viernes, 12 de diciembre de 2014

Garre afirma que "nadie sabe" todavía si será candidato a las elecciones autonómicas de 2015

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, ha reconocido que "nadie sabe" todavía si será candidato para las próximas elecciones autonómicas, y ha explicado que el PP obtendría "mayoría absoluta" si las encuestas que él conoce se extrapolan "muy finamente".

"Eso nadie lo sabe", ha respondido Garre en una entrevista concedida al programa 'Herrera en la Onda', de Onda Cero, y al ser preguntado por si será candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.
Garre ha indicado que el candidato lo elige el Comité Electoral nacional, que es el organismo que se encarga de la elección de las candidaturas de ciudades de más de 20.000 habitantes y a las Presidencias de las distintas Comunidades Autónomas. Además, ha recordado que el presidente del Gobierno central y del PP, Mariano Rajoy, ya ha dicho que se sabrán quiénes son los candidatos en cada comunidad autónoma a lo largo del mes de enero.
Al ser preguntado por las encuestas, Garre ha indicado que las que él conoce indican que el PP "va mejorando" ya que se situaba en torno a un 37 por ciento en las elecciones europeas, y actualmente ese porcentaje se ha elevado al 42 por ciento, lo que si se extrapola "muy finamente" supone tener "mayoría absoluta".
No obstante, Garre ha indicado que no se "conformaría con eso", sino que su intención es que toda la actividad que está desarrollando el Gobierno regional "sirva para que, al final, el PP cuando llegue la hora de las elecciones vuelva a gobernar".
Al ser preguntado por el aeropuerto de Corvera, Garre ha recordado que su concesión se otorgó a Aeromur, pero tuvo que pedir un préstamo que avaló la Comunidad, y que han pagado "todos y cada uno de los murcianos, los desempleados, los que están en paro y los mileuristas, todos".
Como consecuencia del "incumplimiento" de la sociedad concesionaria, ha recordado que el Juzgado de lo Contencioso correspondiente suspendió esa concesión. Ahora, Garre afirma que hay que poner el aeropuerto en funcionamiento, pero se pregunta "dónde está el dinero para ello".
En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha intentado "a través del diálogo y del consenso" que "se nos devuelva a todos los murcianos los 200 millones de euros que todos los murcianos han puesto de su bolsillo".
Cuando se garantice la devolución de ese préstamo que, como aval, pagaron "todos y cada uno de los murcianos", Garre ha anunciado que se estaría en condiciones de abrir el aeropuerto y que lleve a cabo su operatividad "quien tendría que haberla llevado a cabo, que es Aeromur".
Sin embargo, para ello, advierte que Aeromur "tendrá que devolver los 200 millones de todos los murcianos". Así, afirma, "tendríamos la posibilidad de poner de inmediato el aeropuerto en marcha, que es lo que todos deseamos".
Ha recordado que él siempre ha dicho que la torre de control "no puede quedarse de palomar, porque se ha invertido mucho dinero, pero no lo ha invertido quien tenía que haberlo hecho para después haber recuperado la inversión con la ejecución del aeropuerto y su puesta en marcha".
"Esa inversión que tenía que haber hecho la concesionaria, al final, quien la ha pagado han sido todos los murcianos, y lo único que exigimos desde el Gobierno de la Región es que se nos garantice la devolución de ese dinero", ha insistido.
Al ser preguntado por el AVE, Garre ha asegurado que llegará a la estación de El Carmen, en Murcia, en 2015, ya que la ministra de Fomento, Ana Pastor, "ha cumplido su palabra y hay economía presupuestaria". Lo deseable, ha puntualizado, es que se extendiera posteriormente hasta Andalucía.
Por último, y al ser preguntado por la economía regional, el presidente de la Comunidad Autónoma ha ensalzado el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno central, tales como la reforma laboral, entre otras.

El IPC de la Región de Murcia aumenta una décima en noviembre y la tasa interanual desciende un 0,5%

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Región de Murcia ha aumentado una décima en noviembre respecto al mes anterior, mientras que su tasa interanual bajó un 0,5 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios descendieron un 0,6 por ciento en la Región, mientras que la inflación interanual murciana cayó un 0,5 por ciento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rompe el monopolio de los estibadores portuarios españoles

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este jueves ilegal la normativa española que impide a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles (entre ellos Cartagena) contratar a sus trabajadores en el mercado y les obliga a hacerlo a través de empresas de gestión de personal en cuyo capital deben participar. 

El fallo da la razón a la Comisión Europea y considera que estas trabas a la libre contratación de estibadores portuarios vulneran el principio de libertad de establecimiento. Las obligaciones que establece la normativa española pueden, según el Tribunal, "impedir a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías".
La legislación española dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga. Estas normas, además, obligan a todas las empresas que deseen prestar servicios de manutención de carga a unirse a una SAGEP y a participar financieramente en su capital. Las empresas estibadoras solo pueden quedar exentas de esta obligación en casos muy limitados.
España admitió durante el procedimiento judicial que esta normativa restringe la libertad de establecimiento, pero la justificó por dos motivos. En primer lugar, alegó que el servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio. Además, dicha restricción es necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, que constituye una razón imperiosa de interés general, según las autoridades españolas.
En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia rechaza estos argumentos y considera que "la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada".
 "España no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas en relación con los objetivos perseguidos", señala el fallo. Para el TJUE, "existen medidas menos restrictivas e idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores".
Este sistema ha sido muy criticado por las navieras y las empresas estibadoras, ya que otorgaba una serie de privilegios a los estibadores, los trabajadores que se encargan de gestionar la carga y descarga de los buques.
Y ahora la justicia europea ha dado la razón a Bruselas. "En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, que consagra la libertad de establecimiento", afirma un comunicado del TJUE. Esto obliga a España a modificar su Ley de Puertos para corregir esa discriminación.
La Comisión asegura que la normativa española obligaba a las empresas estibadoras de otros Estados miembros a reunir los recursos financieros suficientes para participar en una SAGEP y contratar trabajadores de la propia SAGEP "en condiciones que escapan a su control". De este modo, las empresas estibadoras deben contratar un número mínimo de trabajadores y en unas condiciones innegociables, incluidos salarios y duración de la jornada.
En su sentencia, el TJUE señala que las restricciones que impone la Ley de Puertos para contratar a estos trabajadores "pueden impedir" a las empresas de otros Estados miembros "establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías".
El TJUE también indica que, "como alega la Comisión, esas obligaciones fuerzan a las empresas estibadoras extranjeras a llevar a cabo una adaptación que puede tener consecuencias financieras y producir perturbaciones en su funcionamiento, hasta el punto de disuadirlas de establecerse en los puertos españoles de interés general".
Y respalda dos propuestas de la Comisión. La primera, que sean las propias empresas estibadoras las que "gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores". La segunda, que se cree "una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras".