lunes, 27 de octubre de 2014

El PPRM va a acordar la suspensión inmediata de militancia de los implicados en la 'Operación Púnica'

MURCIA.- El vicesecretario general de comunicación del PPRM, Francisco Bernabé, ha informado esta noche que los órganos de dirección del partido "han dispuesto la convocatoria urgente del Comité de Derechos y Garantías al objeto de acordar la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas implicadas en la operación anticorrupción que esta llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

   En este sentido, Bernabé ha añadido que "igualmente, el PPRM exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono de sus cargos".
   Finalmente, el responsable popular de comunicación ha concluido con que "el partido está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción".

BMN supera las pruebas de resistencia del BCE y la Autoridad Bancaria Europea

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN), integrado ahora sólamente por las redes comerciales de Cajamurcia, Cajagranada y la balear Sa Nostra, por hoy participado mayoritariamente y gestionado por el FROB para su posterior venta, ha superado ampliamente las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la European Banking Authority (EBA), cuyos resultados se hicieron públicos este domingo.

 De este modo, BMN se sitúa entre los bancos europeos teóricamente solventes al presentar un ratio de capital superior al 8% exigido.
El ratio de capital básico o de máximo nivel se elevaría en 2016 al 11,5 por ciento en el escenario base (más de 3,5 puntos porcentuales por encima del límite exigido de ese 8%), lo que supone un superávit de capital de más de 720 millones de euros, que puede ser ampliable a más de 1.185 millones antes de la distribución de resultados.
Por su parte, en el escenario adverso al que el Banco Central Europeo asigna una probabilidad de ocurrencia remota, la entidad alcanzaría un capital del 8,1 por ciento, superior en un 47 por ciento al umbral mínimo exigido del 5,5 por ciento. Es decir, el superávit de capital que BMN tiene en este supuesto es de 531 millones de euros.
Estos favorables resultados incorporan los obtenidos en el proceso de revisión de la calidad de activos (AQR), acometido en paralelo a los test de estrés, y que se han llevado a cabo sobre unas carteras que suponen cerca del 55 por ciento de los activos ponderados por riesgo.
De esta manera, BMN se coloca entre las entidades solventes del país como consecuencia de su capacidad de generación de resultados, la cual está prevista en 1.163 millones de euros en los tres próximos ejercicios en el escenario más adverso, de la mano de su director general, nombrado por el FROB, Francisco García Beato, inspector y auditor excedente en el Banco de España.

La banca española resulta penalizada 
con los nuevos ratios de solvencia 

A pesar de los buenos resultados obtenidos por la banca española en los exámenes realizados por el BCE, algunos analistas destacaron el lunes el hecho de que, con la nueva regulación internacional, algunas entidades mostraran unos niveles de solvencia más débiles que sus competidoras británicas y nórdicas, sobre todo en los escenarios base.
 Es cierto que con los ratios calculados en base a los denominados 'fully loaded' (que no formaban parte del ejercicio del BCE pero que la EBA ha proporcionado a título informativo) los bancos españoles salen peor, pero es porque estos nuevos ratios obligan a la banca española a deducir de forma total del capital los activos fiscales diferidos (DTAs).
A finales de diciembre pasado, la banca española consiguió que se computaran como capital de primera categoría créditos fiscales por unos 41.000 millones de euros, avalados por el Estado.
Según destacó BNP en una nota de análisis la media de los ratios de capital de la banca española baja desde un ratio de capital del 9 por ciento de Basilea III 'phase-in' o aplicación gradual (referencia utilizada para el ejercicio) en el escenario adverso a un ratio de capital del 7,7 por ciento también en el escenario adverso en términos 'fully loaded' o totalmente anticipados.
El propio subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que se volvió a mostrar el lunes satisfecho con los resultados de los bancos domésticos, reconoció que uno de los retos de la banca era un nuevo entorno regulatorio más exigente.
"La adaptación al nuevo entorno regulatorio y supervisor supondrá esfuerzos adicionales de reforzamiento de base de recursos propios de numerosas entidades en un entorno macroeconómico complejo", dijo Restoy, que se mostró, no obstante, "convencido" de que la banca española sería capaz de adaptarse a estos desafíos.
A diferencia de los ratios de capital con aplicación gradual, los ratios 'fully loaded' obligan a hacer una deducción total de algunos activos, como los activos fiscales diferidos, que penalizan es especial a la banca española y francesa.
respectivamente.
A pesar de la buena acogida inicial en bolsa a los análisis, posteriormente las entidades españoleas seguían la tendencia bajista del conjunto del mercado al persistir dudas sobre la economía mundial.

