jueves, 10 de noviembre de 2016

El abogado Núñez apremia al Juzgado nº 9 de Murcia tras las conclusiones sobre la Desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ayer mismo

MURCIA.- El abogado gallego Manuel Núñez Arias ha dirigido hoy mismo un escrito al Juzgado de Instrucción nº 9 de los de Murcia ante el retraso de las investigaciones dimanantes de la querella criminal presentada en nombre de Inmonuar SL hace más de un año por el citado letrado contra diversos políticos murcianos por su presunta responsabilidad penal ante su concurso, tanto en la aprobación y gestión de la desaladora de Escombreras, como del aeropuerto de Corvera.

Por tal motivo, Núñez comparece y dice:

"Que hizo un año el pasado 27 de octubre que se presentó ante ese Juzgado la querella que dio origen a las Diligencias citadas y, como hemos denunciado varias veces en escritos dirigidos a ese Juzgado, está inerte pese a la gravedad de los delitos en ella denunciados y que son de auténtica alarma social, acallada por la inoperancia de ese Juzgado.

Que a través de los medios de comunicación, esta Parte ha tenido noticia de las conclusiones que la Comisión de Investigación que la Asamblea Regional de Murcia llevó a cabo sobre la Desaladora de Escombreras, donde se han detectado gravísimas irregularidades con claro tinte criminal.

Que estas conclusiones vienen a confirmar los hechos ya denunciados en la querella, donde el Gobierno Regional de Murcia estaba totalmente involucrado en una serie de irregularidades que conllevan un dispendio de caudales públicos de seiscientos millones de euros, tal como está debidamente documentado en la querella mentada.

Que ello viene a confirmar que el Gobierno Regional de Murcia pretendió llevar a cabo un cambio en el sistema productivo de la Región, cambiando agricultura, base de la economía regional, por un desaforado desarrollo urbanístico de millones de metros cuadrados donde se encubría una serie de irregularidades con corruptelas a todos los niveles, derivadas de los muchos Planes Generales de Ordenación Urbana, convenios urbanísticos, recalificaciones de terrenos rústicos en urbanos, lo que conllevó cientos de millones de corrupción de la que se beneficiaron desde los más altos cargos del Gobierno Regional, alcaldes, concejales, técnicos adscritos a concejalías de urbanismo y un largo etcétera; ese cambio de modelo productivo tenía dos pilares como bien denunciamos en su día que a la sazón eran:

-El aeropuerto de Corvera.

- La Desaladora de Escombreras.

Estas dos infraestructuras han costado o van a costar cerca de mil millones de euros al erario público.

Seiscientos millones ya reclamados en un Juzgado de Murcia como consta en Autos del Juzgado de primera Instancia nº 4 de Murcia, nº 446/2013, y cerca de trecientos millones que ha costado el inactivo aeropuerto de Corvera. 

Dos infraestructuras construidas y finalizadas hace años y que únicamente han servido para que se lucraran políticos y particulares, en un iter depravado con burla a toda legalidad vigente y que cuenta con complicidades en el ámbito judicial o fiscal presuntamente, porque no es entendible la inacción de los órganos judiciales ante tan gravísimos hechos de los que se derivan nítidos delitos.

El Ministerio Fiscal, que lleva años en investigaciones hasta el día de hoy estériles, ha troceado en dos Juzgados este tema, como es el que tiene este Juzgado y su homólogo el nº 5, y sin que, a pesar de ser palmarias las pruebas, la inacción haya dejado de ser absoluta.

En una Región considerada la más corrupta de España, clama el hecho de que, pese a haber causas abiertas, estas duermen en el limbo de los Juzgados, en un letargo claramente interesado y escandaliza que haya en curso procedimientos mediáticos por causa de corrupción en el territorio nacional, véase los ERES de Andalucía, la Gürtel, la familia Pujol, recientes de la Comunidad Valenciana, la Púnica y un largo etcétera, de todos ellos salvo los primeros, y que ninguno maneja las cuantías defraudadas al erario público, como las dos infraestructuras que aquí se han defraudado y todo lo de que aquí se deriva, y sin embargo no sale a la luz pública la gran corrupción pública como la que se da en Murcia.

Y ello solo tiene una explicación y es que cuenta con amparo judicial y fiscal que paraliza los procedimientos o los desestima o impone trabas indebidas. En esta querella se solicitó la acumulación de las Diligencias del nº 5 y del 9, que tratan sobre los mismos temas y no fue estimado. Por dos veces se pidió a la Sala de Gobierno del TSJ el nombramiento de un Juez de Apoyo para esta macrocausa y tampoco ha tenido éxito esta petición y todo obedece a una clara intencionalidad judicial y fiscal que es que queden impunes estas acciones judiciales, dada la trascendencia social de las personas implicadas, todas componentes del Gobierno Regional con su Presidente a la cabeza. 

Por ello, solicito que ese Juzgado dirija Oficio a la Asamblea Regional y más concretamente al Presidente de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras para que remita a este Juzgado las conclusiones de dicha Comisión por su trascendencia como prueba documental y esclarecedora de los hechos que hemos denunciado y que dicho informe ratifica". 

En consecuencia suplica el abogado Núñez Arias que ese Juzgado dirija Oficio al Organismo reseñado en el Apartado anterior para que remita al mismo las Conclusiones de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras. 

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