martes, 18 de octubre de 2016

La Policía no consigue probar, tras años de vigilancia, que se venda droga en el barrio murciano de 'La Paz'

MURCIA.- Las labores de seguimiento realizadas a lo largo de varios años, desde 2006, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia en un edificio del Polígono de la Paz en el que se sospechaba que se traficaba con droga han terminado en el archivo de las actuaciones al considerar el Juzgado que los hechos no están probados.

Así se recoge en un auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 7, al que correspondió el caso, en el que se decreta el sobreseimiento provisional de la causa al estimar el recurso presentado por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, defensor del considerado como principal inculpado, Enrique de Cádiz. La medida afecta a las otras siete personas que también fueron encausadas por los mismos hechos y que eran consideradas por la Policía como colaboradoras del primero en la venta de droga que presuntamente se llevaba a cabo en un edificio ubicado en el citado barrio murciano.
La resolución judicial, señala que en los registros llevados a cabo por la Policía solo fueron incautados 1,52 gramos "de sustancia polvo marrón, presumiblemente heroína".
Y añade que "a ello hay que unir que ningún testigo ha identificado ni manifestado haber adquirido cualquier tipo de sustancia estupefaciente en alguno de los inmuebles registrados, de modo que, negando los hechos los investigados, no es posible presumir la comisión de este delito en base a las vigilancias llevadas a cabo por agentes de policía".
El Juzgado concluye que "en dichas vigilancias lo único que se constata es el trasiego de personas entrando y saliendo de los inmuebles, nada más".
En el atestado elaborado por la Policía y entregado en el Juzgado en agosto de 2015 figuraban varias fotografías acreditativas de que los pisos donde supuestamente se traficaba con droga habían sido convertidos en auténticos búnkeres.
Igualmente, los agentes indicaban que tras las consultas efectuadas ante los organismos competentes, los detenidos no figuraban empadronados en el bloque en cuestión, además de que el mismo carecía de contador de agua y de contador de luz.

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