Son cuatro cosas / Ángel Montiel

Rajoy, en Murcia, sobre la corrupción: «Hay algunas cosas, pero no representan a 46 millones de españoles» Mariano Rajoy.
 
Da la impresión de que el presidente del Gobierno no está tan escandalizado con la corrupción como su pupila De Cospedal, lo cual sólo evidencia que es un poco menos cínico que la secretaria general. 

Alguna de ‘esas cosas’ con las que Rajoy resume la situación de espectacular escándalo —escándalo para los ciudadanos, no para quienes lo producen— en que se desenvuelve su gobernación y la del conjunto de las autonomías, muy singularmente la murciana, lo tienen a él por principal protagonista en su calidad de presunto cobrador de sobresueldos en B recibidos en cajas de puros, habitante de una sede central del PP rehabilitada con dinero negro, así como protector de personajes de la calidad de Cospedal, Camps, Bárcenas, Sepúlveda, Rato, Mato, Acebes… 

Un presidente que relativiza la corrupción, y más cuando ésta desborda cualquier índice previsible y afecta a todas las instituciones del Estado, es un irresponsable, un frívolo y un tipo peligroso. ¿Es este el dictado moral que deben recibir de un presidente del Gobierno los ciudadanos honestos que quieren reconstruir su país? Su mensaje es intelectualmente menesteroso, impropio de quien lidera una nación de primera.

http://blogs.laopiniondemurcia.es/angelus/

La puntilla al pepé / Joaquín Abad

Lo que le faltaba al PP de un Rajoy que ha tenido todos los votos que necesitaba para iniciar una catarsis y acabar con la corrupción y ha mirado para otro lado. Claro, porque sabía, consentía que ese tres, ese cuatro por ciento de comisión que Pascual Maragall denunció en sede parlamentaria era una práctica común en todos, todos, los partidos políticos. Si se escarba, en todos los ayuntamientos hay corruptelas. Si se investiga, si se pinchan los teléfonos de nuestros políticos, nos llevaremos miles de sorpresas. 

Ahora nos explicamos por qué Mariano Rajoy miraba para otro lado. Por qué Mariano Rajoy sigue ausente y no da un puñetazo. No puede. Nunca pudo porque quienes le informan, los fontaneros, los servicios secretos le tienen al día de los tres por ciento, de los cuatro por ciento, de las mordías y prácticas que todos los partidos, todos, han llevado a la actual situación.

Nuestro problema es que la corrupción se ha institucionalizado. Desde que llegó Felipe a la Moncloa. Se empezaron por los cafelitos de Juan Guerra, hermano de "Arfonzo", desde la propia delegación de Gobierno en Sevilla. Y luego los Falis, los envíos en bolsas y maletines de millones que llegaban a la sede de la calle Ferraz para se le facilitara el permiso correspondiente al constructor de turno.

Ahora los del pepé, los del pesoe, están de los nervios. Se ven fuera del sistema por el asqueo de los votantes que huyen, como de la peste, del bipartidismo corrupto que no parece calar entre la clase política que forma la llamada "casta". Esa "casta" que durante más de treinta años ha convertido los partidos en oficinas de colocación de sus amigos, familias, y se han dedicado a abusar con tarjetas, con coches, chóferes, y todos los robos que nos sacuden día sí y día también.

Porque la redada donde han caído alcaldes, concejales, empresarios y demás gentuza no ha sido precisamente a iniciativa de la fiscalía, sino como consecuencia de una petición de información de las autoridades judiciales de Suiza, que detectaron que Granados y su amigo David Marjaliza blanqueaban millones. Y comunicaron sus sospechas a las autoridades españolas que no tuvieron más remedio que tirar de la manta. Pero en todos los ayuntamientos, todos, en todas las administraciones, en todas, hay corrupción. Si, porque a estas alturas, la corrupción está institucionalizada. Y el bipartidismo ha cooperado, y mucho, en ese estado general de podredumbre.

