El fiscal estrecha el cerco sobre Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio'

MURCIA.- El fiscal que instruye el caso Auditorio, José Luis Díaz Manzanera, rechaza las solicitudes de sobreseimiento que han pedido siete concejales y dos funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras investigados, al considerar que, como miembros de la Junta de Gobierno Local del entonces alcalde y actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, no pueden alegar que desconociesen por completo «el cúmulo de ilegalidades» contenidas en las diligencias, según avanza La Opinión. 

En un escrito fechado el 24 de octubre, el fiscal realiza un repaso de las supuestas irregularidades cometidas, que ya se incluyeron en la querella que presentó el fiscal superior, Manuel López Bernal, dirigida principalmente contra Pedro Antonio Sánchez y que ha dado lugar a la instrucción en el Juzgado nº 1 de Lorca.
Además, José Luis Díaz Manzanera rechaza una solicitud de los abogados del presidente regional –que no está investigado en la causa al ser aforado– de que se pidiera al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras todos aquellos documentos que conforman el expediente de liquidación de la obra del Teatro-Auditorio de la localidad.
«Se pretende ahora, cinco años después de la recepción de la obra inacabada, dar a entender que se está tramitando una supuesta ´liquidación´ de una obra no terminada, pero recepcionada indebidamente». Además, el fiscal deja claro que «no estamos ante un simple ilícito administrativo» –como se dice desde el entorno de Pedro Antonio Sánchez cuando se refieren a este caso–, sino ante «varios posibles delitos penales», que a su juicio han quedado ratificados por el informe del Interventor General del Estado en Murcia.
El escrito de Díaz Manzanera se refiere también al proceso de adjudicación del proyecto. Señala el fiscal que «parece referirse una supuesta ´santificación´ de todo el trámite del mencionado concurso porque exista una sentencia de 30 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo».
El representante del Ministerio Público responde que «de lo practicado hasta el momento en esta instrucción se ha acreditado, al menos indiciariamente, la existencia de una adjudicación que parece predestinada a un adjudicatario, Martín Lejárraga.