MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia ha anulado el canon de regulación de 148.800 euros
exigido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la Junta de
Hacendados de la Huerta de Murcia porque estos usuarios no participaron
en su fijación.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso estima así el recurso que esta organización de regantes presentó contra el acuerdo del organismo regulador de la cuenca, que le reclamó ese pago en concepto del canon de regulación de los ríos Segura, Mundo y Quípar correspondiente a 2013.
La Junta de Hacendados expuso en su recurso que antes de empezar la reunión convocada para el 23 de octubre de ese año por el presidente de la Junta de Explotación de las Vegas del Segura, en cuyo orden del día figuraba la propuesta de estudio económico de ese canon, ya denunció por escrito su falta de participación en este.
"El organismo de cuenca -añadía el recurso- hizo caso omiso de esas manifestaciones y no dio oportunidad a los representantes de los usuarios de participar en la elaboración del estudio económico, con lo que incumplió el mandato de la normativa en vigor y produjo con ello una grave indefensión".
La sala ha estimado el recurso al considerar probado que los órganos representativos de los usuarios o beneficiarios no tuvieron intervención en la elaboración del canon.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso estima así el recurso que esta organización de regantes presentó contra el acuerdo del organismo regulador de la cuenca, que le reclamó ese pago en concepto del canon de regulación de los ríos Segura, Mundo y Quípar correspondiente a 2013.
La Junta de Hacendados expuso en su recurso que antes de empezar la reunión convocada para el 23 de octubre de ese año por el presidente de la Junta de Explotación de las Vegas del Segura, en cuyo orden del día figuraba la propuesta de estudio económico de ese canon, ya denunció por escrito su falta de participación en este.
"El organismo de cuenca -añadía el recurso- hizo caso omiso de esas manifestaciones y no dio oportunidad a los representantes de los usuarios de participar en la elaboración del estudio económico, con lo que incumplió el mandato de la normativa en vigor y produjo con ello una grave indefensión".
La sala ha estimado el recurso al considerar probado que los órganos representativos de los usuarios o beneficiarios no tuvieron intervención en la elaboración del canon.
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