MURCIA.- Hace meses que la Justicia anda pisando los talones a Valcárcel y su familia después de casi una veintena de años en el poder. No es ningún secreto que prohombres murcianos bien informados de todo lo que sucede en la Judicatura murciana vienen anunciando que el ex presidente no tendría un buen final por su intento desesperado de proyectarse políticamente en el tiempo a través de terceros no pactados con los estamentos más interesados de la Región.
Ahora, al intentar escapar a la acción de esa Justicia mediante una finta política infantil con la complicidad del ya ex consejero Cerdá, es cuando todo se ha precipitado y el precio a pagar por Valcárcel puede llegar a ser tener que renunciar al escaño de Bruselas por una pura cuestión estética en espera de la ética.
Ahora, al intentar escapar a la acción de esa Justicia mediante una finta política infantil con la complicidad del ya ex consejero Cerdá, es cuando todo se ha precipitado y el precio a pagar por Valcárcel puede llegar a ser tener que renunciar al escaño de Bruselas por una pura cuestión estética en espera de la ética.
El magistrado Manuel Abadía en un auto de las últimas horas relata todos los indicios de supuestos delitos de prevaricación y
cohecho recabados contra el expresidente a lo
largo de los últimos meses.
En concreto, Abadía se refiere a Valcárcel
como "integrante de la trama" que habría impulsado la recalificación
supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, le atribuye estar
utilizando "testaferros" como su cuñado Juan Francisco Cruz y su propia hija mayor, y relata
incluso un intento de disfrazar un ingreso en efectivo de 30.000 euros
en una cuenta de la primogénita de Valcárcel y de su esposo,
fraccionándolo en 30 operaciones consecutivas de 1.000 euros en un
aparente intento de burlar la normativa sobre blanqueo de capitales.
En ese auto, el juez instructor recuerda que, desde su declaración como
imputado, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, "no
pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis
Valcárcel al contraer matrimonio, en consideración al cargo que tenía
su padre, porque era confesar algo que le perjudicaba y le podía
descubrir como autor de un delito de cohecho".
Al no revelarlo, el instructor considera que "ya se comprendía que
era una cantidad económica fuera de todo uso social"; pero un estudio
exhaustivo revela que "han aparecido múltiples indicios unidireccionales
e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso", a través
de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija.
Así, añade que las investigaciones desarrolladas últimamente "revelan
que la hija de Valcárcel trabajó para una consultoría, domiciliada en
Jerez de la Frontera, que era un despacho que realizaba trabajos para
Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente con más de un
40 por ciento de facturación".
Recibida declaración al administrador más antiguo del despacho, el
instructor explica que "no supo explicar por qué contrató" a M. R. V.
C., domiciliada en Murcia, y en el interrogatorio de preguntas llegó a
reconocer que, efectivamente, al inicio del trabajo no "podía contar con
ventaja alguna en la contratación de ella, pues al no ser residente en
Andalucía no llevaba ningún cliente a la empresa". En realidad, el juez
sostiene que el cliente que llevaba la hija Valcárcel "sí que existía y
era Hansa Urbana".
De igual modo, el administrador "tampoco supo responder a las
preguntas del instructor sobre si allí en Andalucía había llevado
asuntos de Hansa Urbana, destacando finalmente que es la última que
entra en la empresa y es la que más retribución percibe de los 13 que
trabajaban en el despacho".
El instructor también se refiere a la venta de terrenos de Hansa
Urbana a la sociedad Promociones Faromur S. L. y adquisición por el
cuñado de Valcárcel, J.F.C.A., del 40 por ciento de la sociedad "al
precio de un euro la acción".
En los años de la recalificación de Novo Cartago, el instructor
recuerda que Hansa Urbana vendió en escritura de 12 de Febrero de 2004
suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas "a un precio
antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur
S.L., cuyos socios iniciales eran J.F.C.A. y J.A.M.G.".
Concretamente, la venta se produjo a 25,24 euros el metro cuadrado y
"cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio
de la sociedad, aparece el J.F.C.A., hermano de la mujer de Valcárcel y
compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción". Por el
contrario, explica que cuando Faromur Promociones S.L. adquiere de
Asicomur S.L. terrenos, el precio satisfecho por la compra asciende a
105,59 euros por metro cuadrados, es decir, "un 400 por ciento más".
El juez también destaca que cuando fue llamado a declarar como
testigo F.P.J., yerno de Valcárcel, "no fue capaz de decir el regalo que
le hizo Galea".
Tras una primera investigación que abarca el año 2007, fecha del
matrimonio de la hija de Valcárcel, el juez detectó en un primer momento
que hay unas "entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se
ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por
sus titulares". Según el juez, "quedaban por depurar en las cuentas del
citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000
euros de un traspaso, lo que asciende en total a 123.070 euros".
Destacan, "30 operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros
cada una de ellas que se realizan el mismo día", en un intervalo de
cinco minutos, "antes de que la oficina abriera al público, y todas
ellas fueron realizadas a cabo por el propio F.P.J. en su condición de
empleado subdirector de la sucursal".
En su opinión, es significativo que las 30 operaciones del día 27 de
septiembre de 2007 como las dos del 14 de septiembre de 2007, "eran
ingresos en efectivo, (no titular) y en todas ellas no se hizo constar
en el apartado relativo a ordenante y concepto el nombre y apellidos y
DNI de quien las hacía".
Dichas operaciones, explica el juez, "constituyen un supuesto de
fraccionamiento de una sola operación de 30.000 euros y 4.000 euros
respectivamente y la finalidad de dicho fraccionamiento sería aparentar
que son imposiciones en efectivo inferiores a 3.000 euros y evitar la
identificación del impositor, decisión plenamente deliberada por cuanto
llegó a utilizar hasta 32 nombres de pila, simulando que se trataban de
regalos de boda".
La condición de F.P.J. de empleado de la propia entidad, en cuya
sucursal ocupó el cargo de subdirector entre las fecha 1 de marzo de
2007 y 5 de febrero de 2009, "hace incuestionable que conocía tanto las
instrucciones internas de la entidad sobre identificación de las
operaciones en efectivo, como la normativa que sobre blanqueo de
capitales se encontraba en vigor en dichas fechas".
El instructor ha comprobado que "afloraban los múltiples e
inequívocos indicios que apuntan hacia Valcárcel, revelándose como el
integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' con la alcaldesa
Pilar Barreiro y Galea, antes de junio de 2013, pues era el único que
podía asegurar el éxito de la misma".
A su juicio, la misma Barreiro en una prueba que delata el pacto
entre ella y Valcárcel dice textualmente en el proyecto se atribuye
aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo
como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en
teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de junio de 2004".
"Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor
inmobiliario, sino solo el presidente de la Comunidad Autónoma que tenía
mayoría para hacerlo y que citó al consejero Cerdá y al representante
de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte
estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de
recalificación medioambiental", según la versión del auto que hoy adelanta el diario 'La Verdad'.
Aparece BMN (Caja Murcia) como instrumento
El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido casi de inmediato por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer mismo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez. En la relación figuran también Juan Antonio Sánchez Carrillo, Juan Antonio Cruz Alfaro y José Alberto Meroño.
A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación. Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.
Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".
Manuel Abadía señala que el presidente de la promotora de Novo Carthago, Rafael Galea, «no pudo dar respuesta sobre el regalo que le había hecho a la hija de Valcárcel al contraer matrimonio, porque era algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho».
Precisa que el yerno de Valcárcel, casado con Rosario Valcárcel en 2007, llegó a realizar en un día «treinta operaciones por importe de 1.000 euros cada una, entre las 8.29 y las 8,34 horas, en un intervalo de cinco minutos» en la oficina de BMN en la que era subdirector, antes de que abriera al público. También se recogen otros dos ingresos por importe de 2.000 euros cada una.
Aparece BMN (Caja Murcia) como instrumento
El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido casi de inmediato por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer mismo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez. En la relación figuran también Juan Antonio Sánchez Carrillo, Juan Antonio Cruz Alfaro y José Alberto Meroño.
A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación. Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.
Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".
Manuel Abadía señala que el presidente de la promotora de Novo Carthago, Rafael Galea, «no pudo dar respuesta sobre el regalo que le había hecho a la hija de Valcárcel al contraer matrimonio, porque era algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho».
Precisa que el yerno de Valcárcel, casado con Rosario Valcárcel en 2007, llegó a realizar en un día «treinta operaciones por importe de 1.000 euros cada una, entre las 8.29 y las 8,34 horas, en un intervalo de cinco minutos» en la oficina de BMN en la que era subdirector, antes de que abriera al público. También se recogen otros dos ingresos por importe de 2.000 euros cada una.
Añade que Fulgencio Perán «llegó a utilizar 32 nombres de pila simulando que se trataban de regalos de bodas».
El magistrado estima que estas operaciones constituyen «un supuesto fraccionamiento de sendas operaciones de 30.000 y 40.000 euros, respectivamente", con intención de «burlar la normativa sobre blanqueo de capitales y para disfrazar el delito antecedente, que es el un presunto delito de cohecho investigado en esta instrucción", según la versión del auto judicial que hoy recoge el diario 'La Opinión'.
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