MURCIA.- El magistrado instructor de las diligencias 2/2013 sobre el 'caso Novo
Carthago', Manuel Abadía, ha acordado, por auto notificado hoy, remitir
las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días
emita un informe sobre si debe llamarse como imputados al expresidente
de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso; su hija, Rosario
Valcárcel Cruz; su yerno, Fulgencio Perán Jiménez; su cuñado, Juan
Francisco Cruz Alfaro; José
Alberto Meroño, ex socio del anterior; y al arquitecto y promotor Juan Sánchez Carrillo.
En círculos políticos se relaciona la salida de Antonio Cerdá como consejero del Gobierno autónomo con una maniobra de Valcárcel para arrebatar a Manuel Abadía la instrucción de la causa, según 'La Opinión'.
El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido así, casi de inmediato, por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez.
A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación.
Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a Valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.
Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".
Hasta el momento, Manuel Abadía no ha llamado a declarar a Valcárcel ni ha dictado ningún auto para imputarlo en el caso Novo Carthago. Ahora tampoco puede, ya que, como vicepresidente del Parlamento Europeo, el ex presidente está aforado y solo puede ser investigado y procesado por el Tribunal Supremo.
Si Abadía considera que hay indicios de delito, debería redactar una exposición razonada para enviarla al Supremo, como hizo en el caso de la alcaldesa de Cartagena y diputada del PP por Murcia en el Congreso, Pilar Barreiro.
Los hechos de Novo Carthago sucedieron en 2004, con lo que estarían a punto de prescribir.
El magistrado instructor, Manuel Abadía, todavía contaría con tiempo para realizar sus últimas diligencias, que afectarían al expresidente regional, ahora vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del Partido Popular en la Región, Ramón Luis Valcárcel.
En el caso Novo Carthago están imputados, además el ya exconsejero Cerdá, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el exconsejero Francisco Marqués, el exconcejal cartagenero Agustín Guillén, así como ex altos cargos de la Comunidad como Antonio Alvarado, Carlos Brugarolas, Manuel Alfonso Guerrero y José María Bernabé. También está imputado el empresario Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, y técnicos como Luis Romera y la ex asesora de Antonio Cerdá, María Antonieta Fernández.
Además, el Tribunal Supremo instruye la parte referida a la aforada Pilar Barreiro, que declarará en calidad de imputada el 5 de marzo. En las diligencias se investigan los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Abadía había apuntado, tanto en sus autos como en los interrogatorios, a que solo «una autoridad superior» podría poner de acuerdo a varias consejerías del Gobierno y al ayuntamiento de Cartagena para que, presuntamente, dieran todo tipo de facilidades al proyecto urbanístico impulsado por la empresa Hansa Urbana, cuyo presidente es Rafael Galea, también imputado.
En las tomas de declaración a testigos e imputados, el magistrado ha insistido en el papel que jugó el expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en el proceso administrativo que culminó con la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor para permitir la contrucción de una urbanización.
El magistrado Abadía continuará con su trabajo hasta que tenga en su mano una comunicación oficial de la Comunidad Autónoma informando de que Cerdá ya no es miembro del Consejo de Gobierno, algo que no pasará, como mínimo, hasta la próxima semana.
Y no hay un plazo legal establecido para devolver el procedimiento al juzgado de instrucción. El magistrado Abadía se basará «en la jurisprudencia». Otros expertos jurídicos afirman que el hecho de que el caso Novo Carthago regrese a un juzgado ordinario no significa que la instrucción que Abadía ha realizado en estos últimos dos años vaya a quedar en papel mojado.
El juzgado también podría redactar la exposición razonada si encontrara indicios contra algún aforado, como ya hizo en junio de 2013, cuando envió el caso al TSJ para que imputara a Antonio Cerdá, siempre según 'La Opinión'.
En círculos políticos se relaciona la salida de Antonio Cerdá como consejero del Gobierno autónomo con una maniobra de Valcárcel para arrebatar a Manuel Abadía la instrucción de la causa, según 'La Opinión'.
El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido así, casi de inmediato, por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez.
A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación.
Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a Valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.
Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".
Hasta el momento, Manuel Abadía no ha llamado a declarar a Valcárcel ni ha dictado ningún auto para imputarlo en el caso Novo Carthago. Ahora tampoco puede, ya que, como vicepresidente del Parlamento Europeo, el ex presidente está aforado y solo puede ser investigado y procesado por el Tribunal Supremo.
Si Abadía considera que hay indicios de delito, debería redactar una exposición razonada para enviarla al Supremo, como hizo en el caso de la alcaldesa de Cartagena y diputada del PP por Murcia en el Congreso, Pilar Barreiro.
Los hechos de Novo Carthago sucedieron en 2004, con lo que estarían a punto de prescribir.
El magistrado instructor, Manuel Abadía, todavía contaría con tiempo para realizar sus últimas diligencias, que afectarían al expresidente regional, ahora vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del Partido Popular en la Región, Ramón Luis Valcárcel.
En el caso Novo Carthago están imputados, además el ya exconsejero Cerdá, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el exconsejero Francisco Marqués, el exconcejal cartagenero Agustín Guillén, así como ex altos cargos de la Comunidad como Antonio Alvarado, Carlos Brugarolas, Manuel Alfonso Guerrero y José María Bernabé. También está imputado el empresario Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, y técnicos como Luis Romera y la ex asesora de Antonio Cerdá, María Antonieta Fernández.
Además, el Tribunal Supremo instruye la parte referida a la aforada Pilar Barreiro, que declarará en calidad de imputada el 5 de marzo. En las diligencias se investigan los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Abadía había apuntado, tanto en sus autos como en los interrogatorios, a que solo «una autoridad superior» podría poner de acuerdo a varias consejerías del Gobierno y al ayuntamiento de Cartagena para que, presuntamente, dieran todo tipo de facilidades al proyecto urbanístico impulsado por la empresa Hansa Urbana, cuyo presidente es Rafael Galea, también imputado.
En las tomas de declaración a testigos e imputados, el magistrado ha insistido en el papel que jugó el expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en el proceso administrativo que culminó con la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor para permitir la contrucción de una urbanización.
El magistrado Abadía continuará con su trabajo hasta que tenga en su mano una comunicación oficial de la Comunidad Autónoma informando de que Cerdá ya no es miembro del Consejo de Gobierno, algo que no pasará, como mínimo, hasta la próxima semana.
Y no hay un plazo legal establecido para devolver el procedimiento al juzgado de instrucción. El magistrado Abadía se basará «en la jurisprudencia». Otros expertos jurídicos afirman que el hecho de que el caso Novo Carthago regrese a un juzgado ordinario no significa que la instrucción que Abadía ha realizado en estos últimos dos años vaya a quedar en papel mojado.
El juzgado también podría redactar la exposición razonada si encontrara indicios contra algún aforado, como ya hizo en junio de 2013, cuando envió el caso al TSJ para que imputara a Antonio Cerdá, siempre según 'La Opinión'.
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