La razón de ser de todo sistema político es establecer un método para
la resolución de conflictos, sean jurídicos, mediante las normas y los
Tribunales para su aplicación, sean sociales, mediante la libertad de
expresión canalizada a través de los medios y de la opinión pública o
sean estructuralmente políticos, mediante las previsiones
constitucionales y específicamente las electorales.
España ha vivido una etapa sin precedentes desde el 20 de diciembre,
en la que ha entrado en carga una previsión constitucional sin
precedentes: la convocatoria de nuevas elecciones. El resorte, la
válvula de regulación constitucional, se ha activado ante la ausencia de
una mayoría que garantice y sustente la investidura de un Presidente de
Gobierno.
En estos 4 meses y 13 días transcurridos hasta la convocatoria de
nuevas elecciones, el país, los servicios públicos, las administraciones
públicas han seguido funcionando con normalidad y en el marco de una
estabilidad institucional.
Con un Gobierno en funciones durante seis meses, desde la
convocatoria del 20D, España ha seguido funcionando sin que nadie pueda
sostener que hayamos estado inmersos en una crisis, ni institucional ni
económica ni social.
Los que se han hartado o nos han hartado hasta la saciedad afirmando
que la repetición electoral es un fracaso deberían revisar su análisis
que ha estado movido más por su afán de investir al candidato Sánchez y
arrojar políticamente a Mariano Rajoy y con él a todo el Partido Popular
a una suerte de fuego purificador traducido en los bancos de la
oposición que en un examen objetivo del resultado electoral.
Los justicieros de la corrupción, aquellos que condenan
preventivamente o se amparan en un código ético que por sí y ante si
formulan desde las tertulias, sin mayor acreditación propia, han querido
trazar líneas rojas en las que bajo su único criterio colocaban a unos,
mayoritariamente a los miembros del PP, y olvidaban a otros.
Como era evidente desde el día siguiente al 20D, la estrategia de
Pedro Sánchez y la de la dirección socialista era errónea y basada en
una lectura equivocada de los resultados electorales. Ni las elecciones
eran una enmienda a la totalidad al bipartidismo, ni el PSOE era
reconocido entre las fuerzas del cambio ni él estaba llamado a
liderarlas. Todo tan evidente como su esfuerzo por trastocar la
realidad, como en una opera bufa de Mozart, en la que nada es lo que
parece y nada acaba como se pretende.
Los adalides del pacto de Gobierno han sido numerosos y sería un
divertido ejercicio reproducir en una maldita fonoteca las opiniones de
supuestos doctos politólogos que desde la independencia que auto
proclaman hacían firmes pronósticos a favor del acuerdo en el último
minuto.
Desde este observatorio hemos mantenido que la realidad se impone a
los wishfull thinking, si lo que se pretende es analizar y no transmitir
deseos e intenciones propias.
El día 21 de diciembre, el PSOE puso en marcha la operación dirigida a
la investidura de Sánchez, con el apoyo debido de Podemos y rebajado el
invento de la izquierda con el pacto con Ciudadanos, lo que permitía a
Albert Rivera abrir una crisis en el PP para ganar inmediatamente un
espacio natural de crecimiento.
Sánchez y Rivera tenían intereses distintos, pero concurrentes:
sostenerse y crecer políticamente. El final feliz lo ha roto Pablo
Iglesias que no es ningún pardillo políticamente, a quien se le asignaba
el papel de acomodador para que la pareja hiciese manitas en el cine.
Se equivocaran quienes pretendan plantear una campaña electoral que
refleje el marcador del tanto de culpa de cada líder en estos meses que
han sido, en cualquier caso, políticamente provechosos. Este país ha
demostrado madurez institucional y la travesía ha permitido desmontar
algunas falacias tan burdas como la línea ficticia entre los partidos de
la casta y los nuevos partidos. Todos sin remisión se han comportado
como partidos políticos que son instrumentos para alcanzar o participar
en el poder. O no.
En las democracias no hay nada más impecable que dar la voz a los
electores para resolver una situación de bloqueo y los ciudadanos
soportaremos razonablemente otra campaña electoral y la retahíla de
mensajes tan simples y poco imaginativos de nuestros candidatos.
Lo que es evidente es que si este país necesita una reforma
constitucional hay que reformar el sistema electoral, acortar los plazos
para la investidura y los días de campaña.
Se impone por la razón y la experiencia de estos meses.
La otra cuestión, el aprendizaje en la política de pactos y
coaliciones de gobierno, la decantación se impondrá por la propia fuerza
de los hechos.
Siempre es más eficaz trabajar sobre la realidad que sobre tus
propias convicciones y elucubraciones, a fuerza de evitar más errores
que los necesarios.
(*) Abogado y Registrador de la Propiedad
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