Garre dice que echará a detenidos o imputados en la 'operación Púnica' si estos no dimiten antes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, aseguró este lunes que "si hay algún miembro de mi Gobierno detenido o imputado (en el marco de la Operación Púnica) no durará ni un minuto en el cargo público. Esta decisión del Gobierno está consensuada con el Partido Popular".

De esta manera, "queremos que se resuelvan con la mayor prontitud los temas judiciales", agregó el jefe del Ejecutivo, quien insistió en que "si algún cargo del Gobierno es imputado o detenido, deberá presentar su dimisión o será cesado".
Garre entiende que "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".
Lo primero que ha hecho Garre es encargar una investigación interna al consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, para que depure responsabilidades, si las hubiera, en su departamento, al que pertenecen los detenidos en Murcia.
La directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, y el exconcejal de Cartagena José Fidel Saura, actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia, han informado fuentes cercanas al caso.
Martínez y Saura, junto al secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, también exgerente del Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Región de Murcia, fueron arrestados hoy por su presunta implicación en la operación Púnica contra la corrupción; sólo los dos primeros han abandonado con cargos las dependencias de la Guardia Civil minutos antes de las 20,00 horas tras prestar declaración ante los agentes, mientras el tercero pasará la noche en el calabozo y previsiblemente será trasladado mañana martes por la mañana a la Audiencia Nacional, en Madrid..
Hasta la Comandancia de Murcia se han acercado esta tarde abogados de los despachos Valdés Albistur y Manzano y Muñiz, así como la directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper, que llegó a pie y con asistencia letrada a la sede del instituto armado a petición de la Benemérita y la abandonó, también con cargos, minutos después en el interior de un taxi.
En este organismo, el INFO, dependiente de la Consejería de Empresa y Turismo, la Guardia Civil ha requerido hoy documentación sin llegar a detener a Samper.
El ex alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso, ha sido arrestado en su domicilio de Madrid por actividades posteriores a su paso por la alcaldía.
Alonso es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en Cartagena. Marjaliza, constructor de Valdemoro, también ha sido arrestado. Y junto con Alejandro de Pedro Llorca, otro hombre de negocios, eran los dos conseguidores de la red presuntamente delictiva.
José Fidel Saura, del PP, fue concejal de Turismo y Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, desde 1999 a 2007, mientras que Mariola Martínez fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tovar (PSRM) le pide a Garre que cese a todos los imputados del PP que están en instituciones regionales

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha pedido a Alberto Garre, a raíz de que este anunciara que destituirá, si antes no han dimitido ellos, a los cargos públicos del Gobierno regional detenidos o imputados en la 'Operación Púnica', que "destituya también al resto de cargos imputados del PP en la Región si de verdad", como el propio presidente regional ha dicho, "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".

   De lo contrario, ha afirmado González Tovar, Garre demostrará que "tiene dos varas de medir, una para los intocables, como son el alcalde de Murcia -que lleva 825 días imputado por graves delitos-, el delegado del Gobierno -125 días imputado-, o los consejeros de Agricultura y Educación, entre otros, y otra para los detenidos este lunes, que deben ser para el presidente de segunda categoría, porque les exige algo que no le pide al resto", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   "Le exigimos a Garre que mida a todos con el mismo rasero, a los imputados VIP, y a los de este lunes: el jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, José Fidel Saura, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo. Si no lo hace, dejará claro una vez más que el PP no conoce las palabras limpieza democrática", ha añadido Tovar.
   "Los socialistas de la Región de Murcia reclamamos desde hace mucho tiempo esa limpieza democrática, y lo vamos a seguir haciendo con contundencia", ha puntualizado.

Pujante (IU-V) pide explicaciones al consejero Ruiz y lamenta que la corrupción del PP "no tenga techo"

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha exigido este lunes al consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que explique de manera "urgente" el papel que "han jugado" Mariola Martínez, José Fidel Saura y Jesús Norberto Galindo en las contrataciones de ese departamento, y ha lamentado que la corrupción "no tiene techo" para el Partido Popular.

