Con todos los respetos / Ramón Cotarelo *

Digamos que el crédito de Hernando está por debajo de mínimos. Sobre todo si sale esgrimiendo el no es no que defendió con ardor hasta cinco minutos antes de decir no es sí con el mismo ardor. ¡Ah la volubilidad del carácter humano! ¡El chaqueteo de los políticos!

Seguramente el PSOE votará "no" a los presupuestos. Razones no faltan. Pero solo lo hará si es seguro que aquellos se aprueban con su voto en contra. Si la aprobación depende de ese voto, comenzarán los problemas, las divisiones, los conciliábulos, las presiones. Los golpistas de Vendimiario dirán que no tiene sentido permitir el gobierno de Rajoy para no dejarle luego gobernar. Justo lo mismo que dirá el propio Rajoy. Este, además, agitará el espantajo de las elecciones anticipadas para insuflar el miedo en los miembros de la Junta. Y si Hernando y los suyos insisten en el no es no, los junteros pueden dar un segundo golpe de mano, pues lo tienen de querencia.

La obsesión catalana de la derecha del PSOE es la responsable de esta situación. Los bonzos de antaño, con los medios de hogaño, defenestraron al SG a la mera sospecha de insinuación de que estaba enredado en un contubernio con los indepes. La izquierda española, antes española que izquierda, enfrentada al reto catalán a la idea de una única nación española, claudica ante la derecha, le pasa los trastos de matar, y nunca mejor dicho, y se sienta a ver pasar el cadáver independentista.

Entre tanto, el PSOE está literalmente en llamas. Mientras la Junta manda sus emisarios en los medios a explicar los arcanos de sus decisiones, las bases se agitan, se organizan, se movilizan y cuestionan su acción política. La Junta está ya también en los tribunales por iniciativa asimismo de la militancia. Hay un clima de enfrentamiento total. Cuando las bases entreguen las más de 100.000 firmas limpias cual patenas, a saber qué triquiñuela se ocurrirá a los intrigantes de la Junta y su musa andaluza para ignorar la opinión de la militancia y seguir a lo suyo, que ahora ya nadie sabe lo que es. Ni ellos.

Porque el golpe se dio para frenar la deriva izquierdista del PSOE y uncirlo al carro de la derecha. En el entendimiento de que esta sabría cómo poner coto a las demasías catalanas, que los socialistas españoles encuentran indigestas. La derecha tiene ahora la posibilidad de hacer lo que no se ha hecho nunca: buscar un terreno de entendimiento con Cataluña. La encomienda de la tarea a la vicepresidenta del gobierno apunta a ese sentido. Y ¿qué cara se le quedaría al PSOE si el PP negocia con los indepes un referéndum? Téngase el amable lector antes de soltar un respingo. No sería tan insólito. Escocia hizo un referéndum bajo mandato de Cameron, tan conservador como Rajoy. El general De Gaulle, gloria de la France, reconoció la independencia de Argelia; Franco dio la suya a Guinea. La derecha es doctrinaria y fanática, pero también pragmática. Si, al final, negocia con el independentismo catalán una fórmula que lo satisfaga, el PSOE habrá hecho un doble ridículo.

Muchos militantes confiesan en las redes que les resulta difícil defender su militancia y muchos también están dándose de baja porque se sienten defraudados y su partido no les merece crédito ni respeto. La situación es lamentable para el PSOE (en manos de unos auténticos desnortados) y catastrófica para la izquierda en general, ya que los apoyos que pierden los socialistas no van a parar a Podemos. Al contrario, este puede ver reducidos los suyos, precisamente por su incapacidad para cumplir su objetivo de llegar al poder o ser decisivos en su ejercicio. Y ni lo uno ni lo otro.

La rebelión de las bases, incitada por el golpe de Vendimiario e inspirada en los modelos asamblearios estilo Podemos es una realidad aplastante y creciente. Ignorarla no va a ser posible. Se le suma la campaña iniciada por el destituido Sánchez en busca de apoyos para retornar a la SG. Un líder que busca seguidores y unos seguidores que buscan un líder. Salvo acontecimiento por sorpresa, el resultado será el que cabe esperar. La cuestión es en qué medida puede Sánchez conseguir el apoyo de su partido esgrimiendo lo que El País llama con gran escándalo, sus "nuevas opiniones". En especial la más nueva de todas, la afirmación de que Cataluña es una nación. 

