MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de
Murcia ha dado un paso más para llegar al final sobre el derribo de la guardería del barrio de La Paz en 2007 y ha emitido una
providencia en la que da cinco díasa la actual consejera de
Agricultura y exconcejala de Murcia, Adela Martínez-Cachá, para que se persone y
presente alegaciones.
Esta resolución se produce tras la petición
de la jueza de Instrucción nº 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro
Prieto, que lleva este caso, que ha solicitado que la alto cargo sea
imputada, una decisión que tendrá que tomar el TSJ al estar aforada por
ser miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en calidad
de consejera de Agricultura.
Fuentes judiciales han indicado que este
providencia del Tribunal Superior de Justicia es el primer paso para
decidir si Martínez Cachá debe ser o no investigada por el derribo de La Paz, una
demolición que se produjo cuando ella era concejala del Ayuntamiento de
Murcia y que ella votó a favor en junta de gobierno.
La jueza que instruye el caso consideró
en su día que ya había cumplido todos los requerimientos que hizo la
Audiencia Provincial cuando reabrió el caso y estima que lo único que le
falta es interrogar a Cachá, algo que no puede hacer en calidad de
investigada si el TSJ no lo permite por estar aforada.
El TSJ en
su providencia también da cinco días para que se persone la parte
denunciante. En este caso han sido imputados de momento el exalcalde Miguel Ángel Cámara,
el promotor de la remodelación de la Paz, José López Rejas, la actual
concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler
y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de
gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.
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