    Pujante ha indicado que, tras las detenciones de Martínez, Saura y Galindo, todos responsables en la consejería de Turismo, y del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, en el marco de la 'Operación Púnica', "habría que cambiar el logotipo de la sonrisa de la marca 'Costa Cálida' por una cara triste y construir el parque temático de la corrupción en la Región".
    "En materia de corrupción, el PP no tiene altura, nunca deja de sorprender", ha manifestado Pujante, para quien resultaba "extraño" que en una trama de corrupción en varias comunidades de España no estuviera implicada la Región de Murcia, "una autonomía que, por desgracia, es puntera en esa materia gracias a los gobernantes que hay".
    Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU-Verdes en Cartagena, Cayetano Jaime, ha expresado su respeto por la actuación judicial y ha adelantado que pedirá una comisión de investigación si surgen temas que atañen directamente a la ciudad portuaria, teniendo en cuenta que Saura, exconcejal de Urbanismo del PP, está entre los detenidos.

También UPyD exige

La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, tras las detenciones de este lunes en el ámbito de la 'Operación Púnica', ha exigido al PP que "reaccione, depure responsabilidades y se ponga al frente para atajar la degradación política y de la vida pública por la que atraviesa la Región".
   Para la responsable regional, la falta de credibilidad y de autoridad moral del PP en la Región, "están alcanzando cotas intolerables, no es posible que quien nos gobierna sea quien más casos de corrupción genere, y que además permanezca impasible ante esta situación".
   Máximo ha denunciado que "nos encontramos en un momento de enorme gravedad, ante una corrupción institucionalizada que ya afecta de pleno a toda la Administración regional". En ese sentido, ha pedido el cese inmediato en sus funciones de los tres cargos públicos detenidos hoy, la directora general de Turismo, Mariola Martínez, el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura y del secretario del Instituto de Turismo, Jesús Galindo.
   Para Fuensanta Máximo, la Región de Murcia no puede permitirse dar la imagen de corrupción que está ofreciendo por culpa de sus dirigentes, "ya que, junto al delegado del Gobierno, el Ejecutivo regional cuenta con dos consejeros imputados, y hoy se suman los casos conocidos dentro de la Consejería de Turismo, "que ya son la gota que colma el vaso".
   La dirigente regional ha recalcado que "es imprescindible y vital que las instituciones, cumplan con su obligación ética de ejemplo ante los ciudadanos, "si no querremos que el desprestigio de esas instituciones y de la propia democracia no se sigan deteriorando de manera irreparable", ha concluido.

Trabajadores católicos españoles acuden al encuentro del Papa con movimientos populares, Joaquín Sánchez entre ellos

MADRID.- La copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), Charo Castelló, Maria del Carmen Picón, en representación de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Joaquín Sánchez, consiliario de la HOAC de Murcia y miembro del colectivo 'En el nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar a las familias', han viajado a Roma para participar junto a otras cien personas en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares convocado por el Consejo Justicia y Paz del Vaticano, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles y cuenta con el apoyo del papa Francisco.

   Para Charo Castelló, esta convocatoria "posibilita hacer oír la voz y dar visibilidad a millones de personas que están siendo excluidas en una realidad, la del trabajo humano, cada vez más empobrecida y deshumanizada".
   Por ello, considera que este encuentro "marcará un hito en el proceso de articulación de los movimientos" y "empoderará a los sectores más empobrecidos, visibilizando su punto de vista en torno a los graves problemas que atraviesa la humanidad".
   "Le agradecemos profundamente al papa Francisco esta posibilidad, una nueva muestra de su permanente acompañamiento y cercanía no sólo hacia los que sufrimos la injusticia sino también hacia los que, organizados, luchamos contra ella, como movimientos de la Iglesia", ha subrayado. Los representantes de los movimientos se encontrarán con el pontífice este martes.
   Las organizaciones participantes en este encuentro representan a trabajadores en situación de precariedad, temporales, migrantes; sin protección legal, ni reconocimiento sindical o de sus derechos laborales; campesinas y campesinos sin tierra; pueblos indígenas o personas en riesgo de ser expulsadas del campo a causa de la especulación agrícola y la violencia; personas que viven en barrios excluidos, suburbios y asentamientos informales, sin infraestructura urbana adecuada; los marginados y los olvidados.