 

El estado del gobierno del Estado

Por fin hubo gobierno. Cambian algunas caras, pero se mantiene sin variación el eje económico, prueba de que se seguirá aplicando la misma política económica de recortes y recetas neoliberales. Se refuerza el poder del Opus Dei con todos los ministros jurando la Biblia, no por la Constitución. Y eso que es la suya. Cesan los ministros más abrasados por la pirotecnia de su incompetencia, el de Exteriores y el del Interior. Los dos que llevan más de cuatro años fustigando el proceso independentista, a veces con medios presuntamente ilegales, y sin conseguir otra cosa que consolidarlo y adelantarlo. Los dos sustitutos se inscriben en la línea de belicosidad anticatalana. El señor Zoido (Interior) ya ha avalado la actitud de su antecesor en relación con sus conversaciones presuntamente ilegales contra sus adversarios políticos. El del abigarrado García Margallo parece dar un perfil de mayor competencia a la hora de cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat. Es algo buscado. Por lo menos, para dejar de hacer el ridículo en los foros internacionales, algo garantizada con el ministro anterior.

Cataluña está muy presente en el nacimiento de este gobierno. Sin decirlo, por supuesto, ya que la política oficial sigue siendo negar la existencia de algo más que un problema de orden público. La nueva configuración de la vicepresidencia así lo prueba. Sáenz de Santamaría se desprende del cargo de portavoz y se dedicará primordialmente a Cataluña. Dispone de recursos formales al conservar el ministerio de Administraciones Territoriales y materiales muy potentes, al tener el CNI a sus órdenes.

Hasta ahora, la vicepresidenta ha sido quien ha arbitrado la acción del gobierno ante el independentismo catalán, acción con dos vertientes: negativa cerrada a todo planteamiento de diálogo que suponga aceptación directa o indirecta de un referéndum, y recurso sistemático a la vía represiva ante todo tipo de actos de las instituciones catalanas, desde el Parlamento a los ayuntamientos. Su dedicación a tiempo completo parece indicar un propósito de perseverar en las dos vías. Cuenta para ello con un implícito apoyo parlamentario de la oposición, al menos de Ciudadanos y el PSOE, en una especie de unión sagrada que ya se ve a la hora de propiciar o no el suplicatorio para el procesamiento de diputados independentistas. Si la mayoría de la oposición avala la actitud de cierre a toda negociación, es decir, a toda solución política; si se niega a debatir sobre legitimidad, la cuestión queda reducida al ámbito de la legalidad.

Es decir, represión y acción de los tribunales, pero sin solución visible. A cualquiera le llega que el grado de apoyo social e imbricación en las instituciones que ha conseguido el independentismo no se puede tratar como un problema de orden público bajo pena de enquistarse en un círculo de acción-reacción, de desobediencia y represión hasta que una de las dos partes o quizás las dos, estén al límite de sus posibilidades. El sentido común y la experiencia muestran que una situación de confrontación sostenida en el tiempo con recursos y contrarrecursos permanentes, realmente disminuye y mucho la capacidad de acción de las instancias enfrentadas. Sin embargo, la decisión de confiar la política "catalana" a una sola persona de talante tan autoritario como la vicepresidenta muestra la voluntad de tratar el conflicto con la mentalidad impositiva de siempre. Si hubiera el menor ánimo de buscar una solución negociada habilitaría un órgano ad hoc, como un consejo o una comisión interministerial que pudieran canalizar alguna forma de entendimiento.

El enroque del Estado, sin ninguna iniciativa, en una actitud de negación permanente, no deja otra posibilidad a las autoridades electas con un mandato independentista que seguir adelante de forma unilateral con su hoja de ruta. La legitimidad de esta manera de hacer no deriva sólo de su propia intención sino de que el interlocutor rechaza toda solución que no sea la abierta hostilidad. De aquí sólo puede surgir una situación de desobediencia civil de los cargos públicos electos que abre un evidente panorama de inestabilidad e ingobernabilidad.

Dos riesgos apuntan al horizonte independentista. En primer lugar, el alcance de la desobediencia. Esta corresponde del todo a los cargos públicos electos. No hay que exigírsela a los funcionarios. Se trata de una situación de doble poder, como la que se da en los procesos revolucionarios. Pero esta, a pesar de ser revolucionaria en el fondo, no lo es en la forma en la que debe prevalecer el carácter pacífico y el imperio de la ley. El proceso es cosa de los políticos. Los funcionarios, como el conjunto de la población, deben quedar protegidos. Su participación será voluntaria e individual pero de ninguna manera obligada.

El segundo riesgo es de carácter más político y nace de la propia dinámica catalana. Nace de este nuevo partido de la izquierda soberanista, hecho desde En Común, dirigido, al parecer por el señor Domènech y bajo inspiración general de la señora Colau. Por mucho que sus fundadores envuelvan sus manifestaciones en confusiones de carácter soberanista, será imposible disipar la sospecha de que su razón de ser, en gran medida, es servir de voz a un electorado catalán de izquierda que no es independentista.

Conservar la estabilidad, sin fracturar la gobernación y mantener la ventaja sobre las ofertas unionistas son las tareas del independentismo que el nuevo gobierno del Estado intenta frustrar.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED