maderas, corcho, tabaco, café, herramientas o repuestos.
En cuanto a las formas de transporte, los vehículos industriales que llevan mercancías a bordo y embarcan y desembarcan en los puertos, denominado tráfico ro-ro, movió 24 millones de toneladas, un 7% más; mientras que los contenedores, el medio más utilizado para llevar productos, subieron el 8% impulsados por el mayor tránsito, hasta superar los 3,8 millones de TEU (twenty-foot equivalent unit).
Por autoridades portuarias, las que más crecieron fueron Pasajes (24,5%), Santander (16,1%), Almería (13,65%) y Castellón (13,58%); y las que las que más descendieron fueron Bahía de Cádiz (20%), Ceuta (12,5%), Marín y Ría de Pontevedra (8,68%) y Vigo (6,3%).
Los puertos que más tráfico han registrado en el primer semestre fueron Algeciras, con 43,6 millones de toneladas; Valencia, con 33 (el 0,4% más); Barcelona, con 21 (6,7% más), y Cartagena, con 15,2 (6,62% más).

Un juez de Madrid ordena a la Liga readmitir al Real Murcia en Segunda División

MADRID.- Un juzgado de lo mercantil ordenó hoy miércoles a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) "la inmediata inscripción" del Murcia en la Segunda División, aceptando unas medidas cautelares solicitadas por el equipo murciano después de que la LFP acordase su descenso a Segunda B por motivos económicos.

El tribunal madrileño acordó "suspender cautelarmente la decisión de la LFP de descender administrativamente al club de fútbol a la Segunda División B por no cumplir con los ratios financieros que exige la competición", dijo en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
A primeros de mes, la Liga Profesional de Fútbol (LFP) descendió al Real Murcia a Segunda B y le impuso una multa de 180.000 euros después de que no cumpliese los criterios financieros de la competición.
En un comunicado en su página web en el que la LFP decía no haber recibido aún esta sentencia, afirma que el Murcia incurrió en infracciones referidas al mantenimiento de deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por importe superior a 12 millones de euros.
El juez ordenó el miércoles la anulación de los acuerdos de la LFP, tanto de negar su inscripción como de acordar su descenso de categoría.
La decisión de admitir medidas cautelares, a instancia de una demanda del club, no puede ser recurrida y se basa en parte en el peligro de que el proceso judicial se demore más allá del asunto que trata, teniendo en cuenta que la próxima temporada da comienzo en pocos días.
El tribunal deberá ahora decidir si estima la demanda del Murcia contra la LFP.
El equipo acabó cuarto en segunda división la temporada pasada, pero no consiguió clasificarse durante la ronda eliminatoria para ascender a Primera.
Muchos clubes españoles han sufrido graves problemas económicos en los últimos años debido a los gastos excesivos y deben cientos de millones de euros en impuestos impagados.
El Real Murcia descendió a Segunda B una vez más en el pasado. Fue en 1992 cuando no consiguió cumplir con las nuevas reglas sobre las estructuras de los clubes de fútbol implantadas por el Gobierno.

El PSOE exige al Gobierno que trate la situación de Navantia como "problema de Estado" y presente un plan urgente

MADRID.- El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que trate la situación de Navantia como un "problema de Estado" y que presente de forma urgente un plan para la empresa pública que incluya medidas de carácter industrial, financiero y laboral.

   En la iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Hacienda, los socialistas acusan al Ejecutivo de conducir a Navantia a una situación "lamentable" por su "desidia" y "desatención significativa", algo que también ha repercutido en la industria naval auxiliar y ha provocado el cierre de muchas empresas.
    "La conclusión es que el tema de la construcción naval pública no forma parte de la agenda política del actual Gobierno. La situación de Navantia debe ser tratada con el rigor y seriedad que requieren los problemas de Estado ya que la incidencia en las comarcas en que se ubica determina la supervivencia económica, social y poblacional de muchas localidades que hasta ahora han constituido una parte fundamental de la economía del país", insiste el principal partido de la oposición.
   Por eso, exige que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una "dotación suficiente" de apoyo a Navantia para garantizar su carga de trabajo y la continuidad de su actividad, "evitando la improvisación y la utilización electoral que con tanta frecuencia se ha venido haciendo por parte de los diferentes Gobiernos del PP" de esta empresa pública.
   Y exige al Ejecutivo que aplique un "tratamiento como problema de Estado" a la empresa, presentando "con carácter de urgencia" un plan industrial, financiero y laboral, así como "todas aquellas acciones necesarias que refuercen la situación de la industria auxiliar del sector naval".

Nuevas vías paralelas, imprescindibles para crecer / Ángel Tomás Martín *

Han transcurrido cinco años de recesión prácticamente ininterrumpida desde que apareciese en España la severa actual crisis que, a pesar de los datos optimistas reales recientemente publicados, aún no hemos terminado de superar. Este hecho merece un ligero análisis que defina las posiciones económicas reales, sus ventajas y las posibles nuevas reacciones adversas que pudieran depreciar los objetivos pretendidos, por no acompañar al optimismo excesivo con nuevos medios de eficacia contrastada y promoción de factores de productividad imprescindibles y protectores de nuestra industria y servicios.

Es innegable que durante más de dos años la política económica ha adoptado y puesto en marcha un conjunto de medidas, cuyo resultado ha conseguido detener la recesión e iniciar el crecimiento tan imprescindible como deseado. Esto ha sido reconocido desde el exterior por acreditados estamentos de opinión internacional, como son el Banco JP Morgan Chase que en su informe "España ha vuelto" destaca que nuestra economía está haciendo notables progresos para el crecimiento con esperanza de que, aunque lentamente, continúe; Klaus Regling, director del fondo de rescate de la UE, pronostica que en un quinquenio España formará parte, junto con Alemania, del impulso económico europeo. 