El Gobierno regional asegura que aquellos que hayan actuado fuera de la ley serán "castigados contundentemente"

MURCIA.- El Gobierno regional asegura que "no va a tolerar ninguna conducta que suponga la infracción de la ley", es decir, "que si fruto de la investigación iniciada desde el Ejecutivo regional o fruto de las actuaciones judiciales se deriva que alguna persona ha actuado fuera de la ley, será castigada contundentemente en el ámbito político y esa contundencia no es otra que la destitución".

   Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia y Empleo y portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, quien ha matizado que "en política y en la Administración regional no caben sino personas honestas e íntegras que vengan a dar lo mejor de sí mismos para atender el interés general".
   Ruiz respondía así al ser preguntado por las detenciones producidas en Murcia dentro de la 'Operación Púnica'.
   En esta línea, ha asegurado que el Gobierno murciano se muestra "indignado" con cualquier conducta "que suponga la vulneración de la ley y el derecho". Así como que la información que se tiene sobre la operación es "escasa" y como Comunidad y Gobierno regional "no hemos recibido ninguna notificación al respecto".
   Tras lo que ha confirmado que, a lo largo de la mañana, miembros de la Policía Judicial se han personado en dos sedes de la Administración autonómica, que son el Instituto de Fomento y el Instituto de Turismo.
   En este sentido, ha declarado que desde el Gobierno regional, "como hemos hecho siempre", estamos "colaborando al máximo con la Administración de Justicia", para que la operación "se pueda esclarecer lo antes posible".

IU-V critica el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier y expresa su negativa al cierre

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha criticado este lunes el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier por parte del Gobierno autonómico, y ha expresado su negativa al cierre de esta infraestructura.

   Pujante ha pronunciado estas palabras tras reunirse con el presidente de la Plataforma en defensa del Aeropuerto Público de San Javier, Santiago Pina, y los vocales de esta organización Juan José Lozano y José Andrés Gómez.
   Ha dicho que su formación coincide "plenamente" con los objetivos de la citada Plataforma, entre los que se encuentran el mantenimiento de los servicios y los puestos de trabajo del aeropuerto de San Javier.
   Además ha recordado que IU-Verdes "siempre ha defendido" este aeropuerto e incluso ha apostado por su potenciación, frente a la "aventura" del aeropuerto privado de Corvera, que "nos está costando un riñón a la ciudadanía de la Región de Murcia".
   En concreto, ha recordado que la Comunidad Autónoma paga casi 22.000 euros en intereses por un aeropuerto cerrado. "En lugar de invertir en el de San Javier, el Gobierno Regional ha defendido los intereses de una empresa privada -Aeromur-, destinando para ello dinero público", ha apostillado.
   Para Pujante, una muestra del "abandono" del aeropuerto de San Javier es, por ejemplo, la inexistencia de un punto de información, de un cartel de bienvenida y de una línea de autobús que conecte con los municipios de San Javier y Murcia.
   Por su parte, el presidente de la Plataforma ha explicado que la pretensión de la misma es defender a los trabajadores del aeropuerto de San Javier y a las empresas que trabajan allí, y luchar porque se mantenga abierto y no se supriman los puestos de trabajo.
   Pina ha insistido en que esta infraestructura es rentable y, su cierre, además de suponer el despido de unos 1.200 trabajadores, entre directos e indirectos, conllevaría perjuicios para el sector turístico y hostelero de aquella zona.

Piden que se suspenda la ratificación de la autopsia de Diego Pérez hasta que se hagan nuevas pruebas

CARTAGENA/LOS ALCÁZARES.- El abogado defensor de J.C.M., uno de los seis policías nacionales de la Comisaría de Cartagena ingresados en prisión como presuntos autores de la muerte de un vecino de esta localidad, ha pedido al Juzgado que suspenda la diligencia de ratificación de la autopsia hasta que se practiquen varias pruebas. 



