MURCIA.- El juicio oral del conocido por caso
Alvalle de presunto fraude a la Unión Europea (UE) en la percepción de
ayudas para la transformación de fruta en zumo desde la campaña
1994-1995 dará comienzo el próximo 14 de noviembre en la Audiencia
Provincial de Murcia y se prolongará hasta el 2 de diciembre.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía señala que el presunto fraude, que habría continuado en las dos campañas siguientes, ascendió en total a casi 700.000 euros.
Los principales acusados son el exconsejero regional socialista José María Casanova, luego consejero-delegado de la empresa que da nombre al caso, y varios empleados de esta, junto con cuatro funcionarios y varios agricultores que según la acusación estatal se habrían prestado a declarar la entrega de productos por un peso y precio muy superiores a los reales.
El fiscal solicita para Casanova penas que suman siete años y medio de cárcel por tres delitos contra la hacienda comunitaria por su participación directa en ellos.
Para sus colaboradores en la empresa Manuel Valero, José Candel y Fernando Bernardo Pemartín y el empresario agrícola Pedro Francisco P. solicita cuatro años y medio de cárcel y multas que suman 705.000 euros como cooperadores necesarias en los tres mismos delitos.
Para el resto de investigados, hasta sumar trece, pide penas de cárcel y de multa menores.
El procedimiento judicial fue incoado por un juzgado de instrucción de Murcia en 1999 y su investigación se prolongó durante más de una decena de años.
Inicialmente, la vista oral estuvo señalada para mayo de 2015, pero en esa ocasión tuvo que ser suspendida porque el letrado de uno de los funcionarios no lo había podido localizar a tiempo para preparar la estrategia de defensa.
En un intento de evitar la suspensión de la vista oral, el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, preguntó a los demás letrados si alguno de ellos estaba en condiciones de asumir la defensa, a lo que todos respondieron que no.
Antes de esa fecha, el tribunal citó a las partes por si se alcanzaba una conformidad entre el fiscal del caso y las defensas, lo que tampoco fue posible.
Ahora, finalmente se anuncia el comienzo del juicio para el unes que viene, ya que a lo largo de todos estos meses tampoco se ha logrado un pacto de conformidad.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía señala que el presunto fraude, que habría continuado en las dos campañas siguientes, ascendió en total a casi 700.000 euros.
Los principales acusados son el exconsejero regional socialista José María Casanova, luego consejero-delegado de la empresa que da nombre al caso, y varios empleados de esta, junto con cuatro funcionarios y varios agricultores que según la acusación estatal se habrían prestado a declarar la entrega de productos por un peso y precio muy superiores a los reales.
El fiscal solicita para Casanova penas que suman siete años y medio de cárcel por tres delitos contra la hacienda comunitaria por su participación directa en ellos.
Para sus colaboradores en la empresa Manuel Valero, José Candel y Fernando Bernardo Pemartín y el empresario agrícola Pedro Francisco P. solicita cuatro años y medio de cárcel y multas que suman 705.000 euros como cooperadores necesarias en los tres mismos delitos.
Para el resto de investigados, hasta sumar trece, pide penas de cárcel y de multa menores.
El procedimiento judicial fue incoado por un juzgado de instrucción de Murcia en 1999 y su investigación se prolongó durante más de una decena de años.
Inicialmente, la vista oral estuvo señalada para mayo de 2015, pero en esa ocasión tuvo que ser suspendida porque el letrado de uno de los funcionarios no lo había podido localizar a tiempo para preparar la estrategia de defensa.
En un intento de evitar la suspensión de la vista oral, el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, preguntó a los demás letrados si alguno de ellos estaba en condiciones de asumir la defensa, a lo que todos respondieron que no.
Antes de esa fecha, el tribunal citó a las partes por si se alcanzaba una conformidad entre el fiscal del caso y las defensas, lo que tampoco fue posible.
Ahora, finalmente se anuncia el comienzo del juicio para el unes que viene, ya que a lo largo de todos estos meses tampoco se ha logrado un pacto de conformidad.
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