miércoles, 28 de septiembre de 2016

CCOO pide el cese del secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura

MURCIA.- CCOO-FSC Región de Murcia pide el cese del secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José María Bernabé, por prohibir que tres de sus técnicos comparezcan en las Cortes Valencianas para hablar de alternativas a la falta de agua en la Cuenca del Segura.

El pasado día 21 de septiembre el diario Público informaba que el secretario general de la CHS, José María Bernabé Tomás, había prohibido al Comisario de Aguas, José Carlos González Martínez, al Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García Martínez y al geólogo de la Comisaría de Aguas Luis Francisco Turrión Peláez, comparecer a las reuniones en las Cortes Valencianas a las que han sido convocados dentro del "Estudio de la Gestión del Agua de la Comunitat Valenciana y Posibles Alternativas de Actuación ante los Efectos del Cambio Climático y las Necesidades Humanas del Agua", aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas el 18-05-2016 (nº78).

En escrito de 4 de agosto, el secretario general de la CHS (el por otra parte, investigado en la trama Novo Carthago, José María Berbabé Tomás) les dice, en relación con lo anterior y con las comisiones o subcomisiones a las que estuvieran convocados para comparecer por las Cortes Valencianas, que:

"no está autorizada su asistencia en representación de este organismo, al igual que se le indica que debe considerar esta comunicación como una orden directa de servicio cuyo incumplimiento podría ser constitutivo de falta de obediencia debida".

Como recuerda la noticia publicada, ya en 2013 el Consejo General del Poder Judicial decía que, y de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española, no es posible admitir en nuestro ordenamiento jurídico la existencia de órdenes antijurídicas obligatorias.

El término "obediencia debida", si bien estaba en el régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos del Real Decreto 33/86, desapareció en 2007 en una norma de rango superior que fue la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En esta Ley más reciente, se dice que los empleados públicos (funcionarios y laborales) estarán sometidos al régimen disciplinario de este EBEP y a las Leyes de Función Pública que se dicten en lo sucesivo en desarrollo del mismo. Además, deroga las normas de igual e inferior rango que se opongan a lo dispuesto en él.

Por tanto, es el EBEP la Ley vigente que rige para todos los empleados públicos en materia disciplinaría, y no el Decreto citado de 1986, por el Secretario General en su escrito intimidatorio.

En el EBEP ya no aparece el término "obediencia debida" ni, por tanto, la obligación de hacer cosas en contra de las leyes porque lo diga un jefe; pues los empleados públicos no están obligados a cumplir órdenes injustas y contrarias a Derecho.

Por tanto, para CCOO, invocar la "obediencia debida" es algo más propio del franquismo que de la democracia.En cambio, lo que para el EBEP es falta muy grave es: "La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas". (Artículo 95 (ñ) del Texto Refundido del EBEP).

Es decir, lo que el "investigado" judicialmente, José María Bernabé Tomás, parece que pretende con su escrito amenazante, es que los tres empleados públicos vulneren la Ley que los obliga a comparecer en las Cortes Valencianas, por lo que pudieran ser objeto de expediente disciplinario por falta muy grave y que pudiera derivar incluso en despido.Pero es precisamente Bernabé el que puede ser objeto de sanción disciplinaria por impedir esa comparecencia, ya que el mismo Artículo 95 del Texto Refundido del EBEP considera también falta muy grave:

"El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas en el ejercicio de la función pública; La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos y lo más importante: La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales."

Por estos motivos, CCOO pide públicamente a la ministra de Agricultura, García Tejerina, el cese inmediato de su cargo al actual secretario general de la CHS y autor de la carta vulneradora de derechos fundamentales, José María Bernabé Tomás.

También, que adopte las medidas necesarias para que los tres empleados públicos puedan asistir a las comparecencias solicitadas por las Cortes Valencianas, y colaborar así en la búsqueda de soluciones al problema del agua en el levante peninsular, sin que se vea amenazada su libertad de expresión con injustificadas sanciones disciplinarias inventadas.

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