CARTAGENA.- Los distintos grupos parlamentarios hicieron públicos este
miércoles sus informes sobre la Comisión de investigación de la
Desaladora de Escombreras, aunque todavía están por decidir las
conclusiones definitivas.
Por su parte, los socialistas consideraron
"urgente" que el Gobierno regional llegue a un acuerdo con el grupo ACS
para adquirir la planta desaladora de Escombreras. El grupo
parlamentario socialista presentó este miércoles las conclusiones a las
que llegó su grupo tras escuchar las comparecencias en la comisión de
investigación de la desaladora en la Asamblea Regional.
En ese sentido, advirtieron de que el "coste real" de la
planta era de 140 millones de euros y creen que se podría llegar a un
acuerdo de compra en el que "se descuente" lo que ya se pagó. El
socialista Jesús Navarro incidió en que de ser así la infraestructura
"puede ser viable y muy necesaria para uso agrícola".
El grupo planteó, asimismo, que se realicen auditorías para
estudiar la "situación financiera" y la viabilidad de la planta y que se
redacte un plan de viabilidad económica en el que se contemplen las
inversiones "necesarias" para abaratar los costes del agua. En este
punto, indicó que estos costes se podrían reducir introduciendo la
energía solar y pidieron a la Confederación Hidrográfica del Segura que
"inicie los trámites" para que el agua se destine al uso agrícola.
Asimismo, el secretario general del partido en la Región
informó de que quieren remitir las conclusiones a la Fiscalía porque
advirtieron que se "pudo incurrir en indicios de ilícito penal", como
harán también Ciudadanos y Podemos, y también las enviarán al Tribunal
de Cuentas "porque pudiera derivar responsabilidad contable".
Entre las conclusiones más destacadas, Tovar indicó que
percibieron el "perjuicio" que ha supuesto la desaladora para el erario
público, "es un escándalo, hay una sensación de impunidad y unas
obligaciones muy gravosas para las arcas públicas", dijo antes de añadir
que hay que "parar la sangría económica" de esta infraestructura porque
de lo contrario "el PP usurpará el dinero de las políticas sociales
para la Región".
Esperarán a consensuar las conclusiones con el resto de los
grupos en la comisión para remitirlas a la Fiscalía, aunque saben que
habrá puntos en los que no haya consenso porque "el PP niega sus
responsabilidades. Es difícil que asuman el escándalo y pelotazo que
crearon al firmar los 26 convenios con ayuntamientos".
Solicitaron asimismo que el expresidente regional Ramón Luis
Valcárcel dimita de su cargo como vicepresidente en el parlamento
europeo. Afirmaron que el aval que firmó el Gobierno "ha hipotecado el
futuro a corto y medio plazo" y añadieron que se hicieron las
operaciones "sin contar con los servicios jurídicos. De haber realizado
la licitación el ahorro hubiera sido de más de 300 millones".
"La comisión ha hecho un trabajo brillante", concluyó el
portavoz del grupo, Rafael González Tovar, que aseguró que "hay que
resolver el problema de la desaladora y la repercusión que tiene en la
Región" aludiendo a que el "fraude y escándalo" de esta infraestructura
"no puede quedar impune".
El portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel
Sánchez, informó de que en las conclusiones que elaboró su grupo sobre
la desaladora de Escombreras ven como "principales responsables de la
trama" al expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y al exconsejero
de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.
Consideran que la construcción y puesta en marcha de la
desaladora fue "una trama para cambiar el modelo socioeconómico de la
Región y recalificar 180 millones de metros cuadrados para desarrollos
urbanísticos". Para ello, continuó se creó el Ente Público del Agua, hoy
extinto, que "sortea la ley de Aguas que requería el informe de la
Confederación Hidrográfica del Segura".
Recordó Sánchez que la desaladora se creó a través de "un
entramado de empresas" y que se constituyó mediante "cláusulas leoninas
en perjuicio de los intereses de los murcianos". Sánchez aseguró que en
dicha trama se "beneficiaban" empresas privadas y que estos hechos
ocurrieron "de espaldas a los servicios jurídicos de la Comunidad"
apoyándose en gabinetes externos.
"Es un negocio ruinoso para los murcianos donde los responsables son Valcárcel, Cerdá y Amalio Garrido", concluyó.
El diputado de Podemos en la Asamblea
Regional, Antonio Urbina, también presentó el informe de su grupo
parlamentario que contiene el análisis y conclusiones que se derivan de
la fase de comparecencias de la Comisión de Investigación relativa a la
Desaladora de Escombreras.
Urbina afirmó que entre las conclusiones que contiene el
documento se encuentra la de que tanto el expresidente regional, Ramón
Luis Valcárcel, como el exconsejero, Antonio Cerdá, actuaron sin tener
en cuenta "los intereses públicos" de la Región de Murcia.
Según el parlamentario de Podemos, los principales indicios
apuntan a presuntas irregularidades tanto de Valcárcel como de Cerdá en
diversos ámbitos. Entre ellos, "la participación en el diseño de un
entramado cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la
construcción de una desaladora que debía suministrar agua al Ente
Público del Agua. Agua que se iba a utilizar para facilitar los futuros
desarrollos urbanísticos de 26 Ayuntamientos evitando así los
preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Si bien, como añadió Antonio Urbina, "no acaba ahí la cosa.
