jueves, 29 de octubre de 2015

Un Pedro Antonio patético e incapaz hace gala de sus carencias como político ante la Asamblea Regional


CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, ha señalado, en su discurso en la Asamblea Regional y ante la negativa de la oposición a aprobar el techo de gasto, que "se equivoca quien cree que puede castigar al PP castigando a los murcianos".

Sánchez ha informado a la Cámara de que ha dedicado parte de su tiempo a "situar los problemas de la Región de Murcia como problemas fundamentales de la Nación". En ese sentido ha apuntado que el presupuesto necesita la aprobación de "todos los grupos" de la Cámara y que "no es de recibo de que no se puedan aumentar las prestaciones sociales o pagar a los funcionarios", ha dicho.
Tras lo que ha enumerado los acuerdos que se han conseguido y que figurarán en el borrador de los presupuestos. Entre ellos ha destacado el Plan de Financiación Plurianual 2016-2020 para las universidades públicas de la Región, dotado con 910 millones de euros.
"Murcia será la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha un plan tan ambicioso", ha señalado. En el proyecto de presupuestos ha expuesto que planean incluir incentivos fiscales para las personas que apuesten por la cultura y que en dicho texto se refleja la aportación extra del Gobierno nacional de 8,2 millones hacia Murcia.
"Estoy orgulloso de mi Gobierno, trabajamos con honradez y honestidad". Así de contundente se ha mostrado esta tarde el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, su comparecencia en el pleno de la Asamblea Regional, durante la cual ha hecho un balance de los 100 primeros días de gobierno y ha informado, a petición del PSOE, de los encuentros mantenidos con el Gobierno de España.
Sánchez considera que han sido 100 días de decisiones "valientes, reformistas y de avances". En este sentido, ha asegurado que durante su gestión se han avanzado proyectos como la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca, el aeropuerto internacional de Corvera o la variante de Camarillas.
El presidente regional ha hecho un repaso a las principales políticas que ha puesto en marcha su ejecutivo como el aumento del número de becas, la bajada de impuestos, como el de sucesiones y donaciones, del cual se beneficiarán 28.000 familias; la supresión de tasas o la mejora de la transparencia en la Administración.
Durante su alocución ha recordado que logró arrancar un acuerdo del presidente del Gobierno nacional, Mariano Rajoy, para abaratar el precio del agua desalada y ampliar un año más el Decreto de Sequía.
En sus palabras, han sido días en los que se han exigido al Gobierno de España cuestiones relativas al agua y a la financiación autonómica. "Han sido días de resultados", ha asegurado tras explicar que estos acuerdos posibilitarán que el próximo año la Región perciba 200 millones de euros más para financiar los servicios públicos.
Asimismo, ha señalado que a finales del mes de julio se constituyó el consejo de alcaldes para recoger las propuestas directas de los regidores municipales. A este órgano ya se han unido cinco ayuntamientos de la Región.
En materia de transparencia, se ha referido al portal informático que se ha puesto en marcha, mediante el cual los ciudadanos pueden conocer todo tipo de información de la Administración Regional.
En ese sentido, ha manifestado que a estas acciones de transparencia se unen actuaciones como el impulso del proyecto de ley que limita el mandato de los consejeros a ocho años.
En cuanto a sus retos futuros, en materia de Sanidad espera reducir las listas de espera para lo que ha informado de que se ha puesto en marcha un plan para que en los próximos 3 meses pasen por quirófano 3.000 personas.
En materia de empleo, quiere que al finalizar la legislatura haya 600.000 ocupados más en la Región. A esto ha añadido que se están poniendo en marcha iniciativas para generar empleo de calidad, como es un programa con el que se destinará 14,4 millones de euros para jóvenes con baja cualificación.
En definitiva, asegura que han sido 100 días de "pactos y acuerdos. Nada lo hemos hecho solos". Cree que su gobierno es "reformista y ambicioso" y augura cuatro años "de prosperidad y avances para atender a quienes más lo necesitan".

La Oposición ve al presidente Sánchez "desgastado e incapaz" de acabar con la corrupción

CARTAGENA.- PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) ven al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, "desgastado e incapaz" de acabar con la corrupción y de llevar a cabo las políticas prometidas.

Así lo han expuesto los tres portavoces parlamentarios durante el primer pleno de la Asamblea Regional en el que ha comparecido el presidente regional tras su investidura el pasado mes de julio.
Los grupos no olvidan las recientes imputaciones como la de la alcaldesa de Torre Pacheco, Josefina Marín, por un presunto delito de prevaricación o los 17 imputados que ya hay por el 'caso Auditorio', de Puerto Lumbreras, durante cuya gestión era alcalde de dicho municipio Pedro Antonio Sánchez.
Desde la tribuna, el portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel Sánchez, le ha recordado que él no hubiese llegado a ser presidente de la Comunidad si no hubieran pactado con su formación política.
Un acuerdo entre ambos partidos facilitó que esto fuera así. En dicho documento, figuraban una serie de puntos que debía cumplir el Gobierno regional, el primero de ellos consistía en apartar a los imputados de cargos públicos, ha recordado.
"Los puntos han dejado de cumplirse", ha apuntado el portavoz de Ciudadanos, "todos los imputados están acusados de delitos muy graves. Hay por fraude, prevaricación, falsedad documental y encima hay quienes como la alcaldesa de Torre Pacheco que se jacta de lo que ha hecho".
Desde la formación naranja han afirmado que su grupo ha sido coherente "en todo momento", aunque los acuerdos y las negociaciones "las está generando el PP, no nosotros. El acuerdo firmado lo pone claramente, pero parece que son incapaces para regenerar la política".
"El Ejecutivo muestra un rostro amable, pero guarda bajo siete llaves lo que es: un Gobierno que no quiere regenerarse". Miguel Sánchez insistió en que el Gobierno ha incumplido el acuerdo «de investidura, no de legislatura» que firmó con su partido. En el mismo figuraban, según señala, algunos de los éxitos del Ejecutivo, "como la rebaja del Impuesto de Sucesiones y la financiación plurianual de las universidades". Asimismo, destacó que se ha reformado la Ley Electoral. "En su partido hay gente buena. No condicione usted la gobernabilidad de la Región de Murcia a su horizonte penal", advirtió Sánchez al presidente de la Comunidad.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Rafael González Tovar, ha hablado de una percepción negativa de los primeros cien días de Gobierno de Sánchez. "En la calle tampoco se percibe una sensación positiva. Tenemos a un presidente desgastado y en la cuerda floja, sin fuerza moral para hacer limpieza democrática", ha advertido.
Para el parlamentario, Sánchez está "debilitado" porque, según dicen, "no aporta soluciones reales". Para ellos, además, se están "dando retoques y poniendo parches donde hay que hacer cirugía".
Tovar estima que el Gobierno regional "vende muchas veces la piel del oso antes de cazarlo", como en el caso del AVE y la variante de Camarillas, y observa al presidente regional "desgastado, en la cuerda floja, desacreditado por la falta de autoridad y al que le tiembla la mano para combatir la corrupción".
Tovar critica que las reuniones del jefe del Ejecutivo con los ministros "no han servido para nada" y que solo han sido "un maratón de selfies". Denuncia que hay más parados que hace cien días, que se bajan los impuestos a los más ricos y pidió, entre otras cosas, la creación de un observatorio independiente para asegurar que el Ejecutivo cumple los mandatos de la Asamblea. "Usted vende humo. Humo nuevo, es cierto, pero humo al fin y al cabo", señaló.
El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, también ha dedicado buena parte de su discurso a hablar de la corrupción política. Le ha pedido que "reconozca que todos le apuntan a usted", en relación al 'caso Auditorio', donde se ha imputado a parte del gobierno local que había cuando Sánchez era alcalde del municipio. "El caso del auditorio de Puerto Lumbreras será su batalla de Waterloo particular. Todo apunta hacia usted".
Según Urralburu, el presidente regional debería plantearse renunciar "al constatar que todo su Consejo de Gobierno está imputado por el caso Auditorio" y le ha recomendado ir al juzgado a declarar voluntariamente para que "no nos haga perder el tiempo".
Por otro lado, los grupos de la oposición han valorado la gestión del Gobierno regional en los últimos meses. Han criticado que en los presupuestos del Estado haya bajado la inversión a la Región de Murcia un 22,75 por ciento, lo que supondrá 96 millones de euros menos.
Así, le han recordado que la Región "ha sufrido" con la financiación autonómica y consideran que no se ha puesto el empeño suficiente para mejorar la situación.
En este sentido, Tovar ha declarado que la Región "está igual o peor" que antes, destacando las 22.477 personas que han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social o los 2.522 parados más que hay en la Región de junio a septiembre.
"La Región es la Comunidad de España en la que menos ha crecido el empleo", ha dicho antes de añadir que Sánchez (PP) es "un riesgo para la Región de Murcia" y de denunciar que el Gobierno regional no ha respetado los acuerdos adoptados en la Asamblea Regional.
Para Urralburu, las promesas del presidente regional en el discurso de investidura "han caído en saco roto" y es que "se comprometió a abrir una etapa de diálogo y consenso y nada de esto se ha producido", entre lo que ha destacado la aplicación de mínimos de la LOMCE o la promesa de regenerar la vida política.
Urralburu defiende que la prórroga de los presupuestos de este año, en contra de lo que dicen en el Gobierno, no supondría la paralización de la Región. "La Ley 1/1999 cuenta con instrumentos para impedir el caos. Eso sí, toda modificación presupuestaria deberá aprobarla la Asamblea, así conoceremos la letra pequeña de los Presupuestos". Recordó que hay precedentes en la Región, cuando gobernaba el PSOE en los años 90, de presupuestos prorrogados. "Dé un paso atrás para no atascar la Región", sugirió al presidente autonómico.
Por otro lado, desde el PP, el portavoz Víctor Manuel Martínez, ha asegurado que han sido cien días de "decisiones valientes, de hechos frente a una oposición dedicada a confrontar".
Martínez ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha denunciado que la oposición "se ha quitado la careta" y se dedica a "entorpecer" la acción del Gobierno.
Por último ha señalado que detrás de cada decisión "se ha producido una mesa de diálogo" para alcanzar compromisos como el plan de financiación plurianual de las universidades, la llegada del AVE, la ampliación del Decreto de Sequía un año más o el desbloqueo de la ley de Dependencia.
"Saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales". El portavoz del Grupo Popular también exhibió un tono combativo con el resto de portavoces de la oposición, a los que definió como "el tripartito obstruccionista". Martínez espetó: "Tienen miedo, señorías, porque saben que el Gobierno tiene un buen presupuesto y temen que se apruebe antes de las elecciones generales".
Especialmente duro fue con Rafael González Tovar, a quien reprochó su ansiedad por gobernar "porque sabe que se le escapa su último tren", así como su "doble moral" con el asunto de los imputados, recordando a exdirigentes socialistas implicados en casos de corrupción como Juan Escudero, Manuel Hurtado y Bartolomé Soler. "Su irritación me da alas. Quítense las caretas e intenten ser útiles. Defiendan los intereses de la Región y no los suyos personales".

