CARTAGENA.- El proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras adjudicado cuando era
alcalde del municipio Pedro Antonio Sánchez, actual presidente del
Gobierno regional, nunca llegó a ser visado por el Colegio de
Arquitectos, según declaró el exdecano Francisco Camino ante la
comisión de la Asamblea Regional que investiga la obra inconclusa. El
exdecano, que compareció junto con el arquitecto adjudicatario del
proyecto, Martín Lejárraga, y Alberto García Alarcón, el único
profesional que compitió por el contrato del Ayuntamiento, aseguró que
el proyecto «es ilegal».
Francisco Camino, que ya prestó
declaración el pasado verano ante la juez de Lorca que investiga la
recepción y el pago de la obra municipal sin estar terminada, también
dijo ante los parlamentarios que el concurso fue «fraudulento» y que
«por eso fue recurrido por el Colegio de Arquitectos».
La
investigación judicial sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras se abrió a
raíz de una denuncia de la Fiscalía. El propio Pedro Antonio Sánchez
compareció el pasado verano ante el Juzgado, que le notificó la demanda y
que ya ha llamado a declarar como imputados a todos los miembros de la
Corporación que participaron en la adjudicación del contrato y aprobaron
la recepción de la obra sin estar acabada.
Camino
recordó que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras «dio trece días de
plazo para presentar los proyectos y convocó el concurso el Día de los
Inocentes. Era humanamente imposible presentar un proyecto en ese
tiempo. Ni siendo Superman», aseguró.
Recordó que tras su defenestración como decano, «el Colegio cambió de abogado y contrató al defensor de Pedro Antonio Sánchez».
Por su parte, el arquitecto que se llevó el contrato después de haber comparecido junto a Pedro Antonio Sánchez en la presentación pública del diseño del nuevo auditorio en varias ocasiones, declaró a puerta cerrada que la obra quedó sin terminar, porque se modificó el proyecto, según contó el presidente de la comisión investigadora, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu. Añadió que Martín Lejárraga declaró que tenía autorización verbal de un funcionario llamado José Fernández para introducir esta modificación, debido a un cambio de emplazamiento, que obligó a trabajar en un terreno con «unas condiciones geotécnicas diferentes».
Urralburu mostró su perplejidad ante la declaración de Lejárraga, dado que el arquitecto «considera que no tenía ninguna ventaja en el concurso, pese a llevar años trabajando con el ayuntamiento en el proyecto».
Añadió que el otro arquitecto que se presentó al concurso, Alberto García Alarcón, quien declaró por videoconferencia, admitió sentirse «estafado». Urralburu explicó que la comisión investigadora se plantea citar a los funcionarios de Puerto Lumbreras y de la Consejería de Cultura que intervinieron en el proceso para julio, dado que la campaña electoral obliga a suspender la actividad parlamentaria.
Por su parte, el socialista Joaquín García Pagán recordó que «estamos hablando de seis millones de euros que suponen un fraude para la ciudadanía de la Región, porque ese auditorio está sin terminar».
El diputado del PP Francisco Jódar dijo que «se ha corrompido el trabajo de la comisión porque está presidida por un señor que es parte acusadora en el proceso penal».
Recordó que tras su defenestración como decano, «el Colegio cambió de abogado y contrató al defensor de Pedro Antonio Sánchez».
Por su parte, el arquitecto que se llevó el contrato después de haber comparecido junto a Pedro Antonio Sánchez en la presentación pública del diseño del nuevo auditorio en varias ocasiones, declaró a puerta cerrada que la obra quedó sin terminar, porque se modificó el proyecto, según contó el presidente de la comisión investigadora, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu. Añadió que Martín Lejárraga declaró que tenía autorización verbal de un funcionario llamado José Fernández para introducir esta modificación, debido a un cambio de emplazamiento, que obligó a trabajar en un terreno con «unas condiciones geotécnicas diferentes».
Urralburu mostró su perplejidad ante la declaración de Lejárraga, dado que el arquitecto «considera que no tenía ninguna ventaja en el concurso, pese a llevar años trabajando con el ayuntamiento en el proyecto».
Añadió que el otro arquitecto que se presentó al concurso, Alberto García Alarcón, quien declaró por videoconferencia, admitió sentirse «estafado». Urralburu explicó que la comisión investigadora se plantea citar a los funcionarios de Puerto Lumbreras y de la Consejería de Cultura que intervinieron en el proceso para julio, dado que la campaña electoral obliga a suspender la actividad parlamentaria.
Por su parte, el socialista Joaquín García Pagán recordó que «estamos hablando de seis millones de euros que suponen un fraude para la ciudadanía de la Región, porque ese auditorio está sin terminar».
El diputado del PP Francisco Jódar dijo que «se ha corrompido el trabajo de la comisión porque está presidida por un señor que es parte acusadora en el proceso penal».
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