El recurso presentado por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, considera que el resultado de esas pruebas puede determinar que se llegue a un resultado distinto en cuanto a la causa de la muerte y otros extremos.
Así, propone la realización de un estudio de sumersión, "elemental diligencia -dice- para conocer si la víctima presunta llegó o no viva al agua".
Igualmente echa en falta el estudio biomecánico de las lesiones mortales que presentaba el cuerpo de la víctima, "pues el hecho de que la autopsia afirme que la muerte no fue natural no es consustancial a su consideración como homicida, ya que para concluir de tal manera se hace indispensable la práctica de esa diligencia".
Expone también el letrado que en el estado actual de las diligencias que se tramitan en un Juzgado de Instrucción de Cartagena se desconoce el resultado de los estudios realizados sobre las larvas halladas en el cadáver, "fundamental para conocer el número de días que llevaba el cuerpo emergido tras haber caído al mar".
Y añade que, igualmente, se desconoce el resultado del estudio de las muestras biológicas obtenidas de la zona interior de las uñas del finado, "que podría determinar la identidad del autor presunto -si es que lo hubiera- con un simple cotejo de ADN".
Por todo ello, Pardo-Geijo Ruiz señala que, antes de proceder a la ratificación de los informes de autopsia por un segundo perito, se deben practicar las diligencias que solicita.
Los informes de autopsia indicaban que la víctima, Diego Pérez, vecino de la barriada cartagenera de Las Seiscientas, murió de forma homicida, como consecuencia de la fractura de varias vértebras cervicales.
En relación al caso, la magistrada que lo instruye, María Antonia Martínez, quiere asegurarse de que los policías no cambien su aspecto físico, por ello ha indicado a los responsables de las cárceles donde están recluidos los agentes que deberán cursar las órdenes oportunas «para que no sea modificado su aspecto hasta el 5 de noviembre, cuando se procederá a un reconocimiento en rueda».


 Amenazas a un concejal

Por otra parte, el concejal de Interior, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares, José Francisco López Gabaldón, ha recibido este lunes por la mañana amenazas en una carta que han depositado en el buzón de su domicilio.
   La carta, realizada con recortes dice textualmente que "es solo el principio"; "ponemos a prueba tu seguridad"; "¿quién eres tú?"; y "solo apártate". El edil popular ha interpuesto la correspondiente denuncia en la Comandancia de la Benemérita de Los Alcázares.
   Gabaldón asegura que "no va a cambiar ni mi forma de pensar ni de hacer los cosas, las amenazas son propias de personas antidemocráticas y cobardes, yo voy a seguir trabajando como hasta ahora, pese a quien pese", según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.
   Aunque el edil se ha mostrado preocupado por el hecho de que ha recibido esta carta en su domicilio "tengo familia y se asustan", apuntó.

Tovar: "Es una vergüenza para Murcia que el PP haya celebrado aquí un 'Plenario de la corrupción' repleto de imputados"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha sido este lunes muy crítico con "la falta de ejemplaridad" del Partido Popular, calificando como "Plenario de la corrupción", la reunión Intermunicipal organizada por el PP este pasado fin de semana en Murcia.

   "Es una vergüenza para esta tierra este acto de cinismo político porque la Región cuenta con el mayor número de alcaldes condenados e imputados por delitos relacionados con la corrupción de toda España y tenemos un Delegado del Gobierno imputado que se niega a declarar ante la Justicia y se mantienen dos consejeros imputados en el equipo de Garre", ha manifestado en rueda de prensa.
   González Tovar ha considerado una "provocación y un descaro organizar un evento de estas características para hablar de buenas prácticas municipales, en una Región donde existen tantos imputados por corrupción, en su mayoría alcaldes".
   En este sentido, ha reprochado la actitud de Rajoy "por eludir el tema de la corrupción, demostrando con su evasiva y falta de contundencia, su complicidad y permisividad con estos inadmisibles comportamientos".
   González Tovar ha manifestado que "resulta vergonzoso" ver como en el PP mientras hablaban de regeneración democrática, presidían el acto, el alcalde de Murcia, imputado por el caso Umbra, Valcárcel, "cuestionado y bajo sospecha por sus viajes pagados por Hefame", el delegado del Gobierno, imputado "y que desacata a la autoridad", consejeros imputados y otros muchos alcaldes también bajo sospecha, como la alcaldesa de Cartagena, "que se intentó justificar afirmando que no se deben mezclar los procesos penales con la actuación municipal" y todo ello, "ante un presidente regional ausente y ninguneado permanentemente".
   Rafael González ha lamentado, por otra parte, que el presidente Garre no haya tenido "suficiente influencia" para que Rajoy escuchara a empresarios y agricultores murcianos para hablar del agua, a pesar de ser un tema vital en nuestra tierra.
   Con esto se demuestra, a su juicio, "que al Partido Popular le importan muy poco los problemas de la Región y sólo se han reunido para hacer una terapia de grupo y aplacar su nerviosismo por todo lo que está saliendo a la luz durante las últimas semanas".
   En esta línea, ha lamentado "la falta de coraje político" de Garre ante el presidente de gobierno y ha reivindicado las necesidades vitales de la Región de una mayor inversión y recursos estatales "ante la fatal parálisis económica que sufre nuestra Comunidad".