Pataleta del Colegio de Arquitectos sobre la recuperación de la Cárcel Vieja en campaña electoral


MURCIA.- Ante las noticias difundidas referentes a la posible recuperación del edificio que fue la Prisión Provincial (La "nueva" cárcel vieja) y tras el simultáneo desmentido y a la vez confirmación, dependiendo de la Concejalía que se consultase, el Colegio de Arquitectos ha de manifestar: 

"Hace ya 16 años, en 1999, ante la amenaza de demolición para el edificio de la antigua cárcel, incluso con licencia obtenida, fue el Colegio de Arquitectos la única Institución que planteó con contundencia su protección y recuperación para la ciudad de Murcia, oponiéndonos a su inminente destrucción y fueron las acciones del Colegio, junto a otros profesionales y ciudadanos, las que consiguieron su conservación.
Aunque quizá sea más preciso decir "su no demolición", que "su conservación", porque hemos tenido que asistir impotentes a una situación de verdadero abandono, perdida la iniciativa en la maraña de trámites burocráticos hasta que pasase a ser finalmente propiedad municipal coincidiendo con el derrumbamiento de la cúpula central del panóptico.
En 2011, tras producirse esa lenta, casi inalcanzable transmisión y pasar a dominio municipal, el alcalde y el concejal de cultura del Ayuntamiento, pidieron la colaboración del Colegio en el desarrollo de los procedimientos que habrían de llevar a la rehabilitación del edificio y su puesta a disposición de la ciudad como equipamiento de primer orden.
El Colegio emitió un informe-memoria sobre ello proponiendo la determinación de los usos a que se destinaría el edificio mediante el procedimiento de consulta y participación profesional y ciudadana que concluiría con un concurso de anteproyectos de amplia convocatoria una vez fijado el o los destinos de los espacios a rehabilitar.
Desde entonces y a pesar de las distintas ocasiones en que reiteramos nuestra disposición para ello, en realidad nada efectivo se ha hecho. Aunque es cierto que el llamado "problema de la cárcel vieja", al que preferimos llamar la "oportunidad que ofrece la cárcel vieja", ha formado parte de casi todos los comentarios, propuestas y debates.
En la primera visita a la nueva corporación, en la persona de su alcalde y el concejal de urbanismo, la rehabilitación de la antigua prisión provincial fue uno de los temas singulares que expusimos obteniendo la promesa, confirmada después por las declaraciones en prensa de los asistentes, de la convocatoria del concurso para obtener la mejor de las soluciones posibles.
Hoy sabemos, con gran sorpresa y sin aviso alguno, que se ha decidido habilitar un presupuesto de 5,3 millones de euros para su rehabilitación, que el proyecto lo va a realizar la empresa Urbanizadora Municipal S.A., y que los honorarios que se asignan para dicho trabajo son de 318.000 euros.
También que no se sabe cuál será el o los usos, recurriendo al equívoco concepto de "contenedor flexible".
Bienvenida sea la dotación presupuestaria para acometer, de una vez y por todas, la ansiada recuperación tanto del edificio como del espacio urbano.
Pero quizá cabría recordar que, por muy municipal que sea, Urbanizadora Municipal S.A. es eso: una sociedad anónima, es decir, una mercantil como otra sean cuales fueren sus accionistas. Al menos eso se desprende de la lectura de sus estatutos.
Y como tal y dadas las características de la contratación que se indica, si es que no se alcanza a entender que se trata de una obra con categoría de intervención en espacio y edificio protegido, que merece, de una vez y por todas, resolver la situación de los últimos años, con un Concurso de amplia convocatoria que "ponga a Murcia en el mapa" como en el pasado estuvo; si es que no se entiende que la Arquitectura, el Patrimonio y la Urbanística de la Ciudad merece un trato mejor, en ese caso, al menos que se cumpla la ley y se permita la concurrencia a la contratación pública de todos quienes puedan estar habilitados para hacerlo, en igualdad de condiciones".

También protesta un sindicato 

El sindicato municipal Somos considera que tanto el proyecto de la Cárcel Vieja como el de San Esteban (en total más de un millón de euros sólo para la redacción de ambos) deben ser redactados por los funcionarios municipales. 
Este sindicato afirma que el Ayuntamiento dispone de una plantilla con 114 técnicos cualificados, que no tienen una gran carga de trabajo y que podrían hacer estos proyectos. Somos pide al Gobierno local que utilice a funcionarios y no encarezca los presupuestos en beneficio de «chiringuitos»

'Podemos' denuncia que "en la Región no hay dinero para becas de comedor a familias en riesgo de exclusión y sí para proyectos megalómanos"

MURCIA.- Desde la Secretaría de Políticas Publicas para el Cambio de Podemos RM, , cuya titular es María Marín, se denuncia lo ocurrido con la moción que presentó Podemos en la Asamblea Regional, solicitando la dotación de Becas de Comedor, a la totalidad de familias en riesgo de Exclusión que la Consejería de Educación deja fuera de cobertura, con la dudosa tranquilidad de que será el Ayuntamiento quien se haga cargo de estas, empeño harto difícil, dado el menor presupuesto que este dispone para tal efecto.

Por otro lado, mientras se deja a los niños sin beca de comedor en la asignación presupuestaria, si que se incluye dentro de otras dotaciones proyectos como:

- El Aeropuerto Internacional de Murcia, otro aeropuerto cerrado sin aviones, de los muchos que coleccionamos en España, aeropuerto que tiene cerca el de San Javier, en la misma Región, y muy cercano el de Alicante, el de Albacete y el de Valencia, más de 180 millones de euros tirados a la basura, 180 millones de euros que pagamos todos los ciudadanos/as de la Región.
- El rescate de la AP-7. Proyecto que se ejecutó, en su momento rápido y mal, con prisas, y con una calidad cuestionable en muchos de los tramos, uno de ellos, de los más caros del país (el tramo de Mazarrón a Cartagena). Infraestructura que iba a servir para que acudiera el turismo de alto standing y que ha quedado, en una gigantesca acumulación de deudas que ha tenido que pagar la ciudadanía de la Región, deuda privada de miles de millones de euros, que a pesar de haber sido "repagada" por los ciudadanos sigue estando en manos privadas".
- El AVE a Murcia, otro proyecto antieconómico, demostrado ya incluso por estudios, que dicen que este país tiene el dudoso honor de ser donde menos pasajeros hay en relación a los kilómetros de AVE construido, todo un ejemplo de reprobable gestión económica y de ineficacia en el uso de recursos públicos.