En todo el proceso se evita acudir a los servicios públicos de asesoría,
tales como el Servicio Jurídico o la Intervención General de la
Comunidad. Esta asesoría pública se sustituye por la de empresas
privadas a las que se condiciona con muy poco margen de maniobra hacia
el establecimiento de una forma legal para el entramado de empresas
elegidas o creadas con antelación".
En relación a los contratos que asumen desde el gobierno
regional para hacer pública la empresa Desaladora de Escombreras, tal y
como explicó Urbina, se ve que son "claramente leoninos, asimétricos y
con falta de reciprocidad. Lo cual ha dado lugar a graves perjuicios
financieros para la Comunidad". Entre esos perjuicios, añadió, el que
causa la carta aval que la EPA entrega a Banesto, "que obliga a la
Comunidad a asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por
ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los
ayuntamientos".
Como recomendación, en el informe presentado por el diputado
del Grupo Parlamentario Podemos, Antonio Urbina, indica que los
servicios jurídicos de la Comunidad "deberían estudiar en profundidad
los contratos de 'arrendamiento financiero' y de 'operación y
mantenimiento' que vinculan a la sociedad mercantil regional 'Desaladora
de Escombreras S. A.' con las empresas privadas Hydromanagement y
Tedagua. Tras ese estudio deberían emitir un informe relativo a las
posibilidades de denuncia y declaración de invalidez de dichos contratos
por abusivos y por falta de reciprocidad".
También aseguró Urbina que los servicios de intervención de
la Comunidad podrían realizar un estudio detallado de todas las
cantidades ya pagadas por parte de 'Desaladora de Escombreras S.A.' a
Hydromanagement y Tedagua, puesto que existen "claros indicios de que lo
ya pagado supera el valor inicial (y por tanto también el actual) de la
planta desaladora". Estos informes, subrayó, podrían "dar paso a una
negociación transparente entre la Comunidad y el grupo ACS con el
objetivo de adelantar la toma de posesión, a coste cero, de la planta
desaladora".
Respecto a la viabilidad técnica de la desaladora, el
diputado de Podemos aseguró que "es muy probable que la desaladora sea
viable y que pueda alcanzar costes de operación y mantenimiento
compatibles con precios para el agua desalada dentro de los márgenes del
mercado actual". Aunque, matizó, "es conveniente que la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente lo certifique".
Por último, Antonio Urbina incidió en que "lo más
conveniente" es que el caso de la desaladora de Escombreras "sea
esclarecido" antes de la tramitación de los presupuestos de la Comunidad
para 2017, "de forma que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la
sociedad mercantil regional 'Desaladora de Escombreras S. A.' el
resultado del ejercicio sea de cero euros, es decir, que no sea
necesario transferir cantidad alguna desde la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, a través de Esamur, para cuadrar las
cuentas".
Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular
consideró en las conclusiones que emitió tras las comparecencias de la
comisión que investiga la Desaladora de Escombreras que "el único
requisito que resta para asegurar su viabilidad" es renegociar los
precios del contrato de operación y mantenimiento que se suscribió con
Tedagua. Sugieren "adaptarlos" a la "realidad" de la instalación y a los
consumos "específicos" de energía y a los costes fijos de operación y
mantenimiento.
El portavoz del grupo parlamentario, Víctor Manuel Martínez,
y el diputado Juan Luis Pedreño presentaron unas conclusiones en las
que insisten en la "renegociación de los contratos de arrendamiento,
operación y mantenimiento", así como que se pida al Gobierno regional a
que "revise a la baja" las condiciones originales de gestión y
mantenimiento de la desaladora.
"Se tienen que renegociar unas condiciones que están
desfasadas para hacer viable la planta", dijo Martínez que también
insistió en que es "un mito" que la desaladora costara 600 millones de
euros. "Se faltó a la verdad, la renegociación es importante porque la
planta es vital para el campo de Cartagena", afirmó.
Entre el resto de conclusiones que expusieron destacan
aquellas que aluden a las responsabilidades políticas de la
infraestructura. Señalaron que "no pueden juzgarse sin tener en cuenta
su origen". Recordaron que "se siguió escrupulosamente las indicaciones
de los informes de distintos despachos de abogados, "especialmente de
Ariño y Asociados".
Para ello recordaron que el déficit de agua de la Región
llevó a aprobar por unanimidad en la Asamblea la ley de creación del
Ente Público del Agua (EPA), que actualmente está extinguido. Apuntaron
que en su exposición de motivos se advierte de que el objetivo de
creación del ente es "conseguir con la mayor urgencia posible contar con
agua desalada para aprovisionamiento de la población, sin descartar
otros usos".
Los populares insistieron en la "utilidad" de la desaladora
para el campo de Cartagena e indicaron que atiende "a más de 100
clientes y está funcionando a pleno rendimiento con una producción de 20
hectómetros cúbicos de agua desalada para el sector agrícola".
Desmintieron que se haya podido demostrar que se haya
cometido alguna ilegalidad. En palabras de Pedreño, "nadie ha
cuestionado ningún aspecto legal de la desaladora, no se ha incumplido
ninguna ley" en la puesta en marcha del proyecto. Aseguró que se optó
por un formato de contratación público-privado "en unas condiciones más
ventajosas que otras opciones para atender la demanda de agua de los
ayuntamientos de la Región".
Por último, los populares insistieron en que las
conclusiones que presentaron otros grupos parlamentarios "son las mismas
que hace un año" y que con ellas persiguen "dañar al Partido Popular
para obtener rédito político, pero no tienen ningún interés en hacer
viable la desaladora".
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