jueves, 26 de febrero de 2015

'Escapar de las garras de Abadía' / Ángel Montiel

En el caso Novo Carthago hay cuatro políticos imputados: Pilar Barreiro, Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, y uno que está siendo investigado, Ramón Luis Valcárcel. Los dos primeros están aforados por su condición de diputada nacional y de consejero del Gobierno regional, respectivamente. 

La parte de las diligencias que afectan a Barreiro está en manos del Supremo, jurisdicción que por su aforamiento le corresponde, y el resto del caso queda bajo la instrucción del magistrado Manuel Abadía, en el TSJ, a causa del aforamiento de Cerdá. Si Cerdá dimite, el caso pasará automáticamente al juzgado ordinario. Esa es la causa que reside, tras el seguro pretexto de las 'razones personales' que esgrimirá hoy, en la dimisión del responsable de Agricultura, Agua y Medio Ambiente: liberar la instrucción de las garras del implacable Abadía.

Este plan de operaciones ha sido diseñado entre Valcárcel y el diputado Vicente Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, ante la sospecha de que el juez del TSJ podría solicitar antes de las elecciones una comparecencia del expresidente del Gobierno autonómico y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo. El juez trabaja probablemente deprisa, a sabiendas de que del resultado de las elecciones podría producirse la sustitución de Cerdá, y con ella debería entregar el caso. 

El prematuro sacrificio político del consejero de Agricultura en pleno fragor de una nueva batalla del agua tiene como finalidad intentar salvar a Valcárcel de la lupa de Abadía, quien ya había detectado supuestos negocios ventajosos del entorno familiar del expresidente con el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, tras indagar en otras presuntas connivencias o presuntos favores y regalos que podrían ser tan impropios como reveladores. Abadía, por lo que se deduce de la parte de su instrucción que ha ido trascendiendo, se disponía a identificar al supuesto Señor X del caso, y ante el volumen de las alarmas ha sido precisa la entrega voluntaria de la cabeza del leal Cerdá, el consejero más veterano y con mejor imagen en el sector a que atiende. La dimisión pudo haberse producido anteayer; de hecho, Cerdá acudió a San Esteban, pero el presidente estaba en Cartagena. 

Una vez que Pedro Antonio Sánchez ha sido desimputado de su caso, tal vez se quiera hacer pasar la dimisión de Cerdá (inesperada para Garre, pues ha sido urdida, como digo, por Valcárcel y Pujalte) como un gesto 'generoso' de los que solicitaba el actual presidente, quien pasaría de contar con dos consejeros imputados a tener ninguno. Pero hay que insistir en que en realidad se trata de salvar al presidente del PP de las garras de un juez celoso de su oficio. 

La devolución de Novo Carthago al juzgado ordinario transmite a imputados e investigados la esperanza de transitar por un ámbito judicial menos estricto.

L' État c'est moi

la luz del día, sin recato y sin vergüenza. Sin intentar esconder más que retóricamente el verdadero motor de los acontecimientos. El Gobierno de la Región de Murcia y hasta los propios intereses electorales del PP, puestos al servicio del señorito, el amo de la finca. 
 
Ha bastado que la instrucción del caso Novo Carthago indagara en presuntos negocios del entorno familiar del expresidente con Rafael Galea, promotor de la macrourbanización del Mar Menor cuya tramitación administrativa se investiga, así como en supuestas atenciones del empresario que podrían resultar impropias, para que todo se ponga al servicio de la defensa preventiva de Valcárcel V, el Intocable.

Antonio Cerdá no ha dimitido por haber reflexionado sobre la necesidad de que los imputados no mantengan cargos, ni siquiera retrospectivamente porque había prometido que lo haría si el PP, cuando gobernara en el Estado, no retomaba el trasvase del Ebro. Ha dimitido para que, una vez que con su marcha no quedan aforados en la parte de la causa de la que se entiende en Murcia, el TSJ pierda sus competencias en el caso, deje de investigar al líder del partido y la instrucción pase al juzgado ordinario, que obligadamente habría de iniciar la investigación desde cero y tal vez con menos celo del que ha mostrado el magistrado Manuel Abadía. Así de evidente, así de, esta vez sí, transparente. 

Poco importa que precisamente en este momento al Gobierno le sea más necesario que nunca el concurso de Cerdá, consejero de gran autoridad en su sector, por la movilización de los regantes y las necesarias respuestas a una política sobre el agua que hace aguas y sobre la que Garre anuncia novedades. El Gobierno, que se las apañe. Lo importante es rescatar a Valcárcel de una instrucción que, por lo que apunta, podría llegar muy lejos, y tal vez desvelar todo el supuesto entramado de intereses inconfesables que permanece tras muchas de las actuaciones políticas de los últimos doce años. Para salvar de la Justicia la cabeza de Valcárcel se le da el tajo político a la de Cerdá, un sacrificio consentido por la lealtad a quien lo ha mantenido en el Gobierno hasta ahora, incluso con otro presidente.

Valcárcel no ha movido un músculo cuando los imputados eran otros. Incluso algunos casos, como los de Cámara o Barreiro, le han venido bien por el debilitamiento político que les acarreaba, acrecentando su poder. Pero cuando los pasos de la investigación sobre Novo Carthago parecían dibujarlo como el supuesto Señor X de la operación urbanística y parecía acercarse el momento de ser llamado a declarar, ha movido las piezas, con la inestimable colaboración de Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, para recomponer la línea roja ante él.
La Región, el Gobierno y la imagen, ya más que deteriorada del PP por su causa, capricho y arbitrio, a su servicio. El Estado es él. Y a ver quién se atreve a decir que el rey va desnudo. 

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