La detenida Mariola Martínez, protegida política de Bascuñana, su gran mentor en la sombra, ya libre

MURCIA.- El todavía delegado del Gobierno, el molinense Joaquín Bascuñana, es el gran mentor político en la sombra de la hoy detenida en la 'operación Púnica', Mariola Martínez Robles, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, actual directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y presumiblemente una de las personas acompañantes en el vehículo detenido de madrugada semanas atrás en un control rutinario de la Guardia Civil, en la carretera nacional 301, cuando Bascuñana se negó a identificarse ante los agentes y también que se identificase a quienes ocupaban los otros tres asientos de un vehículo privado conducido por su abogado defensor, un tal Fernando Mateo Asensio.

Requerida la Delegación del Gobierno para que informase, desde su perspectiva, sobre las cuatro detenciones de dicha operación de la Guardia Civil en la Región de Murcia hoy, ha declinado hacerlo argumentando lo secreto de las actuaciones judiciales en marcha.
José Fidel Saura, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, y Mariola Martínez Robles, ex edil del PP en Molina de Segura, habrían sido llevados por la Guardia Civil para prestar declaración. Además, los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada" y firmado con una de las empresas investigadas, de nombre Madiva. En el caso de Reyes Samper, su directora, el INFO podría haber tramitado subvenciones también para esta misma sociedad bajo sospecha.
Los tres quedaron en libertad con cargos a primera hora de esta noche tras sus declaraciones en la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.
Estas detenciones se suman a la del ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso en su domicilio de Madrid y del secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quienes fueron detenidos este lunes por la mañana, según se ha confirmado desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y desde Movimiento Ciudadano, en Cartagena, respectivamente. Éste último sigue detenido para ser trasladado mañana a Madrid y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional.

Claves de la operación

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga una supuesta trama de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.
La trama, en la que han sido detenidas 51 personas, firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban, al menos, en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
Delitos que se les imputan
En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

El PSRM suspende de militancia a José Antonio Alonso por su detención en la operación 'Púnica'

CARTAGENA.- El PSRM-PSOE ha suspendido de militancia al ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, tras haber sido detenido en el marco de la operación 'Púnica' anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil en Madrid, Murcia, León y Valencia, en la que hay 51 arrestados.

   La secretaria de Organización del PSRM, Presen López, ha afirmado, ante las noticias de la detención del ex alcalde de Cartagena y militante de base del PSOE, José Antonio Alonso, que la dirección regional del PSRM, "desde el minuto uno de conocer el asunto, ha solicitado a la dirección federal que sea apartado del partido a través de la suspensión cautelar de militancia, hasta el momento en que se aclare su situación legal".
   López ha subrayado que Alonso "es únicamente militante de base del PSOE, y no ocupa desde hace muchos años cargo orgánico alguno en el partido", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   "El PSRM siempre ha liderado la limpieza de la corrupción en la Región y lo vamos a seguir haciendo con contundencia, con el máximo respecto a las garantías procesales, pero siendo también firmes en cuanto a su relación con el partido. Esperemos que el Partido Popular actúe con la misma contundencia con el gran número de detenidos que militan en sus filas", finalizó.