Desde la Secretaría de Políticas Públicas y desde el circulo de Educación de Podemos RM no se entiende cómo hay dinero para despilfarrar, pero no lo hay para atender necesidades básicas de la población, como es el caso de las becas comedor para familias desfavorecidas.
"Estas políticas que no miran a la ciudadanía , tienen en la actualidad consecuencias, con nombres y apellidos, tienen rostro", dice Podemos.

Ballesta comienza a sacar conejos de su raida chistera estrenada como consejero para Corvera y AVE

MURCIA.- El Pleno municipal ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista, el expediente de Suplemento de Crédito extraordinario, con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, gracias al cual puede comenzar el proceso de recuperación del yacimiento de San Esteban y de la Cárcel Vieja.

De esta forma, se reserva una partida de 2,1 millones de euros para rehabilitar y acondicionar la Cárcel Vieja y de 900.000 euros para comenzar el proceso de recuperación de San Esteban que conlleva la realización de un Plan Director antes de realizar el proyecto de obras.
Según el concejal de Fomento, Roque Ortiz, "hoy en el Pleno municipal se da el primer paso para que los murcianos recuperen estos dos espacios culturales y turísticos. Gracias a esta partida, podemos comenzar la adecuación de los distintos espacios de la Cárcel Vieja y reservar la financiación para la elaboración del Plan Director de San Esteban que será fruto de las conclusiones de un grupo de trabajo"
Ortiz ha explicado que este remanente de tesorería "se da credibilidad al proyecto y es la garantía de que el Equipo de Gobierno apuesta por la recuperación de estos dos espacios, que se realizará a través de un proceso totalmente transparente de participación ciudadana".

González Tovar: "El PP no es de fiar ni siquiera en los temas en los que da su palabra, como en el AVE"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar ha mostrado su preocupación ante la noticia aparecida hoy en la que se desvela que Adif desoye el pacto político y se resiste a cambiar la fases del AVE. "Esto demuestra que el PP no es de fiar y lo ha demostrado incumpliendo su palabra con el soterramiento".

El portavoz socialista afirmó que el consejero de Fomento ha mentido, pues hace 35 días Francisco Bernabé aseguró que tenía un acuerdo cerrado con Adif y con el Ministerio en el que se eliminaban todos los inconvenientes (quitar el puente sobre la senda de Los Garres, expropiaciones, etc) para que el AVE llegara a la ciudad de Murcia soterrado, desde el principio.
Rafael González Tovar manifestó que el consejero le dijo personalmente que no había ningún problema, que el tema estaba cerrado y acordado con Adif y el Ministerio. "Ahora el consejero queda en evidencia cuando dice que va a hablar con ellos para ver si detiene las expropiaciones. Ahora se entiende que no supiéramos nada de reuniones desde Adif y la Sociedad Murcia Alta Velocidad, porque sencillamente no existieron", subrayó.
Este hecho habla "de la poca fiabilidad del Gobierno regional con la llegada de la Alta Velocidad a la Región, así como de como está gobernando a salto de mata, con una credibilidad cada vez más en entredicho".
El PSOE ha pedido en todo momento garantías en el tema del soterramiento en la ciudad de Murcia y "ha quedado demostrado que no solo no había garantías sino que la oferta del consejero era un engaño más".
El portavoz socialista mostró su rechazo a esta forma de hacer política, al tiempo que se solidariza con los vecinos, sobre todo con aquellos que ayer vivieron momentos duros ante el atropello de pretender expropiar sus tierras a un precio tan bajo "y para un proyecto que,

El Ayuntamiento de Lorca recibe un nuevo golpe de 1,3 millones por las denuncias contra convenios urbanísticos

LORCA.- El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que los lorquinos han recibido esta semana un nuevo golpe derivado de los convenios urbanísticos "trampa" aprobados en solitario por el PSOE en el transcurso de un pleno municipal en el año 2005.

Se trata de una nueva condena referida a un convenio suscrito en noviembre de ese año sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de Avilés, ha explicado, "estamos hablando de una superficie superior a los 5,2 millones de metros cuadrados, en la que preveían edificar 9.360 viviendas".
A este revés judicial, "el séptimo de la escandalosa lista de los convenios trampa", tendrán que hacer frente los ciudadanos de nuestro municipio, suponiendo un importe de 1.357.986,99 euros. "Con este nuevo golpe a los intereses de los lorquinos, la cantidad a la que vamos a tener que hacer frente durante 2016 supera ya el millón de euros", ha lamentado el edil.
El importe total de estos casos asciende ya a 5.220.806,61 euros, cantidad "de la que los lorquinos hemos tenido que pagar hasta la fecha 1.591.822,70 euros", permaneciendo pendiente de pago la cifra de 3.628.983,91 euros.
Fulgencio Gil ha señalado que a este ritmo, "hasta nuestros nietos van a nacer hipotecados por culpa de la losa de los convenios del PSOE" y añade que Lorca es el municipio español "que más sufre los desmanes de los convenios urbanísticos".
La situación económica del Ayuntamiento "se está comprometiendo a medida que pasan los meses". El edil de Economía ha explicado que a lo largo de estos años, "hemos logrado rescatar este Ayuntamiento en los peores escenarios". Primero "destapamos una deuda de 105 millones de euros, que algunos negaron hasta la extenuación incluso cuando se les pusieron sobre la mesa los resultados de la auditoría", ha detallado.
Esa "púa" hoy la hemos reducido en más de un 40%, y ya puedo anticipar que al cierre del presente ejercicio 2015 "el recorte que le vamos a propinar va a ser histórico". Después, en 2011, las consecuencias de los terremotos obligaron al Ayuntamiento a realizar esfuerzos económicos para evitar el colapso del municipio. Un contexto, ha recordado, que empeoró por los efectos de las inundaciones de 2012.
"Todo ello acentuado por la peor crisis económica y laboral que España ha sufrido en su historia, lo que supuso la caída en picado de los ingresos municipales al tiempo que se multiplicaban las necesidades sociales de los ciudadanos", ha subrayado Fulgencio Gil.
Ahora que hemos conseguido equilibrar la situación, ha enfatizado, "nos llega un nuevo batacazo por culpa de los convenios trampa del PSOE" y es que "llevamos ocho años purgando los excesos de la etapa peor gestionada de la historia de nuestra ciudad".
El concejal ha afirmado que "la realidad es que este Ayuntamiento sigue en pie gracias a que tomamos medidas desde el primer día, si no a día de hoy, estaríamos intervenidos", lamentando que "cada una de las familias lorquinas tendremos que pagar 520 euros por los convenios trampa", que son "un campo de minas que está explotando".

El Pleno municipal de Murcia aprueba la modificación de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos

MURCIA.- El Pleno municipal ha aprobado en su sesión de esta mañana los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales y de los precios públicos del Ayuntamiento de Murcia.

De esta forma, las principales novedades de las Ordenanzas Fiscales para 2016 son la reducción de un 2% el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Además, y a propuesta de Ciudadanos, se incluye una modificación de la bonificación de Familia Numerosa en el IBI, que oscilará entre el 45 y el 90 por ciento, dependiendo del valor catastral y categoría.
Según han informado fuentes municipales, otra de las novedades es la supresión de la Tasa por la tramitación administrativa de Licencia municipal de Actividades, actuaciones derivadas de procedimientos de comunicación previa de inicio de actividades y otras autorizaciones ambientales.
Además se reducirá la tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa de las vía pública con mercadillos semanales, las tarifas mensuales por metro lineal que varía según en el lugar donde se celebra el mercadillo y se ampliarán los supuestos de no sujeción a la tasa de ocupación de la vía pública.
Otra novedad será la supresión de la tasa por prestación de servicios urbanísticos a entidades sin ánimo de lucro que presten un servicio de carácter social básico o esencial. A propuesta de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, se elimina la cuota del informe sobre condiciones de habitabilidad de vivienda para reagrupación familiar.
A esto se une la supresión de la tasa por expedición de certificados municipales de servicios sociales, necesarios para acreditar la posible situación de dificultad económica y/o social y la congelación del resto de tasas y precios públicos municipales.
Se ampliará el Plan Personalizado de Pago a las tasas de cobro periódico (mercadillos semanales, mesas y sillas, puestos y casetas en los mercados de abastos, quioscos) y se incorpora el teléfono móvil como nuevo medio de pago telemático.
Igualmente, se ha aprobado el expediente de modificación de Precios Públicos del Ayuntamiento, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos.
Así, se ha aprobado la modificación de los precios públicos de Escuelas infantiles, Servicios y Alquiler de instalaciones deportivas municipales, Ayuda a Domicilio, servicios a emprendedores para fomento del empleo y la actividad económica en instalaciones municipales, servicios de respiro familiar en domicilios, de teleasistencia domiciliaria y de estancias diurnas.

Cartagena reclama la participación de los ayuntamientos en el Consejo de Dirección del Área de Salud II

CARTAGENA.- El Gobierno municipal de Cartagena, encabezado por su alcalde, José López, anuncia que va a enviar un escrito a la Consejería de Sanidad, denunciando ante su titular, Encarna Guillén, el incumplimiento normativo por parte de la Comunidad con respecto a la participación de las corporaciones locales en el Consejo de Dirección del Área de Salud.

Y es que, denuncian, los ayuntamientos pertenecientes al Área II, Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón, no tienen representación allí ya que ni siquiera ha sido creado.
De tal forma, se incumple la Ley 14/1986 General de Sanidad, Capítulo III, artículo 56, donde reza que Las Áreas de Salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas.
Así como la Ley 4/94 de Salud de la Región de Murcia, Título III, artículo 14, donde se habla de cuatro representantes de los ayuntamientos del territorio del Área de Salud.
Según José López, "queremos reivindicar no sólo la presencia del Ayuntamiento de Cartagena en el Consejo de Dirección, lo que nos corresponde por derecho, sino la de nuestros municipios vecinos de la Comarca, puesto que el Gobierno regional jamás nos ha tenido en cuenta".
"Ésta es una muestra más del maltrato sanitario al que nos someten desde Murcia, ya que no nos dejan ni opinar ante la toma de decisiones", ha declarado el primer edil de Cartagena.
Igualmente, el Gobierno municipal denuncia que no se da la participación democrática ciudadana en el Consejo de Salud de Área, como establece la normativa básica estatal Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y la regional, Ley 4/94 de Sanidad de la Región de Murcia.
Al respecto, López añade que, al no existir el Consejo de Dirección del Área ni el Consejo de Salud del Área, la figura del Gerente toma decisiones sin el respaldo, el aval o las garantías de que son admitidas y consensuadas de forma democrática. Por lo tanto, "las decisiones no son conocidas previamente por los ayuntamientos de la Comarca de Cartagena, ni por los colectivos sociales y vecinales a los que afectan".
Así pues, el Consistorio de Cartagena reclama la participación de los ayuntamientos y de la sociedad civil, así como el cumplimiento de las leyes "en favor de una participación real y efectiva en la toma de decisiones", cuestión hasta ahora "vetada" por la CARM.

La Asamblea convalida el decreto con el que 1.305 personas percibirán los atrasos desde 2013 por cuidados a dependientes

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha convalidado esta mañana el decreto ley con el que se permitirá acceder a la prestación por cuidados en el entorno a los dependientes a 1.305 personas, que tenían reconocido este derecho desde antes de junio de 2013.

En junio de 2013 entró en vigor una ley de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas en la que se modificó el régimen de acceso a la prestación económica de cuidados a dependientes y de apoyo a cuidadores no profesionales. Esta medida afectó a las solicitudes anteriores a dicha fecha que aún no habían sido resueltas, lo que obligó a que más de un millar de personas en la Región se quedaran sin dicha prestación.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha presentado en la Cámara este decreto-ley, aprobado el pasado 7 de octubre en Consejo de Gobierno. Se estima que con esta medida, los afectados por la supresión de la prestación perciban en su conjunto 5,8 millones de euros. Según Tomás, se "ha redotado de personal la sección de la dependencia" para atender estas solicitudes y proceder al pago de las ayudas, que se realizarán entre este año y 2016.
El decreto ley establece que a partir de ahora, si las solicitudes han sido resuletas negativamente por no cumplir los nuevos requisitos de acceso a esta prestación, se revoque dicha resolución y se reconozca la prestación solicitada siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la norma anterior.
Además de eso, el texto establece la periodificación de los atrasos derivados de los efectos retroactivos de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Tomás ha aclarado que el cuidador no familiar, "ahora sí puede trabajar, mientras que antes no". A lo que ha añadido que si el dependiente se encuentra en un centro educativo "también se puede percibir esa prestación porque entendemos que están los fines de semana, están las vacaciones de Semana Santa y Navidad y debe cuidarlo. Es importante que las familias estén protegidas".
Del mismo modo, se regula el derecho de los herederos de los dependientes a reclamar los atrasos devengados y no percibidos cuando el afectado ha fallecido. Es decir, se recobra la posibilidad de que las comunidades hereditarias que hubieran tenido derecho a las prestaciones correspondientes, de conformidad con la normativa estatal, puedan reclamarlas.
Los grupos parlamentarios han apoyado la convalidación de este decreto ley aunque grupos como Ciudadanos (C's) y PSOE han solicitado que se tramite como proyecto de ley para "mejorar" aspectos del mismo. Esta petición ha sido aprobada por unanimidad, por lo que a partir de ahora se abre un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas parciales.
Desde el PSOE, Consuelo Cano ha explicado que ellos abogan por recoger en el texto la situación especial de los dependientes que no están vinculados familiarmente con los dependientes. "Hay mucha gente que pierde los derechos a las prestaciones solo por no tener a nadie de la familia cerca", ha advertido. Además, los socialistas quieren que se modifique el punto que alude a que si después de seis meses, la solicitud no ha recibido respuesta por parte de la Administración, se desestime esta. "En todo caso debería ser al contrario, que sea estimatorio", ha pedido.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos (C's), Juan José Molina, también ha estado de acuerdo con el PSOE en este punto. "Hay que cambiar eso de que en el caso de que en el plazo de seis meses no se resuelva un expediente, que se desestime. Debe de darse una valoración favorable, en ese caso", ha expuesto.
A su vez, ellos quieren que se tramite el decreto ley como proyecto de ley para incluir otras mejoras en referente al número de horas que han de hacer los cuidadores. "El dinero que se paga es muy bajo, por lo que habría que reducir ese número de horas para que se equilibre", ha dicho.
El portavoz del PSOE, Rafael González Tovar, ha indicado que este decreto "restituye el tijeretazo a la murciana" del Gobierno regional a la dependencia. A su juicio, "el Gobierno no aplica bien la ley de dependencia, la recorta". Los socialistas aseguran que la Región tiene "el mayor" porcentaje de personas en lista de espera para que se les reconozca el derecho a la prestación, con 30,83 por ciento, frente al 16 por ciento del resto de España.
Asimismo, han recordado que en la Región hay 13.859 personas con derecho a percibir ayudas de la ley de dependencia que no están recibiendo la prestación. "Esto demuestra un mal hacer del Gobierno regional y desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015 hay 3.652 personas menos acogidas al sistema de prestación. Es una situación muy oscura", han añadido.
Por otro lado, desde Podemos, han expresado su conformidad a que se convalide el decreto ley porque entienden que "devuelve el derecho a familias dependientes" a percibir estas ayudas después de que la justicia estableciera que ha de aplicarse esta ley.
En cuanto al PP, han recalcado la "gran importancia" de la convalidación de este decreto ley para que el millar de dependientes cobren dichas ayudas y que se reconozca el derecho de los dependientes que ya fallecieron. A su vez, la popular Inmaculada González, ha anunciado que su grupo ha registrado una moción para que se regule la figura del asistente personal del dependiente para que estos puedan tener una persona que le guíe a lo largo del día, teniendo en cuenta requisitos de los profesionales.

La Asamblea pide al Gobierno regional una auditoría energética en todos los edificios públicos

CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios piden al Gobierno regional que realice una auditoría energética en todos edificios públicos a fin de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera e incentivar el ahorro energético en estas instalaciones.

La iniciativa originaria del grupo Ciudadanos pedía que esta auditoría se realizara solamente en las instalaciones deportivas por entender que son las que "más visibilidad e impacto" tienen. Según el diputado de Ciudadanos Luis Francisco Fernández, existen "un gran desaprovechamiento" del potencial de las energías renovables que se hace patente en los centros deportivos.
No obstante, a través de las propuestas de PSOE y PP, la Cámara ha consensuado un texto en el que se hace extensible dicha petición a todos los edificios públicos exceptuando aquellos en los que ya se ha realizado la auditoría y se ha incluido la petición de elaborar un plan de uso eficiente de la energía para el periodo 2016-2020 en el que se contengan objetivos concretos, aun calendario de acciones, así como una memoria económica.
Desde el PSOE, el diputado Alfonso Martínez, ha recordado que el uso de la energía de una manera más eficiente "es un reto de todos los ejercicios públicos". A su vez, ha aportado datos del año 2010 en los que se reflejan una previsión de ahorro del 9,24 por ciento en materia energética, en 2011 ese ahorro es menos, un 0,4 por ciento y achaca que la consejería no aporta datos a partir de esa fecha, "tal vez porque la eficiencia es nula".
Por su parte, el popular Juan Luis Pedreño ha reconocido que no existe ningún registro energético sobre las instalaciones deportivas, pero ha informado a los grupos de que la dirección general ya está elaborando un plan público. A lo que ha añadido que antes de presentar mociones "es importante acercarse a ver qué está haciendo la dirección general y esto ha de abordarse desde el punto de vista presupuestario".
En cuanto a Podemos, Antonio Urbina ha afirmado que esta medida le parece "un paso importante" y que la inversión económica que supondrá realizar dichas auditorías "se podrá recuperar pronto y se podría hacer más rápido si en el país hubiera una normativa que impulsara las energías renovables y que nos ayudaría a cumplir antes los objetivos que pone Europa".

