LORCA.- Los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Lorca
anuncian que agotarán todas las vías administrativas y jurídicas para
anular las bases de las convocatorias de tres procesos selectivos
abiertos por Limusa, tras detectar manifiestas irregularidades que
afectan a los principios de igualdad, derecho de acceso y libre
concurrencia al empleo público.
Ambas formaciones recurren a estas vías
una vez han transmitido esta "clamorosa preocupación ciudadana"
directamente al alcalde "sin que haya hecho nada por remediarlo"
Los portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU-Verdes en el
Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos y Pedro Sosa, respectivamente,
han exigido esta mañana al Alcalde de Lorca la anulación de las bases de
convocatoria de tres procesos selectivos abiertos por la empresa
municipal de limpieza Limusa, por ser "manifiestamente ilegales".
A su
vez, han solicitado que sea la Concejalía de Régimen Interior, Economía,
Hacienda y Limusa quien asuma la responsabilidad de elaborar unas
nuevas bases "que, esta vez sí, cumplan la normativa aplicable al
respecto".
Los grupos municipales del PSOE e IU recurren a esta vía una vez,
aseguran, han agotado todas las vías políticas e institucionales para
hacerle llegar al Alcalde y al resto del equipo de gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Lorca "la indignación y la preocupación ciudadana" ante
la "evidente desigualdad" que hay a la hora de poder acceder a un
proceso selectivo en la empresa municipal Limusa".
Entre las irregularidades detectadas, los portavoces de ambos grupos
han denunciado que se esté llegando a la situación de que "empleados de Limusa se niegan directamente a registrar solicitudes de candidatos,
incumpliendo así el derecho de acceso y de registro a las convocatorias
de empleo público".
Una situación que a su juicio, se trata de una
"extralimitación en sus funciones, ya que no son quién para dirimir que
un aspirante cumpla o no con alguno de los requisitos de la
convocatoria".
En este sentido, y tal y como reivindican "todas las
solicitudes deben ser debidamente registradas y, después, el órgano
selectivo es quien debe valorar la concurrencia de los requisitos en
todos y cada de los aspirantes, y publicar una lista de admitidos y
excluidos, dando un plazo a estos últimos para subsanar cualquier
posible deficiencia".
Mateos y Sosa han denunciado también la vulneración en estas bases de
los derechos de acceso al empleo público, así como el de libre
concurrencia en los procesos selectivos. Otra de las situaciones que
inciden en la "manifiesta ilegalidad" de estos procesos atiende a los
requisitos en los accesos a estas convocatorias.
Según consta en estas
bases, se exige a los candidatos que como condición "debían de estar en
situación fehaciente de desempleo al menos 12 meses de manera
ininterrumpida en el momento de publicación de la convocatoria, además
de acreditarlo a través del INEM".
Según estos responsables políticos,
este requisito "es manifiestamente excluyente y limitador del acceso", y
por tanto "ataca el principio constitucional de igualdad de acceso al
empleo público".
Además, sostienen ambos portavoces, que "se da la circunstancia de
que, no sabemos bajo qué criterio o debido a qué motivos, se llega a
discriminar a una persona por su situación personal, con independencia
de que sea la mejor para el desarrollo de un puesto de trabajo". Ambas
formaciones insisten en que criterios como el de la situación
sociolaboral o socioeconómica de los aspirantes, por supuesto, deben ser
tenidos en cuenta en la valoración, pero no debe ser considerada como
un criterio excluyente.
Otra vulneración que estas bases hacen sobre los principios de
igualdad y acceso y libre concurrencia tiene que ver con la limitación
que se realizan para que los aspirantes no puedan presentarse a más de
una plaza cuando hay varias convocadas.
Tampoco se establece en estas
convocatorias qué puntuación máxima pueden obtener los aspirantes en
ninguna de las fases a la hora superar estos procesos selectivos.
"Situaciones que inciden en la manifiesta arbitrariedad que existe a la
hora de diseñar y convocar estos procesos selectivos".
Motivos más que suficientes para que Diego José Mateos y Pedro Sosa
insistan en la grave vulneración de estos principios al tratarse de
convocatorias que tienen que ver con una empresa 100% municipal como es
el caso de Limusa.
Aseguran que "es inconcebible que sobre una empresa
pública planee la sombra de la sospecha o la falta de transparencia
alrededor de las mismas". Por todo ello, vuelven a reivindicar la
anulación de estos procesos y la elaboración de unas nuevas bases "que,
esta vez sí, cumplan la normativa aplicable al respecto".
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