CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, junto a los diputados socialistas y miembros de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras, Jesús Navarro, Yolanda Fernández y Alfonso Martinez Baños, han presentado esta mañana en rueda de prensa las conclusiones de los trabajos realizados por dicha Comisión parlamentaria.
González Tovar ha destacado entre las principales conclusiones que la
desalinizadora de Escombreras "es una macro trama corrupta dentro de un
macropelotazo urbanístico de auténtica marca PP, ideada por Valcárcel y
Cerdá, con el objetivo de dar cobertura a la recalificación de más 180
millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas".
El portavoz socialista manifestó que ha quedado claro que diseñaron
un entramado societario que logró evitar "con absoluto desprecio a la
normativa de contratación administrativa", la licitación y concurrencia
pública para la construcción de la planta desalinizadora, a través de
empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio con
la complicidad del Gobierno del PP".
Asimismo afirmó que otra de las conclusiones del extenso informe
elaborado por el Grupo Parlamentario Socialista es que el aval firmado
por "el padrino de Pedro Antonio Sanchez para Escombreras ha hipotecado
el futuro a corto y medio plazo de la Región. Valcárcel y Cerdá hicieron
todas las operaciones sin contar con los servicios jurídicos,
económicos o técnicos de la CARM, que fueron sustituidos por informes de
empresas privadas".
Aseguró que de haberse realizado la licitación pública por parte de
la CARM de la ingeniería y la construcción de la planta con un crédito
bancario, el ahorro con respecto al arrendamiento habría sido de más de
300 millones de euros. "Para la construcción de la planta, la Comunidad
Autónoma asumió un riesgo grave e injustificado avalando un préstamo de
114 millones de euros en beneficio de una empresa privada".
La tercera conclusión es que el Gobierno regional no ha hecho nada
ante el despilfarro de Escombreras hasta que, como en el caso Mar Menor
o Aeropuerto de Corvera, la situación ha colapsado.
"Hay una clara dejación de funciones, ya que el grupo ACS,
propietario de la desaladora del Valle de Escombreras, viene
manifestando desde el año 2012 su disposición a vender la planta a
precio de coste, sin que hasta la fecha se haya llegado a ningún
acuerdo".
Agregó que los distintos Consejos de Administración de la empresa
Desaladora de Escombreras y el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma han hecho caso omiso a los informes de la Intervención General y
Servicios Jurídicos de la CARM y del Tribunal de Cuentas del Reino de
España.
Denunció que el agua tiene un coste de producción muy por
encima del precio de mercado del agua desalada, y se han generando
pérdidas a las arcas públicas regionales y sin tomar medidas al respecto
para corregirlas. Así, en el año 2013 las pérdidas fueron de
14.144.708,95 euros; mientras que en el año 2014 fueron de
15.605.143,22 euros. También han puesto en riesgo la salubridad del agua
de la desaladora, ya que ha estado captando agua en la dársena de
Escombreras sin las autorizaciones y licencias necesarias.
González Tovar exigió que "más allá de las necesarias
responsabilidades jurídicas, a nivel político Valcárcel debe dimitir
como vicepresidente del Parlamento Europeo y señalar los altos cargos
que impulsaron este fraude".
En opinión del portavoz socialista, "existe una evidente
responsabilidad política, económica y social por los perjuicios
ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y
restantes miembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las
decisiones".
Propuestas
González Tovar quiso aportar propuestas en estas conclusiones y por
ello, urgió a parar la sangría económica de la desaladora de Escombreras
"o el PP usurpará el dinero que debe ir para políticas sociales y
desarrollo regional".
Entre sus propuestas también indicó que es prioritario que el
Gobierno regional llegue a un acuerdo con el grupo ACS para adquirir la
planta. Igualmente plantea que se realice una auditoría y estudio
detallado y pormenorizado de la verdadera y real situación financiera y
patrimonial de la planta, así como conocer qué cantidad de dinero se ha
pagado hasta ahora.
En esta línea propositiva considera necesario hacer un Plan de
viabilidad económica de la desaladora del Valle de Escombreras; llevar a
cabo las inversiones necesarias para abaratar los costes de producción
mediante energía solar; además de poner en marcha los trámites para
solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura que el agua
producida en la desaladora se destine fundamentalmente al suministro
para usos agrícolas para la zona del Campo de Cartagena.
Por último, el portavoz socialista barajó la posibilidad de que el
PSOE traslade al Ministerio Fiscal dichas conclusiones por si fueran
constitutivas de ilícito penal y también al Tribunal de Cuentas por si
pudiera derivarse responsabilidad contable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario