miércoles, 26 de octubre de 2016

La Asamblea Regional aprueba una iniciativa de C's para la puesta en marcha de un servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio

CARTAGENA.- La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa de Ciudadanos para la puesta en marcha de un servicio de apoyo a familias en riesgo o en situación de desahucio, en coordinación con Ayuntamientos y Mancomunidades.

Juan José Molina, diputado de la formación naranja, ha afirmado que es importante que se lleve a cabo esta medida porque “el derecho a la vivienda digna está recogido en la Constitución y, por tanto, tenemos que velar para que se cumpla”.
Molina ha argumentado que desde la última crisis hay numerosas familias que, sobre todo por motivos laborales, no han podido seguir abonando sus préstamos hipotecarios, o no han podido acceder a una vivienda para continuar con su proyecto de vida, y creemos que la propia administración tiene que buscar los cauces adecuados para mediar y ayudar a las familias que se encuentren en esta situación.
En este sentido, el diputado de la formación naranja ha manifestado que “el objetivo de nuestra iniciativa radica en lograr un apoyo profesional para hacer frente a las consecuencias de estas situaciones de sobreendeudamiento, de manera que a los afectados se les informe y se les asesore, y que también se busquen todas las prestaciones y recursos complementarios para paliar esta situación de emergencia que ha sucedido, generalmente, a raíz de la pérdida de sus trabajos”.
La iniciativa de Ciudadanos contempla que el Consejo de Gobierno estudie y tome en consideración la puesta en marcha de un servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio que, en coordinación con los servicios sociales de municipios y mancomunidades, intermedie entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos hipotecarios, ofrezca apoyo profesional y acompañamiento para hacer frente a las consecuencias de la situación de sobreendeudamiento, e informe y asesore sobre prestaciones o recursos complementarios a la interlocución con las entidades financieras, es decir, ayudas de emergencia, alquiler social, o subsidios sociales.

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