Martínez-Cachá destaca que el trasvase autorizado "es una buena noticia para las necesidades de los regantes"

MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, se ha referido hoy a la autorización por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de un trasvase de ocho hectómetros cúbicos de agua correspondiente al mes de octubre, a través del acueducto Tajo-Segura, para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras y garantizar los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

Martínez-Cachá ha destacado que "es una buena noticia, porque las previsiones se alejaban de estos ocho hectómetros, lo que demuestra, una vez más, el compromiso de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ante la situación de los regantes murcianos".
 "Agradecemos el esfuerzo para que los agricultores murcianos, aunque poco, reciban algo de agua del trasvase Tajo-Segura", ha añadido.
La consejera ha subrayado que "el Gobierno regional es consciente de que la situación de los embalses de cabecera es muy compleja". De acuerdo con el Memorándum Tajo-Segura, aprobado en 2013, para 2015 se preveía que los trasvases son legalmente posibles si las reservas de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) no están por debajo del umbral de 304 hm3. El pasado 1 de octubre estos embalses almacenaban un total de 331,54 hm3.
El trasvase de 8 hm3 de agua que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, se autoriza en cumplimiento de la normativa establecida y de acuerdo a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que ha tenido muy en cuenta la situación excepcional, nivel 3, en la que se encuentran los embalses de cabecera a la hora de fijar la cantidad a trasvasar, para lograr un equilibrio entre las necesidades actuales de los usuarios y la garantía de abastecimiento de agua en otoño.
Además del agua trasvasada, continúan en marcha las medidas excepcionales de emergencia contempladas en los Reales Decretos de Sequía de las cuencas del Segura y del Júcar para paliar los efectos de la escasez de agua.
Se trata de iniciativas para el uso de pozos de emergencia, el agua laminada en embalses, medidas de control de usos y pérdidas de agua. Así mismo, el Ministerio está llevando a cabo obras de emergencia en estas cuencas, por un importe total de 50 millones de euros, para atenuar los efectos de la sequía. Todas estas obras ya se encuentran en fase de ejecución.

Luz verde a una moción para abaratar el coste de la electricidad en desaladoras, pese a las críticas

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido sacar adelante una moción para reducir el precio de la tarifa eléctrica para el uso de las desaladoras, a pesar de las críticas de los socialistas por no haber llevado este tema primero a debate en la Comisión especial de Agua, donde consideran que "se habría consensuado un texto entre todos y hubiera habido unanimidad".

Los populares han modificado su propuesta inicial para intentar alcanzar un consenso generalizado, aunque al final solo han obtenido el apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos.
En el texto final se pide que se aplique la tarifa P6 a los usuarios de las desaladoras, esto es, la más barata todos los días y a cualquier hora y que se estudie la aplicación de energías alternativas para reducir el precio de la tarifa eléctrica de las desaladoras.
Durante el debate parlamentario, el popular Jesús Cano ha indicado que esta rebaja sería principalmente para regantes y agricultores, "que son los que ahora tienen más problemas" y ha pedido al Gobierno nacional que estudie la posibilidad de rebajar el precio.
En ese sentido, se ha puesto en duda la propuesta del PSOE de construir Plantas Fotovoltaicas adscritas a las desaladoras para reducir el precio, pues dudan de su rentabilidad.
"Las plantas fotovoltaicas tienen en la Región entre 1.600 y 1.800 horas de producción al año, mientras que una planta desaladora tiene unas 8.000 horas al año y necesita una extensión de terreno bastante considerable", ha aclarado Cano, quien ha dejado la puerta abierta a estudiar esta cuestión.
Desde el PSOE, Jesús Navarro, ha apostado por una tarifa social y sostenible del agua desalada y que "se use la energía fotovoltaica para que se mantenga el precio estable en el tiempo".
Por parte de Podemos, Antonio Urbina considera que el precio del agua desalada ya se abordó en la Cámara "de forma más seria y aportando soluciones técnicas" en la que se incluían medidas como la energía solar fotovoltaica y la renegociación de las amortizaciones.
A su vez se han mostrado sorprendidos al conocer que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta del PP "y es la misma propuesta que presentó aquí Podemos y ante la que se abstuvo".
Por último, los diputados de Ciudadanos han explicado que se han abstenido en la moción porque habían presentado una enmienda a la totalidad que "iba más allá" y en la que pedían la reducción del importe de la potencia, el cobro por potencia consumida y no por potencia contratada y la bonificación hasta el 99 por ciento en el importe del Impuesto Eléctrico.

El Ministerio de Agricultura autoriza un trasvase de 8 hm3 para el mes de octubre a través del Tajo-Segura

MURCIA.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado un trasvase de ocho hectómetros cúbicos (hm3) de agua para el mes de octubre, a través del acueducto Tajo-Segura, para poder atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.

Este nuevo trasvase, al igual que lo anteriores, "garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería", según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
El trasvase de ocho hectómetros cúbicos de agua, que este jueves publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se autoriza según el Ministerio "en cumplimiento de la normativa establecida y de acuerdo a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, responsable de aplicar las reglas de explotación de esta infraestructura".
Así, remarca que se ha tenido "muy en cuenta la situación excepcional (nivel 3) en la que se encuentran los embalses de cabecera a la hora de fijar la cantidad a trasvasar para lograr un equilibrio entre las necesidades actuales de los usuarios y la garantía de abastecimiento de agua en otoño".
El Ministerio recuerda que el informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se ciñe a las reglas de explotación fijadas en el Real Decreto 773/2014, que definen un mecanismo claro de aplicación en función del volumen almacenado en los embalses de Entrepeñas y de Buendía en las provincias de Guadalajara y Cuenca, aportaciones hídricas recibidas, valores de consumo de referencia y desembalses necesarios para atender a la cuenca cedente.
Los acuerdos alcanzados en 2013 entre el Gobierno y las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas cedentes y receptoras del trasvase (Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia), elevados a rango de ley (Ley de Evaluación Ambiental de 2013), permitieron aumentar el umbral del trasvase en defensa de la cuenca cedente de 240 Hm3 a 400 Hm3.
De acuerdo con el régimen transitorio previsto, en 2015 "los trasvases son legalmente posibles en tanto las reservas de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) no estén por debajo del umbral de 304 hectómetros cúbicos", según la Delegación, que recuerda que el pasado 1 de octubre estos embalses almacenaban un total de 331,54 hectómetros cúbicos.
Al margen de la aprobación de este nuevo trasvase, el Gobierno afirma que continúa aplicando las medidas excepciones contempladas en los Reales de Decretos de Sequía de las cuenca del Segura y del Júcar para paliar los efectos de la escasez de agua en ambas demarcaciones hidrográficas.
Unas medidas, limitadas en el tiempo, que permiten incrementar el agua disponible en la zona: permitiendo el uso de pozos de emergencia, el agua laminada en embalses, medidas de control de usos y pérdidas de agua, etc.
El Ministerio, además, afirma que está ejecutando las actuaciones contempladas en el crédito extraordinario aprobado por el Gobierno para financiar las actuaciones que con carácter urgente deben acometerse en las cuencas del Júcar y del Segura, por un importe total de 50 millones de euros, para atenuar los efectos de la sequía. Todas estas obras ya se encuentran en fase de ejecución.
Esta declaración de sequía fue prorrogada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre del próximo año, con el objeto de que el Gobierno pueda seguir aplicando en la próxima campaña de riego medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía en las demarcaciones del Júcar y del Segura.

Las ventas del comercio minorista aumentan un 2,3% en septiembre en la Región de Murcia

MURCIA/MADRID.- La ventas del comercio minorista aumentaron un 2,3 por ciento en la Región de Murcia durante el pasado mes de septiembre, frente al crecimiento del 4,4 por ciento de la media nacional. 

