El Gobierno
de la Generalitat de Cataluña sigue jugando con la semántica. Sabe que
convocar unas elecciones plebiscitarias para proponer la secesión de
Cataluña es ilegal, por lo
que, por una parte, dice que las elecciones del 27 de setiembre se
convocarán por un decreto ordinario que el Gobierno no podrá recurrir
y, por otra, que tendrán carácter plebiscitario y que el Ejecutivo no
podrá recurrirlas. No les debería extrañar que el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, haya advertido de que todas las posibilidades de
intervención son reales.
El último en manifestarse a favor de unas elecciones plebiscitarias ha
sido Jordi Turull, portavoz de Convergencia en el Parlament. Según sus
declaraciones a RAC1, no ve posible la impugnación de las elecciones
por ninguna parte, al tiempo que califica las elecciones del 27S como
plebiscito. Sorprende que no se haya leído las sentencias al respecto
de las más altas instancias que garantizan la unidad del país.
En este juego al que nos tienen acostumbrados los convergentes asegura
que no son unas elecciones ordinarias, porque si no, no se habrían
adelantado, no se ha hecho porque sí. Pues lo que ha hecho corre
peligro de volver a ser impugnado.
Así ha ocurrido por parte del Constitucional muchas veces a lo largo
de los últimos años. Lo que sucede es que luego los distintos
gobiernos de Cataluña se han empecinado en no cumplir con lo que les
ordena el Constitucional.
La semana pasada lo recordaba un editorial del diario El Mundo en el
que subrayaba que Mas dice que respeta la ley cuando no hace más que
vulnerarla. Detallaba el diario del grupo Unedisa que la vulneraba
empezando por la permanente negativa a aplicar las sentencias en
materia de lengua y educación.
Además también las ha vulnerado por la declaración de soberanía del
Parlamento catalán declarada inconstitucional por el Constitucional en
sentencia de marzo del 2014.
Como también ha sido ilegal y desleal crear el Consejo para la
Transición Nacional concebido para diseñar una estructura de Estado
catalán. Además organizó la consulta sobre el derecho a decidir de
noviembre a pesar de la prohibición del Constitucional.
La decisión de Mas abre las mayores incertidumbres políticas,
económicas y sociales en España para los próximos meses. El ministro
de Defensa alertaba ante el desafío independentista impulsado por el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, que hablar de la eventualidad
de recurrir al artículo 155 de la Constitución y suspender la
autonomía catalana no constituye una amenaza, sino apelar a la
legalidad, que dijo emana de la "voluntad popular". Dicho de otra
forma, vendría a garantizar el cumplimiento de la legalidad.
En entrevista concedida a Servimedia, en referencia a la eventual
aplicación del artículo 155, remarcaba que "todas las posibilidades
son reales, porque están ahí para proteger la voluntad soberana del
pueblo español. No se trata de amenazar. Esto es lo que hay. Todos
tenemos que cumplir la ley, incluidos los catalanes. Para eso está el
Estado".
Para concluir en este sentido, según Morenés, que la "voluntad
soberana de un pueblo" se manifiesta en las leyes, ya que, a su
juicio, "cuando se habla de una ley parece que la ley sale de un
armario". En este caso las leyes, está claro no tienen por qué salir
del armario, aunque escribirlo parezca una broma de mal gusto.
(*) Periodista
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