El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, detenido en la 'operación Púnica'

MURCIA.- El exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, es uno de los detenidos en la 'operación Púnica'.  Desde la Delegación del Gobierno, que no ha llegado a confirmar la información, han indicado que las actuaciones están declaradas secretas. Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.

No se descarta la aparición en las pesquisas en torno a Alonso de otro ex alcalde socialista de Cartagena y ex consejero de la Comunidad Autónoma, Juan Martínez Simón; la actual alcaldesa y diputada, Pilar Barreiro y del diputado cartagenero del PP, Andrés Ayala, según otras fuentes bien informadas. La alcaldesa Pilar Barreiro abandonó hoy el pleno municipal antes de que éste culminara sin hacer comentarios, pese a las petición de los periodistas.
El arresto del exalcalde Alonso arroja más dudas sobre el 'pelotazo' del Ensanche Norte y la venta de Zinsa. Los terrenos de Zinsa los compró la empresa Quorum, que no logró la recalificación de los terrenos como urbanizables.
Otro de los detenidos en nuestra región es un tal Jesús Norberto Galindo, actual secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, englobado en la Consejería que detenta Juan Carlos Ruíz.
El jefe de gabinete de esta Consejería, la de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez, han sido igualmente detenidos este lunes en el marco de la operación anticorrupción desarrollada por la Guardia Civil.
Aunque Francisco Granados, ex secretario general del PP en Madrid, figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
Alonso también fue diputado por Murcia en el Congreso entre los años 1989 y 1996 y, a pesar de que abandonó su carrera política, fue el principal impulsor del desarrollo del barrio universitario de Cartagena, si bien no fue socio de la promotora que lo llevó a cabo, Puerta Nueva, aunque sí hizo el papel de gerente y portavoz de la misma.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
En total han 51 las personas detenidas en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que ha sido arrestado el exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados.
Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos --PP, PSOE y los independientes de la UDMA-- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
Entre los detenidos se encuentra  igualmente el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, por el Partido Popular.
Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes.
Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial.

Modus operandi

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.
Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.

Murcia sale ahora en una gran trama de corrupción política a nivel nacional de PP y PSOE

MADRID.- La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también treinta embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas.
La Guardia Civil también ha detenido en el marco de la 'macroperación Púnica' a los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillaos del Valle y Torrejón de Velasco, han informado fuentes de la investigación. Además han sido arrestados los alcaldes de Parla y Valdemoro.
Entre los 51 detenidos también se encuentra el empresario David Marjaliza quien en su página web se presentaba como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada".
El juez investiga a un guardia civil de la localidad madrileña de Valdemoro por haber alertado al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y exalcalde de la localidad, Francisco Granados, de la existencia de una investigación contra él, informaron fuentes jurídicas.
Precisamente, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados dejó la política hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador, tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría asceder a 1,5 millones de euros.
La 'Operación Púnica' es la segunda trama que salpica a alcaldes de la Comunidad de Madrid en cinco años después de que el caso Gürtel acabara con la vida política de varios alcaldes del Partido Popular de la región en la pasada legislatura.
En 2011 fue otro caso de corrupción el que asoló la región. La trama Gürtel, que basaba su actividad delictiva en adjudicaciones ilícitas de administraciones públicas mediante un entramado de sociedades que dirigía Francisco Correa, afectó a varios municipios de la región y se cobró el cargo de alcaldes, diputados e incluso, un miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre, que mediaba para dar contratos a la red de Correa.
La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macroperación, han informado fuentes de la investigación.
Se da la circunstancia de que quien está llevando a cabo las pesquisas de esta 'operación Púnica' es el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, que es el mismo que lleva a cabo las investigaciones sobre los ERE's en Andalucía.
Estas mismas fuentes recuerdan que en cada registro y en cada detención había presente una persona de la UCO, que es la unidad que ha dirigido el operativo en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que dirige Eloy Velasco.
No obstante, han contado con el apoyo de Seguridad Ciudadana. La operación se ha desarrollado a través de detenciones, registros y requerimientos en diferentes puntos de Madrid, Valencia, León y Murcia. Sólo en la Comunidad de Madrid han sido detenidos seis alcaldes de sendos municipios.