El índice creció en todas las comunidades, y el aumento en la Región es el segundo menor de los registrados, según se desprende de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista registró en la Región de Murcia un aumento de un 1,6 por ciento, el quinto mayor por CCAA junto con Cataluña, solo inferior al de la Comunidad Valenciana (2,8 por ciento), Baleares (2,5 por ciento), Cantabria (2,2 por ciento) y Castilla-La Mancha (1,9 por ciento).
En el conjunto del país, las ventas del comercio minorista aumentaron un 4,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2014, encadenando así 13 meses consecutivos de crecimiento, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este avance interanual de las ventas del comercio minorista, el más elevado desde diciembre de 2014, es 1,3 puntos superior al logrado en agosto, cuando la facturación del sector creció un 4,1%.
Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,3% en tasa interanual, tasa también 1,3 décimas superior a la de agosto.
El empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2014, con lo que ya encadena 17 meses consecutivos de ascensos. La tasa de septiembre es dos décimas superior a la de agosto, cuando la ocupación repuntó un 1,1% interanual.
En tasa mensual (septiembre sobre agosto), las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,6%, frente al repunte del 0,1% del mes anterior y del retroceso del 0,6% de hace un año.

La CUP no quiere esperar más. Ruptura ya / Antonio Sánchez-Gijón *

Aunque la coalición ganadora de las elecciones catalanas del 27 se septiembre anunció el martes pasado su programa de ruptura con el Estado español, que se pondría en marcha tan pronto como se formase el nuevo parlamento, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido anticapitalista y secesionista que tiene, con sus diez diputados, la llave para la formación de un nuevo gobierno, quiere la desconexión de Cataluña con el Estado español “ya”.
Sin em­bargo, el pro­yecto de de­cla­ra­ción de la ma­yoría in­de­pen­den­tista pre­sen­tado el martes 27 ante la mesa del par­la­mento, y que se apro­bará tan pronto como éste se forme, da un plazo de 30 días para aprobar las leyes que ase­guren el “proceso de des­co­ne­xión de­mo­crá­ti­ca”. La im­pa­ciencia de la CUP con ese plazo se ha puesto de ma­ni­fiesto al de­nun­ciar, en un co­mu­ni­cado emi­tido este miér­co­les, “la de­ci­sión del go­bierno en fun­cio­nes, de la Generalidad de Cataluña, de que los Mossos (d’Esquadra) eje­cuten ór­denes de la Audiencia Nacional”. La nota se re­fería a la ope­ra­ción de la po­licía au­to­nó­mica contra un grupo anar­quista acu­sado de la co­mi­sión de actos te­rro­ris­tas, ope­ra­ción or­de­nada por el tri­bunal en­car­gado de la lucha contra el te­rro­rismo, y que se llevó a cabo el miér­coles 28 me­diante la de­ten­ción de ocho per­so­nas.

Como pro­testa por la “colaboración” de la po­licía ca­ta­lana con un tri­bunal es­pañol, la CUP sus­pendió una reunión pre­vista con por­ta­voces de la coa­li­ción elec­toral Junts pel Si (JpS) para se­guir ne­go­ciando la for­ma­ción del go­bierno re­sul­tante de las urnas del 27 de sep­tiem­bre, y la con­fir­ma­ción o no del pre­si­dente en fun­cio­nes, Artur Mas como nuevo ‘president’, que la CUP rchaza. La pre­si­dencia de Mas fue con­di­ción ne­ce­saria para que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se de­ci­diera a formar con Esquerra Republicana (ERC) la coa­li­ción elec­toral JpS, que re­sultó, con 62 dipu­tados, ga­na­dora aunque sin ma­yoría su­fi­ciente para go­ber­nar.

Entregar o no la ca­beza de Mas

El nuevo obs­táculo formal a los planes de JpS puesto por la CUP in­dica que la fi­gura de Mas ya no es, ante sus ojos, un ac­tivo po­lí­tico útil, y que debe qui­tarse de en medio como can­di­dato a la Generalidad. La acep­ta­ción de las exi­gen­cias de la CUP po­dría su­poner la rup­tura de la coa­li­ción ga­na­dora, dado que Mas es el ac­tivo de mayor talla po­lí­tica de Convergencia Democrática de Cataluña, el au­tén­tico líder del pro­ceso so­be­ra­nista, además de ga­rante de la he­ge­monía so­cial de la bur­guesía y la clase media aco­mo­dada de Cataluña, y que fue acep­tado a re­gaña­dientes por ERC, un par­tido pe­queño-­bur­gués. La es­trecha co­la­bo­ra­ción CDC-ERC en el pro­ceso so­be­ra­nista ha su­puesto el de­bi­li­ta­miento elec­toral de Convergencia; un de­bi­li­ta­miento que Mas ha tra­tado de com­pensar con una ra­di­ca­li­za­ción de su dis­curso so­be­ra­nista. La CUP apuesta, pues, por apro­ve­char su po­si­ción de fiel de la ba­lanza para de­bi­litar el pacto CDC-ERC, y ha for­zado a esta coa­li­ción a romper cuanto antes con el es­tado, con ol­vido de cual­quier cálculo, como el de es­perar a la ce­le­bra­ción de las elec­ciones ge­ne­rales del 20 de di­ciembre al ob­jeto de re­eva­luar la es­tra­tegia in­de­pen­den­tista a la luz de los re­sul­tados elec­to­rales en España.

La coa­li­ción an­ti­ca­pi­ta­lista se ha trans­for­mando en un mo­vi­miento que se pre­senta como, además de se­ce­sio­nista, re­vo­lu­cio­na­rio. El co­mu­ni­cado de la CUP avisa cla­ra­mente: “Cualquier pro­ceso de rup­tura con España con­si­de­ramos que debe in­cluir la desobe­diencia a tri­bu­nales es­pañoles re­pre­sores y he­re­deros del Tribunal de Orden Público”, y de­clara que en la República Catalana “la re­pre­sión contra los mo­vi­mientos po­pu­lares no debe tener ca­bi­da”, para pedir a con­ti­nua­ción “una trans­for­ma­ción de raíz y la de­mo­cra­ti­za­ción del cuerpo de los Mossos”.

La rea­li­za­ción de esta pro­puesta está en con­tra­dic­ción di­recta con el plan­tea­miento de la rup­tura según la for­mula la “Declaración de inicio del pro­ceso para el es­tado ca­ta­lán”. Su punto 7 dice: (El Parlament) ”Adoptará las me­didas ne­ce­sa­rias para abrir este pro­ceso de des­co­ne­xión de­mo­crá­tica ma­siva, sos­te­nida y pa­cí­fica con el Estado”. Es evi­dente que los au­tores de este texto han evi­tado sus­citar la idea de “desobediencia a las le­yes”. Siguen, pues, ju­gando con las pa­la­bras para en­cu­brir lo que no se atreven a pro­nun­ciar, por miedo a la reac­ción de las ins­tan­cias in­ter­na­cio­na­les, pues de ellas es­peran la san­ción apro­ba­toria de Cataluña como nuevo es­tado de­mo­crá­tico.

El lugar de la pro­vo­ca­ción

Y es evi­dente tam­bién que esa rup­tura no puede ser pa­cí­fica, puesto que un es­tado que ve desafiada su so­be­ranía tiene de­re­cho, y está obli­gado, a usar todos los re­cursos le­ga­les, in­cluida la fuerza.

Es in­con­ce­bible que un es­tado re­co­no­cido in­ter­na­cio­nal­mente, y se­cu­lar­mente es­ta­ble­cido sobre un te­rri­to­rio, como España, ad­mita nuevas fron­te­ras, nuevas le­gi­ti­mi­da­des, daños in­cal­cu­la­bles sobre sus re­cur­sos, merma de su li­bertad de ac­ción sobre una gran parte de su te­rri­to­rio, po­bla­ción y eco­no­mía, más pér­dida del con­trol de sus co­mu­ni­ca­ciones con los otros es­ta­dos, in­cum­pli­miento par­cial for­zado de sus obli­ga­ciones in­ter­na­cio­nales y de sus obli­ga­ciones sobre sus pro­pios ciu­da­danos re­si­dentes en ese su­puesto nuevo es­tado, etc. Son todos mo­tivos para el em­pleo de los re­cursos más di­rec­ta­mente coer­ci­tivos y, lle­gado el mo­mento, para la in­ter­ven­ción en fuerza.

Piénsese en la pér­dida del con­trol es­pañol sobre la fron­tera fran­cesa, o sobre el puerto de Barcelona, o sobre la red eléc­trica, la de fe­rro­ca­rri­les, los ae­ro­puer­tos, las co­mu­ni­ca­ciones inalám­bri­cas… O las obli­ga­ciones bajo los tra­tados de la Unión, o con las de la OTAN. Qué decir de un sis­tema ban­cario sec­cio­nado y for­zado a po­nerse al margen de la su­per­vi­sión del Banco de España y del Banco Central Europeo. Lo mismo sobre el sis­tema de se­gu­ridad so­cial o el de jus­ti­cia…

Cabe, pues, la pre­gunta: ¿cómo unas fuerzas po­lí­ti­cas, que han sido ‘de go­bierno’ por más de treinta años, se meten en una vía for­mal­mente re­vo­lu­cio­na­ria, con es­casas po­si­bi­li­dades de pro­ducir la des­co­ne­xión, y nulas para formar “un es­tado le­gí­timo, de­mo­crá­tico, pa­cí­fico y prós­pe­ro”, y sobre todo re­co­no­cido in­ter­na­cio­nal­mente?

