jueves, 5 de mayo de 2016

La CHS presidida por Ródenas aspira a resolver sus penurias a costa de los regantes y usuarios del Trasvase

MURCIA.- Las penurias económicas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) presidida por Miguel Ángel Ródenas (incondicional del anterior consejero de Agricultura, el muy cuestionado Antonio Cerdá) se quieren resolver ahora a costa del bolsillo de los usuarios y regantes con agua del trasvase Tajo-Segura, a base de aumentar con desproporción sus nuevas tarifas para todos, según fuentes del sindicato central del citado acueducto.

Las tarifas se aprueban anualmente en el marco de lo que establece la normativa que, en el caso del Trasvase Tajo-Segura, está perfectamente definida por ley. Sin embargo, la subida de casi el 50% como consecuencia de una reforma del sistema tarifario ha encendido todas las alarmas en plena época de sequía. 
Porque frente a la propuesta de bajada de 9,7 céntimos de euro a 8,7, la CHS pretende ahora cobrar por adelantado los costes fijos de la tarifa y hacerlo sobre la cantidad máxima trasvasable de 600 Hm3/año frente a la realidad de no más de 350 de media en caudal desembalsado. Es decir, que paguen los consumidores una parte con independencia de los volúmenes que consuman finalmente, lo que significa una revolución sobre lo establecido en 1979.
El incremento tarifario también afecta a los abastecimientos a poblaciones que regula la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y que son sufragados por los ayuntamientos. La tarifa actual del Trasvase Tajo-Segura se fijó en el año 2014, con 9,7 céntimos para los regadíos y 9,9 para los abastecimientos, que suponen actualmente 96 Hm3 por año.
La modificación que ahora se propone desde Murcia al Ministerio de Agricultura en la estructura de la tarifa combina la asignación establecida en la ley con el agua realmente consumida en función de los excedentes de cada año hidrológico.
Entre los gastos fijos de la tarifa (el único variable es el coste de la energía para impulsar los caudales de agua) se incluyen las indemnizaciones que religiosamente pagan los regantes a los gobiernos autónomos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

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