MURCIA.- La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de los de Murcia, Olga Reverte Villar, ha dictado una providencia respecto al procedimiento abreviado, aún en diligencias previas, por una querella por estafa interpuesta por el abogado gallego, Manuel Nuñez Arias en nombre y representación de la empresa Inmonuar S.L. contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.
El querellante pidió en su día abrir pieza separada por las presuntas amenazas vertidas púbicamente contra su persona por parte del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y el ex consejero de Fomento, Francisco Bernabé.
Ahora la citada magistrada dice en su providencia, de fecha 14 de noviembre de 2016, que da por recibido el oficio del TSJ por el que se acuerda la devolución de la citada denuncia al juzgado nº 9 para su remisión al juzgado decano de los de Murcia por ser el competente para recibir lo que se pretende como pieza separada de la querella principal contra Valcárcel.
El escrito de comienzos de este año al juzgado nº 9 de los de Murcia era para denunciar unas recientes manifestaciones en el diario 'La Opinión' por
parte de Pedro Antonio Sánchez y el consejero Francisco Bernabé
-testigo e imputado respectivamente en las diligencias que se habían
abierto en dicho juzgado por varios presuntos delitos a raíz de la
denuncia de Núñez- en el sentido de que vertieron "serias acusaciones y
amenazas a este letrado, que son atentatorias contra el libre ejercicio
profesional contra el que atentan de forma grave; la gravedad se suma
por los cargos que ambos ostentan y entendemos hasta son atentatorias
contra la integridad física" al manifestar "responderá ante mí cuando se
archive la acusación" en referencia directa a lo dicho y expresado por
Bernabé.
Entendía Núñez que, aparte de amenza muy grave, y tal como se manifiesta, "entendemos que es de extrema gravedad lo manifestado, por no decir la seguridad de la que hace gala en cuanto al archivo de la denuncia. Hecho que, dicho por tan alto cargo público, crea alarma social porque se entrevé manipulación judicial, puesto que las diligencias están empezando a instruirse y del resultado de las mismas será su Señoría quien deba pronunciarse y no terceros que, a su vez, están implicados".
"Somos conscientes -añadía en su escrito Núñez- que estas manifestaciones son amenazas y coacciones al libre ejercicio profesional y a la persona que lo ejerce a la par que difamatorias y atentatorias contra la independencia judicial, viniendo estas manifestaciones de dos cargos, uno de ellos la máxima autoridad política regional, por lo que sus manifestaciones tienen gran repercusión social".
En consecuencia, Núñez le decía a la jueza que quería darle cuenta de estos hechos para que se abriesen diligencias en pieza separada y se dieran cuenta al Ministerio fiscal por entender que esto "puede tener muy graves consecuencias y de diversa índole, inclusive contra la integridad física del dicente, debiendo tomarse las medidas que correspondan".
Entendía Núñez que, aparte de amenza muy grave, y tal como se manifiesta, "entendemos que es de extrema gravedad lo manifestado, por no decir la seguridad de la que hace gala en cuanto al archivo de la denuncia. Hecho que, dicho por tan alto cargo público, crea alarma social porque se entrevé manipulación judicial, puesto que las diligencias están empezando a instruirse y del resultado de las mismas será su Señoría quien deba pronunciarse y no terceros que, a su vez, están implicados".
"Somos conscientes -añadía en su escrito Núñez- que estas manifestaciones son amenazas y coacciones al libre ejercicio profesional y a la persona que lo ejerce a la par que difamatorias y atentatorias contra la independencia judicial, viniendo estas manifestaciones de dos cargos, uno de ellos la máxima autoridad política regional, por lo que sus manifestaciones tienen gran repercusión social".
En consecuencia, Núñez le decía a la jueza que quería darle cuenta de estos hechos para que se abriesen diligencias en pieza separada y se dieran cuenta al Ministerio fiscal por entender que esto "puede tener muy graves consecuencias y de diversa índole, inclusive contra la integridad física del dicente, debiendo tomarse las medidas que correspondan".
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