Estas son las pre­guntas que JpS no está en con­di­ciones de con­tes­tar, porque su es­tra­tegia no es tanto de choque como de ame­naza de cho­que, con­sis­tente en em­pujar al es­tado a una si­tua­ción pró­xima a una crisis in­terna de ré­gi­men, con riesgo para las con­quistas eco­nó­micas y so­ciales de su po­bla­ción, con­fiando en que el es­tado en­con­trará, tarde o tem­prano, más con­ve­niente ceder lo que, según creen, está de todos modos con­de­nado a per­der. O ese es el cálculo. Es como el que ame­naza a otro con ha­cerle perder un brazo, “aunque yo me quede cojo. Seamos, pues, ra­zo­na­bles y dame lo que te pi­do...”

En ese sen­tido, la pa­labra ele­gida por Mariano Rajoy para ca­li­ficar la de­cla­ra­ción par­la­men­taria de JpS es acer­tada: “provocación”. El es­tudio de esta fi­gura, sin em­bargo, in­dica que la pro­vo­ca­ción no tiene nin­guna re­la­ción de cau­sa­lidad su­fi­ciente con las exi­gen­cias o ame­nazas que se in­si­núan. En len­guaje co­lo­quial, la pro­vo­ca­ción suele ser “un fa­rol”. Para cum­plir sin más di­la­ción su propia ame­naza, los dipu­tados de JpS de­be­rían de­jarse arras­trar por la mi­no­ri­taria CUP. Es po­sible que lo ha­gan, pero ya no ten­drán una in­de­pen­dencia pa­cí­fica, sino una re­vo­lu­ción. Y la in­de­pen­dencia de­mo­rada ad ka­lendas grae­cas.

(*) Periodista

La soledad del PP / Antonio Balsalobre

Autoproclamarse 'vencedor' en unas elecciones puede no ser suficiente para gobernar. Que se lo pregunten a Mas. Que no será investido presidente pese a haber ganado en votos. Para gobernar, en democracia, se necesita además poder articular mayorías estables. Algo que, por lo que parece, ni el presidente de la Generalitat en funciones ni el PP regional están en condiciones de conseguir, ni Rajoy tiene visos de alcanzar tras las próximas elecciones. Pasado el tiempo de las mayorías absolutas, el panorama se ensombrece  ¡y de qué manera! para los populares. En un escenario de pactos más que previsible, el Partido Popular está abocado a quedarse fuera de juego. ¿Por qué? Esa es la pregunta.

Imaginemos por un momento que la formación de Rajoy llega primera con un 27% de sufragios frente a un 73% del resto. Es una opción más que probable. Lejos de la mayoría absoluta, esos votos sólo le permitiría gobernar si articula una mayoría que, descartados los nacionalismos independentistas, pasa hoy por hoy por Ciudadanos. El tiempo de los Pujol o Arzallus echándole una mano al PSOE o al PP ha pasado a mejor vida. Sin embargo, todo apunta a que el único partido que podría facilitarle el Gobierno no va a mover ni un dedo. El pletórico Rivera no va a rescatar al PP que se hunde, como un Titanic, por la sencilla razón de que ha venido para quedarse con su clientela. Al menos, con gran parte de ella. La fagocitación electoral ya ha empezado -se ha visto en Cataluña-  y continuará en las próximas elecciones. 

En la región ocurre tres cuartos de lo mismo. Aquí sobra un Sánchez. A medio plazo no hay espacio para los dos. Así que uno tendrá que quitar al otro. Será cuando la izquierda recupere, después de la larga noche absoluta del PP, la posición que le corresponde, y en la derecha el espacio electoral se haya reducido considerablemente. Para ser hegemónico, el partido naranja tendrá que hacer con el PP lo mismo que hizo el PP con UCD: tragárselo. Miguel sólo puede crecer a costa de Pedro Antonio. Esto no es Cataluña donde Rivera pesca en casi todos los caladeros. Aquí la batalla política no está pervertida por el fantasma del independentismo. Y a políticas económicas similares, Ciudadanos sólo puede marcar la diferencia con el PP mostrándose intratable en temas de corrupción y regeneración, y asfixiándolo políticamente en la Asamblea. 

Eso es lo que estamos viendo estos días en que -¡sorpresas te da la vida!- el Gobierno regional, cambiando de caballo a mitad de carrera, se ha ofrecido a recoger las propuestas de Podemos a cambio de su apoyo al techo de gasto. O lo que le ocurre a Ballesta, que ve cómo se desbarata la red clientelar del Partido Popular forjada durante años en las pedanías, y agarrándose a un enlucido quiere sacar adelante una moción para que gobierne el partido más votado. Todo un secuestro democrático, si no se hace con elecciones a segunda vuelta, que afortunadamente no corre visos de prosperar. 

No debería a estas alturas rasgarse las vestiduras el PP con falsos victimismos. En política, los pactos son tan antiguos como la política misma, forman parte de nuestro sistema democrático y el propio PP siendo partido minoritario los ha utilizado o propuesto cuando le ha convenido.

Lo que debería preguntarse el PP es cómo ha gobernado esta región en los últimos veinte años y cómo lo ha hecho en España en esta última legislatura. Por qué la imagen del PP se asocia indefectiblemente a la corrupción, a la especulación urbanística, a los pelotazos, a las desigualdades sociales, al aumento de la pobreza y a los recortes de derechos laborales. Por qué, a estas alturas, son muchos los militantes que se avergüenzan de ser de este partido (dicho por Montoro). O por qué su formación ha llegado a un punto en que va a ser desbancada por Ciudadanos y pasar a ser una fuerza testimonial, no sólo en Cataluña, en el País Vasco o Andalucía, sino prácticamente en toda España.

Trabajadores autónomos, de la magia a lo real / Andrés Pedreño *

Muy pocas veces se habla de las condiciones reales de vida de los trabajadores autónomos. Lo real de este colectivo ha quedado desplazado por lo ideológico. Así todos esos cánticos de ´la magia de emprender´, ´las aventuras de el emprendedor´ y similares. Se trata de apuntalar una noción profundamente ideológica del ´emprendedor´, en el que se nos viene a decir que en la actual crisis del empleo, «si estas sin trabajo, no te preocupes, aprovecha las oportunidades, emprende, haz de ti mismo un emprendedor, ponte las pilas y conviértete en pro-activo». De tal forma que los parados o los precarios serían aquellos poco activos o pasivos, que no aprovechan las oportunidades. Si leen a los ideólogos económicos del PP o de Ciudadanos, encontrarán ese programa de hacer del ´emprendedor´ el sujeto neoliberal por excelencia.

Podemos quiere hablar de lo real, de lo que afecta realmente al colectivo de los trabajadores autónomos. Pues bajo ´la magia´, esta la realidad de un colectivo cuyas necesidades y problemas requieren de nuestra atención. En reciente Pleno de la Asamblea Regional tuvimos la oportunidad de empezar a debatir sobre las condiciones reales de estos trabajadores. Desde hace treinta años se vienen repitiendo tantos tópicos en la política hacia este colectivo que hemos de empezar a plantearnos algunos cambios. Por ello, cuando desde Podemos hemos propuesto un programa de medidas de apoyo y rescate a los trabajadores autónomos, se ha basado en los siguientes desplazamientos:

1. De las actuaciones puntuales a las actuaciones planificadas e integrales. Proponemos un programa que intervenga no sólo en el terreno de las bonificaciones fiscales o en de la seguridad social, sino que de forma transversal atienda también al crédito, las ayudas y la participación de capital, la cooperación institucional. Esto, por supuesto, requiere de actuaciones integradas que involucren a las competencias de las tres Administraciones: estatal, autonómica y municipal. De esta forma hablaremos de cuestiones de las que normalmente no se habla, por ejemplo del crédito (en este sentido, desde Podemos propusimos ya en nuestro programa electoral la dotación de un crédito vía Instituto de Crédito Regional que afecte a creación de pymes y nuevos proyectos empresariales (relacionados con el sector industrial o I+D+i), rediseñando el concepto y concesión de esos créditos y con una dotación mínima de veinte millones de euros).