Christine Lagarde, directora del FMI, tan sólo en seis meses ha cambiado su criterio y vaticina una subida del PIB español para el 2014 situándolo en el 1,2%, y del 1,6% para el 2015. Las agencias de calificación internacional más prestigiosas, aunque con algunos errores en su historial, han confirmado el cambio positivo de nuestro horizonte, actualizando sus calificaciones e incrementando el rating, S&P a "Baa3", y Moody's a "Baa2", respectivamente. En resumen, el pesimismo de los inversores se desvanece y se inicia la confianza.

Entre las medidas y reformas adoptadas, hemos de destacar por su importancia y transcendencia las aplicadas al "sistema financiero", clave para el cambio de tendencia e impulso al desarrollo. El Estado inyectó más de 60.000 millones de € del Erario Público, apoyado, por las importantes aportaciones del "sistema tributario". 

La crisis afectó a todo el continente y el BCE intervino en los mercados haciendo posible el descenso de nuestros costes de la Deuda Pública. Merece especial mención que España haya destinado más del setenta y cinco por ciento de la media europea a la mejora del sistema financiero nacional. Podemos asegurar con Morgan Stanley que el punto de inflexión señala de forma evidente hacia el crecimiento, si bien de forma lenta y sin la firmeza y solidez que la coyuntura exige.

No existe duda de que el ciclo económico ha cambiado. Que la confianza interior y exterior retorna, es una realidad, y es uno de los pilares básicos para el emprendimiento y la inversión. Pero ello no es suficiente para consolidar los indicadores macroeconómicos, ni sería realista alardear en exceso de la suficiencia definitiva de las reformas estructurales puestas en marcha como base y garantía de un futuro sin la aparición de nuevos riesgos que, además, pudieran retardar o dificultar el crecimiento.

Quedan, por tanto, por encontrar las soluciones a las consecuencias aún vivas de los recientes años de recesión y desequilibrios profundos provocados por el estallido de la crisis. Sirvan de ejemplo el elevado endeudamiento por la deuda soberana y de las CCAA, el aún excesivo gasto público muy por encima de la media europea, la terminación de la reforma estructural del sistema financiero, el escaso crecimiento del flujo crediticio, la debilidad del ahorro privado, el escaso apoyo y estímulo a la investigación, esencial para el desarrollo y la productividad y el desempleo preocupante. Todos ellos son de necesaria solución previa para conseguir lograr la necesaria fortaleza y solidez de nuestra economía.

El conjunto de medidas de política económica establecidas, han colocado al país en la "vía" idónea hacia una economía en crecimiento continuado, pero son imprescindibles otras "vías paralelas" de apoyo y seguridad para maximizar el crecimiento de la renta nacional. Vemos, por ejemplo, que a pesar de la bondad de los hechos expuestos, nuestra ilusionante balanza comercial positiva se ha tornado a negativa, influida por la desaceleración de la exportación y el crecimiento de las importaciones (5% en el primer cuatrimestre del ejercicio) estimuladas por un consumo en alza. 

Contrasta este hecho con el descenso de la inflación a signo negativo (debiera situarse entre el uno y uno y medio por ciento positivo), demostrativo de una competitividad y un desarrollo industrial y de servicios prácticamente estancado. 

Se suele olvidar con frecuencia, que las medidas aplicadas a la economía pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero carentes de seguridad absoluta debido a los poderosos agentes externos inducidos o aleatorios, lo cual obliga a nuevas correcciones o proyectos renovadores efectivos y de urgente estudio e implantación. La economía es una ciencia inexacta y pregonar para el futuro seguridad absoluta en política económica, puede convertirse en un riesgo incontrolado e innecesario. Vender expectativas inseguras y carentes de nuevos objetivos, sin una vía paralela de apoyo, puede ser el camino del fracaso y la frustración colectiva.

¿CUÁL ES LA "VÍA PARALELA DE APOYO 
AL CRECIMIENTO PRUDENTE SOSTENIDO" QUE EL PAÍS NECESITA?

Ha quedado suficientemente demostrado que la construcción de viviendas a un ritmo de producción muy superior a la demanda de cobertura necesaria, apoyada sólo en la especulación y en un sistema financiero desacertado e incontrolado, condujo, una vez más, a la crisis mundial sobradamente conocida. Esta actividad como rápida propulsora de la economía, si hemos aprendido bien la lección, debe ser rechazada de plano, aunque tal vez volvamos a verla en alguna de las economías emergentes del mercado mundial.

Hacen falta nuevos objetivos, nuevas ideas y estimular expectativas, ilusión, y sobre todo la actividad empresarial, que sólo se consigue con una relación positiva del capital-producto, sin olvidar que la tasa de crecimiento del PIB sólo se alcanza mediante estímulo al trabajo y al emprendimiento.

LA VÍA PARALELA DE APOYO HA DE RESPONSABILIZARSE EN LAS CCAA, CUYA MISIÓN PRINCIPAL SEA EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LA RIQUEZA REGIONAL Y SU INTERACCIÓN EMPÍRICA NACIONAL. Cada región acumula riquezas tradicionales diferentes, y he ahí la solución integral de nuestra economía. El Estado coordinará y apoyará fiscal y financieramente el desarrollo regional, sin olvidar establecer los sistemas de intervención y control de cuentas de los fondos públicos, que los contribuyentes nutren con sus impuestos. La legalidad, la transparencia, la eficacia, la diligencia y la competitividad, son los principios imprescindibles de una economía política sólida y creciente.
(*) Economista y empresario