Un buen
regalo precampaña y prenavideño ante el 20-D: S&P, una de las tres
grandes agencias de calificación crediticia, ha subido un peldaño la
nota de España. De BBB a BBB+. Es un voto adelantado por correo, o para
mayor exactitud, por email y portal de internet. Es un regalo para
algunos, especialmente el PP de Rajoy y por extensión el Ciudadanos de
Albert Rivera. Para otros, carbón a los pies del abeto o del belén: los
programas y agendas de Podemos y del secesionismo catalán no molan.
Por
lo menos, no le molan a los expertos analistas de Standard &
Poor’s. Y tal vez, pero no del todo, tampoco le entusiasman a S&P
las recetas del PSOE de Pedro Sánchez, que también ha prometido
revocar algunas de las medidas de austeridad del Gobierno Rajoy. En
cualquier caso, el comunicado perpetrado justo al inicio del fin
de semana ha pillado un poco a contrapié a los mercados y a la
prensa internacional especializada.
Pero no a todos.
Titula el alemán Handelszeitung, por ejemplo: ‘España se aleja más del
bono basura: Standard & Poor’s sube la nota a BBB+ y certifica
así una calidad media’. En efecto, España ha subido a BBB+ en la deuda
a largo plazo, y con perspectiva estable. Es un dato que
significa algo más: no sólo se aleja de la calificación de bono
basura, a la que casi llegó en los peores momentos de la crisis
bancaria de 2012, sino que pasa del grado bajo al alto entre las notas
medias.
Si hubiera otra subida de un solo peldaño más, pasaría
al nivel A, que es ya una nota alta, un lugar más cómodo y
reconfortante. De todas formas, hasta recuperar la soñada triple
AAA todavía falta un larguísimo trecho: siete escalones. En ese
confortable primer tramo, con una nota A-2, está la solvencia de
España en su deuda a corto plazo.
Más reacciones mediáticas.
La Tribune titula: ‘S&P sube la nota de España a menos de tres
meses de las elecciones legislativas, con elogios a las reformas
del mercado de trabajo’. Es un título con bala, pero es que la
medida anunciada por la agencia de calificación tiene todos los
ingredientes para considerar que, efectivamente, tiene las
elecciones del 20-D en el punto de mira.
La cadena
norteamericana CNBC, especializada en información
financiera y económica, parece coincidir con la opinión de
S&P y aplaudir la subida: ‘S&P mejora un peldaño la nota de
España por el fortalecimiento de la economía’. Destaca que la
anterior subida fue en mayo de 2014 y que la agencia se apoya en ‘el
poderoso y equilibrado comportamiento de la economía española
en los últimos cuatro años, que está beneficiando gradualmente las
cuentas públicas’.
Y la agencia Bloomberg, otro gran gurú de la
información financiera mundial, titula en su propio canal de TV:
‘S&P proyecta un crecimiento nominal del 4% para España
durante los próximos años’. Es más o menos así. Lo que prevé S&P
es un crecimiento nominal del 3,8% este año y un 4% para el trienio
2016-2018.
En crecimiento real, la agencia sube del 2,2% al 2,7%
la proyección para 2015 y los dos próximos años. Por escrito y para
sus suscriptores, Bloomberg subraya también que la nueva nota BBB+
es tres escalones por encima del bono basura, aunque no precisa
que es sólo un peldaño por debajo de la cálida categoría A.
Todos
estos medios y otros que recogen la mejora crediticia hacen
hincapié en el contenido de dos párrafos clave del comunicado.
Uno de ellos de ellos se refiere a las reformas, especialmente las
laborales, y puntualiza una vez más la inconveniencia de
mantener un mercado de trabajo de dos niveles, el de los fijos con
privilegios y el de los eventuales a merced de todo. Por eso,
S&P dice: ‘Una incertidumbre significativa que vemos es si
los Gobiernos que vengan serán capaces de conservar o incluso
ampliar el sólido rumbo récord de reformas para fortalecer la
competitividad. No está claro lo que podría significar un
posible cambio político futuro para la principal debilidad
económica de España: la tasa de paro’.
El segundo párrafo
clave incorpora el elemento catalán y el de la posibilidad de un
giro político, aunque sin mencionar a los partidos,
evidentemente. Pero no hace falta: ‘La posibilidad de un entorno
político fragmentado después de las elecciones de este año puede
llevar a desviaciones de política fiscal y estructural, que
podría poner en peligro los objetivos de déficit y de crecimiento
económico del Gobierno. Dicho eso, una de nuestras suposiciones
clave es que las tensiones entre el Gobierno central y las
autoridades autonómicas de Cataluña remitirán poco a poco y que
Cataluña seguirá siendo parte de España. Si Cataluña dejara de ser
parte e España, creemos que algunos elementos para la medición
crediticia de España, incluyendo la renta media per cápita, la
cuenta corriente externa y las finanzas del Gobierno se
debilitarían, así como la calidad crediticia’.
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