2. De la cultura de las subvenciones a la cultura de las inversiones. Desde hace treinta años estamos instalados en una política de empleo de la subvención que es necesario superar. ¿Porqué no inversión en lugar de subvención? Pues mediante la creación de un modelo de ayudas que supere el actual marco de subvenciones y que prime la inversión de la Comunidad Autónoma en empresas sin limitación cuantitativa pero que se materialice en capital a fin de poder recuperarlo una vez la empresa esté en funcionamiento.

3. De la visión recaudatoria mediante las licencias de actividad a una visión de cooperación y asesoramiento. Desde Podemos defendemos la modificación del tratamiento de las licencias de actividad y de inscripción de establecimientos a fin de que los técnicos de Sanidad, Turismo, Industria o Medio Ambiente se conviertan en asesores de los autónomos previamente al inicio de actividad y que no constriñan su participación a la mera labor policial. Las labores de asesoramiento deberán incluir la visita a los establecimientos y la fijación de pautas que favorezca la posterior inscripción en sus registros o la concesión de las licencias y permisos en el ámbito de sus competencias y todo ello con carácter previo al inicio de actividad y con tiempos de tramitación preestablecidos y que respeten las necesidades de la iniciativa empresarial.

También proponemos elaborar un catálogo de actividades de emprendimiento prioritario para fortalecer el tejido empresarial murciano, en especial actividades medioambientales, turismo, industria agroalimentaria y aquellas otras que impliquen el uso de una fuerza intensiva de trabajo, a fin de favorecer a las mismas con la elaboración de oficio de estudios de impacto ambiental, ayuda a la concesión de licencias, confección de estudios de mercado e incluso participación mediante aportación de capital en aquellos proyectos valorados de importancia estratégica. Al mismo tiempo, hemos de implementar un plan de desarrollo y mercado para cooperativas o sociedades profesionales integradas por grupos de técnicos y profesionales asociados (ingenieros, arquitectos, informáticos, artistas...) a fin de que puedan ofertar servicios e incluso internacionalizar esa oferta evitando así su migración.

4. De una gestión de los tiempos burocratizada a la agilidad administrativa. Para ello es necesario el establecimiento generalizado de trámites online mediante el sistema de firma digital que reduzca los tiempos de tramitación de los expedientes.

5. Del tratamiento uniformizador del colectivo de autónomos a la óptica del rescate ciudadano de aquellos que lo necesiten. El colectivo de trabajadores autónomos es muy heterogéneo y diverso. No lo podemos considerar desde las políticas como una realidad uniforme. De hecho muchos de estos pequeños empresarios pasan periodos de mucha vulnerabilidad y también la crisis les ha afectado enormemente. Desde Podemos proponemos medidas de rescate ciudadano:

En primer lugar, respecto a la regulación de las bonificaciones para autónomos, debe mantenerse la bonificación no tanto por períodos objetivos sino en función de las pérdidas y ganancias que el autónomo tenga como resultado de su actividad. Podría establecerse el abono de 50 euros mensuales de cuota de autónomos mientas la facturación sea inferior al salario mínimo interprofesional (esto es, 9.086 euros anuales aproximadamente), y progresivamente ir subiendo la cuota en función de la facturación con unos mínimos en función del tiempo que se ha permanecido de alta para evitar el fraude (por ejemplo, a partir de tres o cuatro años se abona una cuota mínima más elevada).

En segundo lugar, una menor tributación en IRPF en los primeros años de inicio de actividades. Podría considerarse una reducción sobre rendimientos de actividades económicas del 40% que permitiera la capitalización de esos rendimientos exentos a fin de potenciar nuevas inversiones o contrataciones de trabajadores.

En tercer lugar, aprobar una rebaja del IVA a aquellas actividades que vieron subir el mismo en trece puntos porcentuales, en especial las actividades relativas a peluquería, servicios veterinarios y servicios incluidos en el denominado ´IVA cultural´ (servicios ténicos facturados a productoras, entradas de cine y teatro).

En cuarto lugar, establecer un subsidio de desempleo de 600 euros mensuales por un período mínimo de 24 meses para aquellos autónomos que hayan estado en alta ininterrumpida al menos diez años y cesen en la actividad.

En definitiva, con estas medidas, y otras que se requerirán, podemos establecer una mejora sustancial de las condiciones reales de vida de los autónomos y emprendedores. Menos apelar a la magia, y más atender a la realidad de este colectivo crucial en la economía de nuestras regiones.

(*) Diputado regional por 'Podemos'

Claroscuro catalán / Ramón Cotarelo *

El proyecto de declaración de independencia ha caído como una bomba en la villa y corte. Bandadas enteras de antiguos y nuevos combatientes piden encarcelar sin más a los separatistas. El PP, el PSOE y C's han iniciado una unión sagrada en defensa, dicen, de la Constitución y la democracia. El PP añade un truquillo de filibusterismo y torpedea la tramitación del grito independentista al no haber constituido aún su grupo parlamentario. Esto de paralizar lo que no quiere que funcione se le da de cine. Lo hizo durante meses o años con el Tribunal Constitucional.

En el bloque constitucionalista, el PSOE pierde el escaso tinte que le quedaba de oposición y se perfila como sidecar de la derecha en su visión de España. Aun así tampoco se libra de toda sospecha unionista desde el momento en que el PSC se niega a unirse a la santa alianza en Cataluña.

Podemos ha reaparecido con fuerza y, habiendo digerido el fracaso catalán, proponen un referéndum de autodeterminación vinculante en Cataluña porque están seguros de ganarlo con el "no" a la independencia. Solo esta razonable propuesta es suficiente para que el bloque españolista les niegue el saludo por considerarlos "ambiguos" con respecto a la unidad de España. No dan ni una. "Ambiguos" eran antes, en la campaña del 27 de septiembre con unas propuestas inverosímiles. Ahora son claros, nítidos: deciden los catalanes en referéndum vinculante. Ya era hora. Eso inclina de nuevo el voto de Palinuro en su dirección porque el PSOE carece de discurso catalán propio distinto del nacionalcatólico del PP que es, justo, el que nos ha traído aquí. Y sobre todo porque eso es lo que él lleva proponiendo hace años.

Es bueno clarificar una propuesta que antes estaba oscura. Pero esa claridad puede suscitar otra oscuridad. La nueva propuesta, ¿cuándo se materializará? Realmente, no se puede pedir a los independentistas que aplacen una vez mas sus propósitos, se esté o no de acuerdo con ellos, porque no queda margen de maniobra. La "desconexión" significa que ya no esperan acuerdo pactado alguno con España. Ese proceso seguirá adelante porque es el programa con el que JxS y la CUP se presentaron a las elecciones y es lo que verdaderamente está cambiando España.

Dice Iglesias que en España ha cambiado la política y toca ahora cambio de gobierno y se adjudica el mérito de ese cambio. Algo de cierto hay, desde luego, pero es obvio que lo que verdaderamente ha cambiado la política en España y hasta España entera es el independentismo catalán. Aquí es donde está la ruptura y la revolución. Donde está el verdadero conflicto. Lo curioso es que Iglesias vende la ventaja de su audaz propuesta en que es la mejor garantía para mantener la unidad de España. Un tipo de razonamiento que los demás unionistas no aceptarán jamás y que puede levantar suspicacias, quizá más que suspicacias, en el campo independentista.

Aunque la idea del referéndum vinculante es grata a los ojos de Palinuro, que la ha defendido largos años, también comprenderá si le dicen que sí, que es muy grata, pero ya anacrónica porque ahora la independencia es un hecho in itinere y se va a la constitución de la República catalana. Eso, la verdad, sí que parece claro.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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El 50% de los españoles reconoce su intención de reducir el consumo de carnes procesadas o rojas


MADRID.- El 50% de los españoles ha manifiestado su voluntad de reducir el consumo de carnes procesadas (28%), carnes rojas, (1%) o ambas (23%), frente al 48% de los entrevistados que prevén no cambiar sus hábitos a raíz del informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se afirma que comer carne roja o procesada aumenta el riesgo de sufrir cáncer.

En concreto, el estudio realizado por la consultora Ipsos muestra que el 43% de los españoles está preocupado de una u otra forma por los resultados del informe, mostrándose muy preocupado el 12% de los encuestados, mientras que el 31% asegura estar bastante preocupado.
Las salchichas cocidas envasadas (95%), las hamburguesas (86%), las longanizas tipo fuet (74%) y el bacon (73%) son los productos más percibidos como procesados, seguidos del jamón cocido (69%), el salchichón (69%), embutidos de pavo (67%) o el chorizo (66%).
Por otro lado, el jamón serrano (30%) y el jamón ibérico (28%) son los productos cárnicos menos percibidos como procesados.
El dictamen de la OMS, que considera que este tipo de alimentos es "carcinógeno para los humanos" ha llegado a los consumidores, ya que el informe señala que un 96% de la población conocía la noticia a las 24 horas de producirse.